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¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?
Mi mayor motivación es corregir lo que no está funcionando en el Estado desde dentro, con rigor y sin concesiones. Durante más de una década he trabajado en el sector público y he visto cómo buenas leyes se quedan a mitad de camino, cómo se normalizan los privilegios y cómo el ciudadano termina pagando los errores de un sistema que no asume responsabilidades.
Quiero ser congresista para poner límites, para que la ley vuelva a proteger al ciudadano y no al abuso, y para llevar al Congreso decisiones basadas en evidencia, no en ideología ni en improvisación. Creo en una política que rinda cuentas, que mida resultados y que entienda que nadie está por encima de la ley, empezando por quienes ejercemos el poder.
Llego a demostrar que la política se debe ejercer desde el sentido común, el rigor técnico y el carácter.
¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?
No, ninguna.
De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?
Mi principal proyecto será la reforma a la llamada “ley de pequeñas causas” (Ley 1826 de 2017), que regula los delitos de menor cuantía y que hoy está fallando en proteger a los ciudadanos. El problema es sencillo de entender: el sistema judicial mira el delito aislado, pero no el comportamiento repetido del delincuente. Esto ha permitido que personas con múltiples anotaciones judiciales por hurtos y otros delitos menores queden en libertad una y otra vez, hasta que el delito termina en una tragedia.
La reforma propone cómo corregir ese error: obligar a jueces y fiscales a tener en cuenta el historial delictivo, eliminar beneficios penales automáticos cuando exista reincidencia y establecer consecuencias reales para el delincuente habitual. Además, el Estado deberá medir y reportar anualmente la reincidencia criminal para evaluar si la ley funciona o no. El objetivo es claro: evitar que los delitos menores escalen en violencia, proteger a las familias que hoy ven su vida destruida por hechos asociados al hurto y devolverle a la ciudadanía la confianza en que la justicia actúa a tiempo, antes de que sea demasiado tarde.
A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?
El principal problema de Colombia es la pérdida de autoridad del Estado y de confianza de los ciudadanos en las instituciones. Cuando la ley no se cumple, cuando el delito se repite sin consecuencias y cuando el poder no rinde cuentas, la inseguridad crece, la economía se frena y la gente siente que está sola.
La solución pasa por recuperar esa autoridad con reglas claras y aplicadas por igual, empezando por una justicia que diferencie al infractor ocasional del delincuente habitual y actúe antes de que la violencia escale. Pero también por fortalecer la democracia con límites al poder, transparencia y control real, y por una agenda económica que apoye a quienes producen empleo en lugar de castigarlos. Si el Estado vuelve a cumplir su función básica, que es proteger al ciudadano, hacer cumplir la ley y generar condiciones para trabajar y prosperar, Colombia puede recuperar la tranquilidad y la confianza perdidas.
¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?
No apoyaría un proceso de asamblea constituyente. Colombia no tiene un problema de falta de normas, sino de incumplimiento de las que ya existen. La Constitución y las leyes actuales son claras en la mayoría de los temas que hoy generan frustración ciudadana; lo que ha fallado es la voluntad política para aplicarlas, hacerles seguimiento y exigir responsabilidades cuando se incumplen.
Impulsar una constituyente en este contexto no resolvería los problemas de fondo y, por el contrario, abriría un periodo prolongado de incertidumbre institucional, debilitando la confianza, la inversión y el equilibrio de poderes. El camino responsable no es reescribir las reglas, sino hacer que se cumplan, fortalecer los mecanismos de control, medir resultados y poner límites reales al abuso del poder. Colombia necesita más Estado de derecho y menos atajos políticos.
¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?
No apoyaría ni la reelección presidencial inmediata ni la extensión del periodo presidencial. En Colombia el problema no es la duración de los mandatos, sino la debilidad de los controles y la persistencia de prácticas políticas que terminan capturando el Estado. En ese contexto, ampliar el tiempo en el poder o permitir la reelección inmediata aumentaría los riesgos de concentración de poder y de uso indebido de los recursos públicos.
