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¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?
Mi mayor motivación para ser congresista es no quedarme callada. Es defender los recursos públicos como si fueran míos, hacer control político sin importar quién esté en el poder y demostrar que la coherencia no se negocia.La política no es para acomodarse. Es para servir.
¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?
En el ejercicio de nuestras funciones como congresistas estamos sujetos a múltiples denuncias e investigaciones, muchas de ellas derivadas del debate político. Actualmente, las dos más mediáticas tienen un claro trasfondo político: una por supuesto “genocidio” por haberme opuesto a la reforma a la salud, y otra por “traición a la patria” tras denunciar ante instancias internacionales la violencia policial y advertir sobre hechos que considero intimidaciones y vulneraciones a la separación de poderes por parte del presidente.
De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?
Mi trabajo en el Congreso ha sido y seguirá siendo la defensa de los recursos públicos y la lucha frontal contra la corrupción, y esta vez haremos énfasis especial en proteger lo que les pertenece a los niños y a las familias colombianas.Llevamos años haciendo control político, vigilando la ejecución del presupuesto, denunciando irregularidades sin importar quién esté en el poder y defendiendo la institucionalidad. No es una postura coyuntural, es una convicción.Para mí, cada peso malgastado o robado es una oportunidad menos en educación, salud y alimentación para nuestros niños. Por eso hemos sido firmes, incómodos cuando toca y constantes en el seguimiento a las entidades públicas.Y no vamos a parar, porque la política no puede ser silencio frente al abuso. Tiene que ser vigilancia permanente, coherencia y carácter para defender a quienes no tienen cómo defenderse solos.
A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?
A mi criterio, el principal problema de Colombia es la falta de confianza en las instituciones, y esa desconfianza nace de la corrupción, la improvisación y la polarización permanente. Cuando el Estado no ejecuta bien los recursos, cuando los gobiernos gobiernan para su narrativa y no para resolver problemas reales, y cuando la política se convierte en pelea ideológica en lugar de soluciones, el país se estanca. La solución no es mágica ni de un solo gobierno. Pasa por tres cosas claras: instituciones fuertes, transparencia real y responsabilidad en el manejo del dinero público. Necesitamos volver a la cultura del control político serio, de la ejecución eficiente y de las políticas públicas bien diseñadas, especialmente en temas sensibles como salud, educación y seguridad. Colombia no necesita discursos más radicales. Necesita coherencia, carácter y resultados. Si logramos que la ley se respete, que el presupuesto se ejecute con eficiencia y que la política vuelva a enfocarse en servir, no en dividir, el país puede recuperar el rumbo.
¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?
NO, rotundo. Colombia no tiene un problema de falta de Constitución. Tiene un problema de cumplimiento. La Constitución del 91 es garantista, moderna y le ha dado herramientas suficientes al país para avanzar en derechos, equilibrio de poderes y control institucional. Abrir una constituyente en medio de polarización, crisis económica y desconfianza institucional no es una prioridad ni una solución. Puede convertirse en un riesgo para la estabilidad democrática. Lo que necesitamos no es cambiar las reglas del juego cada vez que un gobierno no logra lo que quiere. Necesitamos respetarlas, cumplirlas y fortalecer las instituciones. La Constitución es el límite del poder y yo la defiendo.
¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?
No. No acompañaría ni la reelección presidencial inmediata ni la extensión del periodo presidencial. Colombia ya vivió los riesgos de concentrar el poder en una sola persona. Las reglas actuales existen precisamente para garantizar alternancia, equilibrio y límites claros al poder ejecutivo. Cambiar las reglas para favorecer la permanencia en el poder, en cualquier gobierno, debilita la democracia y aumenta la polarización. El problema del país no es que el periodo sea corto. Es que muchas veces no hay ejecución, no hay gestión eficiente y no hay resultados. La democracia se fortalece con instituciones sólidas, controles efectivos y alternancia, no con permanencia.
¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?
No le daría un respaldo automático a la llamada “paz total” tal como ha sido implementada. La paz no puede significar impunidad, improvisación ni debilitamiento de la Fuerza Pública. Tampoco puede convertirse en un mensaje ambiguo frente a quienes siguen delinquiendo mientras negocian. Sí apoyaría una política de paz seria, con condiciones claras: cese real de la violencia, sometimiento efectivo a la justicia, reparación a las víctimas y garantías de no repetición. La paz debe fortalecer el Estado de Derecho, no relativizarlo. Colombia necesita menos anuncios y más resultados. La paz se construye con autoridad, justicia y verdad, no solo con discursos.
¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?
Estoy de acuerdo con que el Estado explore caminos de diálogo si eso permite salvar vidas y reducir la violencia. La paz es un objetivo legítimo y necesario. Pero esos diálogos no pueden ser ingenuos ni ilimitados. Deben tener condiciones claras: cese real de hostilidades, sometimiento a la justicia, reparación a las víctimas y verificación estricta. El Estado no puede negociar mientras los grupos siguen delinquiendo, extorsionando o expandiéndose. Dialogar no es rendirse, pero tampoco puede significar impunidad ni debilitamiento institucional. Cualquier proceso debe partir de una premisa básica: primero la protección de los ciudadanos y el respeto al Estado de Derecho. Sin eso, no es paz, es concesión.
¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?
