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A partir de febrero se empezará a socializar el proyecto de ley que busca garantizar el derecho a la participación ciudadana en los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables en el país. La iniciativa, presentada por los representantes Pedro Suárez Vacca (Pacto Histórico) y Juan Carlos Losada (Partido Liberal), tendrá la primera audiencia pública este miércoles 1 de febrero en el municipio de Nobsa, Boyacá.
El encuentro se desarrollará a partir de las 9:00 a.m. en el auditorio de la Junta de Acción Comunal del Barrio Camilo Torres y será el primero de varios antes de que la iniciativa se empiece a discutir en la Comisión Primera de la Cámara, a la que pertenecen los congresistas Suárez y Losada. A la audiencia están invitados el gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán y los alcaldes de Tasco, Corrales, Beteitiva, Busbanzá, Monguí, Tunja, Nobsa, Sogamoso y Duitama, que son los municipios más afectados por la exploración y explotación de recursos naturales no renovables.
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También habrá presencia de organizaciones ambientalistas y sociales de Boyacá, delegados de la Defensoría del Pueblo, de la Corporación Autónoma de Boyacá, de la CAR Cundinamarca, de la Secretaria de Medio Ambiente de Boyacá y de la Agencia Nacional de Minería. Por parte de la academia, habrá presencia de representantes de las universidades de Boyacá, Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Santo Tomás, Escuela Superior de Administración Pública y del SENA.
El objetivo es que tanto las autoridades como la sociedad civil escuchen los objetivos del proyecto de ley que, de acuerdo con Losada, es respuesta a una sentencia de la Corte Constitucional de 2018 que advierte la ausencia de garantías para la participación sobre los proyectos extractivos y le pide al Congreso legislar para permitir que la ciudadanía tenga incidencia en la toma de decisiones.
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El congresista liberal invitó también a que desde el gobierno Petro se haga presencia en las audiencias que inician esta semana “para así garantizar que la gente pueda participar y decidir respecto del extractivismo en su territorio sin que ello dependa de la voluntad del gobierno de turno”. Losada le pidió así al presidente Petro honrar su promesa de frenar proyectos mineros, empezando en el suroeste de Antioquia.
Por su parte Suárez, representante a la Cámara por Boyacá, aseguró que si iniciativa es aprobada “las propias comunidades en los territorios, tendrán la oportunidad de decidir, de acuerdo a los impactos ambientales, sociales, territoriales y culturales generados por el proyecto extractivo, si les es conveniente o no, y si existen o son viables, las medidas tomadas para su mitigación, compensación y reparación”.
Sobre el proyecto, Losada y Suárez destacan que fue elaborado y concertado por 107 organizaciones de la sociedad civil, mientras que Robinson Mejía, del Movimiento Nacional Ambiental, sostuvo que “surge desde las necesidades de los territorios que no tienen agua potable, carreteras y escuelas, pero que sí tienen títulos mineros y bloques petroleros impuestos sin ninguna participación de las comunidades”.
