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¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?
En un país como el nuestro, tener una sola motivación para llegar al Senado, advirtiendo la profunda desigualdad en la que seguimos sometidos, los abusos de poder y la inmensa cantidad de congresistas que únicamente ponen sus ojos en la gente una vez cada cuatro años es pararse en los cimientos de la mediocridad y, en el mejor de los casos, la frivolidad y en la completa desconexión con la gente. A mí me motiva una inconsolable indignación frente a lo que las élites, las nuevas y las tradicionales, nos venden como suficiente. Me motiva el hambre que sufren 13 millones de colombianos, mientras unos pocos derrochan y desperdician la comida. Los millones de nacionales que en seis años tuvieron que vender su casa para pagar arriendo y que aún así toque hacer cuentas para llegar a fin de mes. Las víctimas de desplazamiento forzado que en los últimos seis años llegaron a ser 550 mil personas. Las miles y miles de víctimas que sigue dejando la fuerza pública. Y eso no es ni la mitad de lo que me motiva.
¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?
Como testigo o víctima he denunciado la corrupción en la función pública y el abuso de poder. Para muestra, el botón más reciente. Hace tres meses, tres policías del GOES, aparentemente del circuito de la Presidencia de la República, me robaron el celular, me ahorcaron, me rompieron la nariz, me golpearon en la cabeza, tórax y piernas, y junto a otros dos policías del CAI Bolivia, me amenazaron con sus armas de largo y mediano alcance, me hicieron saber que conocían mi lugar de residencia y me prohibieron continuar con mis labores de asistencia a habitantes y animales de la calle. Esta denuncia la llevé incluso hasta Naciones Unidas, aunado al persistente maltrato y abuso de la fuerza pública a habitantes de calle con uso de tasers en horas de la noche.
De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?
Derecho a la ciudad. Con el crecimiento de las ciudades se vuelve cada vez más necesario trasladar las discusiones al Legislativo respecto al poder habitar la ciudad y cortarle la cancha a quienes pretenden hacerla una vitrina o un objeto de consumo que solo se puede visitar. No es coincidencia alguna que las ciudades colombianas se atumultúen en la periferia, eso responde a un modelo de ciudad que privilegia el uso de los centros como medio de intercambio de bienes transaccionales en los que la vivienda y el trabajo no tienen cabida. A un vendedor ambulante que quiere trabajar en los centros económicos de la ciudad le cae encima la Policía para sacarlo. A un trabajador promedio se le hace imposible comprar vivienda en los centros, tiene que buscar en la periferia o incluso en otros municipios. Ahora todo espacio deportivo público es pago. Las vías terminan entregadas para los negocios de los privados, bajo el slogan de transporte público y dejan al ciudadano que se mueve en carro, moto, bicicleta o incluso a pie, sin espacio para transitar. Todo eso lo incluye el derecho a la ciudad, incluso el que alguien de un entorno rural tenga que venir a la ciudad a hacer sus trámites y solo encuentre vías rotas, mal hechas, cierres o riscos.
A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?
La desigualdad. Este país se ha afincado en la noción de crecimiento a partir del sometimiento de las mayorías. Ahora se le llama innovación a quien simplemente extrae el derecho del trabajador que décadas atrás se había conseguido con intensas luchas obreras. No hay cuerpo que resista otros cien años de desigualdad. Resolviendo la tremenda disparidad de ingresos en el país, se resuelven muchos otros temas que hoy nos agobian, se dinamiza la economía, aumenta el bienestar social, se reduce la inseguridad, se fortalece la calidad educativa, se construye el futuro para superar la crisis demográfica, incrementa el ahorro y se tienen muchos más recursos para atender asuntos de incidencia global como el cambio climático.
¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?
Lo importante es que el pueblo colombiano decida sobre su necesidad o no, más allá de lo que yo pueda pensar. La sustancia de la democracia es atender la voz del pueblo. Tener una nueva constituyente no debe asustar a nadie si es lo que las mayorías exigen, porque es un síntoma de una fuerte democracia. Y es incompatible ver lo rápido que se mueve el ingenio humano en general y lo lento que se mueven las leyes. Normalizamos que el mercado cree nuevos paradigmas a velocidades antes nunca previstas, pero hay uno que otro que se escandaliza cuando se propone hacer lo mismo con el funcionamiento del país y el fin del Estado. Ha sido la actual Constitución la que me ha permitido incidir como ciudadano en el bienestar general, es algo que sin duda celebraré permanentemente y de lo que no se puede permitir perder: el derecho a la tutela. El problema de esa Constitución es su componente orgánico que en esencia crea roscas en los poderes que implican la perpetuación de la corrupción. Los congresistas eligen a los que los juzgan y luego juzgan a los que los juzgan. Eso es tener una sartén con dos mangos: ninguno se va a quemar. El debate está entonces en si necesitamos una restructura plena de la Constitución o si es suficiente elegir un Congreso capaz de apostar en contra de sus intereses individuales para reformar la Constitución mediante acto legislativo.
¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?
Jamás. Colombia tiene que aprender a hacer procesos y es algo que los personalismos de ambos espectros políticos han impedido. Lo ideal es que tuviéramos un país que eligiera programáticamente y desde allí quien ostente la calidad presidencial se remita estrictamente a cumplir ese mandato.
¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?
La paz total tiene un hilo discursivo coherente con la necesidad sociopolítica del país, pero en su ejecución se ha quedado laxa. Gustavo Petro logró reducir los homicidios en 2023, pero actualmente recuperó la tendencia del gobierno Santos. El Estado debe ser vehemente en rechazar la muerte como arma política y utilizar su fuerza para quien pretenda usarla, pero eso no debe derivar en la política de guerra que el uribismo implantó y que con Duque solo demostró ser aún más desastrosa y sanguinaria.
¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?
El Estado debe tener siempre las puertas abiertas al dialogo. Uno no puede simplificar la ilegalidad viéndola como una decisión libre y voluntaria. Internacionalmente se ha reconocido al Estado colombiano como responsable de la respuesta armada que en otrora se dio, y este sigue siéndolo siempre que no brinde garantías para participar pacíficamente en sociedad. Otra cosa muy distinta es creer que esas puertas abiertas significan la rendición del Estado a los grupos armados. Así como la apertura al diálogo debe ser permanente, lo debe ser la lectura de la voluntad de dialogo de esa otredad. Sería una omisión del Estado el que sin recibir una voluntad de dialogo manifiesta se opte por entregar el territorio.
¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?
Es un absurdo que como sociedad aceptemos en consumo de alcohol y lo normalicemos como un producto cotidiano, aún sabiendo lo perjudicial que es en términos físicos y psicológicos, y rechacemos a la misma vez la legalización de la marihuana. Hay argumentos médicos, económicos y sociales que soportan su producción y consumo. Quedarnos atrás es permitir que otros países se enriquezcan a costa nuestra, dado que, aún siendo ilegal, se sigue produciendo en nuestro territorio. Legalizarla permite desarrollar industria, obtener beneficios medicinales, y redigirir los esfuerzos de la fuerza pública donde en verdad se necesitan. No puede ser que haya 20 policías detrás de un consumidor, cuando en la esquina de al lado están robando y violando sin que nadie haga nada.
¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?
Lo que nos debe preocupar unánimemente como sociedad es qué estamos haciendo como país para garantizar vivir dignamente. Es inconcebible que mientras hay quienes se oponen a la eutanasia parándose en una verdad universal de la sacralidad de la vida -porque eso no se desconoce-, no se escandalicen por las 1,6 millones de vidas perdidas en el país por falta de acceso oportuno al sistema de salud. La eutanasia no es más que el derecho a morir dignamente, algo que estrictamente le pertenece a la persona que la recibe.
¿Se requiere o no otra reforma tributaria?
Sí. Necesitamos una reforma tributaria que reduzca las tasas impositivas a los sectores de ingresos medios y bajos, o en su defecto, que les ofrezca incentivos económicos para aumentar su poder adquisitivo y consecuentemente reduzcan la desigualdad del país.
¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?
Por supuesto. Según el DANE, el ingreso salarial de los congresistas se ubica en el 0,1 % con mayores ingresos por hogar del país. Si eso hace solamente un congresista, póngale cuanto hace todo su hogar en conjunto. El que les hayan quitado la prima especial de servicios no les hace más del pueblo. Solamente el 1 % con más ingresos del país hace lo mismo que el 29,83 % de los hogares con menor ingreso. Ser consecuente con ese discurso no es simplemente abogar por la reducción de salarios y lamentarse cuando se caiga el proyecto, sino destinar una buena parte del salario a los hogares que lo necesitan. Es eso mismo lo que sin titubeos haré al llegar al congreso.
¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?
Sí. Y en línea con lo mencionado anteriormente, las iglesias también deben recibir incentivos para que la obligación de pagar impuestos se ajuste de acuerdo con la redistribución de su riqueza a los sectores que más lo necesitan, demostrando contable y materialmente el impacto de sus esfuerzos.
¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?
