¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?
Mi motivación para ser congresista nace de lo vivido en el conflicto y de las promesas de paz incumplidas. Llegué a la política para transformar ese dolor en políticas públicas reales que garanticen tierra, seguridad y oportunidades para el campo. Ser firmante de paz no es un símbolo: es el compromiso diario de llevar la voz de campesinos, víctimas y comunidades olvidadas al centro de las decisiones. Quiero una paz que se sienta en la vida cotidiana y que evite que las nuevas generaciones hereden la guerra.
¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?
No.
De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?
Si logro la curul, mi principal proyecto será impulsar la implementación integral del Acuerdo Final de Paz, con énfasis en la Reforma Rural Integral y la Justicia Territorial. Esto implica tres prioridades: redistribución y formalización de la tierra para campesinos sin tierra y comunidades étnicas; fortalecimiento de la economía campesina mediante crédito blando, compra pública y asistencia técnica; y garantías reales de seguridad y participación para líderes sociales y excombatientes.
Esta agenda debe financiarse con una reforma fiscal progresiva y ejecutarse con metas claras, seguimiento ciudadano y veeduría permanente, articulada al Plan Marco de Implementación. El objetivo no es solo cumplir un acuerdo, sino construir condiciones reales de vida digna en el campo para que la paz sea una realidad en los territorios y no un compromiso incumplido.
A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?
El principal problema de Colombia es la concentración del poder económico y territorial: la tierra, la riqueza y las decisiones públicas están en manos de unos pocos, lo que reproduce pobreza, exclusión y violencia. Esta desigualdad no es un accidente, sino el resultado de políticas que han protegido privilegios y permitido el despojo y la captura del Estado.
La salida es una transformación estructural: Reforma Rural Integral, redistribución de la riqueza mediante una reforma fiscal progresiva y mecanismos reales de participación y control ciudadano. Con leyes claras, presupuesto garantizado y movilización social, es posible romper el círculo de desigualdad y construir justicia territorial y paz duradera.
¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?
Apoyaría una Asamblea Constituyente solo si nace desde la ciudadanía y cuenta con reglas claras que garanticen participación real, transparencia y protección frente a la captura por las élites. Debe convocarse por referendo, con un mandato preciso, financiación pública y topes estrictos de gasto.
La representación debe ser efectiva, con cupos territoriales y garantías para pueblos étnicos, campesinos, víctimas y jóvenes, además de veeduría ciudadana en tiempo real y mecanismos que hagan vinculantes sus decisiones. Si esas condiciones no existen, es preferible impulsar reformas profundas mediante referendo y participación popular.
¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?
Sí respaldaría una política de paz total, pero de manera crítica y condicionada. Solo si tiene contenido real: implementación efectiva del Acuerdo de Paz de 2016, reforma rural integral, restitución y titulación de tierras, garantías de seguridad para líderes sociales y firmantes, inversión social sostenida y justicia transicional verificable.
No apoyo una “paz total” reducida a discursos o medidas represivas sin participación comunitaria, recursos suficientes y control ciudadano, porque eso repetiría promesas incumplidas y frustración en los territorios.
¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?
No acompañaría ni la reelección presidencial inmediata ni la extensión del período. Ambas concentran poder, debilitan los controles democráticos y aumentan los riesgos de clientelismo, uso electoral del Estado y captura institucional.
La salida no es prolongar mandatos, sino fortalecer la democracia con límites claros al poder, rendición de cuentas, transparencia y veeduría ciudadana, garantizando la continuidad de las políticas públicas mediante marcos legales y presupuestales que trasciendan gobiernos, no la permanencia de una sola persona en el cargo.
¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?
Sí respaldo que el Gobierno abra diálogos con grupos armados ilegales, siempre que tengan objetivos claros y condiciones que garanticen verdad, justicia y reparación para las víctimas. El diálogo no puede ser sinónimo de impunidad ni de propaganda política, sino una herramienta para desmontar las causas del conflicto: tierra, seguridad, reincorporación e inversión en los territorios.
No acompaño diálogos usados como excusa para militarización o “seguridad” sin transformación social, porque esos enfoques han demostrado que prolongan la violencia en lugar de cerrarla.
¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?
Apoyo la legalización regulada de algunas drogas, como la marihuana, siempre que esté orientada a la salud pública y la justicia social, no al negocio. Esto implica despenalizar el consumo, regular producción y distribución, y destinar los impuestos a prevención, tratamiento y reinserción.
