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¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?
Aunque es mi primera vez en la política, sin maquinaria y sin estructuras tradicionales, no llego improvisando. Traigo más de 35 años de experiencia técnica después de haber sido Presidenta del Grupo de Energía de Bogotá, Directora de la Comisión de Regulación de Energía y Gas y Directora de Minas y Energía del Departamento Nacional de Planeación. Nací en Tunja, Boyacá, estudié Ingeniería Eléctrica en la Escuela Colombiana de Ingeniería y me abrí camino en un sector donde éramos muy pocas mujeres, a punta de estudio, disciplina y resultados. Mi mayor motivación para ser congresista es defender el trabajo y el bolsillo de los colombianos con propuestas concretas.
Voy al Senado a impulsar estabilidad regulatoria para que el sector energético vuelva a generar empleo y atraer inversión; una ley de facturas justas que proteja a las familias frente a abusos y sobrecostos; una ley de antidiscriminación por edad para que nadie sea excluido del mercado laboral por tener más de 40 años; un programa de impulso al emprendimiento para mayores de 40 que quieran volver a empezar; y un verdadero plan de primer empleo para jóvenes, donde la falta de experiencia no sea una condena, sino una oportunidad real.
Colombia necesita energía que impulse el crecimiento, servicios públicos sostenibles y oportunidades laborales para todas las generaciones. Por eso quiero llegar al Congreso.
¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?
He ocupado cargos de alta responsabilidad, manejando decisiones regulatorias, técnicas y presupuestales que impactan a millones de colombianos. Siempre he actuado con rigor técnico, transparencia y respeto por la ley. Mi hoja de vida está limpia porque mi compromiso ha sido siempre con el interés general y con hacer las cosas bien.
De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?
Si obtengo la curul, mi principal proyecto será una Ley de Estabilidad y Confianza para el Sector Energético y de Servicios Públicos. Colombia no puede seguir cambiando las reglas cada año ni tomando decisiones que generan incertidumbre, frenan la inversión y terminan afectando el empleo y las tarifas que pagan las familias. Necesitamos reglas técnicas, estables y responsables que protejan al usuario, pero que también permitan que el sector genere crecimiento y trabajo formal.
Ese proyecto irá acompañado de una Ley contra los Abusos en los Servicios Públicos, para evitar abusos y garantizar transparencia en los cobros, y de una agenda laboral que incluya la Ley de Antidiscriminación por edad, Ley de apoyo al emprendimiento para mayores de 40 y un verdadero programa de primer empleo para jóvenes sin experiencia.
Mi prioridad será que la energía vuelva a mover la economía, que los servicios públicos sean sostenibles y que el Congreso legisle pensando en el empleo y en el bolsillo de la gente.
A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?
El principal problema de Colombia es que la gente trabaja duro y aun así no le alcanza, no consigue empleo o vive con miedo a perderlo. Tenemos jóvenes preparados que no encuentran su primera oportunidad y adultos mayores de 40 que son descartados como si ya no sirvieran. Tenemos familias angustiadas por las tarifas de los servicios públicos y pequeños empresarios que no saben si mañana cambiarán las reglas otra vez. Esa sensación de que el esfuerzo no vale es lo que está rompiendo la confianza del país.
La solución es poner el empleo y el bolsillo de la gente en el centro: reglas estables para que se generen inversiones y trabajo, facturas justas para que nadie pague abusos, oportunidades reales para jóvenes y protección frente a la discriminación por edad.
Colombia no necesita más peleas políticas. Necesita que el trabajo vuelva a ser sinónimo de dignidad y de progreso.
¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?
