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¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?
¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?
No he sido objeto de ninguna investigación disciplinaria, administrativa ni penal. Mi trayectoria pública y profesional ha estado guiada por el respeto a las normas y el compromiso con la transparencia, valores que seguirán siendo la base de mi ejercicio al llegar como legislador.
De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?
Mi principal iniciativa legislativa será la Ley REGASTRO, el primer régimen económico especial para el sector gastronómico en Colombia. Esta ley busca proteger restaurantes, cocinas tradicionales y pequeños negocios a través de tres ejes: primero, un esquema tributario progresivo según el tamaño del establecimiento, que reduzca la carga fiscal sobre las MiPymes; segundo, la eliminación de barreras a la formalización —financieras, de información y legales— que hoy impiden el crecimiento ordenado del sector; y tercero, incentivos a la reinversión, la digitalización y la generación de empleo formal. La ley también contemplará un régimen simplificado con tarifas diferenciadas para nuevos emprendimientos que vinculen trabajadores formalmente. El objetivo es claro: dotar a miles de emprendedores de reglas justas y estables para crecer.
A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?
La informalidad económica es el principal problema estructural del país. Colombia tiene más del 60% de su fuerza laboral en la informalidad, lo que limita la productividad, el recaudo fiscal y la protección social de millones de ciudadanos. La solución requiere un enfoque integral: reducir las barreras de acceso a la formalización —costos de registro, cargas parafiscales y complejidad normativa—, ampliar el acceso a financiamiento para emprendedores, y simplificar los trámites mediante herramientas digitales. La formalización no puede imponerse; debe hacerse atractiva.
¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?
No apoyaría una asamblea constituyente. La Constitución de 1991 ofrece mecanismos suficientes para transformar el país de manera progresiva y con plena garantía de derechos: reformas legislativas, actos legislativos y el control de la Corte Constitucional. Una constituyente en el contexto actual representaría un riesgo de inestabilidad institucional sin que exista una necesidad jurídica que la justifique. Los problemas de Colombia se resuelven con mejores políticas públicas, no con una nueva constitución.
¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?
No acompañaría ninguna de las dos iniciativas. La experiencia colombiana demostró que la reelección presidencial favorece la concentración de poder, debilita la independencia de las instituciones y distorsiona el equilibrio entre las ramas del Estado. Un período de cuatro años sin reelección inmediata es suficiente para implementar un programa de gobierno, y es consistente con los estándares democráticos de la región. La alternancia en el poder es un activo de nuestra democracia que no debemos sacrificar.
¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?
No. La política de paz total ha fracasado en sus objetivos centrales. Durante su implementación, los grupos armados han aprovechado los espacios de negociación para fortalecerse territorialmente, expandir economías ilegales y continuar victimizando a comunidades en distintas regiones del país. Una política de paz efectiva requiere rigor en los ceses al fuego, condicionamientos reales a los beneficios jurídicos y resultados verificables. La paz no puede ser unilateral
¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?
No en los términos actuales. Los diálogos adelantados en los últimos cuatro años no han reducido la violencia ni el control territorial de los grupos armados; por el contrario, han generado un ambiente de impunidad que ha favorecido su expansión. Si el Estado decide abrir espacios de negociación, estos deben estar condicionados a ceses verificables, entrega de información sobre secuestros y finanzas ilícitas, y avances concretos en la dejación de armas. Sin condiciones, los diálogos no producen paz: producen tiempo para el crimen.
¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?
Apoyo la legalización regulada de la marihuana recreativa, con marcos normativos claros que definan condiciones de producción, distribución, consumo y edades mínimas, siguiendo modelos exitosos en otros países. Esta medida permitiría reducir la presión sobre el sistema penal, generar ingresos fiscales y restarle mercado al crimen organizado. Respecto a otras sustancias, no apoyo su legalización en esta etapa, dado que se requiere mayor evidencia sobre los impactos en salud pública y seguridad ciudadana antes de considerar modificaciones normativas.
¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?
Estoy de acuerdo con la eutanasia en las condiciones ya reconocidas por la Corte Constitucional: pacientes con enfermedades graves e incurables, en condiciones de sufrimiento intenso, que expresen su voluntad de manera libre, informada e inequívoca. Estas garantías protegen tanto la autonomía del paciente como la seguridad jurídica del personal médico. Más que un debate moral, es un asunto de dignidad humana y de respeto por las decisiones individuales al final de la vida.
¿Se requiere o no otra reforma tributaria?
Sí, pero con un enfoque distinto al de las últimas reformas. Colombia necesita una restructuración tributaria que disminuya la carga impositiva sobre las micro y pequeñas empresas, que hoy cargan con una presión fiscal desproporcionada frente a su capacidad productiva. La reforma debe avanzar en tres frentes: simplificación del sistema, reducción de tarifas para MiPymes y nuevos mecanismos de progresividad para grandes contribuyentes y patrimonios elevados. El objetivo es ampliar la base tributaria mediante más empresas formales, no aumentar la carga sobre las que ya tributan.
¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?
Sí. La brecha salarial entre los altos cargos del Estado y el ciudadano promedio es inaceptable en un país con los niveles de desigualdad de Colombia. La austeridad en el gasto público debe empezar por quienes toman las decisiones. Una reducción en las remuneraciones de congresistas y altos funcionarios no solo representa un ahorro fiscal concreto, sino una señal política de coherencia con los discursos sobre equidad. Adicionalmente, propongo que cualquier ajuste salarial en el sector público esté condicionado a metas de eficiencia y resultados.
¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?
No estoy de acuerdo con modificar el régimen tributario actual de las iglesias. Las organizaciones religiosas cumplen un rol social relevante en comunidades a lo largo del territorio nacional, especialmente en zonas donde el Estado tiene presencia limitada. No obstante, considero que debe fortalecerse el control y la transparencia sobre el uso de sus recursos, para garantizar que los beneficios fiscales que reciben estén efectivamente vinculados a actividades de beneficio comunitario y no a lucro privado.
¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?
Sí. Mi principal propuesta en esta materia es una reforma integral al financiamiento de las campañas políticas. El sistema actual favorece la captura de candidatos por parte de grandes donantes y grupos de interés, lo que compromete la independencia de los elegidos. Propongo establecer límites más estrictos a las donaciones privadas, ampliar la financiación pública a partidos emergentes con representación real, y crear mecanismos de trazabilidad digital de los recursos de campaña en tiempo real. Una democracia sana requiere que los electores puedan saber quién financia a quién.
¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?
Promoveré una ley de paridad efectiva que exija representación equitativa no solo en las listas electorales —donde ya existe una norma parcial—, sino en los cargos de dirección del ejecutivo, la rama judicial y las entidades de control. Además, impulsaré la regulación del cuidado no remunerado como trabajo reconocido por el Estado, con acceso a seguridad social para quienes lo ejercen, mayoritariamente mujeres. La autonomía económica de la mujer es la base de todos los demás derechos.
La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?
Mi propuesta tiene tres componentes. Primero, digitalización y transparencia radical en la contratación pública: toda licitación debe ser abierta, trazable y accesible en plataformas de datos abiertos desde su inicio. Segundo, endurecimiento de penas para servidores públicos, políticos y empresarios involucrados en actos de corrupción, con inhabilidades permanentes para el ejercicio de cargos públicos. Tercero, fortalecimiento institucional de los órganos de control —Contraloría, Procuraduría y Fiscalía— con mayores recursos, autonomía presupuestal y rendición de cuentas ante el Congreso. La corrupción no se combate con discursos: se combate con herramientas, sanciones y control efectivo.
Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?
Presentaré un proyecto de ley para establecer la rendición de cuentas anual obligatoria de todos los congresistas de ambas cámaras, con un formato estandarizado que incluya: proyectos radicados, votaciones, asistencia a debates, reuniones con grupos de interés y fuentes de financiación. Esta información deberá publicarse en plataformas de acceso ciudadano. La desconfianza en el Congreso es proporcional a su opacidad: más transparencia es la respuesta estructural.
¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?
Colombia debe gestionar ambas relaciones desde sus intereses nacionales, con pragmatismo y respeto a los principios democráticos. Con Estados Unidos, debemos preservar y profundizar una relación estratégica que ha sido fundamental en materia de seguridad, comercio e inversión, buscando acuerdos que beneficien al país en áreas como ciencia, tecnología y acceso a mercados. Frente a Venezuela, Colombia debe asumir un rol activo como facilitador de una solución política que permita la reconstrucción democrática e institucional del vecino país, sin renunciar a señalar las violaciones a los derechos humanos y las libertades fundamentales que allí ocurren.
¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?
Mi campaña se financia con recursos propios provenientes de los emprendimientos que he construido a lo largo de mi trayectoria profesional, complementados con el apoyo de mi familia. No tengo compromisos con grupos económicos, gremios o financiadores privados externos. Esta independencia financiera es deliberada: no quiero llegar al Congreso con deudas políticas que comprometan mi autonomía legislativa.
¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?
Respaldo a Juan Manuel Galán, precandidato del Nuevo Liberalismo en la Gran Consulta por Colombia. Su propuesta se fundamenta en el fortalecimiento institucional, la lucha anticorrupción y un enfoque de centro que privilegia el Estado de derecho. Son valores que comparto y que considero necesarios para la etapa que viene después del 7 de agosto de 2026.
De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?
La política que debe continuarse es la de reindustrialización, particularmente los Centros de Reindustrialización ZASCA, que representan una apuesta válida por fortalecer la capacidad productiva nacional y generar empleo en regiones con vocación industrial. La política que debe terminarse es la paz total, por las razones ya expuestas: no ha producido resultados verificables en reducción de violencia, y ha generado condiciones que fortalecieron a los grupos armados. El próximo gobierno debe partir de un diagnóstico honesto de lo que funcionó y lo que fracasó.
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