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¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?
Yo no llegué al Congreso por casualidad, llegué por el campo. Por mis raíces, por lo que he vivido caminando los territorios y por las historias de familias campesinas que madrugan todos los días para trabajar la tierra, muchas veces sin las oportunidades ni el respaldo que merecen. Me mueve profundamente la acción comunal, porque he visto cómo las Juntas de Acción Comunal sostienen a los pueblos cuando nadie más aparece. Son mujeres y hombres que ponen su tiempo, su trabajo y su corazón para sacar adelante a sus comunidades. Ahí es donde realmente se construye país.
También creo que el campo necesita oportunidades reales: mejores condiciones para producir, comercializar, acceder a servicios dignos y vivir con tranquilidad. No es justo que las familias campesinas sigan enfrentando abandono, servicios públicos deficientes y falta de apoyo para salir adelante. El tema de la energía, especialmente con Enel, ha golpeado a muchas comunidades rurales con cortes constantes y mala calidad en el servicio. Eso afecta la vida diaria, la producción y la dignidad de la gente del campo. Ser congresista, para mí, es llevar esa voz al Congreso, defender al campo y trabajar para que las decisiones que se toman en Bogotá se traduzcan en oportunidades, bienestar y futuro para las familias campesinas y para todo el territorio.
¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?
No.
De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?
De refrendar mi curul, continuaré trabajando en proyectos orientados al fortalecimiento de la acción comunal. Creo firmemente que las Juntas de Acción Comunal son la base de la organización social y una pieza clave del desarrollo en los territorios, especialmente en el campo. Mi apuesta es impulsar un marco legal que les brinde más herramientas, mayor respaldo institucional y mejores condiciones para gestionar proyectos, acceder a recursos y ejecutar obras que respondan de manera real a las necesidades de la gente. La acción comunal no puede seguir sosteniendo al territorio únicamente con voluntad y compromiso; necesita un apoyo efectivo del Estado. Fortalecer lo comunal es fortalecer la participación ciudadana, el desarrollo local y la capacidad de las comunidades para construir soluciones desde su propio territorio. Ese será el eje central de mi trabajo legislativo.
A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?
Recorrer el territorio deja una cosa clara: en los 116 municipios de Cundinamarca el servicio de energía presenta fallas constantes. No es un caso aislado ni una queja puntual; es una realidad que se repite una y otra vez en veredas, corregimientos y cascos urbanos, donde la gente convive con cortes frecuentes, mala calidad del servicio y tarifas altas. El caso de Enel es especialmente preocupante.
Pero el problema no se limita a la energía. En muchas zonas rurales también hay graves deficiencias en agua y alcantarillado, con comunidades que no cuentan con redes adecuadas ni soluciones básicas de saneamiento, lo que afecta directamente la salud, el ambiente y la dignidad de las familias. Esto se soluciona con un Estado que ejerza control real y permanente. Se necesita exigir a las empresas prestadoras que cumplan con estándares de calidad, sancionar cuando no lo hacen e invertir de manera decidida en infraestructura, especialmente en las zonas rurales. Los servicios públicos no pueden seguir tratándose como un negocio ajeno a la realidad de la gente. Energía, agua y alcantarillado deben garantizarse con continuidad, calidad y tarifas justas, poniendo al usuario en el centro de las decisiones.
¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?
No apoyaría un proceso de asamblea constituyente. Considero que la Constitución de 1991 es sólida, garantista y suficientemente amplia para responder a los retos que enfrenta el país. En ella están consagrados los derechos fundamentales, los mecanismos de participación y las herramientas necesarias para fortalecer la democracia y el Estado social de derecho. Los problemas de Colombia no se originan en la Constitución, sino en la debilidad de las instituciones y en la falta de cumplimiento de las normas existentes. Más que cambiar las reglas del juego, el país necesita fortalecer sus instituciones, mejorar su capacidad de gestión, garantizar el control y hacer que la ley se cumpla en los territorios.
¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?
No acompañaría una iniciativa para revivir la reelección presidencial inmediata ni para extender el periodo presidencial. Estas figuras van en contravía del equilibrio de poderes y de los principios democráticos que hoy rigen nuestra institucionalidad. La Constitución es clara en establecer límites al ejercicio del poder, precisamente para evitar su concentración y garantizar la alternancia democrática. Modificar esas reglas no solo resulta inconstitucional, sino que también debilita la confianza en las instituciones y genera riesgos para la estabilidad política del país. Desde una visión responsable y acorde con los principios del Partido Conservador, creemos en el respeto por la Constitución, la separación de poderes y el fortalecimiento de las instituciones, no en reformas que busquen prolongar el poder personal. Colombia necesita reglas claras, estabilidad democrática y gobiernos que cumplan su mandato dentro de los tiempos establecidos por la ley.
¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?
