¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?
Llevar al Congreso la voz de una juventud que trabaja, se moviliza y se organiza. Para dignificar la política, demostrar que hay otras formas de actuar en colectivo y aportar en la edificación de nuevos liderazgos juveniles que construyan en todos los niveles la transformación.
¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?
No.
De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?
Impulso de la reforma política contemplada en el Acuerdo de Paz con enfoque para la promoción de participación de mujeres y jóvenes.
A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?
La histórica ausencia de un proyecto de nación compartido, consecuencia directa de décadas de conflicto armado. Para construir este proyecto se requiere la implementación integral del Acuerdo de Paz, complementada con reformas sociales profundas y el desarrollo de las salvedades de las partes en la mesa de La Habana. Solo así se sentarán las bases para la verdadera modernización de Colombia en todos sus ámbitos.
¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?
Sí, necesitamos un proceso constituyente. Uno que reforme profundamente el Estado, concrete un pacto nacional para erradicar la violencia e impulse las transformaciones políticas, electorales y económicas que democraticen nuestra sociedad y construyan justicia social.
¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?
No acompañaría ni la reelección presidencial inmediata ni la ampliación del período presidencial.Colombia ya vivió los efectos negativos de la reelección: desequilibrio en la competencia electoral, concentración de poder en el Ejecutivo y debilitamiento de los controles democráticos. Precisamente por eso, tras la firma del Acuerdo de Paz, la Misión Electoral Especial fue clara en recomendar la no reelección y mantener el período presidencial en cuatro años.Reavivar la reelección o extender el período va en contravía del espíritu del Acuerdo de 2016, que buscó abrir el sistema político, fortalecer la alternancia y dar garantías reales a la oposición y a nuevas fuerzas políticas, especialmente en los territorios.La estabilidad democrática no se logra alargando el poder, sino fortaleciendo las instituciones, las reglas electorales, el sistema de partidos y los mecanismos de control. Como congresista, mi compromiso es con una democracia equilibrada, con reglas claras y con la defensa de lo acordado en el proceso de paz.
¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?
Mantengo el objetivo de una salida negociada, pero reformularía el método. Pondría como pilar central la implementación del acuerdo ya existente, utilizando sus propios canales para avanzar hacia un acuerdo nacional que supere la violencia.
¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?
Sí, estoy de acuerdo. Creo firmemente en la salida negociada a los conflictos; no obstante, debe existir una estrategia de negociación aunada a una estrategia de defensa que permita garantizar los derechos a la vida, la libertad y la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas.
¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?
Apoyo.
¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?
De acuerdo.
¿Se requiere o no otra reforma tributaria?
Sí, de carácter progresivo.
¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?
Sí.
¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?
Sí.
¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?
Sí, impulsaría la reforma política contemplada en el Acuerdo de Paz firmado en el 2016.
¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?
Nuestras propuestas para garantizar la paridad y los derechos de las mujeres parten de un enfoque estructural, no simbólico, y se basan en tres frentes clave: participación política real, arquitectura institucional y financiación con enfoque de género.
Primero, proponemos avanzar de manera progresiva hacia la paridad, la alternancia y la universalidad, garantizando acciones afirmativas que aseguren la participación equitativa de las mujeres en cargos de decisión. Esto incluye cuotas obligatorias en posiciones de toma de decisiones dentro de los partidos y organizaciones políticas, así como la incorporación de la igualdad de género en los reglamentos internos y en las agendas programáticas.
Segundo, planteamos fortalecer la arquitectura organizacional mediante una cuota mínima de mujeres en cargos de decisión en los órganos de dirección. Además, impulsamos mecanismos concretos para facilitar la participación de las mujeres, como adecuación de horarios, cercanía de los puestos de votación, procesos de inscripción accesibles y formación política y electoral continua con enfoque de género. Todo esto acompañado de reglamentación, seguimiento y sanciones para garantizar su cumplimiento.
