Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?
Mi causa es la salud mental. Soy ingeniera industrial y experta en gestión social, especialmente en proyectos de salud y magíster en salud mental. Mi mayor motivación es demostrar que la política sí sirve para transformar vidas cuando se combina la técnica con el corazón. No estoy aquí por vanidad, sino por resultados.
Me motiva saber que la Ley de Salud Mental (Ley 2460) que logramos aprobar hoy le da esperanza a las 8 personas que cada hora intentan quitarse la vida en este país. Me motiva proteger el ahorro de las familias trabajadoras, como lo hicimos con la ley de Fondos de Empleados.
Y me indigna la corrupción; por eso, mi motor es acabar con la vagabundería de las obras inconclusas con mi proyecto ‘Chao Elefantes Blancos’. Quiero seguir en el Congreso para que la salud mental sea un derecho, no un privilegio, y para que cada peso público se convierta en bienestar y no en el negocio de unos pocos. ¡Resultados, no carreta!
¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?
No tengo sanciones penales, disciplinarias ni fiscales. Mi hoja de vida es pública, transparente y limpia. Nunca he estado vinculada a investigaciones por corrupción. He ejercido la función pública con rigor ético, con declaraciones de renta y conflictos de interés al día. Como directora de hospitales, secretaria de Gobierno e Integración Social y hoy congresista, he actuado con legalidad. Además, soy autora de leyes para combatir la corrupción, como las de obras inconclusas y elefantes blancos, lo que me da autoridad moral para seguir haciéndolo.
De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?
Voy a regular la inteligencia artificial, las redes sociales y el uso de celulares para proteger la privacidad, frenar las adicciones digitales —especialmente en niños y adultos mayores— y exigir que las grandes plataformas respondan fiscalmente por el impacto que generan en la salud mental y la convivencia. Colombia necesita soberanía digital y control ciudadano.
Impulsaré un régimen especial para el personal de salud con salarios justos, estabilidad laboral y el fin de los contratos precarios. Enfermeras, médicos y profesionales de la salud no son contratistas: son esenciales. Promoveré créditos de vivienda hasta por el 100% del valor del inmueble, sin cuota inicial, y exigiré viviendas terminadas, no en obra gris.
Además, impulsaremos líneas de crédito flexibles para emprendedores. Tener casa o negocio no puede seguir siendo un privilegio. Como autora de la Ley de Salud Mental y mi prioridad es implementarla de verdad. La salud mental no es una consigna de campaña, es una urgencia nacional que debe llegar al territorio, a las familias, a los colegios y al trabajo.
A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?
Colombia no tiene un solo problema. Existe una desconexión profunda entre el Estado y la vida real de la gente. Hay leyes, pero no resultados; planes, pero no presencia en los territorios. Lo que se necesita hoy es voluntad política, gerencia pública y enfoque social. Los tres grandes problemas del país son: Corrupción. Destruye hospitales, escuelas, obras y oportunidades.
La enfrentaré con sanciones reales a contratistas incumplidos, control ciudadano, justicia digital y formación en ética pública desde el colegio. La impunidad no puede seguir siendo la norma.
Salud y salud mental: el sistema colapsó cuando dejó de tratar la salud como un derecho. La salud mental, además, fue ignorada durante años. Como autora de la Ley 2460 de 2025, mi prioridad es implementarla: atención directa en colegios y territorios, acceso oportuno a psicología y psiquiatría, prevención nacional y centros de atención primaria que funcionen.
Sin salud mental no hay aprendizaje, convivencia ni paz. Inseguridad: no se resuelve solo con más fuerza pública. Se combate con presencia institucional, recuperación del espacio público, participación comunitaria y prevención desde la salud mental. La violencia también nace del abandono emocional. Desde el Congreso, voy a defender con decisión un Estado que proteja la mente, el cuerpo y la vida de la gente. Ahí empieza el verdadero cambio.
¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?
