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La carrera presidencial de 2026 ha puesto en el centro del debate dos preguntas inseparables: ¿hasta dónde llevar la política social? y ¿con qué recursos se piensa financiar? En un país donde más de 5,8 millones de hogares reciben transferencias y subsidios, hablar de expansión social sin tocar la estructura fiscal es prometer sin sustento. La sostenibilidad fiscal no es un detalle técnico: es el límite material de cualquier proyecto de gobierno y la condición habilitante para que la política social tenga continuidad.
Este análisis examina las propuestas de cinco candidatos —Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, Sergio Fajardo y Claudia López— seleccionados según el Ponderador de Encuestas de La Silla Vacía. Los ejes de análisis son: visión sobre programas sociales y transferencias, postura frente al recaudo y gasto público, y grado de claridad sobre cómo financiarán sus compromisos.
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Iván Cepeda, que llega como candidato oficialista, obliga a leer su programa en clave de balance sobre el manejo del país en los últimos tres años. Una tarea para mirar este periodo de gobierno y reflexionar sobre si sus propuestas hablan de las mejoras necesarias en materia de políticas públicas tomadas durante este tiempo, o si escoge buscar sus propias líneas de acción.
De esta manera, hay una clara apuesta por ubicar la política social —salud, educación, campo, vivienda y economía popular— como garantía de derechos y no simplemente como la mera existencia de subsidios; es decir, quiere darle a este sector un enfoque distinto. Solo que, al igual que todo candidato en esta contienda electoral, deja el cómo muy diluido y abierto a la especulación.
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El eje técnico de sus propuestas reposa en lo que su campaña llama la Ley de Austeridad Republicana: recortar salarios y gastos suntuarios del alto gobierno para redirigir esos recursos al gasto social, sin tocar tarifas ni bases gravables.
El problema aparece al contrastar esa narrativa con la herencia fiscal de su propio sector. Colombia cerró 2025 con un déficit cercano al 6,4 % del PIB; en la era Petro, el gasto de funcionamiento creció más del 35 %, con 87 billones adicionales frente al cuatrienio Duque, como bien advirtió el vice contralor general, Carlos Mario Zuluaga. Cepeda promete ordenar las cuentas actuando sobre el rubro que su propio sector amplió, sin detallar cuánto ahorro estructural generará ni cómo cerrará la brecha entre reasignación y sus compromisos sociales.
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Abelardo de la Espriella presenta una narrativa económica clara para un eventual gobierno suyo, con énfasis en desmonte tributario y reducción drástica del Estado: eliminar el 4x1000, bajar el IVA, recortar el aparato estatal en 40 %, reducir ministerios de 19 a 10 y financiar el faltante con explotación intensiva de hidrocarburos, minería y fracking. Deja en incertidumbre la política social, priorizando una administración estatal más eficiente sin más impuestos.
El problema es que este plan asume un optimismo excesivo para la economía actual, donde el gasto público es pilar de la demanda interna; un recorte tan grande retiraría varios puntos del PIB, causando contracción en ingresos, empleo y ventas privadas, con empresas optando por desendeudarse en lugar de generar empleo formal masivo en un contexto de alta informalidad.
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En el frente social, propone pasar de subsidios directos a una política de autogeneración de ingresos como herramienta principal del Estado para superar la pobreza que afecta a muchos colombianos. Promueve incentivos para que las personas generen sus propios ingresos, formalicen empleo y crezcan económicamente con apoyo estatal, en lugar de transferencias directas al bolsillo de la gente.
Aunque esto podría ignorar brechas estructurales del mercado laboral y el rol clave de las transferencias en el consumo básico de millones de hogares, enfrenta el estancamiento en movilidad social de Colombia y replantea políticas con base en datos históricos.
Paloma Valencia propone una política de déficit cero mediante recortes drásticos: reducir ministerios de 19 a 12 para ahorrar 38 billones (25 % del gasto de funcionamiento), simplificar la tributación con rebajas en renta y bienes de capital, eliminar el impuesto al patrimonio y apostar por el sector construcción para generar 30 billones adicionales en recaudo.
