¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?
Mi principal motivación es el hecho de poder incidir directamente en las políticas de Estado que permitan reducir las brechas de pobreza y desigualdad en Colombia. Estoy convencido de que estos son los problemas raíz que alimentan otras crisis sociales. Mi enfoque será fortalecer los mecanismos de redistribución del ingreso y el sistema tributario progresivo, asegurando que las transferencias nacionales lleguen con mayor precisión a los territorios más vulnerables, como mi departamento, Sucre, y no se queden concentradas en los sectores que tradicionalmente retienen los recursos.
¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?
Durante mi ejercicio como concejal, todos los miembros fuimos demandados con un proceso administrativo relacionado con la elección de la contralora territorial. No obstante, logré demostrar mi transparencia, quedando libre de cualquier responsabilidad.
De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?
Desde ya, hemos proyectado unas iniciativas que nos permitan trabajar en esa meta que tenemos de reducir la desigualdad y la pobreza. Mi agenda legislativa iniciará con el proyecto de ley “Pasaporte de Competencias”. Esta propuesta pretende que las plataformas de empleo del Estado dejen de filtrar exclusivamente por títulos y comiencen a certificar competencias técnicas reales (como Excel, programación, marketing digital y atención al cliente). El Estado validará estas aptitudes mediante exámenes estandarizados, sirviendo de puente entre la formación académica y la necesidad empresarial. Con esto, eliminamos los “filtros de inexperiencia o prestigio universitario” y nivelamos la cancha para que el talento de las regiones compita por capacidades. Además, complementaremos con un proyecto para combatir el “Gota a Gota”, facilitando que microempresarios se formalicen a cambio de acceso a financiación legal respaldada por garantías del Fondo Nacional de Garantías (FNG), atacando así la pobreza desde la inclusión financiera.
A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?
La pobreza extrema y la desigualdad. La solución radica en una reingeniería de los mecanismos de redistribución del Estado, logrando que el sistema sea más eficiente en la localización de recursos para los territorios históricamente olvidados.
¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?
No lo apoyaría. Este proceso requiere un ambiente de consenso y hoy la gran polarización ideológica del país pareciera no permitirlo. Mi postura es que muy a pesar de ser un mecanismo constitucional válido, el país hoy necesita estabilidad institucional, no más incertidumbre.
¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?
No.
¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?
No.
¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?
Sí, siempre y cuando se priorice la legalidad, el respeto a las víctimas y se garanticen condiciones que no vulneren la seguridad nacional.
¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?
Apoyo su regulación exclusivamente para usos alternativos y medicinales.
¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?
Sí, estoy de acuerdo.
¿Se requiere o no otra reforma tributaria?
Sí, pero bajo un enfoque de progresividad y autonomía territorial. Necesitamos una reforma que le dé mayores facultades de recaudo y eficiencia financiera a los departamentos y municipios, permitiéndoles gestionar su propio desarrollo.
¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?
Sí.
¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?
No.
¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?
No.
¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?
Si bien celebro los avances significativos en materia de derechos y de las leyes de paridad incluso lideradas por una senadora sucreña, Ana María Castañeda. Soy consciente de que la igualdad real sigue siendo una deuda por resolver. Desde el Congreso, trabajaré de la mano con las organizaciones de género para fortalecer los frentes de protección contra cualquier tipo de violencia, avanzar en la eliminación definitiva de las brechas salariales y reconocer formalmente las labores de cuidado.
La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?
Trabajaré en una ley en materia de transparencia preventiva. Propondré regular la rendición de cuentas para que no sea solo un informe de gestión posterior, sino un sistema de información anticipada (costos, tiempos y procesos de contratación en tiempo real). Esto articulado con parámetros que garanticen la veeduría ciudadana en la supervisión contractual.
Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?
Pienso que cada uno de nosotros debe trabajar con transparencia para devolverle el honor y la altura que tiene ser un congresista y respetar el voto de confianza que el ciudadano nos ha dado para su representación. Para ello considero que hay 3 acciones claves: transparencia total en el actuar legislativo, presencia territorial (trasladar los debates de la capital a las regiones para que el ciudadano se sienta escuchado) y una agenda de resultados mínima obligatoria.
¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?
Mantener relaciones diplomáticas y comerciales estables y pragmáticas. Con ambos países compartimos intereses económicos y flujos migratorios vitales; el aislamiento solo perjudica la economía nacional.
¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?
A través de aportes de familiares, amigos y donaciones de particulares. Proyectamos un presupuesto ético entre 600 y 700 millones de pesos.
¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?
Respaldo a Juan Fernando Cristo de mi partido En Marcha. Coincidimos plenamente en la necesidad de la autonomía de los territorios y la descentralización financiera, banderas fundamentales para el progreso de regiones como el Caribe.
De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?
Debe continuar la reforma agraria. Es imperativo avanzar en la redistribución de la tierra y la productividad del campo. Debe reformularse la política de transición energética. Si bien la transición es necesaria, no podemos sacrificar nuestra soberanía energética ni los ingresos por hidrocarburos que financian la lucha contra la pobreza. Colombia debe aprovechar sus recursos actuales mientras hace un tránsito responsable.
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