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¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?
Pues sencillo: estamos en el momento en que los de abajo tienen que estar gobernando; es el momento en que los de abajo tienen que estar legislando. Es momento de que nosotras como mujeres, que por años hemos estado dedicadas al cuidado del territorio, lleguemos allí para legislar, para generar algunas garantías y devolver derechos a la clase trabajadora. Hay que profundizar en minimizar la brecha que hay en la sociedad. Por eso, nosotros estamos hoy en esta carrera política para llegar al Congreso y, por supuesto, devolver derechos a la clase trabajadora y a las mujeres que han dedicado su vida al cuidado.
¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?
No.
De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?
Nuestra prioridad es el respaldo decidido a las reformas. Aún tenemos deudas pendientes con la reforma agraria y la reforma a la salud; sin embargo, considero que la reforma laboral requiere una atención especial para corregir vacíos legales que persisten. Es imperativo fortalecer las garantías para la mujer en el ámbito laboral. Por ello, evaluamos un proyecto de ley enfocado en las mujeres cuidadoras de personas con discapacidad. El objetivo es que su labor sea reconocida con un beneficio económico que no solo les otorgue autonomía financiera, sino que brinde seguridad y estabilidad a sus proyectos de vida.
A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?
Colombia enfrenta múltiples desafíos, pero el más crítico —y el que históricamente se menciona en campaña— es la corrupción. Estoy convencida de que el progreso de nuestra democracia exige una legislación mucho más severa contra los corruptos. Necesitamos mecanismos que obliguen a los entes territoriales y a las gobernaciones a erradicar el clientelismo. Debemos construir una estructura institucional que garantice que la contratación pública deje de ser un botín político y se convierta en una herramienta de desarrollo para todos.
¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?
Es imperativo reformar la Constitución. Si bien la Carta de 1991 nació con un espíritu loable, hoy es insuficiente: los políticos de siempre la han instrumentalizado para favorecer el clientelismo, dejando los derechos ciudadanos en un segundo plano. Necesitamos un marco constitucional que blinde derechos fundamentales como la salud, la educación y el trabajo digno, rescatándolos de la lógica del mercado.
Nuestra prioridad debe ser reducir la desigualdad, cumplir a cabalidad con el Acuerdo de Paz y saldar la deuda histórica con sus firmantes. Es hora de actualizar una Constitución que hoy luce desgastada por intereses particulares. Debemos profundizar la democracia y garantizar un sistema que proteja a todos por igual. El camino hacia una verdadera justicia social sólo es posible a través de una nueva Constitución.
¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?
En cuanto a la reelección, considero que es un tema álgido. Se abre la posibilidad para cualquier tipo de gobierno, ya sea de derecha o de izquierda, bueno o malo. Creo que puede abrirse la puerta a la reelección, siempre y cuando se consulte al pueblo previamente bajo un mecanismo de participación ciudadana. Así, es la ciudadanía quien decide si desea esa opción. Con esto, afianzamos la participación directa, garantizamos que el pueblo sea escuchado y evitamos que un grupo político —sin importar su tendencia— incline la balanza a su favor. Es imperativo que la voz del pueblo domine estos debates nacionales tan complejos.
¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?
La Paz Total es el único camino hacia un país tranquilo. Es fundamental que quienes han dedicado años a la guerra encuentren condiciones reales para reintegrarse a la vida civil. Ya sea por convicciones ideológicas o por procesos de desmovilización, el Estado debe ofrecer garantías sólidas y herramientas eficaces para que estas personas participen en la sociedad. El objetivo es claro: devolver derechos de forma equitativa y sin estigmatización, construyendo un entorno seguro donde la reconciliación sea posible.
¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?
Es fundamental, tanto en los escenarios políticos como en la vida misma, profundizar en el diálogo. No podemos permitir que la respuesta inmediata sea el hostigamiento o el ataque desmedido contra quienes piensan distinto. Es imperativo establecer mecanismos de comunicación que permitan no sólo escuchar, sino hablar con claridad: el Gobierno debe exponer con firmeza por qué la existencia de grupos armados es incompatible con el desarrollo.
Esta violencia no solo genera atraso, sino que condena a nuestra juventud a perderse en la guerra y sume a la ruralidad colombiana en el estancamiento. Necesitamos diálogos fraternos basados en la construcción de país, sociedad y progreso. Pensemos en las madres que esperan en casa a sus hijos, sin importar el bando en el que se encuentren. Como ciudadanos, debemos ser garantes de estos procesos y respaldar positivamente cada mesa de diálogo que se instale.