No apoyo una Asamblea Nacional Constituyente. Colombia no necesita refundarse cada década, necesita cumplir y aplicar la Constitución del 91, una carta moderna, garantista y progresista. En este momento de alta polarización, impulsar una constituyente sería abrir la puerta a una profunda inestabilidad jurídica, social y económica que el país no está en condiciones de soportar.
Ahora bien, es necesario evaluar lo que se ha cumplido y lo que no de la Constitución actual. Por supuesto. La Constitución del 91 ha sido modificada decenas de veces, y poco queda de su versión original. Pero antes de plantear una Asamblea, el país debe preguntarse con qué objetivos se quiere modificar la Constitución y si no existen caminos legislativos para lograr esas transformaciones. Yo creo que sí existen.
Las grandes reformas deben construirse con debate técnico, enfoque territorial y consenso democrático, no dinamitando la institucionalidad. Defenderé la Constitución vigente como el acuerdo colectivo que nos ha dado institucionalidad, derechos y democracia. Lo que se necesita no es reescribir la Constitución: es cumplirla y hacerla realidad en el día a día de los colombianos.
¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?
No acompaño la reelección presidencial. Considero que fue uno de los peores errores que cometió Colombia; permitió que el Ejecutivo cooptara al Legislativo, debilitando la independencia de poderes y erosionando la institucionalidad. La alternancia en el poder es un principio democrático irrenunciable. Creo firmemente en la renovación de liderazgos y en el fortalecimiento de las instituciones, no en el caudillismo ni en el poder sin límites.
Sin embargo, sí estaría de acuerdo con extender el periodo presidencial a seis años. Cuatro años no alcanzan para implementar a fondo un plan de desarrollo nacional, -por ejemplo-, sobre todo si se quiere transformar realidades estructurales. Un mandato de seis años le daría al país la posibilidad de ver resultados sostenibles y evitaría la improvisación o la urgencia electoral. Eso sí, sin posibilidad de reelección. Gobernar bien no requiere perpetuarse, sino gerenciar con eficiencia y visión de país.
¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?
No respaldo la “paz total” en los términos actuales. Sí creo en la paz, pero no en una paz improvisada, sin reglas claras ni condiciones mínimas de justicia. La paz no puede ser sinónimo de impunidad, ni excusa para que los grupos armados se fortalezcan en los territorios mientras la ciudadanía sigue secuestrada por el miedo.
La paz que defiendo es estable, duradera, con justicia social, y con salud mental como pilar de reconciliación. Porque no hay perdón posible, ni convivencia real, si no hay primero una sanación emocional colectiva. Sin salud mental, no hay paz verdadera. Por eso exigiría líneas rojas claras: no puede haber diálogo con grupos que sigan extorsionando, reclutando menores o atentando contra la población.
El Estado no puede negociar desde la debilidad. Mi respaldo sería a una política de paz con enfoque territorial, verificación internacional, atención a las víctimas, y garantía de derechos. Y, sobre todo, una paz con salud mental en el centro, como ya lo ordena la Ley 2460 de 2025 que lideré desde el Congreso. La reconciliación empieza cuando se escucha el dolor y se atiende con dignidad. Esa es la paz que sí respaldo.
¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?
Sí, el diálogo es una herramienta de la democracia, pero no puede ser un fin en sí mismo. Sí, creo que el diálogo es una herramienta válida en democracia, pero no puede convertirse en un cheque en blanco para los violentos. El Estado debe estar dispuesto a dialogar, pero con condiciones claras, límites firmes y objetivos concretos.
Apoyo los diálogos con actores armados que tengan estatus político reconocido, siempre bajo reglas de juego transparentes, con verificación internacional y compromisos de desmovilización y reparación. Para bandas criminales, el camino es el sometimiento a la justicia, no la negociación política. Pero hay algo aún más importante, si el diálogo no genera alivio inmediato para las comunidades que hoy sufren extorsión, reclutamiento o desplazamiento, entonces es un diálogo vacío. Las conversaciones deben traducirse en protección real para la gente, y si los grupos armados no cumplen, el Estado debe responder con todo el peso de la ley.