La legalización debe proteger a los campesinos y evitar una nueva concentración económica: modelos comunitarios y cooperativos, acceso preferente para pequeños cultivadores y control estatal. Bien hecha, puede reducir la violencia y quitarle poder a las mafias; mal hecha, solo cambiaría de dueños el negocio.
¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?
Estoy de acuerdo con la eutanasia como una opción de dignidad para quien, con plena capacidad y después de agotar alternativas de alivio, decide no prolongar un sufrimiento insoportable. Respetar la vida también es respetar la autonomía.
Debe existir un marco claro, con garantías médicas y psicosociales, y acceso universal para que no sea un privilegio. Al mismo tiempo, es indispensable fortalecer los cuidados paliativos y la salud mental, para que nadie llegue a esa decisión por falta de atención. Apoyo la eutanasia como derecho, acompañada de políticas públicas que protejan a las personas más vulnerables.
¿Se requiere o no otra reforma tributaria?
Sí, Colombia necesita otra reforma tributaria, pero debe ser progresiva, justa y transparente: que paguen más quienes más tienen, no la clase media ni los hogares vulnerables. Esto implica gravar grandes patrimonios y latifundios improductivos, cerrar exenciones regresivas y frenar la elusión fiscal, protegiendo bienes básicos y transferencias sociales.
Los recursos deben tener destino claro: salud, educación, inversión rural y la implementación del Acuerdo de Paz, con participación ciudadana y control en tiempo real. Bien hecha, la reforma reduce desigualdad y fortalece la paz; mal hecha, solo profundiza la injusticia.
¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?
Sí, los salarios de congresistas y altos funcionarios deben revisarse y, en muchos casos, reducirse. No es solo un gesto simbólico, es coherencia ética y recuperación de confianza pública en un país marcado por la desigualdad. La política no puede verse como un negocio.
Esa revisión debe incluir límites a pensiones y beneficios extraordinarios, transparencia total de gastos y el destino de los ahorros a servicios públicos. Al mismo tiempo, hay que evitar el populismo: topes razonables, concursos meritocráticos y salarios adecuados para cargos técnicos clave, con evaluación y rendición de cuentas. Si se hace bien, la medida fortalece al Estado y la democracia.
¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?
Estoy de acuerdo en que las iglesias paguen impuestos por las actividades económicas y comerciales que desarrollen fuera de su misión religiosa. La labor espiritual y social debe conservar exenciones, pero cuando una organización religiosa opera como empresa o maneja recursos significativos, debe contribuir como cualquier otro actor económico.
Esto requiere reglas claras: definición legal de actividad gravable, umbrales que protejan a pequeñas congregaciones y obras comunitarias, transparencia financiera y auditorías públicas. Así se garantiza justicia fiscal sin afectar a las comunidades vulnerables ni convertir la fe en un refugio tributario.
¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?
Impulsaremos la paridad efectiva con reglas obligatorias de alternancia en listas y cargos públicos, cupos cuando sea necesario, sanciones a los partidos que incumplan y auditoría pública en cada elección. Esto debe ir acompañado de financiamiento directo para candidaturas de mujeres, formación y mentoría —especialmente para mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes— y medidas que faciliten la participación.
Al mismo tiempo, es clave fortalecer la protección frente a la violencia política y de género, con rutas de atención financiadas, sanciones ejemplares y seguridad para lideresas, junto con políticas de cuidado y acceso efectivo a salud sexual y reproductiva. La participación política de las mujeres no puede ser un privilegio, debe ser una garantía real.
¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?
Impulsaremos la paridad efectiva con alternancia obligatoria en listas y cargos públicos, cupos cuando sea necesario, sanciones a los partidos que incumplan y auditoría pública en cada elección. Esto debe ir acompañado de financiamiento directo para candidaturas de mujeres, formación y mentoría —especialmente para mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes— y medidas que faciliten su participación.
Al mismo tiempo, fortaleceremos la protección frente a la violencia política y de género, con protocolos de prevención, rutas de atención con presupuesto, sanciones ejemplares y seguridad para lideresas. La paridad real exige también políticas de cuidado y acceso efectivo a salud sexual y reproductiva, para que la participación política sea una posibilidad concreta y no un privilegio.
