¿En manos de quién está el proceso de paz?

EFE

La columna del profesor Medófilo Medina, publicada el pasado sábado en El Espectador, refleja el pensamiento de un sector de opinión que, en medio de las dificultades del proceso de paz, busca responsables más allá de las partes del mismo, con lo cual se les exime del deber de realizar un diagnóstico real de los problemas estructurales que han surgido en el posconflicto, con miras a que podamos hacer un esfuerzo colectivo para superarlos.

Desde hace muchos años todo lo judicializamos. Ahora que luce un tanto desportillada la paz, se quiere dejar en manos de los funcionarios judiciales la suerte de la misma, haciendo caso omiso de que las víctimas aún no ven los dividendos de la paz; la violencia ha aumentado en los territorios de consolidación; los narcocultivos se salieron de madre; los excombatientes y sus familias siguen a la espera de los proyectos productivos; el compromiso de los antiguos miembros del secretariado con la verdad, la justicia y la reparación está por verse y el tamaño de las grietas del nuevo partido deja ver la existencia de una reinserción fracturada por dentro.

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Los pequeños cultivadores

Guardábamos la ilusión de que, con la colaboración de las Farc, la erradicación voluntaria de los cultivos ilícitos sería todo un éxito. No fue así y los problemas del programa se le quieren achacar a la Fiscalía por no haber apoyado un proyecto de ley que, en medio del boom de los narcocultivos, rebajaba las penas a los narcotraficantes y llegaba al extremo de despenalizar los cultivos ilícitos hasta cierto hectareaje. ¡Quién lo creyera! Por contraste, la Fiscalía está comprometida con una ley de tratamiento penal diferenciado que honre lo pactado en La Habana y les ofrezca extinción de la acción penal a los pequeños cultivadores que cumplan con la erradicación. Pero, claro está, este beneficio debe contraerse a quien poseía cultivos ilegales hasta la firma del Acuerdo y no puede ser, como ocurre con los proyectos que se han conocido, que los beneficios se ofrezcan indefinidamente en el tiempo, lo que a futuro constituiría un estímulo perverso a la siembra, con garantía de impunidad.

Trámite de las leyes

La Fiscalía siempre ha creído que la mejor garantía de seguridad jurídica de los excombatientes depende de un claro régimen de competencias entre las distintas jurisdicciones para investigar y juzgar los diferentes delitos. El Acuerdo fue insuficiente en esta materia y no definió cómo se procedería frente a los desertores, los reincidentes y los autores de delitos permanentes, entre otros aspectos. La definición en el Congreso de estos aspectos se tomó un tiempo adicional, por la posición de los voceros de la FARC que reclamaban que todo quedara en la JEP, desconociendo dos postulados del Acuerdo: (i) que la JEP mantendría su competencia sólo sobre los delitos ocurridos hasta el fin del conflicto y (ii) que a partir del 1º de diciembre de 2016, respecto de los nuevos delitos los exguerrilleros quedarían sujetos a la ley ordinaria, como cualquier ciudadano, dado que no se les reconocía fuero o privilegio adicional. Durante los debates parlamentarios, la Fiscalía se encargó únicamente de hacer cumplir estas premisas y ahora se le quiere imputar que su tarea tenía como propósito dilatar la puesta en marcha de la nueva jurisdicción. Flaco favor le hubiese prestado a la JEP una posición pusilánime de callar frente a los defectos técnicos de los proyectos, para que las nuevas leyes sirvieran de cultivo permanente a los conflictos de competencia entre la Fiscalía y la justicia transicional y, en últimas, para que el orden legal que se expidiera fuera un cheque en blanco a la impunidad.

Los bienes de las Farc

No deja de ser alucinante que se le endilgue a la Fiscalía el pecado de hacer cumplir la ley frente al patrimonio ilícito de las Farc, que —no sobra recordarlo— acumularon como producto del narcotráfico, el secuestro y la extorsión. El Acuerdo dispuso que los bienes de la llamada economía de guerra se entregarían para indemnizar a las víctimas y los no inventariados serían objeto de extinción de dominio. Como lo afirmó la Fiscalía desde el primer momento, el inventario ofrecido fue precario; hoy se sabe que lo recibido con fines de reparación apenas asciende a cerca de $31.000 millones. De suerte que toda acción que se lleve adelante por incautar las finanzas criminales de la antigua guerrilla debe ser aceptada como un desarrollo del Acuerdo, tanto más si las evidencias que llevan los fiscales ante los jueces dan lugar a que se acepte la existencia de una inferencia razonable del lavado de activos por parte de terceros, aunque algunos sectores cuestionen las pruebas que sí ven los jueces.

El caso Santrich

Esperábamos que todos los reinsertados cumplieran de buena fe lo convenido y se alejaran del delito. Aunque era una ilusión y una esperanza colectiva, el mismo Acuerdo previó que si se perseveraba en actividades ilícitas, la Fiscalía debía actuar e incluso sería viable la extradición. Cómo puede entonces sindicarse a la Fiscalía de dar al traste con el Acuerdo por el caso Santrich, si el ente acusador no es el responsable de las conductas endilgadas. ¿Acaso el fiscal está llamado a responder de la culpa ajena y hacerse el de la vista gorda frente al delito? El fiscal es un funcionario sometido a la Constitución y la ley en la persecución del delito, más allá de las consideraciones de conveniencia que se hagan en las graderías. De manera que la alegada “inseguridad jurídica” es todo lo contrario: ha quedado en evidencia que quienes no han reincidido gozan de toda clase de garantías y hacen proselitismo en medio de una democracia mucho más plural.

Las pruebas

Y se llega al extremo de afirmar que no hay pruebas en este caso. Es un problema de ilustración. Con sentido de cooperación la Fiscalía ha enviado a la JEP doce audios que sirven de validadores de los testimonios entregados por el Gobierno de los Estados Unidos, para facilitar el trabajo de la Sección de Revisión.

En esta materia las glosas no son homogéneas. Unos afirman que las pruebas revelan la existencia de un montaje y otros, sin sonrojarse, dicen que no hay pruebas. Para dirimir los cuestionamientos de unos y otros he tomado la decisión de hacer públicos los audios, una vez la JEP se pronuncie, para que la ciudadanía pueda tener acceso a las evidencias que tiene la Fiscalía, de suerte que la historia no acoja la pérfida tesis de que la justicia se le atravesó a la paz.

Que nadie se llame a engaño: la Fiscalía quiere apostarle a la paz, sin claudicar en sus deberes. Su supremo deber judicial es velar porque se haga realidad el principio de no repetición y porque se preserve la integridad de los reinsertados y sus familias, por lo cual la Unidad Especial contra el Crimen Organizado alcanzó esta semana el esclarecimiento y judicialización de los homicidas que levantaron la mano contra la reconciliación, en el 52,5 % de los casos. Ese es el alcance de nuestro compromiso.

Todos los colombianos tenemos que trabajar para que la paz no sea un sueño fallido. Para hacerla realidad debemos empezar por reconocer que las partes no han cumplido con convicción sus compromisos y que aún tenemos la oportunidad histórica de reconocernos como una sola nación, si saldamos los pasivos pendientes. Pero no le hace bien al futuro de la reconciliación atribuirle a la Fiscalía lo que viene pasando, a menos que se llegue al extremo de sostener que ella puede financiar los proyectos productivos, tramitar las leyes acordadas y hacer efectiva la justicia, que legítimamente reclaman las víctimas frente a los crímenes de guerra.

*Fiscal general de la Nación.