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¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?
Mi mayor motivación para ser congresista es convertir los derechos colectivos en realidades cotidianas para nuestras comunidades. Durante años he visto cómo la Ley 70, la legislación étnica y muchas políticas públicas existen en el papel, pero no transforman la vida de la gente porque no llegan al territorio o terminan capturadas por intermediarios políticos. Quiero llegar al Congreso para que la identidad no sea solo un discurso, sino acción legislativa; para que el Estado llegue a donde siempre ha estado ausente y para que las comunidades afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras tengan una representación real, firme y sin intermediarios con intereses de padrinos políticos que no representan la identidad de nuestra comunidad.
¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?
No. Mi ejercicio profesional como abogado y mi trabajo comunitario se han desarrollado con respeto por la ley, la ética pública y la transparencia. Considero que la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace es fundamental para recuperar la confianza en la política, especialmente en escenarios como el Congreso, hoy profundamente cuestionado por la ciudadanía.
De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?
Si obtengo la curul, mi principal proyecto en el Congreso será fortalecer y hacer cumplir la Ley 70 para que deje de ser una promesa escrita y se convierta en una herramienta real de dignidad, autonomía y poder para nuestras comunidades. La Ley 70 nació para proteger a las comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras e indígenas, pero durante años ha sido debilitada por el abandono del Estado y por decisiones tomadas lejos del territorio. Mi compromiso será trabajar porque esta ley se haga efectiva, que garantice representación real, respeto por la identidad cultural, y participación política directa de quienes han sostenido este país desde la resistencia.
Esta reforma pondrá en el centro la defensa del territorio como base de la vida y la dignidad. Impulsaremos el acceso a la tierra y la titulación, y una verdadera industrialización del campo y de las economías locales, para que nuestros territorios no sigan siendo solo zonas de extracción, sino espacios de producción, valor agregado y empleo digno construido desde lo ancestral y lo comunitario.
Un eje clave por el cual trabajaré será el fortalecimiento y la autonomía de los consejos comunitarios, garantizando su formalización, su independencia y su capacidad real para decidir, formular proyectos y acceder a recursos públicos sin intermediarios. La Ley 70 debe ser una ley de poder territorial, no una ley escrita en papel. También trabajaré en impulsar el trabajo digno y el emprendimiento con identidad territorial, reconociendo y protegiendo actividades históricas como la minería tradicional y ancestral responsable, con enfoque ambiental y comunitario. También quiero trabajar por la implementación e impulso de proyectos para el sector del reciclaje, reconociéndola como una actividad económica, social y ambiental estratégica, y fortaleciendo las condiciones laborales y de seguridad de quienes la ejercen. Asimismo, trabajaré por impulsar el deporte como motor social y de identidad, pues es de gran importancia para mis comunidades ampliar el acceso al deporte, reconociendo que las regiones afrocolombianas son históricamente semilleros deportivos y que gran parte del talento nacional proviene de nuestros territorios.
La salud con enfoque comunitario y ancestral, pues es importante para mi impulsar políticas públicas que fortalezcan el sector salud, garantizando la aplicación de una legislación favorable a prestadores, usuarios, industria y empresarios, con especial énfasis en el reconocimiento y protección de la medicina ancestral. Mi trabajo en el Congreso no será para administrar el abandono, sino para poner la Ley 70 al servicio de la gente, con presupuesto, control político y decisiones tomadas desde el territorio. Porque nuestras comunidades no piden favores: exigen derechos, respeto y autonomía para construir su propio futuro.
A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?
El principal problema de Colombia es la desigualdad estructural y social, profundamente territorial y étnica, resultado de un Estado históricamente ausente en las regiones. El país se desarrolló concentrando poder, riqueza y servicios en unos pocos centros urbanos, mientras abandonó de manera sistemática territorios como el Pacífico, el Cauca, la Amazonía, la Orinoquía y amplias zonas rurales. Esa desigualdad no es solo económica: también es una crisis de identidad y de incumplimiento del propio marco normativo del Estado. Colombia ha desconocido su diversidad étnica y cultural, y ha fallado en aplicar leyes que reconocen derechos colectivos, como la Ley 70 de 1993. Cuando no se respeta la identidad, el territorio y la autonomía de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, se crean vacíos que terminan siendo ocupados por la corrupción, la intermediación política y el clientelismo.
