¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?
Mi mayor motivación es servirle a los bolivarenses, demostrar que una mujer joven, hija de los barrios populares, de la educación pública, de padres desplazados por la violencia, puede llegar a representar a los bolivarenses con dignidad, con principios y con coherencia, demostrar que aquí podemos hacer política de manera diferente, sin jefes políticos ni padrinos políticos, con transparencia, y llevar la agenda de las mujeres y también la posibilidad de construir el Bolívar que nos merecemos.
¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?
No.
De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?
Voto obligatorio para fortalecer la democracia. Creemos en una democracia participativa donde la ciudadanía decida libremente quién la gobierna. Sin embargo, hoy apenas el 45% participa en las elecciones, dejando el rumbo del país en manos de unos pocos y facilitando que las maquinarias políticas influyan en la decisión colectiva.
Por eso impulsaremos una reforma constitucional que establezca el voto obligatorio, con garantías de voto libre y secreto, sanciones proporcionales, excepciones justificadas y un fuerte componente de educación cívica y transparencia electoral.
El voto obligatorio no busca imponer, sino ampliar la participación, reducir el clientelismo y fortalecer el Estado social de derecho. Más participación es más democracia.
A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?
El principal problema del país es que millones de colombianos y colombianas no tienen garantizados sus derechos fundamentales. La desigualdad no es un concepto abstracto: se traduce en un sistema de salud deficiente e inoperante, en niños que no acceden a educación de calidad ni en primaria ni en educación superior, y en oportunidades que dependen del lugar donde se nace.
Esta realidad está profundamente atravesada por la corrupción, que desvía recursos que deberían garantizar bienestar. La solución pasa por fortalecer lo público, ejercer control político riguroso, cerrar espacios a la corrupción y priorizar inversión real en salud, educación y empleo digno. Sin equidad social no hay democracia plena.
¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?
Colombia no necesita volver a reescribir reglas; por el contrario, la obligación es cumplirlas. Hoy el desafío no es redactar otra constitución, sino hacer que la actual se respete y se cumpla, especialmente en lo que garantiza derechos, participación y control sobre el poder. La Constitución del 91 sigue siendo un pacto vigente; lo que falta es voluntad política, coherencia institucional y eliminar la corrupción.
¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?
No. La democracia, para que funcione, debe ser participativa y dinámica. La alternancia en el poder es una garantía de equilibrio institucional y de contrapesos reales. Extender periodos o permitir reelección inmediata concentra poder y debilita la capacidad de control. Colombia necesita instituciones fuertes, no liderazgos permanentes. El equilibrio entre gobierno y oposición es esencial para proteger la democracia.
¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?
Estoy de acuerdo con la búsqueda de la paz y con que el diálogo sea el camino para atravesar el conflicto. No creo en la guerra como solución permanente. Sin embargo, no comparto la forma en que se ha ejecutado la política de paz total.
En Bolívar ha carecido de herramientas claras y decisiones efectivas. En el sur del departamento, la violencia no ha disminuido de manera significativa y las comunidades siguen sin garantías reales. La paz total, como está planteada hoy, no ha funcionado. Y si no se corrige su implementación, no va a funcionar.
¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?
Sí. El diálogo siempre debe ser el primer camino. La palabra debe estar por encima de las armas. Sin embargo, el diálogo no puede significar impunidad. Los procesos deben incluir verdad, reparación y resarcimiento claros y obligatorios. No puede haber negociación sin garantías para las víctimas ni para los territorios.
Hablar es necesario, pero la justicia también lo es. La paz sostenible solo es posible cuando hay responsabilidad, reparación y límites claros.
¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?
Apoyo regular el uso adulto y medicinal de la marihuana, con enfoque de salud pública y justicia social. La prohibición ha fracasado: ha llenado las cárceles de jóvenes pobres y no ha frenado el narcotráfico. Pero esa regulación debe ir acompañada de educación, control estatal y alternativas económicas reales para las comunidades campesinas. En cuanto a otras sustancias, el país aún no está preparado: primero debemos garantizar un sistema de salud mental sólido y políticas de prevención efectivas.
¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?
Sí, estoy de acuerdo. El derecho a morir con dignidad es una expresión profunda de libertad y humanidad. Nadie debería ser obligado a prolongar el sufrimiento cuando la medicina no puede ofrecer calidad de vida. El Estado debe garantizar que esa decisión sea libre, informada y respetuosa de las convicciones personales y familiares.
¿Se requiere o no otra reforma tributaria?
