¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?
Mi mayor motivación es que la política sirva de verdad para mejorar la vida de la gente. Vengo de trabajar con comunidades, con mujeres, jóvenes y personas que han sido excluidas del empleo y de las decisiones. Sé que cuando el Estado se organiza bien, las oportunidades sí llegan. Quiero llevar esa experiencia al Congreso para convertir las promesas en leyes que se cumplan y se sientan en el barrio, en el trabajo y en la casa.
¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?
Ninguna.
De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?
Convertir el acuerdo Sello Bogotá Incluyente en una Ley de la República, para que se convierta en el Sello Colombia Incluyente y funcione en todo el país. ¿Y qué hace esta ley en la práctica? Entrega incentivos claros a las empresas para que contraten a quienes hoy el sistema deja por fuera. No es asistencialismo. Es empleo digno con reglas claras.
Pero esta ley va más allá del empleo. También incorpora algo fundamental: el emprendimiento como forma real de generación de ingresos. En Colombia hay más de un millón setecientos mil emprendimientos que apenas sobreviven: talleres, panaderías, cafeterías, restaurantes, micronegocios y miles de vendedores en el espacio público.
Estamos hablando de más de 12 millones de personas que aparecen como empleadas, pero ganan menos de un salario mínimo. Ese es uno de los problemas estructurales del país:la mala generación de ingresos, y eso se enfrenta con política pública hecha por ley, no con discursos.
A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?
El principal problema de Colombia es la desigualdad, porque es la raíz de la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades. Cuando la gente no accede a empleo digno, educación y servicios básicos, el país se estanca. Eso se soluciona con un Estado que funcione mejor: leyes que generen trabajo real, apoyen a los territorios y hagan que los recursos lleguen a donde viven las personas. Desde el Congreso, mi tarea es convertir esas necesidades en decisiones claras y cumplibles.
¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?
Colombia necesita cambios profundos, pero esos cambios deben hacerse con responsabilidad y sin generar más incertidumbre. Mi postura es clara: hoy el país tiene herramientas en la Constitución para avanzar en derechos, equidad y desarrollo, y muchas no se han cumplido. Antes de abrir una constituyente, hay que hacer que la Constitución funcione para la gente, que las leyes se cumplan y que el Congreso responda a las necesidades reales de los territorios.
¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?
No acompañaría ni la reelección presidencial inmediata ni la extensión del periodo. Colombia necesita reglas claras y estables que fortalezcan la democracia, no que concentren el poder. Los cambios de fondo se logran con instituciones sólidas, con planes que trasciendan los gobiernos y con un Congreso que haga control político serio. La estabilidad del país se cuida respetando los tiempos y los equilibrios del poder.
¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?
Sí, respaldaría la política de paz total, porque Colombia no puede seguir normalizando la violencia. La paz no es solo un acuerdo, es que las comunidades puedan vivir sin miedo, con oportunidades y presencia real del Estado. La paz se construye dialogando, pero también cumpliendo: inversión social, empleo y seguridad para los territorios. Desde el Congreso, el compromiso es que la paz se sienta en la vida diaria de la gente.
¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?
Sí, estoy de acuerdo con el diálogo, siempre que tenga reglas claras y resultados para la gente. Dialogar no es premiar el delito, es buscar que se detenga la violencia y que las comunidades vivan en paz. Pero esos diálogos deben exigir verdad, reparación a las víctimas y compromisos reales. El centro de cualquier conversación no pueden ser los grupos armados, sino las personas que hoy sufren el conflicto.
¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?
Creo que Colombia debe dejar de tratar este tema solo desde el castigo y empezar a mirarlo desde la salud pública y la regulación responsable. La prohibición no ha reducido el consumo ni la violencia; al contrario, ha fortalecido economías ilegales. Regular, con reglas claras y control del Estado, puede quitarle poder al narcotráfico y permitir prevención, educación y atención a quienes lo necesitan. El objetivo no es promover el consumo, sino proteger a la sociedad.
¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?
Estoy de acuerdo con que las personas tengan el derecho a decidir con dignidad en situaciones extremas de sufrimiento. La eutanasia no es una obligación ni una imposición, es una decisión personal que debe estar acompañada de garantías médicas, legales y humanas. El Estado no puede darle la espalda a quienes viven dolores irreversibles; debe respetar la vida, pero también la dignidad de cada persona.
¿Se requiere o no otra reforma tributaria?
