¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?
Mi mayor motivación para ser congresista es convertir la educación pública en la principal herramienta de transformación social.
No hablo solo de cobertura. Hablo de calidad y pertinencia. En un departamento como el Cauca, donde más del 50% del territorio es rural, la educación tiene que responder a esa realidad. Formación técnica, tecnológica y profesional conectada con el sector agrario.
Innovación para el campo, agroindustria, transformación de productos, acceso a mercados.
Cuando la educación se articula con la vocación productiva del territorio, genera ingresos, fortalece la economía local y rompe el ciclo de pobreza extrema.
La educación pública bien orientada no solo cambia una vida: cambia comunidades enteras.
¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?
No, nunca. Gracias a Dios. Mi hoja de vida está limpia y es reflejo de un ejercicio responsable al servicio de la comunidad.
De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?
Impulsaré el fortalecimiento y la garantía de una educación pública con calidad y pertinencia territorial, acompañada del desarrollo normativo que genere condiciones reales para la superación de la pobreza en el país. La educación debe ser el eje estructural del desarrollo social y productivo.
A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?
El principal problema de Colombia es la desigualdad estructural que se expresa en niveles persistentes de pobreza y falta de oportunidades. La solución es integral, con el eje en educación de calidad, desarrollo productivo, acceso a empleo formal y políticas públicas que promuevan inclusión y equidad.
¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?
No. Es necesario desarrollar legislativamente lo que ya establece la Constitución vigente. En los casos donde se requieran ajustes, el mecanismo adecuado son los actos legislativos, que son competencia del Congreso de la República y garantizan estabilidad institucional.
¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?
No. Mientras persistan problemas estructurales de corrupción, la reelección puede convertirse en un mecanismo para perpetuar prácticas que afectan la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos. Primero debemos fortalecer los controles y la institucionalidad.
¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?
No en los términos actuales. La paz debe construirse con claridad jurídica, responsabilidad institucional y resultados verificables que garanticen justicia y seguridad para los ciudadanos.
¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?
Sí, el Estado no debe renunciar al diálogo como herramienta política. Sin embargo, no puede ceder funciones esenciales, control de las armas, del territorio y la lucha contra las economías ilícitas. El diálogo debe conducir a mecanismos claros de sometimiento a la justicia.
¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?
Apoyo una política de regulación y control responsable, particularmente frente a la marihuana, dentro de un marco claro de política criminal. El consumo debe abordarse desde la salud pública y no desde la criminalización del consumidor.
En cuanto a la producción ilegal y las economías asociadas al narcotráfico, se requiere un enfoque multisectorial que combine desarrollo rural, control institucional y alternativas económicas legales. Una regulación adecuada puede reducir costos sociales, debilitar el mercado ilegal y generar ingresos fiscales, siempre bajo supervisión estricta del Estado.
¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?
Desde mis convicciones éticas y morales, considero que la vida es un valor superior que debe protegerse. Como seres humanos no tenemos una facultad absoluta sobre ella.
Sin embargo, en casos de enfermedad terminal o sufrimiento irreversible, y siempre bajo criterios médicos y científicos estrictos, la posibilidad de una muerte digna puede ser una opción regulada por el Estado.
Cualquier decisión en esta materia debe garantizar seguridad jurídica, acompañamiento médico especializado y pleno respeto por la dignidad humana.
¿Se requiere o no otra reforma tributaria?
No considero prioritaria una nueva reforma tributaria. Lo que se requiere es una revisión del tamaño del Estado y una política real de austeridad en el gasto público, que garantice eficiencia, eliminación de despilfarros y mejor destinación de los recursos antes de aumentar la carga fiscal.
¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?
Sí. Debe aplicarse un criterio real de proporcionalidad en la escala salarial del Estado, reduciendo brechas excesivas que profundizan la desigualdad.
Los cargos públicos no pueden convertirse en posiciones económicamente desproporcionadas frente a la realidad del país. Se requiere una revisión estructural de las escalas de remuneración, promoviendo mayor equilibrio entre niveles salariales y responsabilidad funcional.
Asimismo, es necesario evaluar mecanismos que permitan que quienes cuentan con mayores ingresos o patrimonios contribuyan en mayor proporción, bajo criterios técnicos y constitucionales. El servicio público debe estar orientado al compromiso y la responsabilidad, no al privilegio.
¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?
Sí. Debe existir vigilancia, control y transparencia sobre los ingresos, donaciones e inversiones que realicen las organizaciones religiosas. Cuando se generen incrementos patrimoniales derivados del recaudo o de actividades económicas, estos deben estar sujetos al régimen tributario correspondiente.
Si los recursos se destinan efectivamente a inversión social o pastoral, dentro del marco legal, pueden contemplarse tratamientos diferenciales conforme a la ley. Todo esto debe hacerse con absoluto respeto por la libertad religiosa y los principios dogmáticos, pero garantizando equidad fiscal.
¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?
Sí. Es necesaria una reforma profunda al sistema político y electoral colombiano.Primero, fortalecer la representación regional, de manera que el Senado tenga una participación equilibrada por regiones, reduciendo la exclusión y la marginación territorial.Segundo, democratizar los partidos políticos. No pueden convertirse en estructuras personalistas o cerradas; deben estar regulados por ley con reglas claras de participación interna.
