“En la Ley Comida Chatarra no se pretende prohibir, sino brindar información”: Mauricio Toro

Este es el etiquetado que propone el proyecto de ley: octogonal, negro y preciso en la información sobre los componentes del producto ultraprocesado. / Archivo

Quedan menos de cinco días para que el Senado apruebe en último debate el proyecto de etiquetado frontal de productos ultraprocesados, más conocido como Ley Comida Chatarra. La preocupación que manifiestan sus promotores es que no aparece priorizado en la agenda de la última semana de sesiones ordinarias y, si no se cita, discute y vota antes del 20 de junio, quedará archivado. En medio de las presiones de la ciudadanía, la mesa directiva lo anunció la semana pasada, pero esto no tiene ningún efecto desde que no esté en el grueso de proyectos pendientes por aprobar en la plenaria. El presidente de la corporación, Arturo Char, no se ha manifestado con relación a esta iniciativa, por lo que un grupo de congresistas radicó una proposición para pedir que se tramite antes de la fecha límite. El Espectador habló con el representante Mauricio Toro (Alianza Verde), coautor de la propuesta, quien explicó su importancia.

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¿Qué significa que este proyecto haya llegado a cuarto debate?

Esto ha sido una lucha contra titanes. Nos ha tocado superar muchas barreras y palos en la rueda que han metido el lobby de la industria y el mismo Gobierno, por medio del Ministerio de Comercio, que ha intentado que el proyecto no tenga el curso necesario. De hecho, se silenció al ministro de Salud, que estaba de acuerdo con este, acogiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud. De un momento a otro, ese liderazgo que había tenido el Ministerio de Salud, apoyando el proyecto, se vio silenciado por la superposición del ministro de Comercio, que estaba con la ANDI y la industria para que el proyecto no pasara. Sin embargo, creo que la visibilidad que se le ha dado, el apoyo ciudadano, de la sociedad civil y el mismo COVID han sido determinantes para su avance. La pandemia mostró con evidencia técnica y científica los riesgos a los que se exponen personas con enfermedades adquiridas por una mala alimentación, como la diabetes y colesterol alto, entre otros.

Habla de titanes y se entiende que son empresas de la industria, ¿cuáles son las que han hecho “lobby” y han atrasado o dilatado la discusión del proyecto?

Las empresas no lo han hecho directamente, sino que es por medio de la ANDI, con ayuda del Gobierno, logrando torpedear la discusión del proyecto, para evitar que el trámite sea rápido.

¿Y cuáles son los congresistas que han identificado con intenciones de entorpecer la discusión?

Siempre ha sido el Centro Democrático. En Cámara fue el representante Christian Garcés, que claramente tiene intereses en la industria azucarera y ha sido financiado por ellos. De hecho, hace unos días había corrido un rumor de que su esposa era una directiva de Colombina. Igual el representante (Gabriel) Vallejo. El partido ha cerrado filas junto con el Gobierno para evitar que este trámite se dé, pidiendo aplazamientos y haciendo modificaciones para que quede inane.

Si Cambio Radical no se está oponiendo al proyecto, ¿por qué cree que Arturo Char no lo ha agendado?

La verdad, es incierto. Es difícil saber a qué responde la negativa de incluirlo en el orden del día, a pesar de que hay mucha presión ciudadana con la que logramos que lo anunciara. La segunda vicepresidenta, que es del Partido Comunes, le ha enviado cartas y ha tratado de comunicarse con él, y es un silencio completo frente a este proyecto, entonces eso es lo que nos ha tenido muy inquietos y preocupados, porque el Senado, a diferencia de la Cámara, está sesionando una vez a la semana durante cuatro horas.

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¿Han identificado alguna relación de Char con la industria?

No me consta que sea así, hablan de su relación con Olímpica, de un sector de producción de alimentos cercano a su familia y nada más.

¿Qué ha planteado el Centro Democrático para tratar de modificar el proyecto de ley?

Lo que pide la ANDI, que es usualmente eliminar el tema de la advertencia en la publicidad. Nosotros aprobamos que los comerciales de los comestibles ultraprocesados en los medios tengan la misma advertencia que traerían los empaques, como ocurre con el alcohol y los cigarrillos. Ellos han intentado tumbarlo. También, contrario a lo que dice la OMS, han propuesto que junto al sello de advertencia se incluya un sello positivo. Esto es para confundir a las personas porque un alimento con excesos de azúcares y grasas, nocivo para la salud, le agregan algo de vitamina B5, niacina y fibra, y con eso justifican un sello positivo, que es colorido, bonito y llamará la atención del comprador, anulando el sello de advertencia. Otro de los temas que han pretendido eliminar es la palabra “ultraprocesado”. Si esto pasa, al final no se tendrá claridad a qué productos se les debe de exigir el etiquetado. Y buscan borrar las diferencias entre un alimento y un comestible, siendo el primero natural, y el segundo un ultraprocesado. Con eufemismos, tratan de que el proyecto pierda fuerza y quede inane.

¿Ninguno de estos temas ha quedado dentro del proyecto?

No lo han logrado, pero sí lo han intentado mucho. De hecho, algo que nosotros necesitamos corregir en la plenaria de Senado es el tema del nombre del etiquetado, que es el NOVA. Este es octagonal, frontal y negro. Ellos lograron que se quitara este tipo de etiquetado para poder confundir.