Es hora de rechazar la estigmatización y la idea de que el bombardeo y la guerra —que consumen gran parte de nuestros recursos— son la única salida.Colombia merece una sociedad en paz que, a través de la palabra, logre los acuerdos necesarios para avanzar hacia el futuro.
¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?
Regular un mercado permite establecer reglas claras: saber cuánto se produce, qué se produce y dónde se produce. La ilegalidad, por el contrario, implica una pérdida total de control. Al legalizar la marihuana, no solo recuperamos ese control estatal, sino que abrimos la puerta a la recaudación de tributos en Colombia.Esto permitiría desarrollar una industria sólida, no solo recreativa, sino también medicinal, un campo en el que el país presenta un rezago notable frente a naciones que ya han avanzado en su regulación.
Es fundamental que avancemos en generar condiciones que eliminen el mercado negro, el cual hoy arrastra a nuestros jóvenes, fomenta el microtráfico y fortalece financieramente a los grupos armados.Es momento de legalizar y, sobre todo, de parametrizar. Mientras la legalización otorga el marco jurídico, la parametrización permite al Estado fiscalizar las sustancias que se producen y consumen. Solo bajo este esquema se podrá implementar una política de salud pública efectiva que trate la dependencia desde la medicina y no desde la criminalización.
¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?
Apoyo la eutanasia basándome en el derecho fundamental de cada ciudadano a decidir sobre su propio cuerpo y el límite de su sufrimiento ante una enfermedad. Regularla es urgente para erradicar el mercado clandestino de clínicas y laboratorios que operan sin garantías. El debate también revela una crisis estructural: somos un país con un sistema de salud reactivo, no preventivo, donde una enfermedad terminal se traduce en costos devastadores para las familias.
A falta de un sistema que garantice cuidados paliativos y medicamentos oportunos, es imperativo otorgar a la persona la facultad legal de decidir dónde y cuándo morir, bajo diagnósticos médicos estrictos y condiciones de dignidad humana.
¿Se requiere o no otra reforma tributaria?
Una reforma tributaria es necesaria, pero su oportunidad debe ser evaluada con rigor: no podemos permitir reformas tan frecuentes que generen inestabilidad. El enfoque debe estar en la progresividad: hoy, la carga recae desproporcionadamente en los microempresarios, las MiPymes y los productos básicos de la canasta familiar (gravados con IVA), lo que asfixia el emprendimiento.
Mientras tanto, los grandes emporios, multinacionales, bancos y constructoras no tributan en proporción a sus utilidades reales. Una reforma justa debe responder a tres preguntas clave: ¿quién aporta realmente?, ¿cuál es el destino de esos fondos? y ¿cómo se traduce ese aporte en beneficios tangibles para la ciudadanía?
¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?
Es imperativo reducir el gasto legislativo; durante años, el Estado ha sido saqueado por quienes ven el Congreso como un negocio y no como una vocación. La labor política debe estar estrictamente al servicio de la ciudadanía. Por ello, la reducción de aproximadamente el 30 % en los salarios de los congresistas es un paso fundamental de este gobierno. Debemos empezar desde el corazón del Legislativo para materializar una verdadera igualdad salarial en nuestro país.
¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?
En el marco de la justicia tributaria, las iglesias —sin importar su credo— no pueden ser ajenas a la regulación. Cada donación es una transacción económica que genera un flujo de dinero cuya trazabilidad debe ser fiscalizada. Más allá de la visión romántica de la labor espiritual, la realidad nos ha mostrado escándalos de fortunas opacas y falta de claridad en el destino de los recursos. Gravar y seguir el rastro de estos capitales es una medida necesaria para garantizar la transparencia y evitar que las entidades religiosas sean instrumentalizadas para el lavado de activos.
¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?
Necesitamos la reforma política. Es urgente.
¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?
Para alcanzar una paridad real en las listas políticas de Colombia, debemos atacar las barreras económicas. Históricamente, las mujeres han sido relegadas a las labores de cuidado, lo que les impide acumular el capital necesario para financiar campañas en igualdad de condiciones frente a los hombres. Necesitamos mecanismos de financiación pública que nivelen el campo de juego. Además, es fundamental que el sistema electoral incluya un ‘brazo extensor’ que brinde apoyo real a las mujeres en etapa de maternidad. Solo garantizando que la maternidad y el cuidado no sean obstáculos financieros, podremos asegurar una participación política plena y efectiva de las mujeres.