La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?
Propongo un paquete integral contra la corrupción con medidas medibles y resultados verificables. Primero, reducir la discrecionalidad mediante contratación pública electrónica obligatoria, datos abiertos, declaraciones patrimoniales verificables y listas negras de proveedores sancionados, acompañadas de veeduría ciudadana en tiempo real, especialmente en los territorios.
Segundo, acelerar investigación y sanción con unidades especializadas en Fiscalía y Procuraduría, plazos procesales claros, tribunales prioritarios y una unidad nacional de recuperación de activos para repatriar recursos robados.
Tercero, regular de forma estricta la financiación política y proteger a los denunciantes, con trazabilidad total de aportes, topes reales, sanciones severas y un régimen robusto de protección. Todo el sistema debe tener auditoría independiente, metas públicas y destinar los recursos recuperados a servicios públicos, para que la lucha anticorrupción tenga impacto real y no sea solo discurso.
Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?
Estoy de acuerdo en que las iglesias paguen impuestos por las actividades económicas que desarrollen fuera de su misión religiosa, pero deben mantenerse las exenciones para su labor espiritual, social y comunitaria. No se trata de perseguir la fe, sino de garantizar justicia fiscal cuando una organización religiosa actúa como empresa o maneja recursos significativos.
Cualquier cambio debe hacerse con reglas claras, umbrales económicos y transparencia, para no afectar a pequeñas congregaciones ni a comunidades vulnerables, y para que los recursos recaudados contribuyan al bienestar social y territorial.
¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?
La política exterior de Colombia debe basarse en soberanía y autodeterminación. Con Estados Unidos se puede cooperar en seguridad y comercio, pero desde la defensa de nuestros intereses, con transparencia, auditorías públicas y beneficios sociales concretos. Al mismo tiempo, es clave diversificar alianzas y fortalecer el multilateralismo para no depender de un solo actor.
Con Venezuela la prioridad es práctica y humanitaria: restablecer relaciones diplomáticas, ordenar la frontera con enfoque de derechos humanos y reactivar el comercio formal en beneficio de las comunidades fronterizas. La política exterior debe servir para fortalecer la autonomía, la paz y el desarrollo territorial, negociando con dignidad y poniendo a la gente en el centro.
¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?
Nuestra campaña se financia de manera honesta y de base: aportes pequeños de personas naturales, recursos del Partido Comunes, trabajo en especie y mucho voluntariado en los territorios. No recibimos dinero de grandes empresas ni de contratistas del Estado y rechazamos cualquier aporte que condicione nuestras decisiones. Todo se reporta legalmente en Cuentas Claras y lo publicamos para que la ciudadanía lo fiscalice.
Es una campaña austera y territorial: priorizamos el puerta a puerta, la comunicación digital y los encuentros locales, no la publicidad masiva. Preferimos invertir en llegar a un corregimiento que en vallas. Cada peso será transparente, con soportes contables y cuentas abiertas, porque la legitimidad empieza por cómo se financia la política.
¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?
Respaldo la candidatura de Carlos Caicedo porque hay una convergencia programática real: implementación del Acuerdo de Paz con reforma rural efectiva, justicia territorial, lucha contra la corrupción y políticas públicas centradas en los territorios. No es un respaldo personal, es una decisión política para construir una mayoría social que ponga a las comunidades en el centro y no a los intereses concentrados.
Ese apoyo es condicional y exigente: metas verificables en reforma agraria, presupuesto etiquetado para la implementación del Acuerdo, participación vinculante de víctimas y comunidades étnicas, y control ciudadano permanente. Acompañaremos a la candidatura que demuestre coherencia entre palabra y acción y esté dispuesta a someterse a veeduría pública para transformar realmente los territorios.
De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?
Después del 7 de agosto de 2026 debe mantenerse la Reforma Rural Integral y una paz con contenido: titulación y restitución de tierras, apoyo real a la economía campesina, compra pública y garantías de seguridad para líderes y firmantes. Esa es la única vía para atacar las causas estructurales del conflicto y transformar los territorios, siempre con presupuesto, seguimiento y participación comunitaria.
Lo que debe terminar es la militarización como respuesta principal a los problemas sociales y al narcotráfico. La seguridad no reemplaza vías, escuelas ni hospitales. La paz se construye con tierra, inversión social y control ciudadano, no solo con fuerza.
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