Colombia necesita un sistema tributario más justo y eficiente, no reformas improvisadas cada año. Antes de pensar en una nueva reforma, hay que hacer que los impuestos se cobren bien, que se reduzca la evasión y que quienes más tienen aporten lo que les corresponde. La gente no aguanta más cargas sin ver resultados. Cualquier cambio tributario debe traducirse en servicios, empleo y bienestar para la ciudadanía.
¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?
Sí, creo que los salarios de los altos funcionarios deben revisarse con responsabilidad. En un país con tantas necesidades, el Estado debe dar ejemplo de austeridad. Reducir privilegios y ajustar salarios es una señal de respeto con la gente que vive con ingresos mucho más bajos. Pero esto debe hacerse de forma seria, sin populismo, y acompañado de un mejor uso de los recursos públicos.
¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?
Creo que debe haber reglas claras y justas para todos. Las iglesias cumplen un papel social importante y eso debe respetarse, pero cuando realizan actividades económicas que generan ingresos, esas actividades deben tributar como cualquier otra. No se trata de perseguir la fe, sino de separar lo religioso de lo comercial y garantizar equidad fiscal. La confianza se fortalece cuando todos cumplen las mismas reglas.
¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?
Sí, el sistema político necesita ajustes para representar mejor a la gente y recuperar la confianza. Hay que fortalecer los partidos, mejorar la transparencia y acercar las decisiones a los territorios. No se trata de cambiarlo todo, sino de corregir lo que hoy no funciona: menos clientelismo, más control y más participación ciudadana real. La política debe volver a servirle a la gente, no a unos pocos.
¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?
Mi propuesta es que la paridad deje de ser un discurso y se convierta en una obligación real. Eso significa listas paritarias con control efectivo, más oportunidades de empleo para mujeres y presupuesto para prevenir y atender las violencias. He trabajado con mujeres cabeza de familia y sé que cuando el Estado respalda su autonomía económica, cambia la vida de los hogares. Garantizar derechos de las mujeres es fortalecer a toda la sociedad.
La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?
La corrupción se enfrenta con reglas claras y con control real, no solo con discursos. Mi propuesta es fortalecer la transparencia en la contratación pública, cerrar los espacios a la intermediación política y hacer seguimiento ciudadano a cada peso del Estado. Cuando los recursos se vigilan y hay consecuencias reales, la corrupción disminuye. Combatirla es que la plata llegue a la escuela, al hospital y al barrio, no a los bolsillos de unos pocos.
Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?
La mala imagen del Congreso no se cambia con discursos, se cambia con comportamiento. Yo creo en un Congreso que rinda cuentas, que escuche y que esté presente en los territorios. Publicar el trabajo legislativo, explicar las decisiones en lenguaje claro y mantener contacto permanente con la gente es clave. Cuando la ciudadanía ve coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, la confianza empieza a recuperarse.
¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?
Colombia debe manejar sus relaciones exteriores con pragmatismo y soberanía, pensando primero en su gente. Con Estados Unidos, una relación estratégica basada en cooperación, comercio y respeto mutuo. Con Venezuela, una relación diplomática responsable que priorice la frontera, el empleo y la seguridad de millones de familias que viven de ese intercambio. La política exterior no es ideológica: es proteger los intereses del país y mejorar la vida en los territorios.
¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?
Mi campaña se financia de manera transparente y dentro de la ley, principalmente con aportes de personas naturales que creen en este proyecto ciudadano. No hay grandes financiadores ni compromisos ocultos. Todo se reporta a las autoridades electorales y se hace público. Es una campaña austera, cuidando cada peso, porque la política también debe dar ejemplo en el manejo de los recursos.
¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?
Respaldo a Roy Barreras porque representa un proyecto político serio, con experiencia y capacidad real de gobernar. Ha demostrado que sabe construir mayorías, sacar adelante reformas y defender el cambio con responsabilidad. Desde el partido Nuestra Fuerza acompañamos una propuesta que combina transformación social, estabilidad democrática y resultados concretos para la gente.
De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?
Colombia debe darle continuidad a la política de paz total y a la apuesta por la justicia social, porque la violencia y la desigualdad no se resuelven en un solo periodo. La paz necesita tiempo, presencia del Estado y oportunidades reales en los territorios. Lo que sí debe corregirse es la falta de ejecución y de coordinación institucional. Las políticas deben pasar más rápido del discurso a los resultados. Continuar el rumbo, pero mejorar la forma de gobernar, es lo que le da estabilidad y confianza al país.
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