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A cuatro meses del cambio de gobierno, este viernes la Fundación Paz y Reconciliación (PARES) presentó un informe que analiza la situación de violencia y seguridad desde la firma del Acuerdo de Paz. En el documento se alerta que, desde agosto de 2018 –cuando asumió el Ejecutivo en cabeza de Iván Duque–, se han fortalecido y expandido al menos cuatro grupos armados organizados.
Según la publicación, se trata del Clan del Golfo, que hace presencia en 241 municipios; la guerrilla del Eln, con incidencia en 183 poblaciones; las disidencias de Gentil Duarte, con presencia en 119 municipios, y la denominada Segunda Marquetalia, con influencia en 61 municipios.
“La promesa de seguridad con la cual este gobierno ganó la Presidencia se desvaneció en esta nueva espiral de violencia”, alerta el informe, titulado “Plomo es lo que hay”, en referencia –explica PARES–, a una frase pronunciada por una persona simpatizante del partido de gobierno en medio de la marcha de rechazo al atentado realizado por el Eln a la Escuela de Cadetes General Santander en enero de 2019: “No se va a negociar, plomo es lo que hay, plomo es lo que viene”.
De acuerdo con PARES, dicha declaración fue premonitoria, advirtiendo que “este fue el camino elegido por el gobierno de Iván Duque, así lo muestra la realidad de los territorios mayormente afectados por la guerra que hoy nuevamente transitan, en palabras del profesor Gutiérrez Sanín, un nuevo ciclo de violencia”.
En esa línea, se indica que 2018 fue el año que más registró homicidios, víctimas de minas antipersonal y desplazamiento a nivel nacional desde la firma del Acuerdo, “en gran medida, producto de la agudización de las confrontaciones entre grupos armados organizados”. A partir de este año, la tasa de homicidios de los 281 municipios del posconflicto se distancia en más de 10 del promedio nacional.
Por otro lado, se alerta que entre 2016 y 2022 se registraron 191 masacres en Colombia y que desde 2018 aumentaron exponencialmente. “El aumento más dramático ocurrió entre 2019 y 2020, en más del 300 %”. Asimismo, se advierte que desde 2016, Colombia ha ocupado consecutivamente el primer lugar con más homicidios contra personas defensoras de DD.HH. en América Latina. “En el año 2020 Front Line Defender aseguró que Colombia era el país con más homicidios en contra de esta población a nivel global”.
Además, durante 2020, prácticamente en todo el territorio nacional hubo un aumento en los asesinatos contra líderes sociales. Solo en Cauca, reclama PARES, ocurrieron 61 hechos. A esta cifra le siguió Antioquia, con 29 casos, y Nariño, con 22. “Tras el desastre humanitario de 2020, en 2021 la violencia letal volvió a los niveles de 2018 y 2019, pero con dos diferencias: los grupos armados lograron consolidarse en el territorio y el miedo se apoderó de los procesos sociales en múltiples regiones del país”.
El informe sostiene también que, aunque no se reconocen presuntos perpetradores en la mayor parte de homicidios contra líderes sociales, las disidencias son las principales responsables de ataques, con por lo menos 60 casos. Le sigue el Clan del Golfo, con 33 casos y el ELN con 24. “Llama la atención que, presuntamente, la Fuerza Pública sería responsable de 16 asesinatos contra esta población”, reclaman.
Por último, con base en cifras del Ministerio de Defensa, se explica que en 2020 los casos de secuestro, terrorismo, atentados a infraestructura crítica y las acciones subversivas aumentaron con respecto a años anteriores. El caso más dramático es el de las acciones terroristas que pasaron de 208 en 2019 a 405 en 2020.
El detalle del informe
La primera parte del informe destaca que, desde el inicio de la fase pública de negociaciones entre el Estado y las Farc-EP durante 2012 a 2016, “el país experimentó una disminución continua en la tasa de homicidios de nivel general”. Sin embargo, se alerta que en el primer año tras la firma (2017), se empezó a evidenciar “la debilidad estructural del Estado” para hacerse al control territorial de zonas donde las Farc administraban justicia y seguridad.
“Ante la incapacidad del Estado de construir un plan de acción inmediato para copar este vacío de poder, distintos actores armados presentes en el territorio u otros en proceso de configuración iniciaron su expansión para hacerse al botín dejado por la antigua guerrilla”, dice el informe.
Por otro lado, entre 2018 y 2020, en lo que PARES denomina la segunda etapa del posconflicto, se llama la atención por “un pico en materia de violencia letal en los municipios mayormente afectados por la guerra”. En solo dos años, señalan, la tasa de homicidios pasó de 27 a 39,8, mientras que en el nivel nacional el aumento fue de alrededor de 1,5.
