¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?
Mi mayor motivación para llegar al Congreso es transformar la educación en Colombia. El conocimiento debe ser un derecho, no un privilegio para quienes pueden pagarlo.
Como concejal demostramos que sí se puede: más de 6.000 jóvenes accedieron a educación superior gracias a la Beca Fest. Pero eso fue solo el comienzo. Desde el Congreso quiero eliminar las barreras financieras que hoy obligan a miles de familias a endeudarse para que sus hijos estudien.
El ICETEX, en su modelo actual, no garantiza acceso real: muchos jóvenes se gradúan con una deuda impagable. Mi compromiso es impulsar un sistema de educación superior sin cargas asfixiantes, con mayor financiación pública y verdaderas oportunidades de empleo.
¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?
Mi hoja de vida pública es abierta, verificable y limpia. Quienes me han acompañado en este camino saben que hemos construido sobre una sola base: la honradez. Porque convencidos estamos de que no se puede pedir confianza al ciudadano si no se es capaz de dar ejemplo primero.
Llego al Congreso con las manos limpias, con la conciencia tranquila y con el compromiso de que así seguirá siendo. La transparencia no es mi promesa de campaña, es mi historia.
De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?
Cuando obtenga la curul, impulsaré la liquidación del ICETEX y la creación del Fondo Nacional de Becas, un modelo pensado para garantizar el derecho a la educación y no para beneficiar al sistema financiero.
El Fondo destinará el 50% de sus recursos a becas directas para jóvenes de estratos 1, 2 y 3, sin deuda ni condiciones ocultas. El otro 50% será en créditos sin intereses, pagaderos solo cuando la persona esté trabajando y según su capacidad económica.
Hoy el ICETEX opera como una entidad financiera: muchos jóvenes terminan pagando el doble o el triple de lo que recibieron, convirtiendo su sueño profesional en una carga económica.
A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?
El mayor problema es la falta de acceso a la educación, la herramienta clave para romper el ciclo de la pobreza. Colombia necesita educación sin deuda y con empleo.
Por eso proponemos eliminar el ICETEX y crear el Fondo Nacional de Becas: 50 % en becas gratuitas para estratos 1, 2 y 3, y 50% en créditos sin intereses, pagaderos según la capacidad y solo si la persona está trabajando.
Las cifras lo demuestran: más de 230.000 usuarios perdieron el subsidio a la tasa y los nuevos créditos pasaron de 31.000 en el primer semestre de 2024 a 5.853 en 2025. Es momento de garantizar educación digna y recuperar la autoridad.
¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?
No. La Constitución de 1991 es garantista y reconoce más de 80 derechos, además de mecanismos como la tutela y las acciones populares. El problema no es reformarla, sino hacerla cumplir.
Abrir una constituyente hoy implicaría más riesgos que beneficios: podría afectar la independencia de la Corte Constitucional, la autonomía del Banco de la República y la descentralización, en medio de un clima de alta polarización política.
¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?
No. Creo en el equilibrio de poderes y en el respeto al sistema democrático. La reelección en un presidencialismo fuerte como el colombiano puede generar concentración de poder y afectar la independencia de otras ramas.
La experiencia entre 2006 y 2010 mostró esos riesgos, y la eliminación de la reelección en 2015 fue un avance institucional que no debe revertirse.
¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?
No. Colombia registra cifras históricas de cultivos de coca: 253.000 hectáreas en 2023 y 262.000 en 2024, con una producción potencial de 2.664 toneladas anuales. Mientras tanto, las masacres siguen en aumento y la erradicación forzada cayó de más de 68.000 hectáreas en 2022 a 9.403 en 2024.
Lejos de proteger a las familias, esta política ha fortalecido a los grupos ilegales y su control territorial, sin avances reales en verdad, reparación ni seguridad.
¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?
No. El Estado ha abierto espacios de diálogo, pero la paz requiere voluntad real de los grupos ilegales y un compromiso verificable de cesar actividades criminales.
Desde 2016 han sido asesinados 477 firmantes del Acuerdo y 1.891 líderes sociales, mientras disidencias y el ELN han fortalecido su control en zonas como Nariño, Cauca, Norte de Santander y Putumayo. Sin hechos concretos, no hay negociación viable.
¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?
No. La libre circulación de drogas de fácil acceso expone a niños y jóvenes a entornos delincuenciales y puede ser la puerta de entrada a sustancias más dañinas.
Colombia concentra el 67 % de los cultivos de coca del mundo (253.000 hectáreas) y una producción potencial de 2.664 toneladas. Legalizar podría fortalecer redes criminales en un contexto donde 25 millones de personas consumen cocaína y la demanda ha crecido 20% en la última década. La prioridad debe ser prevención, salud pública y combate al crimen organizado.
¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?
No. Debemos agotar todas las medidas para garantizar una vida digna y priorizar la vida. Antes de discutir la eutanasia, Colombia debe fortalecer el sistema de salud, invertir en cuidados paliativos y asegurar atención oportuna, manejo del dolor y acompañamiento humano para los pacientes terminales.
¿Se requiere o no otra reforma tributaria?
No. Colombia necesita estabilidad jurídica: siete reformas tributarias en ocho años afectan la confianza y la inversión. Con una tarifa corporativa del 35% y un déficit fiscal de -7,5% del PIB en 2025, el problema no es de recaudo sino de gasto, que alcanzó 20,5% del PIB. Se requiere disciplina fiscal, reducción del gasto innecesario y un entorno de confianza que impulse inversión y crecimiento.
¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?
Sí. El gasto de funcionamiento del Estado es insostenible. Con una deuda cercana al 60% del PIB y un déficit de 6,5% en 2025, se requieren ajustes presupuestales y disciplina fiscal.