En lo social, defiende subsidios focalizados como Colombia Mayor, Cédula del Hogar y subsidio al primer empleo juvenil, bajo la premisa de transferencias temporales que habiliten autosuficiencia.
El desafío es que recortar impuestos arriesga agravar el déficit a corto plazo, sin garantía de que el boom de sectores como la construcción, lastrado por costos crecientes de materiales y viviendas por encima de la asequibilidad del salario mínimo, compense las pérdidas. Su énfasis en el dinamismo del mercado choca con la fragilidad del ecosistema empresarial colombiano, donde un Estado reducido podría dejar brechas significativas si el sector privado no responde con la velocidad y el volumen que el modelo supone.
Sergio Fajardo, por un lado, propone enfrentar la emergencia fiscal con rigor: respetar la regla fiscal, fortalecer la DIAN, perseguir evasores, revisar subsidios regresivos como los energéticos y aplazar la gran reforma tributaria progresiva de 2022.
En lo social, articula el mínimo digno: unificar transferencias monetarias con condicionalidades en educación, nutrición y salud; apoyos temporales por desempleo; Registro Universal de Ingresos para mejor focalización; reforma pensional por pilares contra subsidios regresivos; Sistema Nacional de Cuidado con corresponsabilidad territorial; y agenda diferencial para indígenas, afros, personas con discapacidad, víctimas y población LGBTIQ+.
El problema es que a esta arquitectura social compleja la sostiene una apuesta fiscal de austeridad gradual y alta confianza en la eficiencia administrativa, evitando comprometerse con una redistribución estructural vía impuestos a altos ingresos y patrimonios.
Este centrismo reformista es técnicamente coherente con las restricciones fiscales, pero deja dos riesgos: sobreestimar cuánto puede financiarse solo con lucha contra la evasión y recorte de ineficiencias, y postergar indefinidamente las decisiones de fondo sobre quién pone los recursos para cerrar brechas en territorios marginados.
Claudia López construye su propuesta en torno a justicia social financiada con disciplina fiscal. Combina programas de cuidado, vivienda y educación como sustitutos de transferencias condicionadas tradicionales, con una reforma tributaria que baje impuestos directos, corrija distorsiones, amplíe bases y añada una contribución extraordinaria a las 5.000 personas más ricas. Institucionalmente, propone reemplazar la estratificación por un censo nacional de ingresos y vivienda, actualizar el catastro y unificar el IVA en 15 % con devoluciones anuales a hogares pobres vía bancarización masiva.
El relato es coherente: primero ahorrar y ordenar para abaratar la deuda, luego volcar los recursos liberados al cuidado y a la infraestructura social. Es la arquitectura fiscal y social más desarrollada entre los candidatos analizados, con instrumentos concretos, metas explícitas y un hilo que conecta austeridad con expansión de derechos. Su debilidad está en los supuestos optimistas sobre crecimiento del 4 % e inversión privada del 20 %, y en la capacidad estatal real para construir y sostener los sistemas de información que toda la arquitectura exige.
La restricción que nadie puede ignorar: en conjunto, el panorama confirma que la política social y el sistema fiscal son parte del corazón del debate rumbo a la Casa de Nariño, pero también expone una tensión de fondo entre ambición programática y realismo fiscal. Casi todos reconocen el papel de las transferencias como determinantes sociales de la salud, la educación y la movilidad.
Aun así, solo algunos articulan cómo sus propuestas conectan con el saneamiento y la sostenibilidad de las finanzas públicas. Todos coinciden en que quien llegue a la Casa de Nariño recibirá un país con finanzas frágiles y un margen fiscal limitado. Será complejo cumplir todas las promesas sociales, reducir impuestos y mantener la estabilidad macroeconómica. El próximo gobierno estará obligado a priorizar y explicar con franqueza qué programas continuarán, cuáles se transformarán y qué esfuerzo fiscal adicional se le pedirá al país. En esa honestidad fiscal, más que en las promesas, se jugará buena parte de la credibilidad democrática del próximo gobierno.
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Diego Lucumí es profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes.
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Por Diego Lucumí, Escuela de Gobierno de la Universidad de Los Andes