Sí, pero con otro enfoque: una reforma tributaria que no exprima más al trabajador de a pie, sino que cierre las brechas de evasión y privilegios. Hoy, un porcentaje del recaudo potencial se pierde en exenciones injustificadas y rutas de evasión. El que tiene más, que nos dé un poco más. No es igualdad, es equidad.
¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?
Por supuesto. Es inconcebible que subir el salario de los colombianos sea tan luchado, pero quienes lo rechazan tienen las cuentas llenas y enormes privilegios. Hay que eliminar bonificaciones excesivas, viáticos innecesarios y beneficios sin justificación. La política no puede ser un ascensor económico, sino un servicio público. Que los congresistas ganen por lo que trabajen y con límites razonables.
¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?
Sí, estoy de acuerdo. En un Estado laico, todos debemos contribuir en condiciones de equidad, especialmente cuando existen actividades económicas. La libertad religiosa es fundamental, pero también lo es la justicia tributaria.
¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?
Durante años, unos pocos han decidido por nosotros; la abstención electoral tiene una cifra cercana al 60%. Son los mismos heredando cargos y contratos. En el Congreso voy a liderar el voto obligatorio. ¿Saben por qué? Porque mientras la mayoría se queda en casa, los bandidos compran votos y se roban las elecciones. La abstención les facilita el fraude. Si votamos todos, no podrán manipular la voluntad del pueblo.
¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?
En Bolívar, de 2020 a 2025, aproximadamente 20 mujeres fueron asesinadas por el hecho de ser mujeres. Denunciar sigue siendo, para muchas, más peligroso que callar: la ruta es lenta, humillante y genera miedo. Por eso propondré CAI especializados para mujeres: puntos de atención inmediata con personal formado en violencias basadas en género, articulados con salud, Fiscalía y protección social, donde la denuncia active protección y no un laberinto de trámites.
Además, desde la Cámara impulsaré la creación de Centros Locales Integrales – CLI Violeta, con presupuesto, estándares verificables y evaluación de resultados, y ejerceré control político para que las instituciones respondan de manera oportuna y sin revictimizar. Proteger a las mujeres no es un gesto simbólico: es una condición básica de democracia efectiva
La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?
La corrupción se sostiene, en gran parte, en la baja participación y en la falta de control ciudadano. Cuando la mayoría no vota, las decisiones quedan en manos de maquinarias pequeñas pero organizadas. Por eso propongo abrir el debate sobre el voto obligatorio como una herramienta para fortalecer la democracia y debilitar las redes clientelistas.
Si más ciudadanos participan, el poder deja de concentrarse en quienes compran o manipulan votos. El voto obligatorio, acompañado de pedagogía cívica, transparencia electoral y sanciones reales contra la corrupción, amplía la base democrática y reduce la capacidad de captura del Estado por intereses particulares.
No es una solución mágica, pero sí un paso estructural: más participación, más control social y menos espacio para que unos pocos decidan por todos.
Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?
¡Hay que renovar el Congreso! Somos una candidatura joven, que nace de la gente y del territorio, y eso necesita el congreso: caras nuevas que lleguen a ejecutar no solo de forma técnica, sino con el conocimiento en terreno. Recuperar la confianza debe basarse en legislar para la gente.
¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?
Principio de soberanía. La cooperación binacional con Estados Unidos no puede ir solo en el sentido que por años ha marcado la política de seguridad del país: la lucha contra el narcotráfico; hay que volcar la mirada a la inversión en tecnología. Colombia, con el talento de su gente, está llamada a ser líder en tecnología en Latinoamérica.
Respecto a Venezuela, hay que redoblar esfuerzos para materializar acciones seguras en frontera contra grupos armados y bandas criminales que históricamente nos han estancado en el atraso.
¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?
Mi campaña se financia con recursos propios, aportes voluntarios de amigos y allegados, y mediante préstamos gestionados a través del partido. Es un proceso austero y transparente, cuyo costo aproximado asciende a 80 millones de pesos.
¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?
Respaldaré las reformas que este país necesita para garantizar derechos, reducir desigualdades y fortalecer la democracia. Más que nombres propios, apoyo un proyecto que ponga en el centro a la gente y sus condiciones de vida.
De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?
Deben continuar el fortalecimiento del salario mínimo digno, la pensión para las personas mayores sin protección y la financiación estructural de la educación pública mediante la reforma de los artículos 86 y 87. Son políticas que amplían derechos y reducen desigualdad.
La Paz Total, en cambio, debe replantearse. En territorios como Bolívar no ha logrado disminuir de forma efectiva la violencia. La paz necesita resultados concretos y verificables.
👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.
✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.