La democracia se fortalece con alternancia, límites claros y rendición de cuentas, no con la prolongación de los mandatos. Antes que cambiar las reglas del juego, el país necesita que las reglas existentes se cumplan, que las instituciones funcionen y que quienes ejercen el poder respondan efectivamente por sus decisiones. Ese es el camino para recuperar la confianza ciudadana y la legitimidad democrática.
¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?
No le daría respaldo a la política de “paz total” tal como está planteada hoy. La paz no puede reducirse a una declaración de buena voluntad ni a la suspensión de la acción del Estado. Lo que hemos visto es una estrategia mal diseñada, sin condiciones claras, sin verificación efectiva y sin consecuencias reales frente al incumplimiento, que ha terminado fortaleciendo a grupos armados y deteriorando la seguridad de los ciudadanos.
Colombia necesita una política de paz seria y responsable, que combine diálogo cuando sea viable con autoridad del Estado, justicia y protección efectiva a la población civil. Negociar no puede significar tolerar el delito ni renunciar al control territorial. La paz se construye cuando hay reglas claras, cumplimiento y un Estado que no abdica de su deber fundamental: proteger a los ciudadanos y hacer cumplir la ley.
¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?
No estoy de acuerdo con diálogos con grupos ilegales en los términos en que se han planteado recientemente. El diálogo no puede convertirse en un espacio sin reglas, sin verificación ni control del Estado. En la práctica, estos procesos han sido utilizados por algunos grupos para ganar tiempo, reorganizarse, expandir economías ilegales y delinquir con mayor impunidad, aprovechando la disminución de la presión institucional.
Cualquier acercamiento con actores armados debe estar condicionado a ceses verificables, sometimiento real a la justicia y protección efectiva de la población civil. Dialogar no puede significar renunciar a la vigilancia del Estado ni normalizar el delito. Colombia no necesita procesos simbólicos; necesita una política de seguridad y paz que combine autoridad, legalidad y resultados concretos para los ciudadanos.
¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?
No apoyo una legalización amplia de drogas ilícitas que incluya libre producción y consumo. Colombia no puede improvisar en un tema que tiene impactos profundos en la seguridad, la salud pública y el tejido social. La experiencia reciente demuestra que, sin un Estado fuerte y con controles débiles, este tipo de decisiones termina beneficiando a economías ilegales y no a los ciudadanos.
Eso no significa desconocer el debate internacional ni cerrar la puerta a enfoques diferenciados. Puedo respaldar usos estrictamente regulados con fines médicos, científicos o industriales, bajo control estatal riguroso y con trazabilidad total. Pero soy claro: no acompaño modelos que normalicen el consumo recreativo ni que reduzcan la capacidad del Estado para combatir el narcotráfico y proteger a las comunidades. La prioridad debe ser la seguridad, la prevención y el fortalecimiento institucional, no experimentos que el país hoy no está en capacidad de controlar.
¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?
Estoy de acuerdo con la eutanasia en los términos en que hoy está regulada en Colombia, como una opción excepcional orientada a dignificar la vida y evitar el sufrimiento de personas con enfermedades terminales, siempre que sea una decisión libre, informada y voluntaria del paciente.
No se trata de promover la muerte, sino de respetar la autonomía personal y la dignidad humana en situaciones extremas, bajo protocolos médicos estrictos, control institucional y acompañamiento integral. El deber del Estado es garantizar que estas decisiones se tomen con todas las garantías, sin presiones y con pleno respeto por la vida, la conciencia y los derechos de cada persona.
¿Se requiere o no otra reforma tributaria?
No considero que Colombia necesite otra reforma tributaria en este momento. El problema no es la falta de impuestos, sino un sistema fragmentado, complejo y poco competitivo, que castiga al sector productivo y desalienta la inversión formal. La incertidumbre tributaria permanente ha debilitado la confianza y frenado decisiones de largo plazo.
