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¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?
El Congreso de la República necesita una renovación de parlamentarios que piensen en los intereses de Bogotá y del país. Por otro lado, queremos velar porque haya una independencia real entre el Congreso de la República y el Gobierno Nacional. De esta misma manera, queremos servir de articuladores entre las diferentes entidades del orden nacional, local y distrital, organismos de control y cualquier competente, para que de manera transversal se puedan tratar distintas problemáticas de la ciudad. Por último, quiero que las personas sepan que los congresistas no ejecutan recursos, sino que hacen seguimiento de lo que se ejecuta dentro del plan de desarrollo, hacen debates de control y expiden leyes en beneficio de todos los colombianos.
¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal? De ser así, cuéntenos su caso.
No, ninguna.
De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?
Junto con el próximo senador Juan Carlos Losada, vamos a impulsar la elección de los alcaldes locales por medio del sufragio universal. No puede ser que una ciudad como Pereira, que tiene poco más de 450.000 habitantes, pueda elegir a su alcalde y no pueda hacerlo una localidad como Suba con más de 1.3 millones de ciudadanos.
A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?
El principal problema de Colombia es su cultura política que tiende a la corrupción. Esta se manifiesta desde lo microestructural en la cotidianidad ciudadana, como el colarse en el Transmilenio, no respetar las leyes de tránsito, la cultura del “vivo vive del bobo”; así como lo macro estructural dónde el político corrupto que se roba 1.4 billones de pesos en carrotanques, en la ineficiencia administrativa de las instituciones gubernamentales, la falta de cumplimiento de obras públicas, falta de rigurosidad en el control político y compromiso de servir de los funcionarios.
¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?
No. La Constitución de 1991, aparte de ser una carta de derechos, nos brinda las herramientas suficientes para poder desarrollar una sociedad más equitativa donde los ciudadanos y ciudadanas puedan cumplir con su proyecto de vida de manera plena. Aunque esto no significa que nuestra Constitución sea perfecta, existen temas coyunturales que deben ser reformados, como el sistema carcelario o nuestra propuesta de la elección directa de los habitantes de Bogotá para sus alcaldías locales.
¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?
No. Algo que tienen los presidentes del país es que cumplen un ciclo culminando su carrera política en el cargo que ostentan. Soy fiel creyente de que en Colombia debe existir un relevo generacional que no permita que los políticos que llevan 50 años en un cargo se atornillen al poder. Para esto también se deben apoyar grandes liderazgos juveniles y cultivar en Colombia una nueva forma de hacer política, porque no podemos esperar un resultado diferente si siempre hacemos lo mismo.
¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?
No, esta política contribuyó al aumento de la inseguridad; por otro lado, las disidencias se tomaron el territorio nacional incumpliendo con los acuerdos pactados en los diálogos y con el cese al fuego, se lograron fortalecer estos grupos en tanto en extorsiones como económicamente a través de economías ilícitas, como se demostró en varios atentados que se hicieron en el país en el año 2025.
¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?
Lo que nos ha diferenciado de las demás especies animales en este planeta ha sido la capacidad para resolver conflictos por medio del diálogo; el poder comunicarnos nos hace más humanos. Por ello, el diálogo siempre debe ser el primer paso ante cualquier controversia que se presente. Sin embargo, existen líneas y principios irreconciliables, y al hablar de grupos ilegales se pueden meter dentro de la bolsa grupos que cometen delitos como trata de personas, sicariato, tráfico de cocaína u otras sustancias ilícitas y dañinas. En estos casos, lo único que le queda al Gobierno es utilizar su inteligencia y capacidad militar para neutralizar estas organizaciones o grupos criminales.
¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?
Según la Ley 30 de 1986, es legal el uso personal de no más de 20 gramos de marihuana. La legalización de las sustancias como el cannabis o la marihuana, en su consumo y compraventa, hace que el tema deje de ser considerado como un delito para ser considerado un asunto de salud pública, donde se regulen los mercados ilegales, se permita al Estado tener control sobre la producción y venta de las mismas, y haya medidas sobre la prevención y el tratamiento de dichas drogas para el cuidado de los y las consumidoras. Sobre ese mismo eje, es importante aclarar que no todas las drogas deben ser legalizadas, pues al considerar la problemática como un asunto público de salud, sustancias como la heroína o el fentanilo, deterioran la calidad física y neurológica de una persona; también, debido a su fuerte adicción, generan dependencia, lo que puede aumentar la criminalidad.
¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?
Sí. La muerte digna y médicamente asistida es una de las deudas históricas que tiene el Congreso de la República; la Corte Constitucional, en su Sentencia C-239/97, aparte de hacer una de las más grandes jurisprudencias, exhorta al Congreso de la República a que, conforme a los principios constitucionales y elementales consideraciones de humanidad, regule el tema de la muerte digna. Si nos remitimos nuevamente a la misma jurisprudencia de esta sentencia, se expone de la mejor manera que el derecho fundamental a la vida digna no termina ahí, sino que conlleva también el derecho de una muerte digna.
¿Se requiere o no otra reforma tributaria?