Creo que el debate sobre drogas debe darse con seriedad, evidencia y sin hipocresías. En el caso de la marihuana, considero que Colombia debe avanzar hacia una regulación responsable que permita controlar la producción, distribución y consumo, quitarle mercado al crimen organizado y tratar el consumo como un asunto de salud pública, no solo penal. Pero eso no significa una legalización indiscriminada de todas las drogas. Sustancias con alto impacto en la salud y en la violencia requieren un análisis mucho más riguroso, basado en evidencia científica, capacidad institucional y prevención efectiva. El enfoque debe ser integral: prevención en colegios, tratamiento para quienes lo necesitan, fortalecimiento de la Fuerza Pública contra el narcotráfico y políticas públicas que reduzcan el poder de las economías ilegales.
¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?
Sí. Estoy de acuerdo con la eutanasia bajo condiciones estrictas, reguladas y con pleno respeto por la dignidad humana. Creo que el Estado debe garantizar el derecho de las personas a decidir sobre el final de su vida cuando enfrentan enfermedades graves, incurables y con sufrimiento comprobado, siempre con evaluación médica rigurosa, consentimiento libre e informado y acompañamiento integral. No se trata de promover la muerte, sino de respetar la autonomía y evitar el sufrimiento innecesario.
¿Se requiere o no otra reforma tributaria?
Antes de pensar en más impuestos, el Gobierno debe demostrar que sabe ejecutar bien el presupuesto, reducir el gasto innecesario y combatir la evasión. No es serio pedirle más esfuerzo a los ciudadanos y a las empresas cuando hay recursos sin ejecutar o mal administrados.
¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?
Sí, el debate es legítimo. Creo que el salario de los congresistas y altos funcionarios debe revisarse con responsabilidad, dentro de una reforma integral al Estado. No puede ser una medida populista ni aislada, pero tampoco puede ignorar la realidad del país. Si queremos recuperar la confianza ciudadana, el ejemplo empieza por arriba. Eso implica revisar privilegios, gastos innecesarios y esquemas salariales que no estén alineados con resultados y desempeño. La discusión no debe ser emocional, sino estructural: un Estado más austero, más eficiente y más coherente con la situación económica de los colombianos.
¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?
Sí, estoy de acuerdo en que las iglesias, como cualquier otra organización, deben tener reglas claras y transparentes en materia tributaria. La libertad religiosa es un derecho fundamental y debe protegerse. Pero eso no significa que cualquier actividad económica desarrollada por una iglesia esté exenta de impuestos. Si realizan actividades comerciales, generan utilidades o administran bienes con fines económicos, esas actividades deberían tributar como lo hace cualquier otra entidad. Lo que es estrictamente culto y función espiritual puede tener un tratamiento diferencial, pero lo económico debe ser transparente y fiscalizable.
¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?
Sí, claro que hay que hacer ajustes, pero no para concentrar más poder en las cúpulas de los partidos. Yo no creo en las listas cerradas impuestas desde arriba. Eso termina volviendo a los partidos clubes privados donde deciden cuatro personas. Creo en fortalecer la democracia interna real, en que los ciudadanos puedan elegir directamente y en que haya reglas claras y estrictas sobre financiación y transparencia. El problema no es que la gente vote, el problema es cuando la política se convierte en negocio.
¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?
La paridad no puede ser solo una foto bonita el día de elecciones. Tiene que traducirse en poder real de decisión. Yo defiendo la alternancia efectiva en listas, la financiación con enfoque de género y sanciones a los partidos que usen a las mujeres solo para cumplir el requisito. Además, necesitamos avanzar en el sistema nacional de cuidado y en combatir la violencia política contra las mujeres, que muchas veces es silenciosa pero brutal. No basta con decir “más mujeres”, hay que garantizar que puedan ejercer el poder sin miedo.
La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?
La corrupción se combate quitándole el incentivo al corrupto. Transparencia total en contratación, trazabilidad en tiempo real de cada peso público y sanciones que de verdad duelan. El que robe no puede simplemente salir a los pocos años y volver a contratar con el Estado. Yo he demostrado que denuncio sin importar el color político del gobierno, porque el problema no es de izquierda o derecha, es de ética.
Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?
La única forma de cambiar esa percepción es con coherencia y resultados. Mostrando el trabajo, rindiendo cuentas, votando con argumentos y no con cálculos. El Congreso ha perdido credibilidad porque muchos lo usan para intereses personales. Yo creo que hay que dignificar la política, hacer control político serio y no convertir cada debate en un espectáculo. Cuando la gente ve consistencia, la confianza empieza a volver.
¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?
La política exterior no puede manejarse desde la ideología ni desde la emoción y mucho menos desde X. Con Estados Unidos debemos mantener una relación estratégica en comercio, seguridad y cooperación. Con Venezuela necesitamos una relación institucional que proteja a la gente de la frontera y a los migrantes, pero sin guardar silencio frente a violaciones de derechos humanos. Las relaciones internacionales se manejan con pragmatismo, no con fanatismo.
¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?
Mi campaña se financia de manera legal, transparente y reportada ante las autoridades electorales. No recibo dinero de contratistas que luego quieran favores. Creo en campañas austeras y en que cada peso debe poder explicarse públicamente. La política no puede depender de grandes chequeras, sino de respaldo ciudadano.
¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?
Apoya la gran consulta, por ahora concentrada en que el país elija un buen Congreso, que haga contrapeso al poder y no sea un apéndice de él.
De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?
Creo que cualquier política social que realmente esté reduciendo pobreza debe evaluarse y mantenerse si funciona, el problema radica en el cómo. Lo que debe acabarse es la polarización permanente y la presión sobre las instituciones. Colombia necesita estabilidad, respeto por las reglas y un gobierno que entienda que no se puede gobernar en campaña eterna.
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