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¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?
Mi mayor motivación para ser congresista de Colombia nace de una convicción profunda. Me he preparado para servir. He estudiado, conozco el funcionamiento del sector público y he trabajado en distintas instancias del Estado. No hablo desde la teoría, sino desde la experiencia. He visto por dentro cómo funciona y cómo muchas veces no funciona el aparato público.
Creo que el Congreso necesita personas que realmente conozcan el Estado, que entiendan sus límites, pero también su potencial. Personas que hayan recorrido el país y que conozcan de primera mano los dolores de la gente.
Esos dolores son evidentes. Hay un Estado que no responde a tiempo, una economía donde la plata no alcanza para vivir con dignidad y una inseguridad que se volvió parte del paisaje cotidiano. No podemos normalizar esa realidad.
Mi motivación es trabajar para que el Estado vuelva a estar al servicio de la gente, para que la política recupere su sentido y para que las decisiones que se tomen en el Congreso respondan a la vida real de los colombianos y no a intereses alejados de sus necesidades.
¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?
No, ninguna.
De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?
Mi principal proyecto en el Congreso será convertir el deporte en la gran estrategia de seguridad y, sobre todo, de prevención del Estado. Colombia no puede seguir entendiendo la seguridad únicamente desde la reacción y la fuerza. La verdadera seguridad comienza antes de que el delito ocurra. Empieza en los barrios, en los colegios, en los escenarios deportivos, cuando un niño o un joven encuentra disciplina, propósito y oportunidades reales.
Quiero impulsar una política pública que articule deporte, educación y seguridad. Que el deporte deje de ser un programa aislado y se convierta en una herramienta estructural para prevenir el reclutamiento, el consumo de drogas, la violencia y la delincuencia juvenil. Eso implica inversión en infraestructura, formación de entrenadores, ligas locales fuertes y presencia permanente en los territorios más vulnerables.
También trabajaremos para darle un sentido claro y estratégico al Ministerio del Deporte. No puede ser una entidad secundaria. Debe convertirse en un eje transversal de prevención social, con metas medibles en reducción de violencia, inclusión y desarrollo comunitario.
El deporte forma carácter, crea comunidad y abre caminos. Si logramos que el Estado lo asuma como una política seria de prevención, estaremos construyendo seguridad desde la raíz y no solo reaccionando cuando ya es demasiado tarde.
A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?
A mi criterio, el principal problema de Colombia es que millones de ciudadanos sienten que el Estado no está presente cuando más lo necesitan. Esa ausencia se manifiesta en tres grandes realidades que golpean la vida cotidiana. Existe un Estado ineficiente que no responde, no atiende y no resuelve a tiempo. La plata no alcanza porque la carga tributaria asfixia a familias y emprendedores. Y la inseguridad crece de forma preocupante, impulsada por la inacción institucional y por la expansión de economías ilegales manejadas por grupos armados.
No hablo de esto desde la distancia. Son problemas que conozco de primera mano porque he recorrido territorios, he escuchado a las comunidades y he visto cómo estas fallas se traducen en miedo, frustración y falta de oportunidades.
La solución exige decisiones firmes y coherentes. Necesitamos un Estado que funcione, que simplifique trámites, que use bien los recursos y que llegue a los territorios. Se requiere aliviar la presión económica sobre la gente, estimular la producción y generar condiciones para que trabajar y emprender sí valga la pena. Y es urgente recuperar la seguridad con presencia integral del Estado, debilitando las economías ilegales y fortaleciendo las oportunidades legales.
Colombia no necesita más diagnósticos. Necesita liderazgo, ejecución y voluntad real de cambiar las cosas. Esa es la ruta para transformar la indignación en confianza y la crisis en oportunidad.
¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?
No apoyaría un proceso de asamblea constituyente. Colombia no necesita cambiar las reglas fundamentales del Estado, sino hacer que se cumplan. El país ya cuenta con una Constitución sólida, con instituciones definidas y con herramientas suficientes para garantizar derechos, promover desarrollo y enfrentar los problemas nacionales. El verdadero desafío no está en redactar un nuevo texto, sino en lograr que el Estado funcione con eficiencia, transparencia y resultados reales para la gente.
¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?
No, el reto no es alargar los mandatos, sino hacer que cada gobierno cumpla bien su periodo, con resultados concretos y responsabilidad frente a la ciudadanía.
¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?
