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Un gran alboroto se armó en el país por cuenta de la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de anular la inscripción de más 71 mil cédulas en Bogotá. Esta decisión generó punzantes críticas, como la del senador liberal Horacio Serpa, quien tiene su domicilio en la capital y le fue anulada su inscripción, medida que calificó como un intento de fraude. Sin embargo, se trata de una verdad a medias, pues es claro que la trashumancia es uno de los principales delitos en los comicios y para los regionales del próximo domingo se intentó hacer de forma masiva en el resto del país.
Este delito en el ámbito nacional es realmente preocupante, pues la mayor parte de los municipios colombianos tienen una baja densidad poblacional y las elecciones se pueden ganar por un puñado de votos de diferencia. Por eso, los candidatos que cometen este fraude pagan por llevar a los votantes e inclinar la balanza a su favor.
En esta ocasión el alto número de anulación de inscripciones (1’533.000) de cédulas se dio porque Gobierno expidió el decreto 1294, que establecía el cruce de datos del Sisbén, del Departamento Nacional de Planeación, Fosyga, Anspe, la Unidad de Víctimas, Departamento de la Prosperidad Social, con la inscripción de cédulas, para establecer la residencia y el sitio de votación, y ahí quedó en evidencia el intento de fraude masivo.
La magnitud de este ilícito la explicó el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien dijo que “en Bogotá se mantuvo la inscripción porque no hay trashumancia entre localidades”. Pero en el resto del país es diferente, pues se ratifica casi la totalidad de las 1’533.000 anulaciones realizadas y hasta el momento sólo el 3 % han presentado reclamos, es decir, 44 mil recursos. “Esta es una decisión contra las mafias del trasteo de votos, que el Gobierno apoya. Se trataba de una compra anticipada, al por mayor, de conciencias de los ciudadanos”, señaló.
El Espectador indagó por estos casos en el CNE y hay ejemplos contundetes. En Sabaneta (Antioquia) se dio la inscripción de 9.582 cédulas, fueron anuladas 6.605 y solo se presentó recurso de reposición de 436. En Soledad (Atlántico) se inscribieron 85.770, se excluyeron 30.759 y solo han reclamado 33 ciudadanos. De igual forma ocurre en Floridablanca (Santander), donde se inscribieron 31.847, fueron excluidos por trashumancia 18.282 y solo hay 266 recursos de reposición. En Cota (Cundinamarca), de 6.053 inscripciones fueron revocadas 5.052, las apelaciones solo fueron 401. En Girardot (Cundinamarca) se dieron 5.964 inscripciones, revocaron 2.705 y solo 22 ciudadanos pidieron reposición.
La pregunta es: ¿Por qué si las personas se tomaron el trabajo de inscribir su cédula no reclamaron cuando fue anulada? La respuesta está en el municipio de Purificación (Tolima), donde el CTI capturó al candidato a la Alcaldía por el Partido de la U, Cristian Andrés Barragán, como determinador del fraude con la inscripción de cédulas. Por eso, los candidatos no hacen reclamos y prefieren perder la plata que invirtieron en el fraude, pues saben que si la Fiscalía identifica estas irregularidades, pueden ser detenidos.
Las cifras que manejan en el CNE señalan que los candidatos que intentaron hacer fraude han invertido cerca de $80.000 millones pagando por la inscripción de cédulas –haciendo un cálculo de $50 mil el voto–, pero ya no podrán usar esos apoyos por la anulación que realizó la Organización Electoral y los reclamos no se darán, por temor a que la Fiscalía capture a los determinadores del delito.
Pero el ilícito electoral no es lo único que tiene en la mira a un grupo de candidatos. La Fiscalía reveló ayer que de 114.000 aspirantes, 103.000 son investigados por su presunta responsabilidad en delitos que van desde deudas de alimentos hasta acoso sexual.
El caso Bogotá
Ante los reclamos que se presentaron en la organización electoral por la anulación de cerca de 71.000 inscripciones de cédulas en Bogotá, el Consejo Nacional Electoral reversó esta decisión. El motivo es que, a diferencia de otras regiones, en la capital las personas pueden residir en una localidad y trabajar en otra, lo que hace imposible determinar mediante cruces de bases de datos el lugar de votación
El vicepresidente del CNE, Felipe García, manifestó que “fundamentalmente lo que se encontró es que se les había dado tratamiento a las distintas localidades como si fueran municipios separadosy esta medida no se puede aplicar en Bogotá”.
Destituido por suplantación
El CNE destituyó a Andrés Hilarión, un funcionario que se hacía llamar Andrés Alba y suplantaba al encargado de la revisión de firmas de la Registraduría para pedirles dinero a los candidatos a cambio de lograr que pasaran todos los requisitos legales para las elecciones. De acuerdo con las denuncias, Hilarión recibió $40 millones para ayudar a Carlos Alberto Sarmiento Granados, aspirante a la Alcaldía de Tame (Arauca) por el Grupo Significativo de Ciudadanos “Proyecto Tame”, y quien no había alcanzado el número de firmas necesarias para participar en los comicios.
El caso también fue denunciado por el CNE ante la Fiscalía y la Dijín, para que se adelanten las investigaciones y tomen las medidas correspondientes.
La renuncia de William Pacheco
El presidente del CNE, Emiliano Rivera, reveló que William Pacheco, funcionario del organismo, presentó su solicitud de renuncia luego de que se conocieran las denuncias hechas por el periodista Daniel Coronell en una columna de opinión en la que afirmó que en marzo de 1991, cuando ejercía como teniente de la Policía, Pacheco estuvo involucrado en un caso de desaparición.
“Él habló conmigo y me manifestó que es víctima de varias injusticias que explicará en su momento. Indicó que esa decisión la tomó muy a pesar de no tener inhabilidades para el cargo”, dijo Rivera.
Por Redacción Política