El Gobierno no puede cogobernar con estructuras ilegales. Puede abrir la puerta al diálogo, pero debe dejar claro que quien la cruza debe hacerlo para desarmarse, no para fortalecerse. Esa es la paz que sí estoy dispuesta a respaldar.
¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?
Más que hablar de legalización indiscriminada, propongo un enfoque de regulación responsable, con base en salud pública, evidencia científica y prevención real. Es un hecho: en Colombia el consumo de drogas ilícitas existe, crece, y hoy también enfrentamos otras formas de adicción igual de destructivas, como la ludopatía y el uso compulsivo de redes sociales.Como autora de la Ley 2460 de Salud Mental, estoy convencida de que el Estado debe ampliar su mirada; las adicciones son un asunto de salud pública, no solo de política criminal.
Apoyo la regulación del cannabis de uso adulto, siempre y cuando esté acompañada de: Campañas masivas de educación y prevención desde la infancia, Sistemas de tratamiento accesibles para quienes enfrenten consumos problemáticos, Estrategias claras de control estatal que eviten que el mercado quede en manos de mafias o redes informales, Protección especial para niños, niñas y adolescentes en entornos digitales y físicos.
Esto no se trata de promover el consumo, sino de evitar más muertes, más estigmas y más abandono. El consumidor debe ser tratado como un paciente, no como un delincuente. Pero la regulación debe ser seria, con enfoque preventivo y territorial. Sin salud mental, no hay política antidrogas que funcione. Y sin control, no hay salud pública que resista.
¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?
Respeto las decisiones de la Corte, y siempre estaré a favor de los colombianos. Estoy de acuerdo con la autonomía del paciente y la dignidad humana son principios rectores que respeto, en línea con la Corte Constitucional.
Sin embargo, mi trabajo legislativo se enfoca en garantizar la Vida Digna hasta el último momento. Por eso fortalezco los cuidados paliativos y el acompañamiento psicosocial en el sistema de salud. Nadie debería pedir la eutanasia por abandono estatal o dolor no tratado. Apoyo la libertad individual de elegir, pero trabajo para que el sistema de salud ofrezca todas las alternativas de cuidado y amor antes de esa decisión final.
¿Se requiere o no otra reforma tributaria?
Sí. Pero primero tapemos el hueco de la corrupción. Colombia no aguanta más reformas tributarias si no demostramos eficiencia en el gasto. La reactivación económica requiere estabilidad jurídica y confianza, no más impuestos. Primero que se ejecuten bien, acaben con la evasión y el despilfarro, y luego miramos las cuentas. Sin embrago, sí creo que Colombia necesita de manera efectiva pero no una más de recaudo improvisado.
Colombia necesita una reforma tributaria estructural, no otro parche coyuntural. Tenemos que repensar el sistema de raíz; revisar cada exención vigente y preguntarnos con seriedad cuáles realmente generan productividad y cuáles solo benefician a unos pocos. Propongo una tributación diferencial y justa. No puede pagar lo mismo un pequeño emprendedor que una gran multinacional. Las micro, pequeñas y medianas empresas deben tener un trato fiscal que las incentive, no que las asfixie.
Además, el sistema debe simplificarse. Hoy es complejo, desigual y lleno de superposiciones. Una reforma real tiene que eliminar exenciones injustificadas, aplicar criterios de progresividad, y garantizar que todos aportemos de manera equitativa al desarrollo del país.
Pero, ante todo, primero hay que tapar el hueco de la corrupción. No se puede hablar de más impuestos cuando el gasto público se va en elefantes blancos y obras inconclusas. Con nuestra ley “Chao Elefantes Blancos”, buscamos recuperar billones que hoy se pierden entre la burocracia y la impunidad.
