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¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?
Mi mayor motivación es servir y defender el sector productivo, tanto a los trabajadores como a los empresarios. En Boyacá he visto el impacto directo de la incertidumbre: negocios que cierran, jóvenes sin oportunidades y sectores productivos como la minería que sostienen la economía sin un respaldo ni reglas claras. Quiero llegar al Congreso para impulsar un marco de seguridad y confianza para invertir y generar empleo; reglas claras para la producción de minería legal, una transición energética posible y control político firme. En resumen: mi motivación es que Colombia vuelva a avanzar con orden, seguridad y estabilidad.
¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?
Ninguna.
De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?
Mi principal proyecto será una reforma a la Ley 2056 de 2020 de regalías, para crear una Asignación Obligatoria que ayude a financiar una transición energética posible en Colombia: que un porcentaje de las regalías financie reconversión tecnológica y proyectos de eficiencia energética y asistencia técnica. El país debe tener metas de transición energética verificables, y debe llevarse sin destruir empleo ni afectar los sectores productivos que hoy financian el desarrollo.
A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?
Hoy el principal problema de Colombia es la pérdida de confianza en el Estado.
Se soluciona con acciones en tres frentes. Primero, orden y seguridad: recuperar control territorial y proteger las vías y corredores productivos, porque sin seguridad no hay economía regional. Segundo, reglas claras y estables para la inversión: menos incertidumbre normativa y un Estado que vea al empresario como lo que es: un aliado que genera desarrollo, empleo y productividad. Tercero, gestión con resultados y unidad alrededor de lo básico: que el dinero público se vea en obras y servicios medibles y que el debate político vuelva a enfocarse en objetivos comunes, no en confrontación y ataques personales.
¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?
Desde el funcionamiento del Estado, si el país iniciara un proceso de constituyente, se congelaría la inversión privada y se frena la productividad mientras se resuelve una pregunta básica: ¿cuáles serán las nuevas reglas? Una constituyente requiere una ley aprobada por mayoría en ambas cámaras y luego decisión del pueblo en las urnas; la ley debe fijar competencia, periodo y composición de la asamblea. Un proceso complejo y, mientras tanto, los problemas urgentes del país como seguridad, vías, empleo, salud, entre otros, quedan en espera.
Colombia no necesita reescribir su Constitución para funcionar; necesita orden, cumplimiento y reformas puntuales a través de los mecanismos ordinarios, sin aumentar la polarización ni poner en riesgo la estabilidad institucional.
¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?
Colombia no tiene una arquitectura institucional que blinde al Estado y evite que se distorsione la competencia política, se presione la institucionalidad y el Estado termine trabajando para la campaña permanente. Por lo tanto, no acompañaré ninguna iniciativa que busque la reelección presidencial.
Y en el caso de ampliar el periodo, el riesgo es el mismo: menos alternancia, menos control ciudadano y más tentación de gobernar con lógica de permanencia, no de resultados.
¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?
No como está planteada hoy. Por supuesto que Colombia necesita paz, pero una paz con autoridad, con verdad para las víctimas y con resultados medibles, no una política que, como ha advertido el Centro Democrático, termine dando ventaja a los violentos mientras se recrudece la violencia en los territorios.
¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?
Acercamiento de paz sí, pero con autoridad y condiciones. Si el diálogo se usa para dar oxígeno a grupos que siguen delinquiendo, no lo acompaño; si hay desmovilización y fin de prácticas criminales, se puede evaluar un camino estrictamente condicionado, con las víctimas en el centro del dialogo y sin impunidad.
¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?
Rechazo la legalización para uso recreativo de drogas ilícitas, incluida la marihuana y, con mayor razón, de otras sustancias que implican riesgos sanitarios y sociales más altos. Colombia no necesita normalizar el consumo; necesita reducirlo y proteger a los menores, la salud pública y la seguridad.
Legalizar la producción y el consumo para uso adulto solo va a generar efectos adversos en salud pública, incremento del consumo y la persistencia del mercado ilegal. En términos de política pública, el riesgo es que el Estado termine promoviendo la demanda de productos tremendamente nocivos sin haber resuelto prevención, atención y control.
¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?
Rechazo la eutanasia como política pública. El enfoque correcto debe ser “muerte digna” sin eutanasia: cuidados paliativos, alivio del dolor y voluntades anticipadas. El Centro Democrático ha defendido esta línea: priorizar medicina paliativa y cuestionar la eutanasia como respuesta del Estado.
¿Se requiere o no otra reforma tributaria?
