En carta pública le piden al Gobierno protección debida al liderazgo social
Más de 100 colombianos, entre los que se encuentran académicos, dirigentes políticos y líderes sociales y de derechos humanos, advierten que negar la persistencia de patrones de violencia contra el liderazgo social pone en serios riesgos la implementación del acuerdo de paz.
Redacción Politíca
En carta al presidente Juan Manuel Santos, al vicepresidente Oscar Naranjo, al fiscal Néstor Humberto Martínez y al ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, más de 100 dirigentes políticos, académicos, congresistas y ciudadanos en general, le piden al Gobierno que, más allá de expresar buenas intenciones, actúe de manera adecuada y oportuna en la defensa y prevención de nuevos ataques en contra de los líderes sociales en el país. Y, al mismo tiempo, les piden actuar frente a lo que consideran han sido “graves errores” de administradores de justicia que proceden contra el derecho y fortalecen las dinámicas de la estigmatización.
“Las personas firmantes, convencidas de que los derechos humanos son la base de la relación entre el Estado y la sociedad, estamos altamente preocupadas por la grave crisis de garantías para la participación política y el ejercicio de derechos, especialmente por parte de defensores de derechos humanos y activistas sociales. Más allá de debates semánticos, reconocemos la persistencia de patrones de violencia en función de poderes y negocios que perduran en disputas territoriales, por rentas y formas de hacer política. Al amparo de discursos de odio y de una rampante corrupción, actúan grupos que estigmatizan a los líderes sociales que se oponen a sus intereses y defienden las comunidades, recursos, y territorios”, señala la misiva.
En este sentido, reiteran que el Estado tiene la obligación de garantizar la protección adecuada de esos liderazgos y que no hacerlo constituye un delito de omisión y un desconocimiento a los principios rectores de la Constitución: “Negar la persistencia de diversos patrones de violencia contra el liderazgo social, territorios y comunidades, alienta a quienes promueven estas acciones y pone en serios riesgos la implementación del acuerdo de paz. El mapa de asesinatos y amenazas a defensores de derechos humanos y líderes en las regiones y de ataques a organizaciones sociales, muestra la realidad y dimensión de la crítica situación y la necesidad de respuestas efectivas de prevención, protección e investigación”.
En la carta, se refieren a una serie de detenciones que califican de “arbitrarias”, haciendo alusión a hechos ocurridos recientemente en el sur de Bolívar y en otras zonas del país. Y sin dar nombres, advierten que al menos en uno de los casos, la Fiscalía argumentó la supuesta necesidad de una medida de aseguramiento intramural contra una dirigente social, al considerar que era un “peligro” para el Estado y la comunidad pues podía promover marchas. “Lo que está en juego no es solamente la presunción de inocencia de unas personas, ni su derecho al ejercicio de la protesta social sino, además, la posibilidad real de la construcción de paz”.
Finalmente concluyen: “Pedimos algo elemental para todos: el derecho a tener derechos. Es la hora del cese de todas las hostilidades, incluidas la estigmatización, el uso arbitrario y desproporcionado de la fuerza o de instrumentos judiciales y, por supuesto el cese de todo atentado a la vida, a la libertad y a los derechos humanos”.
La carta la firman, entre otros, Antanas Mockus, el expresidente Ernesto Samper, Víctor de Currea-Lugo, Rodrigo Pardo García-Peña, Mario Mendoza, Brigitte Baptiste, Imelda Daza Cotes, Angélica Lozano, Ricardo Silva Romero, Camilo González Posso, Ángela María Robledo, Iván Cepeda, Daniel García Peña, Lourdes Castro García, Jorge Iván Ospina, Antonio Sanguino, Sigifredo López, Carlos Arturo Velandia, Jesús Abad Colorado, Socorro Ramírez y José Antequera Guzmán.
En carta al presidente Juan Manuel Santos, al vicepresidente Oscar Naranjo, al fiscal Néstor Humberto Martínez y al ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, más de 100 dirigentes políticos, académicos, congresistas y ciudadanos en general, le piden al Gobierno que, más allá de expresar buenas intenciones, actúe de manera adecuada y oportuna en la defensa y prevención de nuevos ataques en contra de los líderes sociales en el país. Y, al mismo tiempo, les piden actuar frente a lo que consideran han sido “graves errores” de administradores de justicia que proceden contra el derecho y fortalecen las dinámicas de la estigmatización.
“Las personas firmantes, convencidas de que los derechos humanos son la base de la relación entre el Estado y la sociedad, estamos altamente preocupadas por la grave crisis de garantías para la participación política y el ejercicio de derechos, especialmente por parte de defensores de derechos humanos y activistas sociales. Más allá de debates semánticos, reconocemos la persistencia de patrones de violencia en función de poderes y negocios que perduran en disputas territoriales, por rentas y formas de hacer política. Al amparo de discursos de odio y de una rampante corrupción, actúan grupos que estigmatizan a los líderes sociales que se oponen a sus intereses y defienden las comunidades, recursos, y territorios”, señala la misiva.
En este sentido, reiteran que el Estado tiene la obligación de garantizar la protección adecuada de esos liderazgos y que no hacerlo constituye un delito de omisión y un desconocimiento a los principios rectores de la Constitución: “Negar la persistencia de diversos patrones de violencia contra el liderazgo social, territorios y comunidades, alienta a quienes promueven estas acciones y pone en serios riesgos la implementación del acuerdo de paz. El mapa de asesinatos y amenazas a defensores de derechos humanos y líderes en las regiones y de ataques a organizaciones sociales, muestra la realidad y dimensión de la crítica situación y la necesidad de respuestas efectivas de prevención, protección e investigación”.
En la carta, se refieren a una serie de detenciones que califican de “arbitrarias”, haciendo alusión a hechos ocurridos recientemente en el sur de Bolívar y en otras zonas del país. Y sin dar nombres, advierten que al menos en uno de los casos, la Fiscalía argumentó la supuesta necesidad de una medida de aseguramiento intramural contra una dirigente social, al considerar que era un “peligro” para el Estado y la comunidad pues podía promover marchas. “Lo que está en juego no es solamente la presunción de inocencia de unas personas, ni su derecho al ejercicio de la protesta social sino, además, la posibilidad real de la construcción de paz”.
Finalmente concluyen: “Pedimos algo elemental para todos: el derecho a tener derechos. Es la hora del cese de todas las hostilidades, incluidas la estigmatización, el uso arbitrario y desproporcionado de la fuerza o de instrumentos judiciales y, por supuesto el cese de todo atentado a la vida, a la libertad y a los derechos humanos”.
La carta la firman, entre otros, Antanas Mockus, el expresidente Ernesto Samper, Víctor de Currea-Lugo, Rodrigo Pardo García-Peña, Mario Mendoza, Brigitte Baptiste, Imelda Daza Cotes, Angélica Lozano, Ricardo Silva Romero, Camilo González Posso, Ángela María Robledo, Iván Cepeda, Daniel García Peña, Lourdes Castro García, Jorge Iván Ospina, Antonio Sanguino, Sigifredo López, Carlos Arturo Velandia, Jesús Abad Colorado, Socorro Ramírez y José Antequera Guzmán.