La falta de cumplimiento real de la Ley 70 ha permitido que derechos colectivos sean manipulados por intereses particulares, debilitando a las comunidades y convirtiendo la política pública en un negocio. Muchos de los problemas coyunturales de corrupción que hoy enfrentamos tienen su origen en ese desconocimiento de la identidad y en la desconexión entre el Estado y los territorios. Superar esta realidad exige un Estado presente en el territorio, con educación, salud, infraestructura y acceso efectivo a la justicia; una inversión social con enfoque étnico y territorial; el fortalecimiento de las economías propias; el respeto por la cultura y el conocimiento ancestral; y la garantía de empleo digno. Todo ello debe ir acompañado de una participación real de las comunidades en la toma de decisiones, pues no habrá seguridad ni paz duradera sin justicia social.
¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?
No apoyo una asamblea constituyente. Colombia cuenta con una Constitución garantista, pluriétnica y multicultural. El problema no es la falta de normas, sino la falta de voluntad política para cumplirlas, especialmente en lo relacionado con los derechos de los pueblos étnicos. Abrir una constituyente sin consensos amplios podría poner en riesgo derechos conquistados históricamente por las comunidades negras, indígenas y campesinas.
¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?
No. La alternancia en el poder es una garantía democrática. La historia de América Latina demuestra que cuando se concentra el poder, se debilitan las instituciones y se afectan los sectores más vulnerables.
¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?
Sí, pero con condiciones claras. La paz debe ser integral, con enfoque territorial, participación comunitaria, verdad, reparación y garantías de no repetición. La paz no puede ser solo un proceso de negociación armada; debe ser una transformación social profunda que lleve derechos y oportunidades a los territorios históricamente golpeados por la guerra.
¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?
Sí, con condiciones claras y pensando siempre en las víctimas y el país. Creo que los diálogos pueden ser una herramienta para reducir la violencia y salvar vidas. Dialogar no es rendirse ni legitimar la violencia; es buscar una salida al conflicto, siempre que exista una voluntad real de dejar las armas. Todo diálogo debe tener límites claros, resultados verificables y un principio fundamental: la paz no puede construirse sobre la impunidad ni a espaldas de las comunidades que han sufrido el conflicto. Si no hay un compromiso serio con la paz, la justicia y la vida, el Estado debe actuar con firmeza.
La paz es un derecho, pero también una responsabilidad. Y esa responsabilidad empieza por poner en el centro a la gente, no a los violentos, asumiendo la tarea de buscar salidas responsables y reales al conflicto.
¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?
Apoyo un debate serio, responsable y basado en evidencia. La política prohibicionista ha fracasado y ha dejado territorios destruidos, comunidades criminalizadas y miles de jóvenes muertos. Cualquier cambio debe enfocarse en salud pública, sustitución de economías ilegales y protección a las comunidades rurales.
¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?
Creo que la eutanasia es un tema profundamente complejo y sensible, que no puede abordarse desde posturas simplistas ni dogmáticas. Estoy de acuerdo en que, en casos extremos, con sufrimiento irreversible y plenamente comprobado, debe primar la dignidad humana y la autonomía de la persona para decidir sobre su propio cuerpo y su vida. Sin embargo, esta decisión debe estar rodeada de garantías como información clara, acompañamiento médico y psicológico, y la certeza de que no se trata de una salida forzada por el abandono del Estado, la pobreza o la falta de acceso a cuidados paliativos. Defender la eutanasia no puede significar renunciar a la obligación de cuidar, aliviar el dolor y ofrecer alternativas a las personas. Más que promover la muerte, se trata de respetar la vida digna hasta el final, poniendo en el centro el sufrimiento humano, la compasión y la responsabilidad ética del Estado y del sistema de salud.
¿Se requiere o no otra reforma tributaria?