Justamente de allí se desprende la necesidad de reformar la constitución. El diseño formal del sistema político colombiano promueve una influencia clientelar del congreso que debe ser erradicada porque desde allí es que se gesta la corrupción de los altos funcionarios y servidores del Estado. El que Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla estén en la cárcel responde precisamente a esa dinámica.
¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?
El corazón de la propuesta de mi candidatura radica en la apertura de una curul que ejerce la política desde lo cotidiano. Yo no me haré la voz de la mujer, ni me haré representante de sus causas. Más bien, mi curul será el medio para que ellas mismas tomen el liderazgo de incidir en sus propios destinos y cuerpos, y sean ellas quienes definan la legislación que corresponde en función del bienestar general.
La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?
Atacar la corrupción es una de las principales astas de mi candidatura. Lo primero por hacer es reformar la justicia, incluyendo la ordinaria y militar, para que se impida la reducción de penas para corruptos. Colombia no puede permitirse que el mejor de los casos sea encerrar por unos cuantos meses a las personas que ensucian la función y el servicio público para que una vez libres vuelvan a apostarle a la política y al clientelismo con la diferencia de cuidarse más que antes y seguir en las mismas. Debemos entender que la corrupción significa el medicamento que no le llegó al enfermo, el colegio que está a punto de colapsar, las vías rotas que provocaron un accidente fatal. La corrupción no es el mero acto de obtener dinero por fuera del marco de la ley, es atentar contra la vida misma de cada miembro de la sociedad. De ahí que también tenga contemplado crear un sistema de recompensas para veedores que vigilen la función pública y se les remunere económicamente por la defensa de una Colombia honesta y transparente.
Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?
Yo soy uno de esos tres. El Congreso está lleno de sinvergüenzas que como se confirmó hace unos días por boca de ellos mismos, por si todavía quedaban dudas, se instituye desde la corrupción. Por eso contrarrestar esa perspectiva, que también es una realidad, depende de llevar esas tres personas a legislar para romper con la creencia de que la política solo existe cada cuatro años. Los puentes que se creen con la ciudadanía no dependen de un discurso poético bien elaborado, sino de acciones manifiestas que permitan una acción directa e incidente que demuestre el poder de la gente.
¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?
Escoger con miedo ha llevado al país a desaprovechar oportunidades tan valiosas que al omitirlas se raya en la estupidez. Colombia tiene que establecer como socio comercial permanente a Venezuela y con ello lograr una reducción de costos que beneficie el bolsillo nacional mientras paralelamente se trabaje en establecer una solidez interna en un mercado que sigue en crecimiento como es el de las energías renovables. Esa misma solidez se debe replicar en los demás mercados de manera que defendamos nuestra soberanía al punto de no depender económicamente de ningún otro país. Teniendo eso claro, el brazo de la diplomacia llegará hasta donde la dignidad lo permita. Lo más importante en este asunto es entender que la dignidad no se negocia.
¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?
En un mundo volcado hacia la hiperproductividad, muchas de las cosas que en otrora costaban millones tienden a cero con un poco de ingenio. El sustento de esta campaña está en el poder de la gente que confiamos en que las cosas sí pueden cambiar, y cambiar no simplemente en el discurso, sino con acciones concretas que aterricen las ideas al diario vivir. Es esa confianza la que construye un capital social que empieza a movilizar conciencias y consecuentemente se traduce en un apoyo electoral que se espera trascienda del 8 de marzo.
¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?
Aunque su condición jurídica no está completamente definida, mi respaldo lo tiene Luis Carlos Reyes. Es una persona que ha demostrado que sí podemos dejar atrás los sistemas transaccionales de la política. La corrupción, como institución, se quiebra cuando alguien alza la voz. Yo veo claramente que esa ruptura la puede generar Reyes, pues no hay mayor confirmación de la valía de una persona que cuando este se enfrenta a alguien más poderoso. Reyes representa una propuesta que concibe la imperiosa necesidad de no volver al pasado, pero también de rechazar rotundamente las prácticas absolutamente injustificables, reprochables, asqueantes y corruptas que ha tenido el gobierno de Gustavo Petro.
De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?
Más que seguir, impulsar, pues en el camino se quedaron a medias. Primero, hambre cero. Aún hay 13 millones de colombianos que no se alimentan mínimamente tres veces al día. Segundo, economía popular para el cambio. Fue un programa que ayudé a construir y que se estancó justamente después de mi salida de Prosperidad Social. Por otro lado, hay que dejar la aspersión aérea con glifosato. Es inadmisible retomar métodos tan nocivos para la salud humana, animal y ambiental por la incapacidad de hacer llegar el Estado a cada rincón del territorio colombiano.
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