Colombia ya está acostumbrada a que anualmente los gobiernos de turno propongan una reforma tributaria para aumentar el recaudo, por ello, debemos ver cuál es el porcentaje del Presupuesto General de la Nación que se destina plenamente como gastos de funcionamiento y cuáles van a inversión social, la burocracia estatal está llegando a niveles exagerados. Una reforma tributaria debe estar enfocada en reducir ese recaudo, pero sin reducir la inversión social, que es para lo que en un principio debe estar enfocada. La reducción de los gastos de funcionamiento debe ir enfocada en terminar con nóminas paralelas o gastos innecesarios en los tan conocidos puestos corbata.
¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?
Sí. De la mano con la gestión responsable y la transparencia a la cual siempre hacemos mención, es importante reducir el salario de los funcionarios del Estado y redirigirlo a la ciudadanía en sectores aprovechables como el deporte, el emprendimiento joven, la inversión en tecnología para la mejora de la seguridad y, mejores sistemas de recolección de residuos que mejoren la calidad de vida ambiental de los y las habitantes de la capital.
¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?
Sí, pues las iglesias deben separar sus actividades comerciales.
¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?
Sí, nuestra propuesta sobre la elección popular de alcaldes locales en Bogotá.
¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?
El tema de la paridad de género representa la calidad de la democracia de un país. Colombia se encuentra en el puesto 45 en el ranking global, esto demuestra la importancia de seguir trabajando por cerrar estas brechas de género en los aspectos institucionales, gubernamentales, laborales y económicos del país. Con todo lo anterior, promover una mejora a la normatividad que regule de manera eficaz, no solo cumpliendo las cuotas como simple relleno, sino la paridad de género con mujeres diversas que respondan a una interseccionalidad en las múltiples esferas para la toma de decisiones en espacios públicos y privados que respondan a las necesidades y garantía de derechos de todas las mujeres. De la mano con lo anterior, impulsar apoyo a organizaciones feministas que incluyan pedagogía para niñas, jóvenes y mujeres con el fin de profundizar en información sobre la garantía de sus derechos.
La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?
Es claro que quienes han diseñado las políticas anticorrupción no han querido solucionar el tema de la traza presupuestal y la desviación de recursos públicos. Hoy en día las herramientas digitales que nos brinda el siglo XXI se deben utilizar de manera plena para resolver los problemas de la cotidianidad. Hablando directamente sobre la corrupción, la Contraloría General de la República debe aplicar un sistema de Blockchain para el seguimiento de cada peso que se invierte en Colombia. Por otro lado, el uso de la inteligencia artificial para el procesamiento de datos es crucial para identificar en miles de contratos cuál tiene alguna irregularidad y que genere alguna alerta inmediata. Por último, el buen ejemplo de que si es posible realizar una política decente basada en las ideas y en la representación política real, sobre el cual se ha desarrollado toda la credibilidad de este equipo político.
Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?
La figura de congresista se ha utilizado por muchas generaciones como una figura vertical clientelista que se sirve del pueblo cuando lo necesita, pero desde esta curul, no solo creemos en la política como el arte de servir a los demás y no de servirse a sí mismo, sino que también estaremos en contacto directo con todas las comunidades, barrios y familias las cuales hemos recorrido y conocido en medio de este proceso. Y que las personas vean en este servidor una voz para elevar sus preocupaciones, problemáticas y necesidades diarias.
¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?
En este tema se tiene que tener en cuenta la transición a un régimen democrático. Colombia como aliado estratégico, por razones de geopolítica, economía, seguridad y proyección internacional, debe garantizar la estabilidad regional, sin perder del foco la importancia de trabajar en el bienestar ambiental, basados en el Acuerdo de París, ambos países podemos trabajar en pro de la reducción de emisiones, transferencia tecnológica y la protección de la Amazonia. Por el lado de las relaciones con Venezuela, hay buenas oportunidades si se logran acuerdos respecto a la estabilidad diplomática, un comercio binacional que potencie ambas economías.
¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?
Mi campaña está financiada con recursos propios.
¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?
Vamos a tomar esa decisión conforme a los resultados que se den en la consulta el 8 de marzo, pues es importante saber qué propuestas podemos construir de la mano, cuáles se pueden mejorar en pro del bienestar de los y las habitantes del país. Dejando cómo énfasis que ningún extremo político puede ser tan viable.
De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?
La política a la cual le daría continuidad sería la referente a la educación, pues para el año 2024, se destinaron 70 billones de pesos para el sector educación, con una ejecución presupuestal del 96,4%. Lo anterior, muestra resultados eficientes en materia de administración de recursos, así como el cumplimiento a los niños y jóvenes en su derecho al acceso a la educación. Esto se enlaza con nuestras propuestas de créditos blandos, carreras de corto y mediano plazo que tienen como objetivo mayor cobertura de acceso y el resultado de personas capacitadas que respondan a las necesidades de la capital. Política de paz total no debería continuar, pues ha logrado un efecto contrario en medida de que los grupos ilícitos han usado los diálogos y los ceses al fuego para robustecer sus estructuras, para financiar de mejor manera las economías ilícitas y lo que ha conseguido finalmente ha sido aumentar la inseguridad en el país.
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