No le daría respaldo ni continuidad a la llamada política de paz total tal como está planteada hoy. Creemos en la paz y trabajamos por ella, pero la paz no puede construirse sin resultados, sin autoridad y sin protección real a la ciudadanía. Los hechos del 2025 demuestran que esta política ha tenido resultados negativos. Organismos como la Defensoría del Pueblo y las autoridades han advertido un aumento de homicidios, masacres, confinamientos y desplazamientos, así como un fortalecimiento de grupos armados en varias regiones del país. La violencia no se ha reducido y muchas comunidades hoy se sienten más desprotegidas.
El problema no es hablar de paz, el problema es cómo se hace. No se puede negociar sin reglas claras, sin exigir el cese real de la violencia y sin garantizar la presencia efectiva del Estado. Una política de paz que no protege a la gente termina debilitando la institucionalidad y enviando mensajes equivocados a quienes delinquen. Desde nuestra posición, creemos en una paz seria, responsable y con resultados, que ponga en el centro a las víctimas, fortalezca a la Fuerza Pública y garantice seguridad y justicia en los territorios. Colombia necesita una paz que se sienta en la vida diaria de la gente, no una paz solo en el discurso.
¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?
Sí, estoy de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales, pero solo si se hacen con garantías, reglas claras y condiciones firmes. Dialogar no puede significar ceder la autoridad del Estado ni legitimar la violencia. Cualquier proceso debe partir de exigencias concretas: cese real de la violencia, respeto a la población civil, compromiso con la justicia y verificación efectiva. Sin resultados claros y sin control, los diálogos terminan generando más incertidumbre y afectando a las comunidades. Creemos en la búsqueda de la paz, pero una paz seria, responsable y con resultados. El diálogo debe ser un medio para proteger a la gente y fortalecer al Estado, no un escenario sin límites que termine favoreciendo a quienes siguen haciendo daño.
¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?
No apoyo la legalización de drogas ilícitas, incluida la marihuana, ni su producción ni su consumo. Considero que este tipo de medidas no resuelven el problema de fondo, y por el contrario, pueden generar mayores riesgos para la salud pública, especialmente para niños, jóvenes y familias. Colombia necesita una política seria de prevención, educación y atención en salud, así como un combate decidido contra el narcotráfico y las economías ilegales que tanto daño le han hecho al país. Normalizar el consumo no es el camino cuando aún no somos capaces de garantizar protección, tratamiento y oportunidades reales para la población más vulnerable. Creemos en fortalecer la autoridad del Estado, la institucionalidad y las políticas sociales, no en legalizar prácticas que pueden profundizar problemas sociales y de salud.
¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?
No estoy de acuerdo con la eutanasia. Considero que la vida debe ser protegida en todas sus etapas y que el Estado debe enfocar sus esfuerzos en garantizar atención integral en salud, cuidados paliativos oportunos y acompañamiento humano a las personas y a sus familias. Más que abrir la puerta a la eutanasia, Colombia necesita fortalecer el sistema de salud para que nadie enfrente el dolor, la enfermedad o la soledad sin apoyo. La dignidad se defiende cuidando la vida y asegurando condiciones reales de atención y acompañamiento.
¿Se requiere o no otra reforma tributaria?
Sí, Colombia necesita una reforma tributaria, pero debe construirse de acuerdo con las realidades económicas del país y con responsabilidad social. Cualquier ajuste debe proteger las fuentes de empleo y no afectar a los trabajadores, a las pequeñas y medianas empresas ni a los sectores productivos. Una reforma tributaria debe ser justa y equilibrada, orientada a fortalecer el crecimiento, la formalización y la estabilidad económica. No se trata solo de recaudar más, sino de hacerlo de manera responsable, cuidando la economía de las familias y la generación de empleo.
¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?
Sí, considero que el salario de los congresistas y de otros funcionarios del Estado debe ser justo y acorde con la realidad económica del país. En un contexto donde millones de colombianos enfrentan dificultades, el Estado debe dar ejemplo de austeridad, responsabilidad y coherencia. Más que privilegios, el servicio público debe estar guiado por el compromiso con la gente y el buen uso de los recursos. Ajustar los salarios a la realidad nacional también fortalece la confianza ciudadana y envía un mensaje claro de respeto por el esfuerzo de los colombianos.
¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?
No estoy de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta. Por esa razón voté en contra de la reforma tributaria en el punto que pretendía gravar a las iglesias. La libertad religiosa y de culto es un derecho fundamental y una expresión legítima de la dignidad humana. El Estado tiene la obligación de garantizar que ninguna persona o comunidad sea discriminada o limitada por razón de sus creencias, y que la neutralidad estatal no se traduzca en decisiones fiscales que afecten la libertad de conciencia y el pluralismo democrático.
Además, las comunidades religiosas cumplen un papel fundamental en la construcción del tejido social. Promueven valores, procesos de reconciliación y acciones de apoyo a la población más vulnerable, especialmente en territorios donde la presencia institucional del Estado es insuficiente. Por eso, más que imponer nuevas cargas tributarias, el camino debe ser fortalecer la Dirección de Asuntos Religiosos, para que las iglesias puedan formular y ejecutar proyectos sociales articulados con las políticas públicas. Proteger la libertad religiosa no es solo un mandato constitucional, es una condición indispensable para una democracia verdaderamente libre.
¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?