Mientras el déficit primario alcanza 3,7% del PIB y un congresista gana más de 40 salarios mínimos, millones viven con menos de uno. Es momento de austeridad y de redirigir recursos a educación, salud y seguridad.
¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?
No. Las iglesias cumplen una labor social valiosa y son entidades sin ánimo de lucro, pero la fe no puede usarse para estafar. La justicia debe actuar ante cualquier captación ilegal o abuso.
Más que imponer impuestos generalizados, se deben fortalecer los controles de la DIAN y la Superintendencia para evitar que se use esta figura con fines de enriquecimiento personal.
¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?
Debemos blindar las elecciones: endurecer penas contra la compra de votos, avanzar hacia un voto electrónico con auditoría, exigir umbrales reales para reducir micropartidos y fortalecer la financiación estatal con controles estrictos para disminuir la influencia de dineros privados.
¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?
Desde el Concejo siempre hemos impulsado el fortalecimiento y liderazgo de las mujeres. Cuando tuvimos la oportunidad, creamos laboratorios de liderazgo ”Juntos por las niñas” para que las niñas crezcan con las habilidades requeridas para un liderazgo efectivo, con herramientas concretas y útiles. Debemos promover las capacidades de las mujeres desde temprana edad, y ahora lo llevaremos al Congreso. En concreto, impulsaremos legislación para garantizar la paridad salarial efectiva, fortalecer las rutas de atención a las víctimas de violencia de género, y asegurar que los programas de emprendimiento femenino cuenten con financiación real y acompañamiento técnico. También promoveremos que las listas a corporaciones públicas cumplan con paridad real, no solo formal, y que las mujeres ocupen cargos de liderazgo en todos los niveles del Estado.
La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?
La corrupción le cuesta a Colombia entre 50 y 60 billones de pesos al año, recursos que deberían ir a educación, salud e infraestructura. Mi propuesta concreta tiene tres ejes: primero, impulsar desde el Congreso una ley de transparencia total en la contratación pública, con datos abiertos en tiempo real para que cualquier ciudadano pueda hacer veeduría. Segundo, fortalecer los órganos de control con independencia real y presupuesto blindado, para que la Contraloría y la Procuraduría no dependan de los mismos políticos a quienes deben investigar. Tercero, promover la extinción de dominio express para funcionarios condenados por corrupción: que pierdan todo lo robado y no puedan volver a ejercer cargos públicos. La lucha contra la corrupción empieza por casa, por eso me comprometo a publicar trimestralmente la rendición de cuentas de mi gestión legislativa.
Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?
Debemos ser coherentes con nuestros principios y nuestro deber es rechazar cualquier candidato que tenga manchada su labor como funcionario público. Que nuestra posición sea firme en rechazar y exponer cualquier candidato que tenga claros nexos con corrupción para que la ciudadanía sea la que castigue en las urnas. No es posible que estén lanzándose al Congreso candidatos con claros nexos y cuestionamientos judiciales. Además, debemos legislar con resultados visibles y medibles: publicar indicadores de gestión de cada congresista, reducir los privilegios salariales y de pensiones que distancian al Congreso de la realidad de los colombianos y abrir canales permanentes de rendición de cuentas a la ciudadanía. Si 3 de cada 4 colombianos desconfían del Congreso, la única forma de recuperar esa confianza es con hechos, no con discursos.
¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?
Colombia no solo comparte relaciones diplomáticas y consulares con EE.UU., sino que es su principal socio estratégico en la región. En 2025, las exportaciones colombianas a Estados Unidos alcanzaron US $14.868 millones, representando el 30% de las ventas totales del país. La inversión extranjera directa desde EE.UU. sumó US$ 3.375 millones solo hasta el tercer trimestre, equivalente al 37 % del total recibido. Las remesas desde ese país alcanzaron US$ 4.853 millones entre enero y septiembre, el 50 % del total. Más de 5 millones de empleos en Colombia dependen de esta relación comercial. Nuestro deber es fortalecer y restablecer nuestra alianza con el mayor socio de la región, no verlo como un competidor sino como un aliado. Es importante restablecer las alianzas en seguridad para blindar al país con tecnología y estrategia para combatir los grupos ilegales y al margen de la ley.
¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?
Nuestra campaña se financia en estricto cumplimiento de la Ley 1475 de 2011 y las normas del Consejo Nacional Electoral. Todos los aportes —de personas naturales y empresarios de distintos sectores productivos— están debidamente registrados, dentro de los topes legales y disponibles para consulta pública en la aplicación Cuentas Claras del CNE. Transparencia total, sin excepción.
¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?
No hemos tomado posición y estamos enfocados en nuestra curul. Sin embargo, es claro que apoyaremos a aquel que comparta valores innegociables: familia, empresa privada, seguridad y propiedad privada. Colombia necesita un presidente que devuelva la confianza inversionista, que garantice la autoridad del Estado en todo el territorio y que ponga la educación y el empleo como prioridades reales, no como banderas discursivas.
De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?
Debería continuar la modernización del catastro multipropósito, una herramienta clave para la formalización de la propiedad rural y urbana que beneficia a millones de colombianos, así como la ampliación de la cobertura del programa de alimentación escolar. Sin embargo, debe acabarse inmediatamente la política de paz total que ha empoderado a los grupos armados, la paralización de la erradicación forzada de cultivos ilícitos —que cayó a apenas 9.403 hectáreas en 2024, la cifra más baja de la historia—, y la irresponsabilidad fiscal que llevó a Colombia a tener el segundo déficit fiscal más alto del mundo en 2025 (-7,5 % del PIB según The Economist). El desmantelamiento de la confianza inversionista, la suspensión de la regla fiscal y el aumento descontrolado del gasto público han dejado al país en una situación crítica que el próximo gobierno deberá corregir con urgencia.
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