¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?
Quiero impulsar desde el Congreso una agenda clara para que la gente se quede, vea futuro aquí y pueda construir su proyecto de vida en Colombia. Hoy demasiados jóvenes sienten que estudiar, trabajar y emprender es remar contra la corriente, y que su esfuerzo no se traduce en estabilidad ni oportunidades reales. Mi motivación es transformar esa frustración en acción: usar el Congreso para convertir liderazgo nacional en capacidad real de competir globalmente, y hacer de Bogotá y Colombia lugares donde valga la pena apostar el talento, el tiempo y la vida.
¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?
No.
De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?
Mi prioridad será una agenda articulada alrededor de las 3 E: Emprendimiento, Educación y Empleo, entendidas como la base de un proyecto de vida viable en Colombia. Queremos construir un país donde trabajar, estudiar y emprender no sea sobrevivir, sino una ruta real hacia estabilidad, ingresos dignos y progreso. Para lograrlo, la tecnología debe ser un habilitador: datos, inteligencia artificial y servicios digitales al servicio de las personas para devolver tiempo, reducir trámites y mejorar decisiones públicas, no para crear más confusión. Y, en el caso de Bogotá, esto exige mayor autonomía fiscal, regulatoria y de ejecución, para que su tamaño económico se traduzca en aeropuertos, metro, energía, logística y proyectos estratégicos que hoy dependen de disputas políticas nacionales.
A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?
Mi prioridad será una agenda articulada alrededor de las 3 E: Emprendimiento, Educación y Empleo, entendidas como la base de un proyecto de vida viable en Colombia. Queremos construir un país donde trabajar, estudiar y emprender no sea sobrevivir, sino una ruta real hacia estabilidad, ingresos dignos y progreso. Para lograrlo, la tecnología debe ser un habilitador: datos, inteligencia artificial y servicios digitales al servicio de las personas para devolver tiempo, reducir trámites y mejorar decisiones públicas, no para crear más confusión. Y, en el caso de Bogotá, esto exige mayor autonomía fiscal, regulatoria y de ejecución, para que su tamaño económico se traduzca en aeropuertos, metro, energía, logística y proyectos estratégicos que hoy dependen de disputas políticas nacionales. (El candidato respondió lo mismo que en la pregunta anterior).
¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?
No. No necesitamos una asamblea constituyente. Colombia cuenta con una Constitución democrática y garantista; el problema no es el texto, sino su aplicación. Abrir una constituyente hoy aumentaría la incertidumbre política y económica. La prioridad debe ser hacer cumplir la Constitución del 91, fortalecer la capacidad del Estado y usar el Congreso para priorizar, financiar y controlar la ejecución de lo que ya está mandatado.
¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?
No. La reelección inmediata y la extensión del periodo presidencial debilitan la alternancia democrática, concentran poder y distorsionan los incentivos del gobierno. Colombia necesita reglas estables y contrapesos fuertes, no ajustes institucionales para acomodar coyunturas políticas.
¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?
No. La llamada “paz total” se convirtió en uno de los mayores fracasos de este gobierno. Mientras se enviaban mensajes de concesión, los grupos armados se fortalecieron, se deterioró la seguridad en amplias regiones del país y aumentó la percepción de impunidad. La paz no puede construirse debilitando la autoridad del Estado ni sacrificando la protección de los ciudadanos.
¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?
Solo bajo condiciones estrictas: que los diálogos conduzcan a desmovilización real, verdad, reparación y garantías de no repetición. El diálogo no puede convertirse en un incentivo para la criminalidad. La prioridad debe ser la seguridad de la ciudadanía, el desmantelamiento de economías ilegales y una justicia que funcione.
¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?
Apoyo una regulación responsable del cannabis para adultos, con enfoque de salud pública, prevención y control del mercado ilegal. Para otras sustancias, respaldo la despenalización del consumo y su tratamiento como un asunto de salud, pero soy prudente frente a la legalización de producción y comercialización sin evidencia clara de reducción del crimen organizado y de los riesgos para la salud.
¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?
Sí, dentro de un marco ético riguroso, con consentimiento informado, acompañamiento médico y salvaguardas claras. Es una decisión ligada a la dignidad y a la libertad individual, que debe ser protegida con responsabilidad institucional.
¿Se requiere o no otra reforma tributaria?