No le daría continuidad en su forma actual. La política de paz total ha permitido que varios grupos se fortalezcan y amplíen su control territorial, mientras la violencia sigue impulsada por disputas entre estructuras ilegales por economías y rutas. El problema no es político, sino criminal y económico. Colombia necesita una estrategia que distinga actores, combine diálogo con autoridad del Estado y tenga como prioridad proteger a la población y llevar una verdadera oferta de legalidad a los territorios, porque la ilegalidad prospera donde faltan oportunidades legales.
¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?
Primero, el Estado debe ejercer autoridad y combatirlos con firmeza para llevarlos a un escenario real de sometimiento. Solo desde esa posición tiene sentido abrir un diálogo. Hacerlo al revés envía un mensaje equivocado, debilita la institucionalidad y puede fortalecer a las estructuras criminales. La paz no se construye cediendo poder a quienes violan la ley, sino haciendo que la ley se respete.
¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?
No apoyo la legalización de drogas ilícitas ni su producción o consumo. Considero que esa medida no resolvería el problema de fondo y podría agravar riesgos en salud pública, seguridad y tejido social. Colombia necesita reducir el poder de las economías ilegales, prevenir el consumo y fortalecer oportunidades legales para los jóvenes, no normalizar sustancias que generan dependencia y afectan comunidades enteras.
¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?
No estoy de acuerdo con la eutanasia. Defiendo el valor de la vida humana en todas sus etapas y creo que el Estado debe enfocar sus esfuerzos en fortalecer los cuidados paliativos, el acompañamiento médico integral y el apoyo a las familias en momentos de enfermedad y dolor. La respuesta ante el sufrimiento no debe ser acelerar la muerte, sino brindar atención digna, alivio y acompañamiento.
¿Se requiere o no otra reforma tributaria?
Sí se requiere una reforma tributaria, pero una que reduzca impuestos y esté diseñada para expandir la economía. Colombia necesita un sistema más simple, claro y fácil de entender, que incentive la inversión, el empleo y el emprendimiento en lugar de castigarlos.
Esa reforma debe ir acompañada de una fuerte reducción del gasto público y de una gestión más eficiente de los recursos del Estado. El país no necesita más carga tributaria, sino un modelo fiscal responsable que alivie a los ciudadanos, estimule la actividad productiva y genere crecimiento sostenible.
¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?
Lo que Colombia necesita es un sector público austero, eficiente y orientado a resultados, con servidores que realmente trabajen y cumplan su función. La discusión no debe centrarse en recortes simbólicos, sino en eliminar el derroche, optimizar el uso de los recursos y garantizar que cada peso público se traduzca en servicios reales para la ciudadanía.
¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?
No estoy de acuerdo con que las iglesias paguen impuesto de renta. Considero que cumplen una labor social muy importante para el país, al igual que muchas organizaciones sin ánimo de lucro, universidades y fundaciones que trabajan en educación, ayuda humanitaria y apoyo comunitario.
Además, una parte significativa de sus recursos proviene de donaciones voluntarias de sus feligreses y no de actividades comerciales con fines de lucro. También es importante tener en cuenta que ya aportan al Estado a través de otros tributos y contribuciones indirectas.
Más que gravarlas como si fueran empresas, el enfoque debería ser reconocer y fortalecer el papel social que cumplen en muchas comunidades donde incluso suplen vacíos del Estado.
¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?
No haría modificaciones al sistema político colombiano. Considero que el país ya cuenta con un marco institucional y democrático sólido. El problema no está en el diseño del sistema, sino en su funcionamiento y en la forma en que muchas veces se aplica. Más que cambiar las reglas, Colombia necesita que se cumplan.
¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?
La igualdad real no se logra con mecanismos forzados, sino creando condiciones para que cada mujer pueda desarrollar su talento y participar en igualdad de oportunidades.
No creo en las listas cremalleras porque considero que imponen criterios que pueden terminar siendo discriminatorios. En cambio, promovería políticas que fortalezcan la formación, el acceso a educación de calidad, el liderazgo, el emprendimiento y la participación política basada en mérito y capacidades. Colombia tiene mujeres altamente calificadas que deben llegar a espacios de decisión por sus cualidades, su preparación y su trayectoria.
La verdadera garantía de derechos está en eliminar barreras reales como la violencia, la falta de oportunidades laborales, la informalidad y la desigualdad en acceso a recursos. Si el Estado asegura esas condiciones, la participación femenina crecerá de manera natural, sólida y sostenible.