“La brecha entre la tasa de homicidios nacional y la tasa de los municipios del posconflicto se incrementó de manera vertiginosa principalmente por el estallido de las disputas que se preparaban desde el año anterior: Eln vs Epl (Norte de Santander); Eln vs Clan del Golfo (Antioquia, Chocó, Nariño, Cúcuta); ELN vs Grupos Armados postfarc o Disidencias (Cauca, Nariño y Arauca) y Clan del Golfo vs Caparros (Antioquia).
El documento indica que la llegada de la pandemia por cuenta del COVID-19, que implicó la restricción de la movilidad, produjo “un efecto de aceleración” en el fortalecimiento de los Grupos Armados Organizados. “La institucionalidad local (autoridades administrativas y de justicia) obedeciendo disposiciones normativas del nivel nacional debieron replegarse a su mínima expresión, mientras que las Fuerzas Militares aumentaron sus operaciones principalmente en materia de erradicación forzada y combatiendo al ELN y a las disidencias”.
No obstante, se alerta que, pese al amplio despliegue de la Fuerza Pública, los homicidios disminuyeron muy poco. “En los dos niveles territoriales de análisis la tasa de homicidios disminuyó solo un caso con respecto del año 2019. La tasa nacional de 2020 fue de 22,48 y la de los municipios del posconflicto 38, 49, ambas por cada 100.000 habitantes”.
En ese sentido, aunque se señala que el Ministerio de Defensa mostró cifras históricas en materia de capturas de miembros de organizaciones criminales, de erradicación forzada y de incautación de cocaína para 2020, los grupos armados organizados se expandieron y fortalecieron su control territorial: “La producción potencial de cocaína para el año 2020 aumentó y, aunque la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito UNODC presentó una relativa disminución de 10.000 hectáreas de coca cultivadas con respecto de 2019, la Casa Blanca planteó un aumento de 33.000 hectáreas llegando a la alarmante cifra de 245.000 hectáreas de coca en el país”.
Ante ello, PARES cuestiona: “¿por qué el Gobierno Nacional no está evaluando eficacia de operaciones de la Fuerza Pública sino cantidad?, ¿por qué no ha tomado medidas estructurales frente a las graves denuncias de participación de miembros de las Fuerzas Militares en actividades criminales con el Clan del Golfo?, ¿Tiene relación la obstrucción de las audiencias de Otoniel con la Comisión de la Verdad y la fuga de alias Matamba en este entramado criminal?, ¿Existe algún interés político en el negocio del narcotráfico, en el ocultamiento de las posibles relaciones entre Fuerza Pública y Clan del Golfo y en deterioro de la seguridad del país?”.
De acuerdo con el informe, Colombia atravesó un proceso de optimización de la producción de clorhidrato de cocaína de la mano de los carteles mexicanos. “Hoy puede producirse más cocaína con menos hectáreas de coca”. En ese sentido, con base en cifras de Naciones Unidas, señalan que en el 92% de hectáreas de coca que han sido erradicadas de manera forzada hay resiembra, mientras que, en el caso de la sustitución de cultivos pactada en el Acuerdo, la resiembra llega solamente al 0.8%.
Actualmente, se estima que cuatro departamentos concentran el 70% de la coca: Norte de Santander, Nariño, Putumayo y Cauca. Tibú es el municipio que concentra más coca a nivel nacional.
Por otro lado, en el caso de la minería ilegal, PARES dice que “existe una gran concentración de evidencia de explotación de oro de aluvión (EVOA) en zonas de operación de grupos armados como el Clan del Golfo y el ELN. Esta economía ilegal representa a su vez un potencial riesgo ambiental debido a su desarrollo en espacios destinados a la protección de recursos naturales”. Adicionalmente, se prenden las alerta por un aumento significativo en la deforestación, siendo la Amazonía una víctima ambiental del posconflicto, con 612.300 hectáreas deforestadas entre 2016 y 2020.
Finalmente, el último apartado del informe, que registra acciones de 2021, evidencia una consolidación del Clan del Golfo, el Eln, las disidencias de Gentil Duarte y la Segunda Marquetalia. Se llama la atención por el incremento de acciones contra la Fuerza Pública, especialmente por parte del Eln y disidencias. En esa línea se reprocha que, pese a que el presidente Duque y su partido político “dicen ser los principales abanderados de la defensa de la Fuerza Pública, lo cierto es que los escándalos por violaciones a Derechos Humanos, por connivencia con el Clan del Golfo y el aumento de sus bajas dan cuenta de la poca importancia que le dan a la legitimidad de esta institución y a la vida de sus integrantes de base”.
“No todo está perdido. El Acuerdo de Paz trajo consigo el desarme de poco más de 13.000 combatientes de las Farc-EP y una hoja de ruta para asumir las deudas del Estado y la sociedad colombiana con quienes han sido excluidos y excluidas de la participación política, social, económica y cultural. Al final, como en el mito de Pandora, después de liberados de la caja todos los males del mundo, estando al borde del aniquilamiento, en el fondo se encuentra la esperanza”, concluye el informe.