¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?
políticas que se piensen siempre desde el barrio hacia el barrio y que permitan verdaderos cambios para todos y para todas. Quiero legislar para que se rompan las cadenas de desigualdad y exclusión en el trabajo, en la educación, en el acceso a derechos, en la vida digna que todas y todos merecemos.
Así que los invito el próximo 8 de marzo a votar dos veces Pacto, porque juntos podemos continuar acciones colectivas que permitan superar las cadenas de desigualdad y de exclusión en diferentes frentes.
¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?
No.
De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?
En mi propuesta programática de campaña, he manifestado que entre mis causas principales se encuentran: 1) El fortalecimiento de la economía popular y el cooperativismo con enfoques diferenciales para mujeres y jóvenes; 2) fomento y fortalecimiento del tejido social para la garantía del derecho humano a la alimentación y la soberanía alimentaria; 3) juventud con derechos plenos; y 4) mujeres empoderadas.
En el marco de estas líneas de agencia política, se priorizarán medidas legislativas para la inclusión y el fortalecimiento de las Unidades Populares Productivas, con acceso a créditos, acceso a las compras que realiza el Estado, mejora en la comercialización, incluso medidas para la exportación de productos de origen artesanal y popular. Por otra parte, nos proponemos avanzar en una legislación que cree incentivos para la participación de las juventudes en la creación de empresas, y fomente organizaciones productivas juveniles. En cuanto a las medidas legislativas para fortalecer la organización comunitaria para el derecho humano a la alimentación, nos concentraremos en la legislación necesaria para avanzar en la generación de centros de acopio públicos, apoyo a mujeres y jóvenes rurales en contextos de ciudad, fortalecimiento de la agricultura urbana y, en general, iniciativas que vinculen al tejido comunitario de las comunidades en la defensa de la soberanía alimentaria.
Estas propuestas están inscritas en el marco general del Derecho a la Ciudad, como una plataforma política de mediano y largo alcance que nos permite potenciar un modelo de ciudad que supere la segregación socioespacial y fortalezca lo público, en especial en educación superior, vivienda y salud. Por lo tanto, los derechos fundamentales al trabajo y la alimentación son una primera puerta de entrada en la búsqueda de una concepción de ciudad que no privatice lo público y que, por el contrario, promueva la creación de valor público y de una nueva gobernanza de la mano con las organizaciones sociales y de las diversas ciudadanías que habitan Bogotá.
Finalmente, queremos propuestas innovadoras que recojan las realidades actuales de los jóvenes y las mujeres, en este orden de ideas: i) crear un Sistema Nacional de Formación Digital y Emprendimiento, ii) generar mecanismos para el tránsito entre la educación superior y el empleo, iii) implementar bancos de emprendimiento juvenil, iv) promover el acceso a la investigación y la ciencia para los jóvenes y v) fortalecer con medidas puntuales el Sistema Nacional de Participación de los Jóvenes. Y para las mujeres, sacar adelante medidas legislativas específicas para garantizar su acceso pleno a la ciudad; en esto, zonas seguras para mujeres y niñas, incentivos para la inclusión laboral de mujeres jóvenes y jefes de familia, fortalecimiento de observatorios ciudadanos para el monitoreo de violencias contra las mujeres y fortalecer el Sistema Nacional del Cuidado con medidas creativas y acciones concretas que reconozcan el aporte de la economía del cuidado a la economía nacional y local.
A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?
Creo que entre los problemas fundamentales están la alta desigualdad y, de otra parte, una cultura política influenciada por valores oligárquicos y antidemocráticos.
Recordemos que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo y el primero en Latinoamérica. Para 2024, el DANE reportó un coeficiente de Gini de 0,55, un resultado parecido al de Sudáfrica con 0,54. Y además, es uno de los más desiguales en la región, con unas características parecidas a Brasil. Es decir, en Colombia el 10% más rico concentra casi alrededor del 60% del ingreso. Esta disparidad estructural ha generado conflictos sociales y políticos de larga data que aún no logramos superar. Incluso, parte de la gran resistencia a medidas mínimas como el aumento de salario mínimo vital obedece a esta trayectoria de desigualdad y de enriquecimiento desmedido de unos sectores sobre la mayoría de los colombianos.
En cuanto a una cultura política de corte oligárquico, me refiero a esos valores que sustentan privilegios, corrupción, dominio de unas familias o de unos intereses corporativos sobre los derechos básicos de la población. Aporofobia, xenofobia, clasismo, machismo son algunos de los sesgos que derivan de una concepción social, clasista y con privilegios.
¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?