Sí, pero la prioridad debe ser corregir un problema estructural: hoy el sistema castiga al sector formal y, por esa vía, limita la inversión y la creación de empleo. En la práctica, una tributación empresarial alta y compleja reduce competitividad frente a economías comparables y empuja parte de la actividad hacia la informalidad, que termina debilitando el recaudo y la productividad.
¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?
Sí, debe reducirse, y además debe establecerse una regla permanente que impida que esos salarios sigan creciendo por inercia mientras el país enfrenta dificultades fiscales y las familias ajustan su consumo.
¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?
No estoy de acuerdo con que se imponga de forma general el impuesto de renta a las iglesias por su actividad religiosa y su labor social. Esto sería una carga sobre organizaciones que, en muchos territorios, prestan apoyo comunitario y ejercen un derecho fundamental, abrir esa puerta puede convertirse en una forma de presión política o persecución indirecta contra la libertad religiosa.
¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?
Sí haría modificaciones, pero no para reescribir el sistema, sino para corregir dos fallas que hoy le cuestan legitimidad al Estado: un Congreso demasiado costoso para la capacidad fiscal del país y una política que muchas veces se desconecta de resultados medibles para la gente.
¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?
Como mujer y candidata, tengo claro que defender la igualdad no se logra solo con buenas intenciones, sino con reglas claras, cumplimiento y sanciones cuando el Estado o los partidos no cumplen.
Eso implica exigir que las entidades que nombran cargos directivos cumplan los estándares vigentes de participación de mujeres y que exista trazabilidad pública del cumplimiento, con reportes periódicos que permitan control político y ciudadano. La paridad, para ser efectiva, necesita medición y consecuencias, no solo metas.
El segundo componente es electoral y de carrera política: consolidar un semillero real de candidatas con formación, acompañamiento y reglas internas que eviten que la participación femenina sea simbólica. El tercer componente son derechos en sentido estricto, empezando por la vida libre de violencias.
La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?
Primero, cero beneficios para corruptos: sanciones efectivas que incluyan inhabilidades reales para volver a contratar u ocupar cargos, y recuperación del dinero mediante extinción de dominio y cobro coactivo donde corresponda. Segundo, protección real a quien denuncia: un sistema nacional de protección a denunciantes con medidas laborales y de seguridad, porque sin protección el ciudadano y el funcionario honesto se quedan callados y el corrupto opera tranquilo. Castigo que se cumpla y protección para que la corrupción deje de ser un negocio de bajo riesgo.
Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?
Es un problema de comportamiento y de resultados. Para contrarrestarla, yo haría dos cosas.
Eliminación de privilegios que no se justifican y promovería una reforma para reducir el costo del Congreso, empezando por congelar o recortar salarios y limitar beneficios que no son salario, pero cuestan igual. Transparencia total. Publicación de manera regular en medios masivos y en un formato simple la agenda, las votaciones, los proyectos y el uso de recursos asociados a la actividad. Para que cualquier ciudadano pueda revisar qué hacen los congresistas, qué defendió y con qué resultados.
¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?
Colombia debe manejar ambas relaciones con una lógica de interés nacional y estabilidad regional: con Estados Unidos, mantener una relación estratégica, cercana y de cooperación; con Venezuela, mientras se mantenga el régimen, sostener una relación funcional para proteger la frontera, pero sin ambigüedades frente a democracia y seguridad.
¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?
La financiación la hace directamente el partido por ser lista cerrada.
¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?
Yo respaldo a Paloma Valencia porque creo en lo que representa y en lo que puede lograr por el país. La acompaño porque es una mujer con carácter, con ideas claras y con la firmeza para poner orden donde hoy hay incertidumbre. Colombia necesita una presidenta que no le tiemble la voz para defender la seguridad, el empleo y las reglas claras para trabajar.
De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?
Yo mantendría con ajustes la formalización y titulación de tierras, porque darle propiedad segura al campesino y ordenar la tenencia es una base sensata para la productividad rural.
La política que debe acabarse es la Paz Total tal como se implementó, porque terminó debilitando la autoridad del Estado, premiando la dilación y dejando a la gente más expuesta a la violencia. Mi enfoque es cambiar impunidad por sometimiento real: quien quiera beneficios debe entregar armas, cesar delitos, reparar víctimas y someterse a la justicia; y quien no, enfrenta toda la capacidad de la Fuerza Pública con inteligencia, control territorial y cooperación judicial. La paz se construye con Estado fuerte y reglas firmes.
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