Me he opuesto al IVA sobre las zonas comunes en propiedad horizontal porque eso golpea el bolsillo de la clase media, y logré que la DIAN se rectificara. La verdadera justicia tributaria empieza por gastar bien, por acabar con la evasión y por priorizar el bienestar de la gente. Solo entonces, con eficiencia, equidad y transparencia, podremos hablar de una reforma tributaria que tenga legitimidad. Y ahí estaré, como siempre, del lado de los ciudadanos.
¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?
Sí. Y más que eso: creo que ser congresista o que una persona que llega al Congreso debería hacerlo por convicción, no por salario. La política necesita menos privilegios y más vocación. Participar en el diseño del país no puede seguir siendo un camino para enriquecerse, sino para servir.
Pero este debate no puede quedarse en el populismo fácil de “rebajar el sueldo”. Necesitamos también elevar la vara de quienes llegan al poder. Por eso he radicado proyectos para establecer requisitos mínimos de experiencia y formación para ser congresista o ministro.
Es inaudito que cargos con semejante responsabilidad no exijan preparación técnica, ni estándares éticos claros. Además, es urgente revisar las estructuras salariales del Estado. Hoy existen brechas gigantes entre funcionarios de instituciones similares, sin justificación ni equidad.
Propongo una nivelación basada en jerarquía, funciones y responsabilidad real, que devuelva coherencia y justicia al sistema de sueldos públicos. Menos privilegios, sí. Pero también más capacidad, más mérito y más ética. Esa es la combinación que puede devolverle dignidad a la política y confianza a la ciudadanía.
¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?
Sí, estoy de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos, pero con un criterio claro y justo; deben tributar por todas las actividades que sean de carácter comercial o lucrativo, como lo haría cualquier empresa. Si alquilan auditorios, venden libros, gestionan negocios inmobiliarios o generan ingresos por actividades distintas al culto, deben cumplir con las obligaciones tributarias como cualquier actor económico del país.
Sin embargo, no estoy de acuerdo con gravar los diezmos ni las limosnas, porque son expresiones de fe, donaciones voluntarias de los feligreses que forman parte de la vida espiritual de las comunidades religiosas. Es importante hacer esta distinción: respetar la libertad de culto como derecho constitucional, pero exigir también transparencia y responsabilidad fiscal cuando se trata de actividades comerciales.
Por eso, más que una persecución a las iglesias, lo que propongo es una fiscalización técnica rigurosa, que permita evitar evasiones disfrazadas y garantice que el trato tributario sea equitativo para todos. Las exenciones deben proteger la labor espiritual y social real, pero no pueden convertirse en excusas para el lucro sin control.
¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?
Sí. Considero que el sistema político colombiano necesita ajustes urgentes para responder mejor a las necesidades ciudadanas y recobrar la confianza en las instituciones. Primero, propondría restablecer un Senado de carácter regional, que garantice una representación real y directa de los territorios.
Las regiones deben tener voz propia en las decisiones nacionales, no solo ser sumadas en la estadística electoral. Esto acercaría el Congreso a las realidades del país profundo. Segundo, reduciría el número de congresistas. Un Congreso más compacto puede ser más eficiente, más responsable y menos costoso. Con menos curules, también habría mayor cercanía entre los legisladores y sus electores, fortaleciendo el vínculo territorial y la rendición de cuentas.
Tercero, insisto en la necesidad de profesionalizar la política. He defendido un proyecto de Acto Legislativo que exige requisitos mínimos de formación académica y experiencia para acceder a cargos de alto nivel como congresistas y ministros. No puede ser que para administrar una tienda se necesite más preparación que para dirigir un ministerio.
Y cuarto, debemos fortalecer los partidos políticos: garantizar democracia interna, eliminar el clientelismo, asegurar financiación estatal transparente y cerrar de forma definitiva la entrada de dineros ilícitos. La política debe dejar de ser un refugio de intereses personales y convertirse en una profesión digna, seria y al servicio del país. La reforma política debe devolverle al ciudadano la fe en su democracia. Y ahí estaré, como siempre, del lado de las soluciones.
¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?
Para garantizar los derechos de las mujeres y cerrar las brechas históricas, he construido una agenda integral que articula formación política, prevención de violencias, derechos económicos y salud mental con enfoque de género.