No apoyaría una asamblea constituyente en este momento. Colombia no tiene un problema de falta de Constitución, tiene un problema de falta de cumplimiento. La Constitución del 91 es moderna, garantista y le dio al país herramientas suficientes para proteger derechos, fortalecer la descentralización y promover el desarrollo. Lo que necesitamos no es cambiar las reglas del juego cada vez que hay una crisis política, sino respetarlas y aplicarlas bien. Abrir una constituyente hoy generaría más incertidumbre económica, más polarización y frenaría la inversión en sectores clave como energía y servicios públicos, justo cuando el país necesita empleo y estabilidad.
¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?
No. No estoy de acuerdo con revivir la reelección presidencial inmediata ni con extender el período presidencial. Las reglas del poder no pueden ajustarse según el momento político ni según quién esté gobernando. Colombia necesita límites firmes y alternancia real para evitar la concentración del poder y preservar el equilibrio institucional. Además, cuando se modifican las reglas para prolongar mandatos, se genera desconfianza, se profundiza la polarización y se envía un mensaje equivocado: que el problema es la duración del gobierno y no la calidad de las decisiones.
¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?
No, no respaldaría una política de paz que signifique impunidad, debilitamiento de la autoridad o expansión de los grupos ilegales. Colombia quiere paz, pero no a cualquier precio. No puede ser que mientras se hable de diálogos, las comunidades sigan confinadas, los grupos armados se fortalezcan y el Estado pierda control en los territorios. La paz no puede ser ausencia de discurso, pero sí presencia efectiva de autoridad, justicia y oportunidades. Entonces, si la “paz total” no garantiza seguridad para la gente, desmantelamiento real de estructuras criminales y protección a las víctimas, no funciona. Nuestra prioridad debe ser el ciudadano que hoy vive con miedo.
¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?
Estoy de acuerdo con que el Estado busque caminos para reducir la violencia, pero los diálogos con grupos ilegales solo tienen sentido si parten de condiciones firmes: cese real de hostilidades, protección efectiva a la población civil y sometimiento a la justicia. No pueden convertirse en un premio para quienes siguen delinquiendo ni en un espacio para que se fortalezcan mientras las comunidades viven con miedo. La prioridad nuestra es sostener una mesa de negociación, es garantizar seguridad, desmantelar estructuras criminales y devolverle tranquilidad a la gente.
¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?
En el caso de la marihuana, apoyo una regulación estricta que permita quitarle mercado al crimen organizado, controlar calidad, prevenir el consumo en menores y destinar recursos a salud pública y educación. Seguir haciendo lo mismo no ha reducido el narcotráfico ni el consumo; necesitamos enfoques que reduzcan el daño y debiliten las economías ilegales.
Frente a otras drogas de mayor impacto y riesgo, no estoy de acuerdo con su legalización. Colombia no puede convertirse en un laboratorio sin tener primero una institucionalidad fuerte, sistemas de salud preparados y controles efectivos. La prioridad del Congreso debe ser proteger a los jóvenes, enfrentar a las estructuras criminales y tratar el consumo como un asunto de salud pública, no solo de castigo penal.
¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?
Me ciño a lo que ya ha establecido la Corte Constitucional sobre la eutanasia, la cual interpretando el derecho a la vida y al libre desarrollo de la personalidad, la reconoce como un derecho bajo condiciones estrictas para personas que enfrentan sufrimiento grave y toman una decisión libre e informada. En un Estado de derecho, esas decisiones se respetan y se aplican dentro del marco legal vigente, con controles médicos y garantías claras para proteger la dignidad del paciente.
¿Se requiere o no otra reforma tributaria?
No. Colombia no necesita otra reforma tributaria; necesita un Estado más pequeño, más eficiente y menos derrochador. No es justo seguir exprimiendo a la clase media, a los emprendedores y a quienes producen, mientras el gasto público crece sin control y la burocracia se multiplica. El problema no es que los colombianos paguen poco; el problema es que el Estado gasta mal.
Antes de pensar en nuevos impuestos, hay que recortar privilegios, eliminar entidades innecesarias, reducir contratos superfluos y combatir de verdad la corrupción. El país no se salva subiendo impuestos cada año, se salva recuperando la confianza, generando empleo y administrando bien los recursos que ya existen.
¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?
Sí. El salario de los congresistas y de altos funcionarios del Estado debe revisarse y reducirse. No es coherente pedirle sacrificios al país mientras el Congreso mantiene privilegios intactos. En un momento donde millones de colombianos luchan por llegar a fin de mes, el ejemplo debe empezar por nosotros, y aunque esto no resuelve por sí solo el déficit fiscal, sí envía un mensaje potente de austeridad, coherencia y respeto por el ciudadano.
¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?
Si hay actividades comerciales claramente definidas, sí estoy de acuerdo. La Constitución garantiza la libertad religiosa y reconoce el papel social que muchas iglesias cumplen en comunidades vulnerables. Sin embargo, también es cierto que cualquier organización que desarrolle actividades económicas con fines lucrativos debe cumplir las reglas tributarias como cualquier otra entidad. La clave es transparencia, equidad y reglas iguales para todos.
¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?
Sí, haría modificaciones profundas al sistema político colombiano, porque hoy está diseñado para la fragmentación, el clientelismo y campañas cada vez más costosas que alejan a la ciudadanía. Necesitamos partidos más fuertes y coherentes, menos atomización y reglas que obliguen a la transparencia real en la financiación de campañas. No puede seguir siendo tan fácil crear estructuras electorales sin identidad programática ni controles efectivos.
Impulsaría listas más organizadas con verdadera democracia interna, mayor trazabilidad del dinero en política, sanciones ejemplares por violar topes y mecanismos de rendición de cuentas que permitan evaluar el desempeño de los elegidos. La política no puede seguir funcionando como una suma de intereses individuales; debe convertirse en un sistema que premie la coherencia, la responsabilidad y el servicio al ciudadano.
¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?
Propongo una agenda concreta que conecte paridad con empleo y autonomía económica real. Primero, una Ley Más Mujeres, Más País que establezca metas obligatorias de participación femenina en programas públicos de formación y en sectores estratégicos como energía, infraestructura, industria y tecnología, con seguimiento anual y sanciones por incumplimiento. Segundo, incentivos tributarios y contractuales para empresas que vinculen mujeres en cargos técnicos y directivos, especialmente en áreas históricamente masculinizadas. Tercero, igualdad salarial efectiva con auditorías periódicas y publicación de brechas por sector.
Además, fortaleceré el primer empleo para mujeres jóvenes, ampliaré la formación técnica avanzada en todo el país y garantizaré acceso preferente a crédito y compras públicas para emprendimientos liderados por mujeres, incluyendo mayores de 40 que quieran reinventarse. La paridad no es un discurso simbólico: es empleo formal, salario justo, acceso a sectores de alto impacto y control político permanente para que las metas se cumplan.
La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?
La corrupción no se combate con discursos morales sino con reglas duras y consecuencias reales. Mi propuesta es simple: cárcel efectiva, pérdida inmediata del cargo e inhabilidad de por vida para contratar con el Estado a quien robe un peso público. El que traiciona la confianza ciudadana no puede volver a manejar recursos públicos -bajo ninguna circunstancia ni excepción.
Impulsaré contratación 100 % trazable y digital, publicación obligatoria y en tiempo real de contratos, interventorías independientes y responsabilidad solidaria de supervisores y ordenadores del gasto. Además, eliminaré focos de discrecionalidad que alimentan el clientelismo y reduciré estructuras burocráticas innecesarias. La corrupción existe donde hay opacidad y exceso de poder sin control; por eso hay que cerrar las llaves del dinero fácil y garantizar castigos ejemplares.
Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?
La mala imagen del Congreso no es un invento, es consecuencia de privilegios, desconexión con la gente y baja calidad en muchas decisiones. No se corrige con campañas de imagen, se corrige con comportamiento.