Lo que el país requiere es una racionalización del sistema tributario, orientada a la competitividad: menos tributos distorsivos, reglas claras y estables, y un esquema que sea justo desde el punto de vista fiscal pero favorable a la creación de empleo y al crecimiento empresarial. Antes de crear nuevos impuestos, el Estado debe mejorar el recaudo existente, combatir la evasión y evaluar el impacto real de cada tributo sobre la productividad y la formalización. La sostenibilidad fiscal se logra con crecimiento y eficiencia, no con parches permanentes.
¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?
Sí, considero que los salarios de los congresistas y de otros altos funcionarios del Estado deben reducirse, especialmente en periodos fiscales tan difíciles como el actual. En momentos de estrechez presupuestal, el mensaje del liderazgo público debe ser coherente con la realidad del país y con el esfuerzo que se les exige a los ciudadanos.
Los recursos del Estado no son abstractos: provienen de los impuestos que pagan los colombianos, y deben administrarse con respeto y austeridad. Ajustar los salarios de quienes ejercen el poder no resuelve por sí solo los problemas fiscales, pero sí envía una señal ética y política fundamental: que el servicio público no es un privilegio, sino una responsabilidad. Es una forma de honrar la política, recuperar legitimidad y demostrar que a quienes gobiernan realmente les importa el país y el buen uso de los recursos públicos.
¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?
Sí, estoy de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de renta cuando realizan actividades económicas. La libertad religiosa debe protegerse plenamente, pero no puede usarse como un mecanismo para crear ventajas tributarias indebidas frente a empresas que sí cumplen todas las obligaciones fiscales.
En Colombia, algunas organizaciones han utilizado la figura religiosa para desarrollar negocios, competir de forma desleal, captar recursos del público y acumular patrimonios significativos sin la carga tributaria que asumen otros actores económicos. Eso distorsiona la competencia, debilita el recaudo y genera inequidad. La regla debe ser clara: culto y fe, protegidos; actividad económica, regulada y gravada como cualquier otra. Garantizar esa separación no atenta contra la religión, fortalece la justicia tributaria y la transparencia en el uso de los recursos.
¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?
Sí, considero necesario hacer modificaciones puntuales pero profundas al sistema político colombiano, orientadas a fortalecer los controles, cerrar vacíos de poder y recuperar la confianza ciudadana. Hoy el problema no es la falta de normas, sino la debilidad de los mecanismos para hacerlas cumplir, especialmente cuando se trata de altos funcionarios.
En primer lugar, es indispensable crear una medida cautelar temprana de comparecencia reforzada en delitos de corrupción, que impida que funcionarios públicos involucrados en investigaciones serias puedan evadir la justicia mediante la renuncia al cargo o la salida del país. El Estado no puede seguir reaccionando tarde frente a hechos que comprometen gravemente el interés público. En segundo lugar, se requiere fortalecer el control político del Congreso sobre el Presidente, con reglas claras que hagan viable su juzgamiento cuando haya mérito, sin que esto dependa exclusivamente de mayorías políticas coyunturales.
Adicionalmente, es urgente reformar de fondo la Comisión de Acusaciones, hoy ampliamente percibida como ineficaz, para convertirla en un órgano técnico, independiente y con resultados verificables. También debe regularse la figura de la Primera Dama, delimitando funciones, responsabilidades y uso de recursos públicos, para evitar zonas grises sin control político ni fiscal. Estas reformas no buscan debilitar la democracia, sino fortalecerla, garantizando rendición de cuentas y reafirmando un principio esencial: en Colombia nadie está por encima de la ley, sin importar el cargo que ocupe.
¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?
La paridad y los derechos de las mujeres en Colombia no fallan por falta de discursos, fallan porque el Estado no responde a tiempo. Hoy una mujer denuncia violencia, acoso o exclusión y el sistema la deja sola, la hace repetir su historia o simplemente no actúa. Eso también es violencia.