Colombia sí requiere una reforma tributaria, pero no una más de las mismas. No puede seguir siendo una carga que recaiga sobre quienes ya pagan impuestos y sostienen el país con su trabajo. No es razonable pedirle más esfuerzo a la clase media y a los sectores populares mientras grandes fortunas y conglomerados siguen aportando menos de lo que les corresponde. Pero, eso sí, una reforma tributaria solo tiene sentido si va acompañada de eficiencia y transparencia en el gasto público. La ciudadanía no puede seguir pagando más impuestos sin ver resultados concretos en salud, educación, empleo, infraestructura y presencia real del Estado en los territorios. La discusión no es solo cuánto se recauda, sino para qué y para quién.
¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?
Sí. Y lo digo con total claridad: el Congreso debe dar ejemplo. No puede ser que, en un país marcado por la desigualdad, el abandono estatal y la pobreza en los territorios, quienes hacemos las leyes tengamos salarios y privilegios que nos separan de la realidad de nuestras comunidades. Yo vengo de un territorio donde la mayoría de las familias sobreviven con lo justo, donde el Estado llega tarde o no llega. Desde ahí creo que la política no puede ser un negocio ni un club de privilegios. Reducir el salario de los congresistas es una decisión ética y política: es coherencia con el país real y respeto por quienes luchan todos los días para salir adelante.
Pero esto no se queda solo en el salario. También hay que acabar con las prebendas, los gastos innecesarios y la desconexión del poder con los territorios. El dinero público debe usarse para cerrar brechas, fortalecer la educación, la salud y garantizar derechos, no para sostener lujos de quienes llegan al poder. Si queremos recuperar la confianza e identidad de la gente, tenemos que empezar por gobernar con el ejemplo.
¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?
Creo en la libertad de cultos y en el papel social que muchas iglesias cumplen en las comunidades, especialmente donde el Estado ha estado ausente. Eso hay que reconocerlo. Es un tema que debe abordarse con equilibrio y sin posiciones extremas. Colombia es un país diverso en creencias, y las iglesias cumplen distintos roles sociales, comunitarios y espirituales que deben reconocerse. Por eso, la discusión no puede reducirse a un sí o un no absoluto. Es una conversación que requiere diálogo amplio, datos claros y participación de distintos sectores, siempre buscando un equilibrio entre el respeto a las creencias, el aporte social de las iglesias y la responsabilidad colectiva de contribuir al bienestar común.
¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?
Sí. El sistema político colombiano necesita cambios de fondo, porque hoy no responde ni a la diversidad del país ni a las realidades de los territorios. Es un sistema que sigue concentrando el poder en élites políticas y económicas y que pone barreras innecesarias para que las comunidades históricamente excluidas puedan participar y decidir. Esto se evidencia incluso en aspectos tan básicos como tener que pedir un tarjetón para poder votar por nuestras circunscripciones. Desde mi experiencia y mis convicciones, es indispensable fortalecer la democracia real, no solo la electoral. Eso implica garantizar una participación efectiva de los pueblos afrocolombianos, indígenas, campesinos y de los territorios históricamente olvidados, sin intermediarios ni padrinos políticos. Las circunscripciones especiales deben protegerse y fortalecerse, no debilitarse ni convertirse en un factor más de desigualdad.
Asimismo, se requiere una reforma profunda a los partidos políticos para que sean verdaderamente democráticos, transparentes y conectados con la gente, así como una revisión al sistema de financiación de campañas, que hoy favorece a quienes tienen dinero y no a quienes tienen propuestas. El objetivo no es cambiar las reglas para concentrar más poder, sino para abrir la democracia, devolverle legitimidad y lograr que el Estado represente realmente al país que dice gobernar.
¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?
Paridad real en los cargos de decisión, no solo en el papel. Eso significa garantizar que las mujeres estén presentes y tengan poder efectivo en los espacios donde se toman las decisiones, reconociendo sus liderazgos y saberes. Es clave, además, proteger de manera efectiva a las lideresas sociales, especialmente en los territorios, donde muchas mujeres, en particular afrocolombianas e indígenas, que arriesgan su vida por defender la tierra, el agua, la cultura y los derechos de sus comunidades. En ese camino, el Estado debe reconocer y valorar el papel de las sabedoras ancestrales, parteras, cuidadoras y lideresas comunitarias, cuyos conocimientos han sostenido la vida y el tejido social por generaciones.