Tercero, reestructurar el Consejo Nacional Electoral y el sistema de designación de magistrados, garantizando independencia mediante concursos de mérito y no decisiones atadas a cuotas partidistas.
Cuarto, aumentar la financiación estatal de campañas electorales, cubriendo gastos definidos y controlados. A menor dependencia de financiación privada, menor riesgo de captura política y corrupción.
Quinto, abrir el debate sobre el voto obligatorio, con las salvedades correspondientes. Una participación masiva reduce la compra de votos y fortalece la legitimidad democrática.En síntesis, se requiere una reforma integral al sistema electoral que fortalezca la institucionalidad, la transparencia y la representación real de las regiones.
¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?
Impulsaré la paridad real y obligatoria en el sistema electoral, garantizando la conformación de listas 50/50 en corporaciones públicas.
Asimismo, promoveré la paridad en concursos de mérito y en cargos de libre nombramiento y remoción, así como criterios de equilibrio en la contratación por prestación de servicios dentro del sector público.
Propondré sanciones claras frente a prácticas discriminatorias en el ámbito laboral y fortaleceré los mecanismos de denuncia directa en casos de acoso o violencia laboral, evitando barreras institucionales que desincentiven la denuncia.
La igualdad no puede ser solo un principio declarativo; debe traducirse en reglas obligatorias, mecanismos de control y consecuencias efectivas frente al incumplimiento.
La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?
La lucha contra la corrupción debe abordarse desde una reforma estructural del sistema político y de control institucional. Propongo:
1.Implementar control preventivo y en tiempo real, fortaleciendo los entes de control para que realicen auditorías simultáneas a la ejecución de recursos públicos, no únicamente controles posteriores cuando el daño ya está causado.
2.Reglamentación estricta de los conflictos de interés, ampliando su alcance y endureciendo sanciones frente a omisiones o declaraciones incompletas.
3.Mayor financiación estatal de campañas políticas, con reglas claras sobre topes y gastos permitidos, reduciendo la dependencia de aportes privados que pueden comprometer la autonomía del elegido.
4.Fortalecimiento técnico de las veedurías ciudadanas, brindándoles formación, herramientas jurídicas y acceso a información pública para ejercer control social efectivo.
5.Responsabilidad política, administrativa y fiscal de los partidos, de manera que no solo respondan las personas individuales, sino también las organizaciones políticas cuando exista omisión en el control interno.
6.Debate sobre el voto obligatorio, como mecanismo para reducir la compra de votos y encarecer las prácticas clientelistas. La corrupción no se combate únicamente con sanción; se combate previniendo, cerrando espacios de captura institucional y fortaleciendo la transparencia desde el diseño mismo del sistema político.
Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?
Primero, garantizar información clara, permanente y verificable sobre la gestión parlamentaria. La ciudadanía debe conocer qué proyectos se presentan, cómo se vota y cuáles son los resultados concretos del trabajo legislativo.
Segundo, implementar sistemas internos de control y medición dentro de los partidos políticos, con indicadores públicos de cumplimiento que permitan evaluar el desempeño de sus congresistas.
Tercero, profundizar la democratización interna de los partidos, promoviendo mayor participación de las bases y reglas claras que fortalezcan la legitimidad de quienes ejercen representación.
La confianza se recupera con transparencia, resultados medibles y coherencia entre el discurso y la actuación legislativa.
¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?
Colombia debe asumir su política exterior como una verdadera política de Estado y no como una política de gobierno sujeta a coyunturas ideológicas.
Propongo el fortalecimiento de un órgano asesor y orientador en materia de relaciones exteriores, con carácter técnico y estratégico, cuyas decisiones tengan fuerza vinculante dentro del marco institucional. La política exterior debe responder a criterios de estabilidad, continuidad y defensa del interés nacional.
Con Estados Unidos se debe mantener una relación estratégica basada en cooperación económica, seguridad y comercio. Con Venezuela, el manejo debe ser diplomático, respetuoso de la soberanía, pero firme en la defensa de la seguridad fronteriza, los derechos humanos y los intereses de los colombianos.
En todos los casos, deben primar los intereses nacionales sobre cualquier afinidad política.
¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?
Mi campaña se financia principalmente con aportes de amigos y familiares, así como recursos propios, todos dentro de los límites y requisitos establecidos por la ley.
El costo aproximado del proceso es de 350 millones de pesos, y cada aporte es debidamente reportado ante las autoridades electorales competentes, garantizando transparencia y cumplimiento normativo.
¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?
El partido actualmente no cuenta con candidatura propia, por lo tanto, la decisión de respaldo se definirá mediante discusión y consenso al interior de las bases y los órganos internos.
Considero que este tipo de decisiones deben ser colectivas, responsables y coherentes con el programa político y los principios que representamos. El respaldo será para quien garantice institucionalidad, transparencia y desarrollo regional.
De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?
Debe mantenerse la política de ampliación del acceso a la educación superior, especialmente programas como la matrícula cero en universidades públicas, porque representan una herramienta concreta de equidad y movilidad social.
Debe terminar cualquier enfoque que derive en impunidad frente a grupos armados ilegales. El Estado no puede aplazar ni relativizar su responsabilidad de garantizar seguridad, justicia y convivencia ciudadana. La paz es un propósito legítimo, pero no puede construirse sacrificando la autoridad institucional ni el cumplimiento de la ley.
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