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¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?
Quiero llegar al Congreso para representar a la ciudadanía con responsabilidad, impulsar reformas que respondan a las necesidades reales del país y contribuir a recuperar la confianza en las instituciones. Vengo de la universidad pública y de un barrio popular, conozco de primera mano las dificultades que enfrentan miles de familias colombianas y entiendo que la política debe servir para abrir oportunidades reales y no para mantener privilegios. Mi experiencia como alcalde local de Tunjuelito me permitió trabajar directamente con la comunidad y comprender cómo resolver problemas desde el territorio, por eso quiero llevar esa experiencia al Congreso para hacer política con ideas, coherencia, rendición de cuentas y compromiso real con el bienestar de la gente.
¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?
No.
De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?
La propuesta plantea una reforma integral de la política de vivienda basada en cinco ejes principales: una ley de financiamiento para el mejoramiento de vivienda rural, que garantice acceso a recursos y crédito para dignificar las condiciones habitacionales en el campo; una mejora en la asignación de subsidios para la compra de vivienda nueva y usada, así como para el mejoramiento de vivienda, asegurando mayor eficiencia y equidad; y una reforma a las cargas urbanas y contraprestaciones de las constructoras, para que no solo entreguen áreas de cesión sin uso, sino equipamientos reales de seguridad, deporte y servicios sociales, fortaleciendo la justicia urbana y la calidad de vida en los territorios.
A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?
En ese contexto, la reforma rural integral es fundamental, pues no solo busca el acceso a la tierra y el desarrollo productivo del campo, sino también garantizar condiciones básicas como infraestructura, servicios públicos y vivienda digna. La dificultad de acceder a una vivienda adecuada, especialmente en zonas rurales y periferias urbanas, es una expresión concreta de esas brechas históricas. Por eso, avanzar en la implementación del Acuerdo —fortaleciendo el desarrollo rural, la inversión social, la participación comunitaria y el acceso a vivienda digna— no es solo una apuesta por la paz, sino una condición necesaria para superar la desigualdad, recuperar la seguridad y construir un país con oportunidades reales para todos.
¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?
Considero que la Constitución de 1991 sigue siendo la hoja de ruta que le permite a Colombia avanzar como país. Es una Constitución garantista, moderna y relativamente joven, que aún tiene un amplio margen de desarrollo e implementación, especialmente en materia de derechos sociales, participación ciudadana, descentralización y construcción de paz. Muchos de los problemas actuales del país no se explican por limitaciones del texto constitucional, sino por las dificultades para aplicar plenamente sus principios y mandatos en los territorios.
¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?
Considero que no es conveniente que se plantee nuevamente la figura de la reelección presidencial inmediata, ya que genera un desequilibrio institucional importante al concentrar poder en el Ejecutivo y afectar los controles democráticos. La experiencia del país ha demostrado que la reelección no aporta estabilidad ni resultados estructurales positivos, y por el contrario puede profundizar la polarización política y debilitar la independencia de las instituciones.
¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?
Considero que la política de “paz total”, tal como ha sido planteada e implementada, no ha logrado los resultados esperados y en la práctica ha terminado siendo un fracaso. Si bien en algunos escenarios se generaron expectativas de reducción de la violencia, la realidad muestra que en varios territorios persisten e incluso se han fortalecido dinámicas de inseguridad, extorsión y control ilegal por parte de grupos armados. Hoy muchos de estos grupos han perdido cualquier pretensión de carácter político o ideológico y operan principalmente alrededor de economías ilícitas, lo que dificulta que puedan ser considerados interlocutores válidos dentro de un proceso político de paz.
¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?
No estoy de acuerdo con que se realicen diálogos con grupos ilegales. Si estos grupos desean abandonar la ilegalidad, existen mecanismos dentro de la justicia ordinaria para hacerlo. Deben someterse a la justicia, reconocer sus delitos, aportar verdad, reparar a las víctimas y cumplir sus condenas, incluso si la ley contempla beneficios por colaboración efectiva. La prioridad del Estado debe ser garantizar la seguridad de los ciudadanos y el respeto por las víctimas, asegurando que cualquier proceso esté basado en la responsabilidad y el cumplimiento de la ley.
¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?
La historia de Colombia ha demostrado que la llamada “guerra contra las drogas” no ha logrado sus objetivos y, por el contrario, ha dejado un saldo profundo de violencia, muerte y dolor en los territorios. El narcotráfico ha sido uno de los principales motores del conflicto armado, financiando estructuras ilegales y debilitando al Estado en amplias zonas del país. Persistir exclusivamente en un enfoque prohibicionista no ha permitido desmontar esas economías criminales ni reducir de manera efectiva el consumo.
Por eso considero que es necesario avanzar hacia la regulación de la marihuana y abrir un debate serio sobre la regulación de otras sustancias, bajo un enfoque de salud pública y consumo responsable. Regular no significa promover, sino permitir que el Estado controle, supervise y grave estas actividades, quitándole a la ilegalidad su mayor fuente de financiación.
¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?
Considero que la eutanasia parte de un principio fundamental: la autonomía y la dignidad de cada persona. Cada ser humano debería poder decidir cuánto dolor está dispuesto a soportar cuando enfrenta una enfermedad grave, irreversible o una condición que deteriora profundamente su calidad de vida. Obligar a alguien a prolongar un sufrimiento que considera insoportable puede desconocer su derecho a decidir sobre su propio cuerpo y su propio proceso vital.
¿Se requiere o no otra reforma tributaria?
Es claro que, ante el déficit fiscal actual, probablemente será necesaria una reforma tributaria para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Sin embargo, esa discusión no puede centrarse únicamente en aumentar impuestos. Antes de trasladar mayores cargas a los ciudadanos, el Estado debe asumir un compromiso serio con la austeridad, la eficiencia del gasto y la priorización de inversiones que realmente impulsen el crecimiento económico y la generación de empleo.
¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?
Considero que el salario de los congresistas y de los altos funcionarios del Estado debe revisarse y reducirse en un marco de justicia y coherencia con la realidad del país. No es razonable que exista una brecha tan amplia entre el salario mínimo y los ingresos del Congreso, especialmente cuando los aumentos de estos últimos resultan desproporcionados frente al esfuerzo que se le exige a la ciudadanía. Si queremos enviar un mensaje claro de austeridad y responsabilidad fiscal, el ejemplo debe empezar por las más altas esferas del poder público.
¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?
Muchas iglesias hoy realizan actividades como arriendos de bienes, establecimientos comerciales, servicios, juegos de azar u otros negocios que generan ingresos. Esas actividades no hacen parte del ejercicio espiritual o del culto, sino que corresponden a dinámicas económicas que, como cualquier otra en el país, deben contribuir al sistema tributario. Por equidad y transparencia, aquellas iglesias que desarrollen actividades comerciales distintas a su misión religiosa deben pagar impuesto de renta, en igualdad de condiciones frente a otros actores económicos.
¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?
Sí, haría una modificación estructural al sistema político colombiano, modificando el Consejo Nacional Electoral (CNE). Considero que el CNE, tal como está diseñado hoy, no garantiza independencia ni verdadera capacidad de control. Sus magistrados son elegidos por el Congreso a partir de postulaciones de los mismos partidos políticos, lo que genera un evidente conflicto de intereses: los partidos terminan eligiendo a quienes deben vigilarlos y auditarlos. En la práctica, es un sistema donde “los vigilados eligen a sus vigilantes”, lo cual debilita la transparencia y la confianza ciudadana.
¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?
Para garantizar la paridad y los derechos de las mujeres desde la reforma a la política de vivienda, proponemos incorporar un enfoque claro de seguridad jurídica y acceso a la propiedad. Por eso es fundamental fortalecer la asistencia técnica y legal para la formalización de predios, especialmente en barrios informales y asentamientos de crecimiento reciente. La política debe promover la titulación conjunta o prioritaria a nombre de las mujeres, garantizando su derecho a la propiedad y reduciendo la histórica concentración de bienes en cabeza de los hombres.
La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?
La corrupción es un problema de primer orden y debe enfrentarse con reformas estructurales, no solo con discursos. Mi propuesta concreta parte de fortalecer la descentralización territorial, dotando a los gobiernos locales de mayor autonomía técnica y financiera, pero también de mayores capacidades de control. No es sano que cualquier proyecto que llegue a una región tenga que pasar por el “peaje” político de varios congresistas; eso distorsiona la inversión pública y abre espacios a prácticas clientelistas. Necesitamos territorios más fuertes, con reglas claras, planeación seria y responsabilidad directa sobre la ejecución de los recursos.
Adicionalmente, propongo incorporar de manera decidida la inteligencia artificial y tecnología avanzada en el control de la contratación pública. Con sistemas de análisis de datos en tiempo real se pueden identificar patrones anómalos, sobrecostos, concentración de contratos, conflictos de interés y riesgos fiscales de forma mucho más rápida que mediante auditorías tradicionales.
Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?
Para contrarrestar la imagen desfavorable del Congreso, lo primero que hay que hacer es rendir cuentas de manera permanente y transparente. La ciudadanía tiene derecho a saber qué hace su representante, cómo vota, qué proyectos impulsa, cuántos debates lidera y cuál es el impacto real de su gestión en el territorio. Cuando las personas no ven resultados ni conocen el trabajo legislativo, se genera desconfianza, se debilita la legitimidad institucional y se afecta la credibilidad de la democracia.
¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?
Colombia debe manejar sus relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela con dignidad, respeto institucional y apego a los canales diplomáticos establecidos. La relación con Estados Unidos debe centrarse en la cooperación estratégica en materia comercial, seguridad, lucha contra el narcotráfico, inversión y desarrollo económico, evitando tensiones políticas innecesarias que afecten los intereses del país. En el caso de Venezuela, la relación debe orientarse hacia una cooperación práctica que permita fortalecer el comercio fronterizo, avanzar en una integración ordenada y trabajar conjuntamente en temas de seguridad y control de economías ilegales que afectan a las regiones limítrofes.
¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?
La campaña política la estamos financiando principalmente con recursos propios, ahorros personales y donaciones, siempre dentro de los marcos legales establecidos. Además, hemos optado por una estrategia austera que aprovecha la recursividad y el uso de herramientas digitales, especialmente las redes sociales, como una forma de compensar la imposibilidad de realizar una campaña territorial con grandes recursos económicos. Aún no existe una estimación definitiva del costo total del proceso, pero la intención es que sea significativamente menor al de una campaña tradicional a la Cámara por Bogotá.
¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?
Apoyo a Claudia López, una persona que cuenta con el conocimiento y la experiencia para trabajar sobre los retos del país.
De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?
Considero que del gobierno del presidente Gustavo Petro debe fortalecerse la política de transición energética, entendida como un proceso necesario para preparar al país frente a los retos ambientales y económicos del futuro. Por otro lado, considero que la política de paz total debe darse por terminada en los términos en que fue planteada. La estrategia no ha logrado consolidar resultados claros en materia de seguridad ni reducción sostenida de la violencia, y ha generado confusión frente al tratamiento de estructuras que hoy operan principalmente como organizaciones criminales sin un proyecto político. El país necesita una política de seguridad clara, fortalecimiento institucional y mecanismos de sometimiento a la justicia que prioricen la protección de las comunidades y la presencia efectiva del Estado en los territorios.
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