Si es una decisión de carácter mayoritario, que obedece al sentir de la mayoría de los colombianos y colombianas, pues es un deber de sus representantes transmitir y agenciar la voluntad popular.
¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?
Esta es una discusión compleja que requiere una reflexión amplia y de fondo sobre los alcances presidenciales y sobre las condiciones que se requieren para cumplir con un mandato en un término de 4 años. Esta es una de las grandes conversaciones que seguramente el país tiene que revisar.
¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?
El país tiene que hacer un balance de fondo y sin apasionamientos de la política de Paz Total. En términos humanitarios, es muy positivo el desescalamiento de las tasas de homicidio y de extorsión en las ciudades de Medellín y Buenaventura en las que se implementaron mesas de paz urbana. Pero, por otra parte, sus resultados en materia de sometimiento, pues el balance es más complejo. En este tema puntualmente, es urgente la adopción de una Ley de Sometimiento.
De otra parte, tal como lo sistematizó el Informe de la Fundación de Ideas para la Paz (2025), el Grupo Armado Organizado que más creció durante el año 2025 fue el Clan del Golfo, con un crecimiento de un 30%. Incluso esta estructura, que deriva de estructuras paramilitares, opera, por ejemplo, en Bogotá, en alianza con estructuras armadas como los Boyacos, Oficina San Andresito, Los Camilos, los Costeños, Los Paisas, Los Pereiranos, tal como lo ha denunciado la Defensoría del Pueblo en sus Alertas Tempranas, desde el año 2019. En este orden, primero se debe caracterizar de forma contundente este nuevo ciclo de conflicto armado interno que está viviendo el país y determinar sus impactos en las ciudades y, de otra parte, revisar cómo afrontamos como país esta violencia armada que no logramos superar después de más de 7 décadas. Entonces, esta es una evaluación que se debe hacer a profundidad y con objetividad.
¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?
El diálogo a cambio de verdad y esclarecimiento es una ruta que nuestro país viene desarrollando como un mecanismo alternativo que requiere de colaboración efectiva y puede contribuir de forma cierta en los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas. De otra parte, la negociación tiene un carácter político, se adelanta con un actor político y acá tenemos que revisar con detalle las nuevas configuraciones del conflicto armado interno en Colombia.
Y por otra parte, el sometimiento es un deber del Estado para desmantelar estructuras criminales y grupos organizados delincuenciales, para lo cual debemos tener instrumentos jurídicos y rutas institucionales claras.
En este orden, está pendiente la evaluación de la política de paz y la búsqueda de escenarios para superar los ciclos de violencia armada en nuestro país.
¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?
La discusión sobre las drogas es otro de los grandes debates, no solo del país, sino del mundo. La mayoría de los balances institucionales, de plataformas de DD. HH. y de la ciudadanía en general evidencia que la guerra contra las drogas ha sido un fracaso y son más las afectaciones que los resultados positivos. Mientras existan mercados inmensos que compran las drogas, ¿qué efectividad pueden tener las fumigaciones y la persecución a los campesinos que quedan atrapados en el primer círculo de producción o a los jóvenes que mueren en la adicción?
Requerimos de políticas públicas de carácter global, que pongan en el centro la vida y que persigan a las estructuras criminales que se benefician de este mercado.
Este es un tema muy complejo, se escapa de discusiones moralizantes; nos debemos este gran debate y contribuir en medidas de carácter global.
¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?
Esta es una decisión muy personal, pasa por las creencias de las personas y ahí no se debe legislar sin que sea la sociedad misma la que pida estas políticas. Pero sí pienso en que se debe legislar en favor de unos mínimos para la muerte con dignidad: acceso a médicos, a tratamientos paliativos, a más humanidad en la atención de las personas en agonía.
¿Se requiere o no otra reforma tributaria?
Claro que sí, los grandes capitales deben tributar más, eso es equidad y justicia social.
¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?
La sociedad colombiana se ha pronunciado de forma generalizada en que se deben reducir los salarios de los congresistas, esto al considerar que han defraudado su confianza. Por lo tanto, estoy de acuerdo con la decisión del presidente Petro de reducir primas y honorarios que los congresistas tradicionales fueron reglamentando para su beneficio. Creo que hay una nueva forma de hacer política y esto pasa por unos salarios más bajos y por una representación transparente y de cara a las necesidades de la ciudadanía.
¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?
Coherente con la postura de equidad fiscal, considero que cuando las iglesias adelanten actividades económicas, comerciales o lucrativas, deben pagar impuestos.
¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?