Tercero, en materia de financiación, proponemos una destinación específica y obligatoria de recursos, aumentando al menos al 10 % los recursos estatales asignados a los partidos para la promoción de la participación política y electoral de las mujeres. Esto incluye financiación diferenciada para campañas, apoyo a liderazgos femeninos, fortalecimiento de oficinas y secretarías de mujeres, y mecanismos de transparencia, seguimiento y rendición de cuentas, con desagregación del gasto por población y rubros específicos.
Finalmente, nuestras propuestas reconocen la diversidad de las mujeres y priorizan a grupos como mujeres jóvenes y rurales, con el objetivo de mejorar la calidad de la representación política y fortalecer la democracia desde los territorios.
La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?
Combatir la corrupción exige ir más allá de propuestas aisladas: requiere una transformación integral del Estado. En línea con lo expuesto, es impostergable una reforma política y electoral profunda que convierta la actividad pública en un ejercicio transparente y al servicio de la gente.
Esta reforma debe complementarse con el fortalecimiento de mecanismos de prevención y persecución efectiva. Esto implica blindar la transparencia con plataformas abiertas de contratación pública, utilizar tecnología de vanguardia para rastrear y sancionar actos corruptos y garantizar el acceso total a la información.
Sin embargo, ningún sistema técnico será suficiente sin el actor principal: la ciudadanía. Por ello, el tercer pilar es la participación efectiva y vinculante de la gente. Solo con una sociedad organizada, informada y con poder de decisión podremos ejercer una veeduría social irremplazable.
Mi compromiso como congresista se centrará en impulsar estas tres líneas de acción: 1) presentar y tramitar las reformas para la transformación política; 2) coadyuvar en el perfeccionamiento de las herramientas de persecución penal; y 3) legislar para crear mecanismos de participación directa y efectiva de las comunidades en las decisiones que les afectan.
Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?
Más que contrarrestar una desconfianza justificada, mi apuesta es la pedagogía ciudadana. Es necesario enseñar la importancia crucial del Congreso en el presente y futuro de Colombia, sensibilizando a la gente sobre el poder de elegir bien, acompañar y vigilar a sus representantes; le apuesto a la organización y empoderamiento del pueblo colombiano.
¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?
Nuestro principio rector debe ser la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Desde ahí, se deben construir las relaciones con ambos Estados, que prioricen el beneficio del pueblo colombiano, y se debe fomentar la integración latinoamericana para fortalecer nuestra posición en la negociación frente a las potencias mundiales.
¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?
Mi campaña se basa en dos pilares: la austeridad y el contacto directo con las personas que han conocido mi trabajo en los movimientos sociales. Por eso, con un presupuesto que no supera los cinco millones de pesos, derivado de ahorros personales, cubrimos la logística básica para nuestros voluntarios y un mínimo de publicidad.
¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?
Apoyo a Iván Cepeda en la consulta del 8 de marzo. Mi trabajo está enfocado en sumar a todos los sectores sociales y democráticos para lograr una victoria en primera vuelta. Apoyo a Iván Cepeda en esta consulta por su compromiso con la construcción de paz y la continuidad del proceso del cambio, estando convencido de que puede corregir los errores del gobierno Petro y profundizar en sus aciertos.
De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?
Debería continuar con la política de implementación de la Reforma Rural Integral, pero en su verdadera integralidad, superando la visión reduccionista de entrega de tierra y acompañándola de los planes y proyectos de transformación territorial planteados en el Acuerdo de Paz; debemos continuar el camino de ser una potencia mundial en la producción de alimentos.
La política de la no implementación integral del Acuerdo debe acabarse. Para ello, la prioridad es recuperar y fortalecer la figura de la Alta Consejería para la Implementación del Acuerdo de Paz. Petro subestimó este instrumento, el cual posee la potencialidad de marcar la ruta de transformación y modernización de Colombia.
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