¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?
Mi mayor motivación es que vengo de una de las comunidades históricamente más excluidas del país y conozco de cerca lo que significa que el Estado no llegue. Por eso, mi propósito en el Congreso es defender y materializar derechos para quienes han sido históricamente excluidos: pueblos indígenas, mujeres, comunidades rurales, juventudes y población trabajadora. Creo en una política que sirva para cerrar brechas y convertir la dignidad el acceso al agua, a la salud, a la educación y al trabajo en realidades concretas.
¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?
En el ejercicio público, y especialmente en la política, es normal que los servidores públicos, en particular quienes hemos sido elegidos popularmente, estemos sujetos a control y escrutinio permanente por parte de las autoridades, la ciudadanía y los medios. También es frecuente que existan solicitudes, quejas o acciones que buscan activar distintos mecanismos de control. En todo caso, mi actuación ha estado guiada por la transparencia y el respeto por las instituciones. Siempre he atendido cualquier requerimiento conforme a la ley y con total disposición para aportar la información necesaria.
De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?
Una agenda legislativa con los pies en los territorios. Mi principal proyecto es consolidar una agenda de transformación social orientada al cierre de brechas territoriales, con prioridad en el acceso al agua y saneamiento básico, la soberanía alimentaria, la dignificación laboral, la defensa del derecho fundamental a la salud y la protección de los derechos de los pueblos étnicos y del medio ambiente.
Esta agenda debe ir acompañada del fortalecimiento real de las entidades territoriales, para que cuenten con capacidades técnicas, administrativas y financieras que les permitan formular y ejecutar proyectos transformadores, sin depender exclusivamente de decisiones centralizadas. Como primera senadora indígena Wayúu, he radicado y sido coautora de más de cien proyectos de ley, lo que constituye un hito en la participación política de las mujeres y de los pueblos indígenas en Colombia. Entre estas iniciativas se destacan proyectos sobre mejoramiento de vivienda de interés social y rural, seguridad y no discriminación en la donación de sangre, y reconocimiento de pensiones especiales por ocupaciones de alto riesgo para la salud.
Adicionalmente, como presidenta de la Comisión Séptima Constitucional del Senado, he liderado el trámite de proyectos, audiencias públicas y debates de control político, promoviendo por primera vez que esta Comisión sesionara formalmente en los territorios. El Congreso debe legislar escuchando directamente a las comunidades.
A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?
La desigualdad estructural como raíz del problema. Uno de los principales problemas de Colombia es la desigualdad estructural, no solo en ingresos o propiedad, sino en capacidades entre regiones y entidades territoriales. Esta desigualdad alimenta la exclusión y crea condiciones para la corrupción. Para enfrentarla, el Gobierno ha impulsado la reforma agraria, el fortalecimiento de la educación pública, la mejora de los ingresos de la clase trabajadora y una mayor descentralización.
Es necesario profundizar estas políticas para que el campo sea productivo, los trabajadores tengan ingresos dignos y los municipios capacidades reales. Esto requiere una reforma agraria integral más ambiciosa, una ley de competencias que reduzca brechas regionales y una política de reindustrialización con participación activa del Estado que genere empleo de calidad.
¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?
Soberanía popular con reglas claras. La soberanía reside en el pueblo y cualquier debate constitucional debe partir de ese principio. Un proceso constituyente podría respaldarse siempre que sea democrático, participativo, con reglas claras, orientado a ampliar derechos y fortalecer las instituciones, y no a concentrar poder. A más de tres décadas de la Constitución de 1991, es legítimo preguntarse si el Estado social de derecho se ha materializado plenamente. Cualquier transformación debe hacerse con legitimidad popular, transparencia y responsabilidad democrática.
¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?
Colombia necesita Gobiernos de largo plazo para dar continuidad a proyectos estratégicos. Cuatro años suelen ser insuficientes para ejecutar transformaciones profundas. Ejemplos como México, con periodos presidenciales de seis años, muestran que la continuidad reduce costos, mejora la eficiencia estatal y permite consolidar políticas públicas.
¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?
Sí a la paz, con ajustes y resultados. Respaldo una política de paz, pero debe ajustarse con criterios claros y verificables, centrados en las víctimas, la verdad, la reparación, la no repetición y la reducción real de la violencia en los territorios.
¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?
Diálogo con reglas, Estado fuerte en los territorios. El diálogo puede ser legítimo si tiene reglas claras, objetivos verificables y centralidad en las víctimas. Paralelamente, el Estado debe fortalecer su presencia institucional, social y de seguridad. Frente a grupos sin voluntad real de diálogo, el Estado debe actuar con firmeza dentro del marco constitucional.
¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?
Regulación con enfoque de salud pública. Apoyo la regulación de la marihuana con enfoque de salud pública, reducción de daños y control estatal. Frente a otras sustancias, el debate debe ser técnico y basado en evidencia. La falta de regulación ha fortalecido economías criminales y aumentado la violencia.
¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?
El derecho a una muerte digna. Estoy de acuerdo con el derecho a una muerte digna, ejercido bajo criterios legales, consentimiento informado, protocolos médicos y respeto por la dignidad humana.
¿Se requiere o no otra reforma tributaria?
Una reforma justa, progresiva y responsable. Sí, pero debe ser progresiva, enfocada en combatir la evasión y revisar privilegios injustificados. El objetivo es garantizar derechos y cerrar brechas sin afectar a las mayorías trabajadoras. El Gobierno ha reducido la deuda pública y cubierto déficits históricos como el del FEPC, pero avanzar en reforma agraria, transición energética y bienestar social exige un esfuerzo fiscal responsable y eficiente.
¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?
Austeridad con equidad, no populismo. Es necesario revisar el régimen salarial del sector público para reducir brechas injustificadas y dignificar a todos los servidores, incluidos contratistas con rezagos en derechos laborales.
¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?
Libertad religiosa con equidad tributaria. Las actividades no asociadas al culto deben tributar. La libertad religiosa se respeta, pero la equidad exige transparencia y separación contable.
¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?
Reforma política para una democracia más abierta. Se requiere una reforma que fortalezca la transparencia, controle la financiación y garantice participación real de regiones y sectores excluidos, junto con una descentralización diferencial y mecanismos de democracia participativa vinculante.
¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?
Representación real y garantías efectivas. Defiendo listas paritarias obligatorias y políticas que transformen las estructuras que reproducen la desigualdad, con prevención de violencias, presupuesto con enfoque de género y garantías para la participación política de las mujeres.
La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?
Mérito, datos abiertos y sanciones reales. Es clave despolitizar la elección de órganos de control, fortalecer el mérito, la transparencia, los datos abiertos, la trazabilidad de recursos y aplicar sanciones efectivas con recuperación del dinero público.
Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?
Transparencia, territorio y rendición de cuentas. La confianza se recupera con reglas estrictas, transparencia en votaciones y asistencia, rendición de cuentas permanente y presencia constante en los territorios.
¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?
Diplomacia con soberanía y cooperación. Colombia debe mantener relaciones basadas en respeto y autonomía. Con Venezuela, priorizar frontera, migración y comercio; con Estados Unidos, cooperación respetuosa que defienda los intereses nacionales.
¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?
Legalidad, trazabilidad y respaldo ciudadano. Mi campaña se financia con ahorros, créditos y aportes permitidos por la ley, con total transparencia. El principal respaldo es el acompañamiento ciudadano.
¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?
Consulta amplia y democrática. Respaldo la Gran Consulta por Colombia del Pacto Amplio como mecanismo democrático para garantizar continuidad de reformas sociales y cierre de brechas territoriales.
De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?
Continuar la reforma agraria y ajustar la política de paz. Debe profundizarse la política de tierras, así como los avances en transición energética, salud preventiva y protección ambiental. La política de paz debe ajustarse para ser más efectiva, con criterios claros, centralidad en las víctimas y fortalecimiento integral del Estado en los territorios.
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