A dos semanas de la primera vuelta presidencial, vuelven a prenderse las alertas por situaciones que amenazan la seguridad de los candidatos. La última de ellas fue la denuncia del movimiento Defensores de la Patria sobre un posible atentado que habría intentado provocarse en contra del candidato Abelardo de la Espriella.
El equipo de seguridad del aspirante mencionó que durante un evento de Envigado (Antioquia) detectó una persona que se encontraba realizando “presuntas labores de inteligencia en el lugar del evento”, debido a que se hizo pasar como un integrante del esquema de seguridad de De la Espriella.
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De acuerdo con la información, al momento de la verificación, el hombre tendría en su poder armamento, binoculares, dispositivos electrónicos y otros elementos. “Asimismo, fueron hallados registros audiovisuales detallados del lugar del evento, la tarima, los accesos, los movimientos logísticos y los puntos estratégicos del sector”, indicó el equipo de Espriella.
Tras estos hechos, el candidato reforzó su esquema de protección durante sus eventos públicos utilizando de nuevo un atril con vidrio blindado antibalas. La primera vez que lo usó fue en febrero de 2026, cuando la campaña del candidato denunció una llamada anónima en la que el ELN lo declaraba “objetivo militar”, una acusación que el grupo armado negó.
Esta no ha sido la única alerta contra la seguridad de un candidato que ha ocurrido durante las últimas semanas; de hecho, el Centro Democrático informó el 25 de abril de un plan para atentar contra la vida del senador y candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en el municipio de La Dorada (Caldas).
No es la primera vez que el candidato recibe alertas de seguridad. El mismo presidente Gustavo Petro puso de manifiesto una de ellas en un consejo de seguridad que presidió. En ese momento, se acordó reforzar los esquemas de seguridad de todos los aspirantes a la Presidencia, pues figuras como la senadora y candidata uribista, Paloma Valencia, así como el abogado Abelardo de la Espriella, también recibieron amenazas en su contra y vandalismo en sus sedes de campañas.
A mediados de febrero, cuando Paloma Valencia era candidata dentro de la Gran Consulta por Colombia, también enfrentó un episodio similar al reportado por el esquema de seguridad de De la Espriella.
Durante un evento político en el que participaban la precandidata presidencial junto al expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el parque José León Armero del municipio de Honda (Tolima), las autoridades capturaron a una mujer armada.
La mujer era funcionaria del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), pero, al momento del evento, se encontraba en periodo de vacaciones. La capturada fue identificada como Mónica Fernanda Joven Urbano, quien fue imputada por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Esto se suma a las alertas de posible constreñimiento al elector en el departamento del Cauca por parte de grupos armados como el ELN o las disidencias de las Farc, así como al señalamiento de la candidata Claudia López sobre la falta de garantías para adelantar un proceso electoral, donde, además de las presiones, existe intervención en política y ausencia de debates.
Frente a esto, durante la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales (Cormpe) realizada en Manizales, el Gobierno nacional anunció nuevas medidas de fortalecimiento institucional para garantizar unas elecciones presidenciales seguras, transparentes y con plenas garantías democráticas.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseveró que durante el proceso electoral se han realizado 20 sesiones del Cormpe, donde a lo largo de los últimos siete meses se les han asignado a los candidatos presidenciales y sus fórmulas vicepresidenciales alrededor de 268 escoltas de la UNP, 425 policías, 96 vehículos blindados y 57 vehículos convencionales. Así como el acompañamiento de 11.449 hombres de la policía en 453 eventos de campaña.
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