El sistema político colombiano debe seguirse perfeccionando y mejorando para garantizar de forma plena los derechos políticos que nos asisten a todos y todas las colombianas. Este no puede verse afectado por los cálculos electorales de grupos de interés que dominan las instituciones. Tenemos retos importantes frente a fenómenos de larga data como el clientelismo y la corrupción.
Por otra parte, tienen que ser más efectivos los organismos de control. En cuanto a los procesos de presupuestación y descentralización, se debe fortalecer la autonomía y capacidad de gestión de las entidades territoriales más pequeñas. Debemos tener una gestión pública más armónica entre los niveles centrales y descentralizados. Y necesitamos de partidos políticos capaces de tramitar las necesidades y la voz ciudadana.
¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?
La aplicación de la Ley de Cuotas, la Ley 851 del 2000, se tiene que seguir fortaleciendo para que no solo sea el cumplimiento de un porcentaje en los cargos de elección popular y puestos directivos, sino un cambio de mentalidad. Para que las mujeres podamos participar en política, sin barreras culturales e institucionales y con garantías plenas, necesitamos del esfuerzo unificado y contundente de la sociedad colombiana y sus instituciones.
La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?
Generar todas las acciones de control político, denuncia pública y de promoción del control social para obligar a la toma de decisiones de carácter sancionatorio, pero sobre todo, generar cultura política de transparencia y democracia. Por otra parte, la acción legislativa será otro campo para la regulación de escenarios de corrupción, pero la idea es que esto sea efectivo y no más normas inútiles que nadie aplica.
Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?
Informar para qué sirve el Congreso de la República, el cual es fundamental en una sociedad democrática y, de otra parte, contribuir en la generación de mecanismos para que los votantes conozcan la gestión y resultados de sus candidatos elegidos.
¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?
Estamos presenciando una reestructuración diplomática de nuestras relaciones con Estados Unidos y con Venezuela, giro que claramente debe analizarse a profundidad, de cara a la agenda de país que la sociedad colombiana determine.En el caso de los EEUU, son importantes unas relaciones amigables en un diálogo de iguales. Esto significa que la cooperación es siempre bienvenida en un mundo de economía y política global; se requiere entonces diálogo y unidad para atender grandes problemáticas con los temas de drogas ilícitas y las economías de guerra, pero esto no puede pasar por encima de los principios de soberanía nacional y en detrimento de las economías locales.
Necesitamos un punto de equilibrio en estas relaciones y esto significa una política de Estado que defienda nuestros intereses como país y proteja nuestros recursos naturales y nuestras economías locales.
Y en el caso de Venezuela, igual, como países hermanos, compartimos desde siempre circuitos económicos; familias enteras son colombo-venezolanas, tenemos pueblos indígenas como los wayúu, que son binacionales; entonces necesitamos de una agenda común, concertada y en democracia de protección de nuestras poblaciones y soberanías.
¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?
El fruto de mi trabajo es el que ha sostenido mi campaña; soy asesora de comunicaciones y mi trabajo es en redes sociales.
¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?
Apoyamos al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.
De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?
El Gobierno del Cambio ha transformado el modelo de educación superior y la reivindica como un derecho y no un servicio. Para esto adoptó el modelo de financiación de la oferta, invirtiendo en universidades públicas y garantizando la gratuidad de la matrícula. Este esfuerzo se reflejó en el aumento de las tasas de cobertura; la matrícula en educación superior alcanzó los 2.553.560 estudiantes en 2024, con una tasa de cobertura que pasó del 54% en 2022 al 57,53% en 2024. Por lo tanto, se debe mantener la Política de Matrícula 0 en educación superior.
En materia de derechos laborales, el aumento del salario mínimo vital es una apuesta importante por avanzar en la justicia distributiva y la superación de la desigualdad, y en esa línea se debe mantener un modelo salarial que cumpla con los criterios constitucionales, así como mantener lo avanzado con la reforma laboral.
En materia de derechos campesinos, se debe sostener lo avanzado en materia de formalización de la tierra y profundizar la reforma agraria. En este se recuerda que se ha formalizado 1.5 millones, con lo cual se ha entregado el dominio total de las tierras a los campesinos que históricamente las han trabajado. Además, se han recuperado 181.027 hectáreas que, gracias a la resolución satisfactoria de procesos agrarios, llegaron al Fondo de Tierras de la Agencia Nacional de Tierras y se han transferido 13.332 hectáreas a título gratuito desde la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Y en materia de política social es un acierto reconocer la renta básica solidaria para adultos mayores, con la cual se beneficiaron 3 millones de abuelos y claramente contribuye en la superación y erradicación de la pobreza.
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