En el caso hipotético de que el proyecto se ponga en la agenda del Senado, ¿no tienen temor de que termine modificado con las propuestas que mencionó?Tenemos que darnos a la tarea, porque es esto o morir en el intento. Nunca habíamos logrado sensibilizar tanto a las personas. Tengo que decir que el Partido Conservador, que es de Gobierno, ha apoyado el proyecto, al igual que el Partido de la U, también oficialista, pero que se opuso a los cambios que el mismo uribismo quiso hacer. La realidad es que el Centro Democrático está solo en este debate.

¿Por qué es importante revelarles a las personas que este proyecto de ley está directamente ligado con el derecho a la salud y a la información?

Solo los regímenes totalitarios y las dictaduras ocultan información a los ciudadanos y manipulan a la ciudadanía. En democracias y economías de libre mercado, los países son los que tienen que informar a los ciudadanos para que tomen sus propias decisiones. El proyecto no pretende prohibir absolutamente nada, sino brindar información adecuada para que las familias, niños, niñas y adolescentes tomen sus propias decisiones en cuanto a su alimentación y a los entornos saludables que hoy necesitamos. Es muy importante que nosotros garanticemos que haya esa libertad de acceso de información. En Colombia, el costo de las enfermedades no transmisibles, derivadas de una mala dieta, superan dos reformas tributarias; o sea, son más o menos $20 billones anuales lo que costaría tratar a personas con diabetes, colesterol, obesidad y todas las enfermedades anexas. Esto es un tema también de economía para el país, de salud de los colombianos, de calidad de vida y también de salud para la economía nacional y personal, pues alguien no debe de gastarse parte de su presupuesto en medicamentos y tratamientos por enfermedades derivadas de una mala dieta. Lo importante para las familias es decirles que necesitamos gente más saludable, con mejor calidad y con más productividad, pues esta depende directamente de la calidad de vida de los trabajadores. Y aquí esto está en riesgo.

Bien decía que la pandemia mostró la importancia de este proyecto de ley, ¿qué hubiese pasado sino tuviéramos el COVID como una realidad mundial?

Creo que hubiera sido un poco más difícil sensibilizar a los ciudadanos y activar esta conversación. La pandemia generó una sensibilidad en la academia y muchos sectores que dijeron que era necesario el trámite, las personas evidenciaron los riesgos que aumentan estas enfermedades tras contagiarse de COVID y entendieron la importancia de una buena alimentación. Por eso, el proyecto tiene dos partes: la primera habla de hábitos y entornos saludables, con lo que se busca enseñarle a la gente a alimentarse bien y a entender los riesgos de una mala dieta por excesos de grasas, azúcares y sodio, pero esto debe de ir de la mano con el etiquetado frontal, porque muchas veces engañan al consumidor vendiéndoles unos productos ultraprocesados maquillados con mensajes de “altos en fibra, vitaminas y minerales”.

Con base en los avances en otros países, ¿qué evidencias hay en cuanto a la reducción del consumo de estos productos con el etiquetado frontal?

Ecuador, Chile, Perú y México son los países que han avanzado en este tema en América Latina, pero Chile es el que ha logrado el etiquetado más certero y eficiente, que es superior al de Ecuador. En Ecuador asumieron un etiquetado que es confuso, que es lo que quiere hacer la ANDI, porque es chiquito, va atrás del empaque, usa tres colores diferentes con información diferente, que no logra el impacto buscado. El etiquetado que recomiendan la OPS y OMS, que es el de Chile, es sencillo, octagonal, frontal, grande y solo usa un color (negro) y dice alto en azúcares, grasas o sodios. Eso les permite a las personas tomar mejores decisiones. En Chile se ha demostrado que no hubo impacto negativo en el empleo, que es un argumento de la ANDI, que dicen que se va a dejar de vender, que hay que sacar algunas líneas de productos y, por ende, habrá un recorte en los trabajos. En Chile, además de demostrarse lo contrario, también se evidenció el crecimiento en las ventas de las empresas, porque estas, para evitar el sello, modificaron sus fórmulas y sus contenidos, bajándole al sodio, azúcar y grasas, y creando productos más saludables. Este tipo de proyectos sí generan un impacto positivo en la dieta y en el hábito de consumo de los ciudadanos.

¿Confían en que Char programe el proyecto en la agenda antes del 20 de junio?

No pierdo la esperanza. He tenido proyectos que han estado a punto de hundirse de la misma manera que este, como lo fue la prohibición del asbesto, que se aprobó una hora antes de las 12 de la noche del último día, y lo mismo con los pagos a plazos justos, que fueron 33 minutos antes del tiempo límite que se logró la votación de la conciliación. Me preocupa que las presidencias anteriores trabajaban mucho en Senado; en esta no. Pero no pierdo la esperanza, si hay un 1 % de posibilidades, hay posibilidad.

Nota del editor: Luego de ser publicada esta nota, la oficina de prensa del Senado, a las 2:32 a.m., envió la agenda para este miércoles en la que se incluyó el proyecto de ley de etiquetado frontal para alimentos ultraprocesados.