¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?
Mi motivación es servir al país con decencia y responsabilidad, como lo he hecho en lo público. Creo que la política debe ponerse del lado de quienes más lo necesitan y tomar decisiones que impacten positivamente la vida de las personas. Mi experiencia como alcalde de Fusagasugá me demostró que cuando se gobierna bien, se obtienen resultados, y quiero llevar esa forma de hacer política al Congreso, especialmente en temas como salud, seguridad y pensiones.
¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal? De ser así, cuéntenos su caso.
En el marco del ejercicio de mis funciones públicas se han presentado investigaciones administrativas y disciplinarias, ninguna por corrupción. Todas han sido atendidas con transparencia y dentro de la legalidad.
De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?
Mi principal propósito será trabajar para que las leyes se cumplan efectivamente. Colombia no necesita más normas, sino que las existentes se apliquen. Además, impulsaré una reforma al sistema electoral que fortalezca la representación territorial y permita que los ciudadanos elijan de manera real a quienes gobiernan sus territorios.
A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?
El principal problema es la falta de autonomía y liderazgo en los territorios. Las regiones no pueden seguir sometidas a decisiones tomadas desde el centro, especialmente en áreas clave como transporte, salud y educación, lo que impide que las soluciones lleguen de manera efectiva a los territorios. La solución pasa por fortalecer las capacidades de los municipios, garantizar mayor autonomía en la toma de decisiones y promover un liderazgo cercano, con mayor participación ciudadana y respuesta real a las necesidades de las personas.
¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?
No. Considero que más que cambiar la Constitución, Colombia necesita cumplir la Constitución de 1991, que es garantista, sólida y reconoce derechos fundamentales. Si se aplicara de manera efectiva, el país tendría mejores condiciones institucionales y sociales.
¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?
No. Considero que la reelección presidencial inmediata o la extensión del periodo pueden generar inestabilidad institucional y debilitar los equilibrios democráticos. Colombia necesita fortalecer sus instituciones y respetar las reglas de juego, no modificarlas según coyunturas políticas.
¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?
No. Considero que una política de paz debe mostrar resultados concretos y medibles, y hasta ahora estos no son evidentes. La paz no puede construirse sin garantías de seguridad para la ciudadanía, sin cumplimiento de la ley y sin una presencia real del Estado en los territorios.
¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?
Creo en el diálogo como herramienta social, pero no en diálogos sin autoridad ni condiciones. El Estado no puede negociar desde la debilidad. Cualquier acercamiento con grupos ilegales debe partir del sometimiento a la ley, el cese real de la violencia y garantías efectivas para la seguridad de la ciudadanía. Sin eso, no hay diálogo posible.
¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?
Apoyo la regulación de la marihuana bajo un control estricto del Estado, que supervise su producción, comercialización y consumo. No respaldo la legalización de otras drogas, debido a su alto impacto en la salud pública y la seguridad.
¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?
Estoy de acuerdo con la eutanasia bajo condiciones claras, controles médicos y parámetros legales que garanticen decisiones informadas y responsables. Considero que cada persona debe tener la libertad de decidir sobre su vida en situaciones de sufrimiento extremo.
¿Se requiere o no otra reforma tributaria?
No considero prioritaria una nueva reforma tributaria. El enfoque debe estar en una mayor fiscalización para combatir la evasión, mejorar la eficiencia del gasto público y revisar exenciones que hoy benefician a grandes empresas, especialmente en sectores como el de los hidrocarburos.
¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?
Sí, considero que los salarios de los congresistas y altos funcionarios pueden revisarse y ajustarse, pero sin caer en extremos que hagan poco atractivo el servicio público. Se requiere un equilibrio que garantice austeridad y, al mismo tiempo, atraiga personas capacitadas al Estado.
¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?
Considero que las iglesias deben contribuir con algunos impuestos, pero de manera proporcional. No pueden ser tratadas como empresas con fines de lucro, por lo que este tema debe darse en un debate serio que reconozca su naturaleza social y comunitaria.
¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?
Sí. Impulsaría una reforma al sistema electoral hacia un modelo mixto, que modifique las circunscripciones para que el Senado sea elegido por departamentos y la Cámara por regiones, fortaleciendo la representación territorial y la cercanía entre los elegidos y la ciudadanía.
¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?
Más que crear nuevas normas, la prioridad es garantizar el cumplimiento efectivo de las que ya existen. Hoy muchos municipios no respetan la cuota de participación de las mujeres en los gabinetes y espacios de decisión. La paridad no puede quedarse en el papel. Además, es fundamental impulsar un cambio cultural que reconozca el liderazgo de las mujeres, elimine barreras históricas y permita que más mujeres accedan y permanezcan en cargos directivos del Estado, con garantías reales y condiciones de igualdad.
La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?
Más que aumentar penas, que ya son altas, el reto está en garantizar que la justicia investigue y condene efectivamente a quienes cometen actos de corrupción. Es necesario fortalecer los mecanismos de investigación criminal, eliminar los obstáculos institucionales que hoy impiden llevar a los corruptos a la cárcel y asegurar que quienes sean condenados no vuelvan a ocupar cargos públicos. La lucha contra la corrupción se gana con resultados, no solo con discursos.
Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?
Para recuperar la confianza, lo primero es ser honestos con la ciudadanía sobre lo que un congresista puede y no puede hacer. Prometer “el cambio” sin explicar los límites genera frustración y desconfianza. Se necesita rendición de cuentas permanente, diálogo constante con la gente y una forma de hacer política basada en la decencia y la honestidad. Además, es clave castigar social y culturalmente la corrupción en todos los niveles. La desconfianza existe porque la ciudadanía no ve resultados, y eso es lo que hay que cambiar.
¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?
Colombia debe manejar sus relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela desde la defensa de la democracia, la soberanía y la autonomía nacional. La diplomacia no puede basarse ni en el sometimiento ni en la complacencia, sino en relaciones respetuosas y firmes que exijan el cumplimiento de estándares democráticos y de derechos humanos. Ningún interés económico puede justificar la violación de la democracia, la injerencia en otros países o la generación de inestabilidad regional.
¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?
Mi campaña se financia principalmente con recursos propios y con el apoyo de mi familia y amigos. Hasta el momento no cuento con financiación de empresas privadas. El costo total del proceso aún está en consolidación, pero de manera aproximada podría estar alrededor de los 300 millones de pesos, todo dentro de los límites y con la debida transparencia que exige la ley.
¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?
En este momento no respaldo a ningún candidato presidencial. Mi posición es clara en no acompañar propuestas de derecha extrema, y evaluaré apoyos con base en el respeto por la democracia, las instituciones y las necesidades del país.
De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?
La política de paz total, en sus términos actuales, debería finalizar, ya que no ha mostrado resultados claros ni mejoras reales en la seguridad de los ciudadanos. En contraste, la reforma pensional es una política que debería mantenerse, porque es socialmente responsable y busca garantizar mayor protección a los adultos mayores y a quienes hoy no tienen una pensión.
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