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¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?
Mi mayor motivación para ser la congresista de los colombianos en el exterior es combatir el abandono institucional hacia los colombianos que están fuera del país, convertir esa situación en una prioridad política nacional y lograr que se reconozca el valor, la experiencia y el aporte de la diáspora, resaltando que quienes se fueron no abandonaron el país, sino que buscan construir un mejor futuro también para Colombia.
¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?
No. No he tenido investigaciones disciplinarias, administrativas ni penales. Mi trayectoria pública y política ha estado siempre enmarcada en el respeto a la ley y a las instituciones.
De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?
Mi principal proyecto será fortalecer y evolucionar la Ley 2136 de 2021 (Política Integral Migratoria) para consolidarla como una verdadera política de Estado con ejecución real y resultados medibles.
Impulsaré la modernización del sistema consular para que sea eficiente, digital y humano; garantizaré protección efectiva en salud y emergencias; promoveré una Bolsa Internacional de Empleo; el reconocimiento formal de la experiencia laboral adquirida en el exterior; y fortaleceré el acompañamiento institucional a los emprendedores colombianos fuera del país. La diáspora es un activo estratégico para Colombia.
A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?
El principal problema es la pérdida de confianza en las instituciones. Cuando se debilita la autoridad legítima del Estado, aumentan la inseguridad, la corrupción y la incertidumbre económica.
La solución pasa por recuperar la institucionalidad, garantizar seguridad jurídica y ejecutar políticas públicas con metas claras y resultados verificables.
¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?
No. Colombia necesita estabilidad institucional. Las reformas deben realizarse dentro del marco constitucional vigente, fortaleciendo las instituciones existentes.
¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?
No. La alternancia en el poder es un principio esencial de la democracia y garantiza equilibrio institucional.
¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?
No estamos de acuerdo con la política de “paz total” tal como ha sido planteada y ejecutada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, porque ha generado incertidumbre jurídica y no ha producido resultados contundentes en materia de seguridad.
Sí creemos en una paz real y concreta, basada en justicia efectiva, reparación a las víctimas, desmantelamiento real de las estructuras criminales y protección efectiva a la ciudadanía. La paz no puede significar impunidad ni debilitamiento del Estado.
¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?
Los diálogos sólo pueden darse bajo condiciones estrictas: verificación real, entrega efectiva de armas, desmantelamiento de economías ilícitas y compromiso absoluto con la legalidad. Dialogar no puede significar premiar el delito ni debilitar la autoridad del Estado.
¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?
No apoyo una legalización amplia que normalice economías criminales. Sí respaldo políticas de prevención, tratamiento y lucha frontal contra el narcotráfico y el lavado de activos.
¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?
Sí, en casos especiales y bajo protocolos estrictos, con garantías médicas y jurídicas claras que protejan la dignidad humana.
¿Se requiere o no otra reforma tributaria?
Antes de pensar en una nueva reforma, Colombia debe combatir la evasión, mejorar el recaudo y reducir el gasto ineficiente del Estado. La estabilidad tributaria es fundamental para generar inversión y empleo.
¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?
La discusión sobre reducir el salario de los congresistas muchas veces se ha convertido en una bandera populista que rara vez se concreta, porque son los mismos congresistas quienes tendrían que regularlo.
Más que prometer reducciones simbólicas, el enfoque debe centrarse en hacer el Estado más eficiente, reducir costos innecesarios, evitar la creación de más curules y disminuir la burocracia.
Colombia necesita un Estado más ágil, con menos gasto improductivo y mayor control sobre los recursos públicos.
¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?
No estamos de acuerdo con que se imponga impuesto de renta a las iglesias en el ejercicio de su función religiosa. La libertad de culto y de conciencia es un derecho fundamental, y el Estado no debe gravar la fe ni las expresiones espirituales o ideológicas.
Cuando cualquier organización desarrolla actividades estrictamente comerciales, esas actividades deben regirse por las normas generales. Pero la fe no puede convertirse en objeto de carga tributaria.
¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?
Sí. Es necesario fortalecer la transparencia mediante trazabilidad digital del gasto público, sanciones más severas contra la corrupción y rendición de cuentas obligatoria y periódica.
¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?
Fortalecer las rutas contra la violencia, impulsar el empleo y el emprendimiento femenino —especialmente en mujeres migrantes—, reconocer formalmente la experiencia laboral adquirida en el exterior y garantizar una participación política plena, libre de violencia, incluyendo la violencia ejercida a través de medios digitales.
La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?
Una de mis propuestas es implementar trazabilidad digital obligatoria en la contratación pública, endurecer inhabilidades por corrupción y fortalecer la protección a denunciantes. La lucha contra la corrupción requiere sistemas que no puedan manipularse.
Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?
Para aumentar la confianza institucional de los colombianos frente al Congreso es necesaria la rendición de cuentas periódica y pública, con indicadores de gestión visibles y presencia territorial real con la diáspora. La legitimidad se recupera con resultados y transparencia.
¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?
Con Estados Unidos, fortalecer una relación estratégica en seguridad, comercio, migración y cooperación tecnológica. Con Venezuela, mantener un manejo diplomático responsable, defensa de los derechos humanos y control efectivo de la frontera.
¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?
La campaña se financia principalmente con recursos propios, cumpliendo estrictamente la normativa electoral vigente y reportando ante las autoridades competentes con total transparencia.
¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?
Respaldamos a Paloma Valencia, una de las congresistas más destacadas de los últimos años y una voz firme en defensa de la institucionalidad, la seguridad jurídica y el crecimiento económico.
Su trayectoria se ha caracterizado por control político constante, defensa de la democracia, producción legislativa sólida y coherencia ideológica. Colombia necesita liderazgo con experiencia, firmeza institucional y claridad en los principios, y por eso consideramos que representa la mejor opción dentro del proyecto del Centro Democrático.
De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?
Debe mantenerse y fortalecerse la implementación de la Política Integral Migratoria, enmarcada en la Ley 2136 de 2021, cuya ejecución ha continuado durante este gobierno y debe consolidarse como una verdadera política de Estado.
Más allá de quién la haya promovido, lo importante es garantizar su desarrollo con mayor rigor técnico, seguimiento real, presupuesto adecuado y coordinación interinstitucional efectiva.
Asimismo, debe fortalecerse la Mesa Nacional de las Migraciones y los espacios de participación de la diáspora, asegurando incidencia real en la formulación y evaluación de políticas públicas. Lo que sí debe acabarse es la improvisación, la falta de articulación institucional y las acciones aisladas sin evaluación de impacto.
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