Elecciones regionales de octubre prenden los motores

Las elecciones regionales se realizan el último domingo de octubre, cada cuatro años. / EFE

Oficialmente empezó a correr el calendario electoral. El inicio lo marca la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, un mecanismo que fija varios parámetros en materia de financiación y establece restricciones para los servidores públicos como gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas quienes, desde ayer y hasta el día de los comicios, no podrán, por ejemplo, celebrar convenios administrativos para la ejecución de recursos públicos, participar, promover o destinar recursos públicos desde las entidades que tienen a cargo.

En palabras de la Misión de Observación Electoral (MOE), la ley es, propiamente, “un conjunto de reglas que garantizan la igualdad de condiciones entre los candidatos y regula la conducta de los servidores públicos. Uno de sus propósitos es evitar que la voluntad de los electores sea viciada por la acción u omisión de los funcionarios”. Por eso, la ley busca garantizar la transparencia en las elecciones regionales de manera que no se malversen fondos públicos y así el patrimonio no sea utilizado para conseguir apoyos políticos. Prohíbe, entonces, la contratación de personal, dar inicio a obras locales o programas sociales en reuniones y eventos en los que participen candidatos o voceros, y utilizar bienes públicos para actividades proselitistas, según explicó la MOE.

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Sin embargo, no es el único hecho que empieza a darles forma a las elecciones regionales. El jueves también venció el término para la inscripción de los registros ante la Registraduría de los comités de grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales e independientes que quieran promover el voto en blanco y comenzó el mes de la inscripción de candidatos en los partidos políticos. Ya hay algunas definiciones en varias regiones, como Antioquia, Cundinamarca, Bolívar, Valle del Cauca y Santander, entre otros, en donde los candidatos que irán a las gobernaciones y alcaldías por cada una de las colectividades están prácticamente definidos.

Por ende, lo que ocurrirá en estos treinta días será la discusión de acuerdos programáticos para pactar alianzas, como en el caso específico de Bogotá, en donde se tiene prevista una alianza de derecha, de la que hacen parte Ángela Garzón, candidata del Centro Democrático, y Miguel Uribe, quien en marzo pasado entregó más de 400.000 firmas en la Registraduría para avalar su candidatura por el movimiento Avancemos. En la otra orilla están Claudia López, de la Alianza Verde; Jorge Rojas, de Colombia Humana; Celio Nieves, del Polo Democrático; y Luis Ernesto Gómez, del movimiento Activistas. Aunque con algunas fisuras, el candidato de la centroizquierda debería quedar seleccionado al final de julio. En otro flanco del repartidor está Carlos Fernando Galán, quien recolecta firmas a través del movimiento Bogotá para la gente.

Por otra parte, este mes también será definitivo para la conformación de listas a asambleas departamentales, concejos municipales, y juntas administradoras locales (JAL), en las que las colectividades ya desplegaron procesos para la selección de candidatos. El Centro Democrático, por ejemplo, informó el jueves sobre la realización de encuestas presenciales y telefónicas, consultas a la militancia, participación ciudadana y de integrantes del partido en las regiones en las que hubo postulaciones para seguir con la entrega de avales. “Estamos buscando candidatos que representen lo mejor para la sociedad, que no hayan sido sancionados ni condenados, que sean personas de familia, que respetan a su cónyuge, que se comprometan con el desarrollo de su localidad”, comentó Nubia Stella Martínez, directora del partido.

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En términos logísticos, la Registraduría habilitó una plataforma web que podrá ser utilizada por las organizaciones políticas para que el proceso de inscripción de candidatos sea más fácil. En ese software, los partidos y movimientos podrán administrar la información de sus aspirantes y modificar listas para que, finalmente, puedan acudir a las sedes de la entidad y hacer los registros de manera oficial. El sistema fue ensayado el pasado 25 de junio con representantes de los partidos. “A la fecha, 1.209 grupos significativos de ciudadanos se han registrado para entregar firmas de apoyo. 787 para inscribir candidatos a las alcaldías, 69 a la Gobernación, 257 a concejos municipales, siete para las asambleas departamentales y 89 a las juntas administradoras locales”, señaló Juan Carlos Galindo, registrador nacional. Para las regionales se tiene prevista la inscripción de, por lo menos, 130.000 candidatos para las 1.101 alcaldías y concejos municipales, las 32 gobernaciones y asambleas departamentales y 1.040 JAL.

Terminado el plazo de inscripción de candidatos, el 27 de julio, los candidatos quedan habilitados para hacer propaganda electoral en el espacio público y las colectividades tendrán entre el 28 de julio y el 4 de agosto para realizar modificaciones a listas y aspiraciones por renuncia o rechazo de candidaturas. Posteriormente, se pone en marcha uno de los procesos más importantes para las elecciones regionales, cuando la Registraduría envíe a los organismos de control y autoridades los listados de candidatos para certificar que no tengan inhabilidades para aspirar a los cargos de elección popular.

Las estimaciones preliminares señalan que podría haber un leve aumento en la participación de ciudadanos, teniendo en cuenta que el censo electoral, de acuerdo con la Registraduría, es de 37’136.581, con corte al 26 de junio (17’960.718 hombres y 19’175.863 mujeres). Mientras que el costo de la jornada del próximo 27 de octubre estará alrededor de los $735.000 millones.