Mi propuesta es concreta y verificable: ponerle plazos y consecuencias al Estado cuando una mujer denuncia. Impulsaré una ley que obligue a que toda denuncia por violencia intrafamiliar o de género tenga medidas de protección inmediatas, seguimiento obligatorio y responsabilidades claras para los funcionarios que no actúen. Cuando el Estado falla, alguien debe responder.
Además, la paridad debe ser paridad con poder y con protección real. No basta con que haya mujeres en cargos si enfrentan acoso, violencia política o bloqueo interno. Propondré reglas claras y sanciones efectivas para erradicar la violencia política contra las mujeres y garantizar que su participación no sea simbólica.
Y hay un punto clave: sin autonomía económica no hay libertad real. Por eso apoyaré medidas concretas para que mujeres, especialmente madres cabeza de hogar, accedan a crédito, formalización y empleo, sin trámites imposibles ni discriminación encubierta.
Los derechos de las mujeres no se garantizan con slogans. Se garantizan con instituciones que actúan, plazos que se cumplen y consecuencias cuando no se cumple.
La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?
La corrupción en Colombia no persiste por falta de leyes, sino por falta de consecuencias reales. Mi propuesta parte de cerrar los vacíos que hoy permiten que los responsables evadan la justicia y que los controles lleguen tarde.
En primer lugar, impulsaré una medida cautelar temprana de comparecencia reforzada en delitos de corrupción, para impedir que funcionarios bajo investigaciones serias renuncien y salgan del país antes de que la justicia actúe. El Estado no puede seguir reaccionando después de que el daño está hecho. En segundo lugar, promoveré una reforma profunda a la Comisión de Acusaciones, para convertirla en un órgano técnico, independiente y con plazos y resultados verificables, capaz de investigar efectivamente a los altos dignatarios del Estado.
Adicionalmente, fortaleceré el control político del Congreso, incluyendo reglas claras que hagan viable el juicio al Presidente cuando haya mérito, sin que dependa de cálculos políticos. Y como principio transversal, exigiré transparencia, seguimiento y evaluación permanente: medir la reincidencia en corrupción, hacer públicos los avances de las investigaciones y sancionar a los funcionarios que no actúen. Combatir la corrupción no es crear más discursos, es poner límites, actuar a tiempo y garantizar que nadie esté por encima de la ley.
Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?
La mala imagen del Congreso no es un malentendido, es una reacción comprensible de los ciudadanos. Durante años se ha percibido un Congreso distante, rodeado de privilegios automáticos y poco dispuesto a medirse con los mismos estándares que se le exigen al resto del país. Esa percepción no se corrige con discursos, sino con cambios reales en la forma como el poder se ejerce y se financia.
Por eso he propuesto una reforma concreta: regular la asignación, el uso y la financiación de los esquemas de seguridad y del parque automotor de los congresistas, bajo criterios objetivos de riesgo, corresponsabilidad económica y total transparencia. La seguridad no puede seguir siendo un privilegio automático e indefinido. Cada congresista deberá someterse a evaluaciones técnicas periódicas de riesgo, y según ese nivel, el Estado cubrirá total o parcialmente el costo. Quien no tenga riesgo acreditado deberá asumirlo con su propio salario. Lo mismo aplica para el uso de camionetas oficiales, que estarán sujetas a copagos, registros de uso y control público.
Esta propuesta no busca debilitar al Congreso, sino equilibrar los privilegios con responsabilidad y respeto por los recursos públicos que pagan los ciudadanos con sus impuestos. La confianza se recupera cuando el Congreso se pone límites a sí mismo, rinde cuentas y demuestra que entiende que servir al país no es acumular beneficios, sino asumir responsabilidades. Ese es el cambio que quiero impulsar desde la Cámara de Representantes.
¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?
Colombia debe conducir sus relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela desde el interés nacional, el respeto por la soberanía y la búsqueda de soluciones concretas a problemas comunes. La relación con Estados Unidos ha sido históricamente estratégica, especialmente en temas de seguridad, cooperación técnica y comercio, y no puede darse por descontada ni manejarse de manera improvisada.