La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?
Un Estado más pequeño, con funciones específicas, medibles y orientadas a resultados, reduce los espacios donde hoy se pierde el dinero público. Menos burocracia, menos duplicidad institucional y más eficiencia significan menos oportunidades para la corrupción.
También es fundamental fortalecer la vigilancia, el control y las sanciones reales. El que robe recursos públicos debe enfrentar consecuencias efectivas y oportunas. La impunidad es el principal incentivo para que este problema continúe.
Creo además que la ética pública es clave. Para nosotros los cristianos el principio es claro: no robarás. El servicio público debe ejercerse con responsabilidad moral y sentido de autogobierno. Lo que hoy indigna a la ciudadanía es ver funcionarios que parecen no temer ni a la ley ni a la conciencia. Recuperar la integridad en el Estado es tan importante como reformar sus estructuras.
Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?
Para contrarrestar la imagen negativa del Congreso, hay que hacer algo básico pero hoy poco común: responderle a la gente. La desconfianza surge cuando los ciudadanos sienten que la clase política se volvió lejana, cerrada y desconectada de la realidad. Se perdió el sentido del servidor público y se invirtieron los papeles, como si el país estuviera al servicio del Congreso y no al contrario.
Mi propuesta es trabajar con cercanía real y permanente. Mantener canales directos con la ciudadanía, rendir cuentas, escuchar y actuar. Impulsaría una oficina de puertas abiertas, con participación constante, espacios de diálogo y presencia en territorio. Cuando la gente ve coherencia, acceso y resultados, la confianza se reconstruye. El Congreso debe volver a ser una institución al servicio de las personas, no una élite distante.
¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?
Colombia debe reforzar sus relaciones con Estados Unidos y Venezuela porque una diplomacia sólida se traduce en oportunidades reales para los ciudadanos. Con Estados Unidos debemos fortalecer comercio, inversión y cooperación en seguridad, ya que es un aliado clave para el empleo, el desarrollo y la estabilidad económica del país.
Con Venezuela, con quien compartimos una frontera extensa, historia común y vínculos sociales, es fundamental reconstruir la relación, empezando por la seguridad fronteriza y avanzando hacia la integración económica y comercial. Confiamos en que retome un camino de libertad democrática y prosperidad, y Colombia debe estar lista para ser su principal socio y aliado de sus ciudadanos y de los colombianos que viven allá, porque cuando las relaciones internacionales funcionan bien, quienes ganan son las personas.
¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?
Mi campaña se financia principalmente con recursos propios y con donaciones de amigos y personas cercanas que creen en este proyecto. Hemos decidido hacer una campaña austera, enfocada en la máxima eficiencia del uso de cada recurso, coherente con la visión de un Estado responsable y bien administrado.
Todos los aportes y gastos están debidamente reportados en el portal oficial de Cuentas Claras, cumpliendo las normas de transparencia electoral. Creemos que el cambio hacia un Estado austero, eficiente y con verdadera vocación de servicio debe empezar desde las campañas, demostrando con hechos cómo se deben manejar los recursos públicos.
¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?
En este momento mi prioridad es el Congreso. Primero debemos concentrarnos en elegir un Congreso fuerte, preparado y comprometido con el país, porque es allí donde se hacen las leyes, se controlan los gobiernos y se definen las reglas que afectan la vida de todos los colombianos.
Colombia necesita entender que un buen rumbo nacional no depende solo del presidente, sino también de un Congreso serio, capaz y responsable. Fortalecer el Legislativo es el primer paso para que cualquier proyecto de país funcione.
De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?
Continuaría la política de restablecer la relación con Venezuela, pero enfocándola con firmeza en seguridad y desarrollo económico fronterizo. Confío en que ese país regresará a una libertad democrática y económica, y Colombia debe estar preparada para ser su principal aliado comercial y proteger a sus ciudadanos en la frontera, empezando por cooperación efectiva contra grupos armados que hoy usan ese territorio como retaguardia.
Lo que definitivamente debe acabarse es la política de paz total tal como está planteada, porque ha generado incentivos que no debilitan a las estructuras ilegales. Debe reemplazarse por una estrategia que combine autoridad del Estado, control territorial real y oportunidades legales, para que la seguridad sea la base del crecimiento y no una promesa sin resultados.
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