1. Formación política y participación efectiva: Creo en una paridad real, no simbólica. Por eso, defiendo la obligatoriedad de las listas cremallera y mecanismos que aseguren que las mujeres no solo estén en la lista, sino que lleguen a las curules, con financiación equitativa, visibilidad y garantías. Los partidos deben asumir su responsabilidad en la formación política de mujeres y en eliminar barreras como el machismo estructural y la falta de acceso a recursos.
2. Prevención de feminicidios y violencia intrafamiliar: He impulsado el proyecto ‘Matrimonios Sin Secretos’, que exige transparencia en salud mental y antecedentes violentos antes de conformar un hogar. La violencia no se combate con afiches, se previene desde la raíz.
3. Economía del cuidado: Con la Ley 2456 de 2025, garantizamos derechos y recursos para las cuidadoras de personas con discapacidad, reconociendo y dignificando una labor históricamente femenina y no remunerada. Esto es justicia social con enfoque de género.
4. Salud mental con enfoque diferencial: Como autora de la Ley 2460 de Salud Mental, aseguré un enfoque específico para atender los impactos de la violencia en la salud emocional de las mujeres, que muchas veces cargan con duelos invisibles y silencios no reconocidos. Porque no basta con hablar de paridad, hay que construir las condiciones para que sea posible. Desde el Congreso seguiré legislando con perspectiva de mujer, de madre y de país, para que ser mujer en Colombia no signifique estar en riesgo, sino ser reconocida con plenitud de derechos y oportunidades.
La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?
La corrupción en Colombia no se soluciona con discursos indignados, se soluciona quitándole el oxígeno financiero al corrupto. Mi propuesta es técnica, disruptiva y va directo a la ‘vena’ del problema: la contratación pública. Para pasar de la indignación a la acción, lidero desde el Congreso tres herramientas legislativas de alto impacto: 1. Proyecto de Ley ‘Chao Elefantes Blancos’: Establece la muerte jurídica definitiva para contratistas y socios que dejen obras inconclusas, impidiéndoles volver a contratar con el Estado de por vida. Quien le robe un peso al Estado no puede volver a tocar lo público. Mi propuesta es la muerte jurídica definitiva: ni la empresa, ni sus socios, ni a través de uniones temporales, podrán volver a contratar jamás si dejan una obra inconclusa.
2. Comisión Accidental de Obras por Impuestos: Facilitamos que las empresas paguen sus obligaciones tributarias ejecutando directamente obras de impacto social en las regiones, garantizando eficiencia y transparencia privada. Como creadora de la figura de Obras por Impuestos en 2015, sé que la ejecución privada es más barata y efectiva. Propongo fortalecer este mecanismo para que las empresas y la comunidad decidan las prioridades en su territorio. Menos trámites en la DIAN y más botas puestas en la obra: la vigilancia social es el mejor antídoto contra el elefante blanco.
3. Comisión Accidental de Obras por Regalías: Soy coordinadora de esta comisión que busca descentraliza el desarrollo permitiendo que las regiones conviertan sus recursos minero-energéticos en infraestructura tangible, eliminando intermediarios y peajes burocráticos.
4. Y lo más importante para eliminar la corrupción es que hagamos una Estandarización de Costos (poniéndole fin de la ‘negociación’ bajo la mesa): No basta con pliegos tipo. Necesitamos Estructuras de Costos Estandarizadas para los servicios sociales. Si el Estado sabe exactamente cuánto cuesta un almuerzo escolar o un metro de asfalto en cualquier rincón del país, eliminamos ese ‘margen de maniobra’ donde hoy se esconde el soborno. La tecnología debe actualizar estos costos anualmente para que no haya excusas de sobrecostos.
5. Conciencia. Debemos entender que el dinero público es sagrado porque sale del IVA de la ropa que compramos y del mercado que hacemos todos. El dinero público es el bolsillo de todos los colombianos, y lo que es de todos, se protege con rigor técnico y sanción social.
Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?
La mala imagen del Congreso no se cambia con publicidad, se cambia con idoneidad y resultados tangibles. La gente está cansada de sentir que la institución es un espacio de privilegios sin preparación. Mi estrategia para devolverle la dignidad al Congreso se basa en tres pilares: 1. Presenté un proyecto de ley para exigir requisitos mínimos a los congresistas. No basta con tener la edad y la nacionalidad; para legislar sobre la vida de 50 millones de personas se necesita experticia y formación. Debemos profesionalizar el Congreso para que cada comisión sea un centro de pensamiento técnico y no de intereses improvisados.
2. El lobby existe, pero hoy es soterrado. Necesitamos una ley que ponga los intereses sobre la mesa: que el ciudadano sepa quién representa a quién. La transparencia es el mejor desinfectante para la desconfianza ciudadana.
3. La confianza se recupera cuando el ciudadano siente la ley en su bolsillo y en su bienestar. Menos peleas en redes y más gerencia:o Ley de Salud Mental: Un alivio real para las familias que sufren en silencio. o Fortalecimiento de Fondos de Empleados: Protegiendo el ahorro y el crédito social de los trabajadores. Defensa en Propiedad Horizontal: Eliminando cobros injustos en conjuntos residenciales.Mi respuesta a la desfavorabilidad es muy sencilla. Menos show y más gerencia social. La gente no quiere ver congresistas gritando, quiere ver congresistas resolviendo.
¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?
La diplomacia debe servir al país, no a los cócteles. Propongo una política exterior pragmática: diálogo firme para defender el interés nacional. Con Estados Unidos, una alianza diversa en salud mental, educación y transición energética, que se traduzca en bienestar real. Con Venezuela, relaciones normalizadas por seguridad y comercio, sin validar autoritarismos ni violaciones a derechos humanos. Y transformar embajadas y consulados en plataformas de negocio que abran mercados a nuestra agroindustria y respalden al empresario colombiano.
¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?
Financiamos este proceso mayoritariamente con recursos propios, créditos bancarios personales, pequeñas donaciones de simpatizantes, y con recursos del partido Alianza Verde. Creemos en el aporte de quienes ven resultados, no en el de quienes buscan favores.
No tengo conflictos de interés. He sido radical en esto. No recibo financiación de grandes contratistas del Estado ni de grupos económicos que puedan comprometer mi voto en el Congreso. Mi compromiso es con los 50 millones de colombianos, no con una chequera privada. Cada peso que entra y cada gasto que sale se reporta bajo la lupa del aplicativo ‘Cuentas Claras’ del CNE.
La ciudadanía puede auditar mi campaña en cualquier momento. Mi gerencia social empieza por administrar con pulcritud mis propios recursos de campaña. Tengo independencia total. No le debo puestos ni contratos a nadie, por eso puedo pararme en el atril del Congreso a decir las verdades que el país necesita.
¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?
Soy una mujer de partido y de instituciones. Mientras la Alianza Verde define candidato, actúo con prudencia y análisis. No respaldo personas, respaldo visiones de país. Apoyaré a quien demuestre capacidad gerencial, construya sobre lo construido sin populismos y ponga en el centro el bienestar humano: salud mental, educación y reactivación económica desde las regiones. Mi voto y mi trabajo estarán con quien haga avanzar al país con resultados reales, no con odios ni discursos vacíos.
De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?
El país necesita continuidad en lo esencial, con ejecución técnica y resultados. Después de 2026 debemos implementar bien las reformas laboral y pensional, repensar un sistema de salud propio que funcione y llevar la Ley de Salud Mental a todo el territorio. Es clave consolidar la justicia agraria y el desarrollo rural. Lo que sí debe reorganizarse es la seguridad: menos retórica, más inteligencia y protección real. Sin improvisación ni anuncios que generen miedo. Colombia necesita gerencia, certezas y bienestar físico y mental para su gente.
👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.
✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.