La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?
Para acabar con la corrupción, necesitamos una ley que arranque de raíz el clientelismo territorial. No podemos seguir permitiendo que las entidades públicas sean agencias de empleo para asegurar reelecciones.
Propongo tres medidas urgentes:1. Meritocracia real: Los cargos deben responder a la experiencia y a la necesidad técnica, no a favores políticos. Haremos estudios de planta para eliminar puestos innecesarios que solo sirven para inflar burocracia. 2. Blindaje a la obra pública: Se acabó el juego de las adiciones eternas y las empresas que se declaran en quiebra para dejar obras tiradas. Si un contratista abandona, la ley debe ser implacable, ejecutando garantías de inmediato y prohibiendo su contratación de por vida. 3. Transparencia a un clic: Implementaremos un tablero de gestión en tiempo real.
La gente no tiene por qué rogar información con derechos de petición; el ciudadano debe ver en qué se gasta cada peso desde su celular.
Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?
Los congresistas deben estar, insisto, al servicio del pueblo. Por ello, no pueden limitarse a permanecer en el Capitolio sentados todo el día. Es fundamental que recorran los municipios y departamentos para generar una retroalimentación real de la labor legislativa; asimismo, es necesario profundizar la participación ciudadana en la formulación y ejecución de los proyectos de ley.
Por otra parte, es importante limitar el número de periodos en los que un congresista puede participar. No es aceptable que su permanencia sea ilimitada y se repita periodo tras periodo. Esto ha llevado a que algunos congresistas vean su cargo como un negocio, reeligiéndose durante muchos años sin que se observe un progreso real en la formulación de proyectos.
También considero fundamental sancionar a aquellos congresistas que no formulen ni discutan proyectos, pues esa es precisamente la razón por la cual la ciudadanía los elige. Estas acciones permitirían que senadores y representantes a la Cámara mantengan una interacción constante con los territorios y se enfoquen en su función de legislar, en lugar de buscar artimañas para consolidar fortines políticos regionales.
¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?
La diplomacia del siglo XXI no puede sucumbir a la inmediatez de las redes sociales. Es imperativo recuperar los espacios de diálogo presencial, donde la intención del emisor y la interpretación del receptor converjan sin distorsiones. Una relación internacional sólida entre Colombia, Venezuela y Estados Unidos debe cimentarse en tres pilares innegociables: el respeto irrestricto a la soberanía, la simetría entre los Estados y una comunicación cordial que priorice el fondo sobre la forma. Solo a través de un diálogo entre iguales, basado en el reconocimiento de nuestras propias constituciones, podremos alcanzar soluciones estructurales a los desafíos comunes.
¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?
Nuestra campaña no depende de inversionistas públicos ni privados. El Pacto Histórico se nutre directamente del entusiasmo de la gente y del trabajo voluntario. Se financia con el esfuerzo de personas convencidas que aportan de sus propios recursos —incluso sacrificando parte de su presupuesto familiar— para cubrir gastos básicos como fotocopias o la estampación de camisetas. Esto no solo nos permite operar con un presupuesto mucho más austero en comparación con las campañas de la derecha, sino que además fortalece el tejido social.
¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?
Respaldamos a nuestro compañero Iván Cepeda, un hombre que ha brindado grandes lecciones sobre el ejercicio político en el ámbito legislativo. Su trayectoria es impecable; ha demostrado transparencia ante el país y conoce de cerca el dolor de la persecución política, como ocurrió con la Unión Patriótica (UP).
Asimismo, posee la valentía necesaria para enfrentar a las mafias y a las estructuras de poder tradicionales de esta nación.Cepeda lidera una propuesta centrada en la revolución de la ética y la política. Su visión apuesta por un proyecto inclusivo, diseñado para todos y todas, que trascienda las fronteras de la izquierda o el progresismo. Es una iniciativa que convoca a quienes se indignan ante la desigualdad social y a quienes deseamos trabajar arduamente por un país mejor.
De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?
Nuestro compromiso es con las reformas estructurales que construyen un país más justo. No podemos permitir que la educación y la salud sigan siendo tratadas como simples mercancías. Estos son derechos fundamentales que el Estado debe garantizar plenamente, asegurando que dejen de ser un negocio privado para convertirse en un bien público. Es hora de un cambio profundo y radical.
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