Lo primero es dar ejemplo: reducción de privilegios, rendición de cuentas pública y periódica, asistencia y votación transparentes y publicación clara de cómo y por qué se vota cada proyecto. Lo segundo, concentrar la agenda en problemas reales como empleo, costo de vida y servicios públicos, no en debates estériles e inútiles. Y lo tercero, medir resultados: proyectos presentados, debates de control político realizados y metas cumplidas.
La confianza no se pide, se construye con coherencia, trabajo y resultados visibles. Si el Congreso vuelve a servirle al ciudadano y no a sí mismo, la percepción claramente va a cambiar.
¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?
Para mí, la diplomacia con Estados Unidos y Venezuela no puede limitarse a retórica; debe tener un contenido estratégico que incluya seguridad, economía y energía. Con Estados Unidos, la relación debe ser de cooperación respetuosa, enfocada en seguridad fronteriza, lucha contra economías ilegales y coordinación para estimular inversión y crecimiento sin perder nuestra soberanía.
Con Venezuela, hay una oportunidad concreta de avanzar en cooperación energética que beneficie a ambos países, siempre que se haga con claridad y control técnico. Actualmente hay diálogo bilateral para reactivar el intercambio energético, que incluye discusiones sobre importación de gas natural, interconexión eléctrica e infraestructuras comunes, y se han reportado avances concretos al respecto en reuniones de alto nivel entre los gobiernos de Colombia y Venezuela.
Ese enfoque no es solo diplomático: Venezuela tiene enormes reservas de gas natural que podrían complementar la seguridad energética regional y contribuir a una matriz más estable, y existen infraestructuras que pueden activarse nuevamente con acuerdos bilaterales para la exportación de gas. Además, la interconexión eléctrica y proyectos conjuntos de energías limpias pueden fortalecer la estabilidad del servicio en zonas fronterizas y dinamizar inversiones productivas.
¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?
Mi campaña se financia principalmente con recursos propios y con aportes de amigos cercanos que creen en este proyecto. No hay grandes financiadores ni intereses particulares detrás. Todos los aportes están declarados conforme a la ley y dentro de los topes establecidos por la autoridad electoral.
Es una campaña austera que supera apenas un poco más de 50 millones de pesos para todo el proceso, muy lejos de las campañas que cuestan cientos de millones. Hemos optado por priorizar trabajo directo con la gente, comunicación digital y eficiencia en el gasto. Para mí, la independencia política empieza por no deberle la curul a grandes chequeras, sino a ciudadanos que creen en una agenda seria y responsable.
¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?
Respaldo a Juan Manuel Galán porque representa una opción de centro liberal, institucional y democrática que cree firmemente en el equilibrio de poderes, el respeto por la Constitución y las reformas responsables, no improvisadas.
Estoy segura que Colombia necesita liderazgo sereno, que recupere la confianza, fortalezca la economía y garantice seguridad jurídica para generar empleo. Galán ha defendido históricamente la modernización del Estado, la lucha contra el clientelismo y una agenda social con responsabilidad fiscal. Mi respaldo se basa en coherencia: estabilidad institucional, reglas claras, crecimiento económico y oportunidades reales para la gente. Eso es lo que el país necesita en este momento de tanta polarización.
De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?
Pienso que una política que sí debería continuar, con ajustes y más focalización, es la de transferencias monetarias para hogares en pobreza extrema. Pero la continuidad debe ir amarrada a resultados: mejor focalización, menos operadores y más trazabilidad, para que cada peso le llegue a quien realmente lo necesita.
Por otro lado, una política que debería replantearse de fondo es la forma en que se ha manejado la llamada “paz total”. El diálogo no puede significar debilitamiento de la autoridad ni expansión de estructuras criminales mientras las comunidades siguen sufriendo. La seguridad y la protección efectiva de la población deben ser la prioridad. La paz necesita resultados medibles y control territorial real, no solo intención política.
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