Colombia necesita una reforma tributaria, pero con un enfoque distinto. No para simples razones de recaudo de corto plazo, o para seguir aumentando la carga sobre quienes ya pagan; sino para simplificar el sistema, promover inversión y empleo y mejorar la eficiencia del gasto. Propongo avanzar hacia una reducción progresiva de la renta empresarial al 25 %, una tarifa única, la eliminación del ICA, y mayor autonomía fiscal para Bogotá en temas estratégicos. El problema fiscal no se resuelve solo recaudando más, sino gastando mejor y creciendo más.
¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?
Debe revisarse con seriedad. Al menos debería eliminarse cualquier aumento automático, congelar salarios reales y avanzar en reglas estrictas de transparencia y rendición de cuentas. La legitimidad del Congreso no depende solo del salario, sino de resultados verificables y comportamiento ejemplar.
¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?
Las actividades estrictamente religiosas deben mantenerse protegidas. Sin embargo, cuando existen actividades económicas o comerciales, estas deben estar sujetas a reglas de transparencia y tributación como cualquier otro actor. El criterio debe ser la actividad económica, no la creencia.
¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?
Sí. Se requieren ajustes para fortalecer la transparencia y la responsabilidad: mayor trazabilidad del financiamiento político, fortalecimiento de partidos para reducir la fragmentación, y uso de tecnología para que la ciudadanía pueda seguir en tiempo real la agenda, votaciones y conflictos de interés de sus representantes.
¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?
Tres frentes claros: una ruta integral contra violencias basada en datos y seguimiento público; fortalecimiento del empleo y emprendimiento femenino con acceso real a crédito y formación pertinente; y paridad efectiva en nombramientos y contratación pública, con reportes obligatorios y sanciones por incumplimiento.
La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?
Este Gobierno fue uno de los más corruptos de las últimas décadas. La falta de transparencia y claridad en el manejo de recursos fue muy preocupante. Debemos atacar la corrupción de manera real, y esto requiere sistemas que no permitan esconderla: compras públicas completamente trazables, interoperabilidad de bases de datos para detectar alertas tempranas, meritocracia en el Estado y sanciones efectivas con recuperación de recursos. Menos discrecionalidad y más tecnología y control ciudadano.
Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?
Transparencia radical y rendición de cuentas permanente. Agenda pública, votaciones, gastos y avances legislativos visibles en tiempo real, y presencia constante en los territorios explicando decisiones. El Congreso recupera legitimidad cuando demuestra que sirve para resolver problemas concretos, no para alimentar peleas políticas.
¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?
Hay diversos factores geopolíticos y una gran incertidumbre que hoy en día habrá que tener muy en cuenta para el manejo de las relaciones diplomáticas y comerciales. Sin embargo, en términos generales:
- Con Estados Unidos: mantener una relación estratégica basada en inversión, comercio, cooperación tecnológica y seguridad, con pragmatismo y sin improvisaciones ideológicas.
- Con Venezuela: sostener canales consulares y humanitarios, pero con una postura firme en defensa de la democracia y coordinada con la comunidad internacional.
¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?
Mi campaña se financia con aportes permitidos por la ley, debidamente reportados y con criterios de total transparencia. Los recursos provienen de donaciones individuales y mecanismos autorizados, sin comprometer la independencia programática. Contamos con una Vaki donde ciudadanos, comerciantes y amigos han estado donando. El costo total de la campaña y el origen de los recursos serán publicados periódicamente conforme a la normatividad electoral.
¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?
En Colombia debemos superar la polarización y debemos construir un proyecto que le hable a toda la nación. En este momento invitó a votar por la Gran Consulta, la cual el Nuevo Liberalismo hace parte.
De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?
- Mantener: la agenda de diversificación exportadora. Debe mantenerse el objetivo de diversificar la canasta exportadora. Es una agenda correcta y necesaria para reducir la dependencia, aumentar productividad y generar empleo de calidad. Este gobierno logró poner el tema en la discusión pública, pero no lo consolidó por falta de ejecución, rigor técnico y articulación con el sector productivo. La tarea pendiente es convertir esa visión en política seria, técnica y ejecutable.
- Acabar: el modelo de gobierno basado en confrontación e improvisación. Debe acabarse la “paz total” y, en general, el modelo de liderazgo que minó la institucionalidad. Un gobierno que usó el poder para confrontar a las instituciones, desconocer la división de poderes, perseguir al sector privado y a los emprendedores, romper la colaboración público-privada y operar con opacidad en el uso de los recursos públicos. La priorización de lo ideológico sobre lo técnico y la improvisación constante destruyeron confianza, inversión y crecimiento. Ese modelo debe cerrarse sin matices.
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