Sin embargo, también debemos ser claros: una relación estratégica debe basarse en el respeto mutuo y no en presiones que afecten nuestra autonomía. Las tensiones diplomáticas recientes han mostrado que no siempre se han manejado con la claridad y articulación necesarias, y que eso puede tener efectos negativos en seguridad fronteriza y cooperación bilateral.
Con respecto a Venezuela, Colombia debe mantener diálogo, pero con criterios claros de respeto a los derechos humanos, democracia y seguridad regional. El restablecimiento de relaciones bilaterales debe ir acompañado de mecanismos multilaterales que garanticen que la cooperación sea beneficiosa para ambos países y que no ignore las graves violaciones de derechos y la situación humanitaria que persisten en Venezuela.
En síntesis, nuestra diplomacia debe ser férrea en defensa de la seguridad, la democracia y la prosperidad, buscando cooperación con Estados Unidos en áreas de interés común como la seguridad fronteriza, la lucha contra el crimen organizado y el desarrollo económico; y al mismo tiempo promoviendo con Venezuela un enfoque que combine diálogo, derechos humanos y soluciones a la crisis humanitaria, sin que ello signifique vulnerar la soberanía ni la seguridad de Colombia.
¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?
Mi campaña se está financiando, hasta el momento, exclusivamente con recursos propios. He optado por un ejercicio austero y responsable, precisamente para no comprometer la independencia del proyecto ni generar obligaciones con intereses particulares.
El costo estimado de este proceso es de aproximadamente 150 millones de pesos, destinados principalmente a logística básica, pedagogía ciudadana y comunicación. He decidido priorizar la eficiencia del gasto y la rendición de cuentas, porque creo que la forma como se financia una campaña dice mucho de cómo se gobernará. Transparencia desde el inicio es una condición para recuperar la confianza ciudadana.
¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?
Respaldo a Juan Carlos Pinzón porque representa una opción sensata, preparada y con capacidad de diálogo en un país agotado por la polarización. Colombia necesita salir de la lógica de amigos y enemigos y avanzar hacia posturas con carácter, pero también con capacidad de mediación y construcción de consensos en los temas que más nos dividen.
Juan Carlos Pinzón tiene experiencia en el servicio público, conoce el funcionamiento del Estado y entiende los desafíos en materia de seguridad, relaciones internacionales y gobernabilidad. Valoro, además, su disposición a escuchar y a rodearse de equipos técnicos, algo indispensable para tomar decisiones responsables. Hoy el país no necesita liderazgos estridentes, sino liderazgos firmes que sepan unir, recuperar confianza y poner el interés nacional por encima de la confrontación permanente.
De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?
Después del 7 de agosto de 2026, Colombia debe tener la capacidad de continuar lo que funciona y corregir lo que ha demostrado fallar. En ese sentido, mantendría la transición energética, pero con ajustes sustanciales. Es un objetivo necesario y compartido, pero debe hacerse con criterios de competitividad, seguridad energética y reglas claras, sin improvisaciones que afecten el empleo, la inversión o el costo de vida. La transición no puede ser un salto al vacío; debe ser gradual, medible y compatible con el desarrollo productivo del país.
En contraste, la política de “paz total”, tal como ha sido implementada, debería cerrarse. No porque Colombia deba renunciar a la búsqueda de la paz, sino porque esta estrategia ha carecido de condiciones claras, verificación efectiva y consecuencias frente al incumplimiento. En la práctica, ha coincidido con el fortalecimiento de estructuras criminales y el deterioro de la seguridad en amplias regiones. Dialogar no puede significar bajar la guardia del Estado ni renunciar a la protección de los ciudadanos. Cualquier política de paz debe combinar diálogo con autoridad, justicia y control territorial real.
Colombia no necesita empezar de cero ni aferrarse a errores. Necesita un Estado que evalúe, corrija y actúe, que continúe lo que sirve y termine lo que hace daño. Menos épica y más resultados.
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