Garantizar los derechos de las mujeres también implica asegurar el acceso real a la tierra, al empleo digno y a la autonomía económica, con políticas públicas construidas desde un enfoque diferencial, étnico y territorial. Incorporar los saberes ancestrales de las mujeres afro e indígenas en la toma de decisiones no es solo un acto de justicia histórica, sino una apuesta por un modelo de desarrollo más humano, sostenible y conectado con la vida.
La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?
La corrupción es uno de los principales obstáculos para que el país avance y, sobre todo, para que los derechos lleguen a los territorios. Mi propuesta parte de dos ejes claros. Primero, transparencia total y control ciudadano. Los recursos públicos deben ser trazables, con información abierta y comprensible para la gente, y con veedurías sociales reales, especialmente en los territorios. Cuando las comunidades saben cómo y en qué se gasta el dinero, la corrupción tiene menos espacio para esconderse. Segundo, sanciones efectivas y sin privilegios. En Colombia el problema no es solo la corrupción, sino la impunidad. Quien robe recursos públicos debe responder ante la justicia, sin fueros ni tratos especiales, y quedar inhabilitado para volver a ocupar cargos públicos. La corrupción no puede seguir saliendo barata.
Para mí, luchar contra la corrupción es una apuesta ética y política: es defender la vida, la dignidad y los recursos que le pertenecen a la gente, especialmente a las comunidades históricamente excluidas que siempre terminan pagando las consecuencias del robo y la mala política.
Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?
La mala imagen del Congreso es el resultado de años de desconexión con la gente, de privilegios y de prácticas que le han hecho daño al país. Para contrarrestarla, se necesitan cambios reales en la forma de hacer política. Lo primero es gobernar con el ejemplo: austeridad, coherencia y transparencia en el ejercicio del cargo. Lo segundo es un Congreso que salga de Bogotá y vuelva a los territorios, que escuche, rinda cuentas y legisle de cara a la gente, no de espaldas a ella. Y lo tercero es legislar con resultados concretos, que se traduzcan en derechos, inversión social y cierre de brechas. La confianza no se recupera con discursos, sino demostrando que el Congreso puede ser útil, cercano y comprometido con las necesidades reales del país y de las comunidades que históricamente han sido ignoradas.
¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?
Colombia debe manejar sus relaciones con Estados Unidos y Venezuela desde el respeto, la soberanía y el diálogo. Con Estados Unidos, mantener una cooperación equilibrada en comercio, seguridad y desarrollo, sin subordinación y con beneficios reales para la gente. Con Venezuela, fortalecer una relación de vecindad basada en el diálogo permanente, la cooperación fronteriza, el comercio y la atención a la migración, siempre con respeto a los derechos humanos. La política exterior debe poner en el centro a los territorios y a la gente, no a las ideologías ni a las tensiones coyunturales.
¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?
Con aportes legales, transparentes y de origen comunitario; con recursos propios, mis ahorros y honorarios devengados en el ejercicio de mi profesión como abogado, todos con trazabilidad legal. Esta es una campaña austera, sin maquinarias ni dineros oscuros. La forma como se llega al poder define cómo se ejerce.
¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?
En este momento me mantengo alejado de los extremos y estoy evaluando las opciones de centro con criterios de coherencia y capacidad real de acción. A medida que se decanten las distintas consultas, tomaré la decisión más responsable, alineada con mis valores, mis principios y con el bienestar de nuestras comunidades y territorios.
De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?
De manera concreta, una política que debe mantenerse después del 7 de agosto de 2026 es la prioridad que el gobierno del presidente Gustavo Petro le ha dado al agua como derecho fundamental. Nuestros territorios ancestrales han sufrido históricamente la falta de acceso a agua potable y a servicios básicos, y poner este tema en el centro es una decisión acertada que impacta directamente la salud, la dignidad y la vida de las comunidades. Sin embargo, también es necesario corregir y poner fin a prácticas que no han logrado resultados efectivos, especialmente cuando las políticas se quedan en anuncios sin ejecución real en los territorios o carecen de articulación con las comunidades. El país no necesita empezar de cero cada cuatro años, pero tampoco puede aferrarse a errores o a improvisaciones. Lo responsable es darle continuidad a las políticas que avanzan hacia la justicia social y el cierre de brechas, y ajustar lo que no ha funcionado, siempre con la gente, los territorios y las comunidades como prioridad.
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