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Luego que de que se conociera una denuncia hecha por el representante Hernán Cadavid (Centro Democrático), retomada por este y otros medios, sobre altos funcionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro y la publicación de sus declaraciones de bienes y rentas en Función Pública, varias de las personas que fueron mencionadas respondieron a la versión del congresista de oposición. Según advirtieron, sí han hecho públicos estos documentos y han actuado como corresponde.
El congresista aseguró que no se han publicado las declaraciones de bienes y renta actualizadas de esos funcionarios en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep). Bajo ese argumento, presentó una queja formal ante la Procuraduría que, hasta el momento, no ha recibido respuesta.
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“Quien no lo haga, está inmerso en una causal que da para investigación disciplinaria”, señaló el legislador uribista. Y agregó que espera “que se adelanten las investigaciones correspondientes y se determinen las responsabilidades disciplinarias del caso”.
En medio de eso, cuatro embajadores le hicieron llegar a El Espectador sus documentos, que, según la normativa, están publicados en la página de Función Pública y que hacerlo, incluso, es uno de los requisitos necesarios para la posesión de un funcionario. Según conoció este diario, la última actualización fue pedida desde marzo de 2024 por quien fungía como la secretaria general (e), Paola Andrea Vásquez, y, en ese entonces, recordó la obligatoriedad para todos los servidores públicos de hacer una actualización anual de este documento.
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En los meses posteriores, los embajadores publicaron sus declaraciones de bienes y renta en el Sigep. Las fechas de la última publicación de los documentos de los jefes de misión diplomática aparecen para Sebastián Guanumen (Chile), el 8 de abril de 2024; Daniel Prado Albarracín (Bélgica), el 19 de septiembre de 2024; Alfonso Prada (Francia), el 17 de febrero de 2025 (la previa era del 26 de mayo de 2023); y de Austria, Laura Gil, el 20 de junio de 2024.
De igual forma, las cabezas de cartera también hicieron lo propio. En el caso del ministro de Educación, Daniel Rojas, la última fecha de publicación es del 17 de julio de 2024; de Justicia, Ángela María Buitrago, del 8 de julio de 2024; de Ciencias, Yesenia Olaya, del 5 de noviembre de 2024; de Defensa, Iván Velásquez (quien presentó su renuncia protocolaria la semana pasada), el 31 de diciembre de 2024; el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, el 18 de agosto de 2022; y el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, el 1 de marzo de 2024.
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La Ley 2013 de 2019 fue la que instauró esta práctica para “garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés”. De acuerdo con el artículo 3 de la normativa, esta “deberá ser actualizada cada año mientras subsista la calidad de sujetos obligados” y cualquier cambio que pueda modificar la información contenida “deberá ser comunicado a la respectiva entidad y registrado dentro de los dos (2) meses siguientes al cambio“.
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