Sí, considero que pueden hacerse ajustes al sistema político, siempre y cuando estén orientados a reforzar la institucionalidad, mejorar la eficiencia del Estado y fortalecer la confianza ciudadana. Sin instituciones sólidas, ningún cambio tiene sentido.
¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?
Mi propuesta concreta para garantizar la paridad y los derechos de la mujer parte de la educación. Creemos que la igualdad real se construye desde la infancia, formando en respeto, equidad de género y oportunidades para niñas y jóvenes, tanto en el campo como en las ciudades. Esto implica fortalecer el acceso y la permanencia de las mujeres en el sistema educativo, promover su participación en áreas donde históricamente han sido excluidas y garantizar entornos educativos libres de violencias y discriminación. Por eso creemos que la educación es la herramienta más poderosa para romper ciclos de desigualdad. Además, una formación con enfoque de equidad permite que más mujeres accedan a liderazgo, empleo digno y participación política en condiciones justas. Garantizar los derechos de la mujer no es solo una política social, es una apuesta estructural por un país más justo y con más oportunidades para todas.
La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?
La corrupción es uno de los problemas más graves del país y no se combate solo con discursos, sino con instituciones fuertes y reglas que se cumplan. Mi propuesta concreta parte del fortalecimiento institucional, especialmente de los organismos de control y de las entidades encargadas de vigilar el uso de los recursos públicos. Un eje clave es impulsar los concursos de mérito, para que los cargos públicos sean ocupados por personas capacitadas, idóneas y seleccionadas por su conocimiento y experiencia, y no por favores políticos. Cuando el acceso a los cargos se basa en la capacidad, se reducen los riesgos de corrupción. Además, es fundamental fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el control permanente sobre la contratación pública. Solo con instituciones sólidas, funcionarios capaces y procesos claros se pueden lograr resultados reales en la lucha contra la corrupción.
Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?
La percepción negativa del Congreso se combate con más claridad, más transparencia y más cercanía con la ciudadanía. En primer lugar, es fundamental que las personas tengan claridad sobre qué hace el Congreso, cómo se toman las decisiones y de qué manera esas decisiones impactan su vida diaria. Para ello, es necesario fortalecer procesos de rendición de cuentas mucho más sólidos, permanentes y comprensibles, que permitan a la gente conocer el trabajo legislativo, el uso de los recursos públicos y los resultados concretos, esto debido a que el Congreso no puede seguir siendo una institución lejana o incomprensible. Recuperar la confianza implica abrir las puertas, comunicar mejor, escuchar más y demostrar con hechos que el trabajo que se hace allí responde a las necesidades reales del país y de los territorios.
¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?
Colombia debe manejar sus relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela desde el respeto a la soberanía de cada Estado, el diálogo y el interés nacional. La política exterior debe ser seria, responsable y pensada en el bienestar del país, no en afinidades ideológicas. Sin embargo, ese respeto a la soberanía no puede traducirse en silencio frente a los abusos. Rechazamos de manera clara cualquier forma de gobierno dictatorial, así como las violaciones a los derechos humanos y la ausencia de libertades democráticas. La comunidad internacional no puede normalizar la opresión ni la falta de garantías para los pueblos. Colombia debe mantener relaciones diplomáticas firmes, equilibradas y basadas en principios: defensa de la democracia, respeto por los derechos humanos, cooperación internacional y protección de los intereses de los colombianos. Esa es la base de una política exterior responsable y coherente.
¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?
Recursos propios.
¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?
En este momento estamos a la espera de las decisiones que se adopten al interior del partido. Creemos en el respeto por los procesos colectivos y en la construcción de consensos que fortalezcan la democracia. Sin embargo, nuestra postura es clara: respaldaremos una candidatura y un eventual gobierno que le apueste a la estabilidad del país, a la generación de empleo y al fortalecimiento de la economía, siempre pensando en el bienestar de las familias colombianas.
De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?
Una política que no debería continuar en los términos actuales es la llamada “paz total”. Creemos en la paz como objetivo fundamental, pero esta estrategia ha mostrado debilidades en su diseño y en sus resultados, sin lograr una reducción real de la violencia ni mayores garantías de seguridad para las comunidades. La paz no puede construirse sin reglas claras, sin autoridad del Estado y sin protección efectiva a la ciudadanía.
En contraste, hay políticas que sí deben mantenerse y fortalecerse. Una de ellas es Matrícula Cero en las universidades, porque ampliar el acceso a la educación superior es clave para generar oportunidades, cerrar brechas sociales y ofrecer un mejor futuro a los jóvenes. Asimismo, es fundamental continuar con el apoyo a las comunidades de base, en especial a la acción comunal, que cumple un papel esencial en el desarrollo territorial y en la solución de problemas desde lo local. Finalmente, deben sostenerse y reforzarse los proyectos orientados al cuidado y la protección del medio ambiente, entendiendo que el desarrollo del país debe ser responsable, sostenible y respetuoso de los territorios. Colombia necesita continuidad en lo que funciona, correcciones serias en lo que no, y decisiones responsables centradas en el bienestar real de la gente.
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