En medio de agarrón, se reactiva fumigación con glifosato

Si en algún renglón han sido devastadoras las cifras contra el Gobierno, este es el aumento de las hectáreas sembradas con matas de coca. De acuerdo con la ONU han crecido el 44% al pasar de 48.000 hectáreas en 2013 a 69.000 hectáreas en 2014, y se espera el próximo informe el resultado sea aun peor. En medio de este panorama está lista la resolución para reiniciar la fumigación con glifosato, que se dio en medio de un enfrentamiento entre los miembros del Consejo Nacional de Estupefacientes.

De un lado está el Ministerio de Defensa y la Policía, encargados de la aspersión y quienes pasan al tablero cada vez que aumentan los cultivos de uso ilícito. Desde el otro, están el Ministerio de Salud, que pide protocolos salud ocupacional para los fumigadores y el Ministerio de Ambiente que pide un claro Plan de Manejo Ambiental.

Estas peticiones han retrasado el inicio de las fumigaciones y solo hubo acuerdo entre los miembros del Consejo Nacional de Estupefacientes luego de una orden del presidente Juan Manuel Santos que acogió los argumentos del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, y pidió el inmediato inicio de las aspersiones.

Antes de finalizar esta semana será firmada la resolución que contempla planes piloto de fumigación en tierra en los departamentos de Nariño y Chocó, dos de las regiones con mayor incremento de cultivos de coca. En síntesis, se empezará a cumplir la orden dada desde la Casa de Nariño.

Pero el debate es de fondo, un sector del Consejo Nacional de Estupefacientes se mantiene en el enfoque de la lucha contra las drogas que expuso el presidente Santos en las Naciones Unidas, que consideran lejanas a las que se hacen en el campo por parte de la Policía, y han generado continuos enfrentamientos con la comunidad, se habla de cerca de 1.000 en 2016.

En medio de estas diferencias está el Ministerio de Justicia, que presidente el Consejo de Estupefacientes, y ha sido objeto de reproches desde el Ministerio de Defensa por presuntamente entorpecer las metas de erradicación con los protocolos previos.

La decisión de empezar las aspersiones de forma inmediata tiene una razón de fondo: está cerca de salir el informe de Naciones Unidas sobre cultivos de coca y el resultado, tienen claro, será el incremento es sostenido. Un mal mensaje en el escenario internacional, que no le cae bien al proceso de paz, pues uno de sus puntos es sustitución de cultivos de uso ilícito.

Fuera del Consejo de Estupefacientes está la Coalición Nacional de Políticas de Drogas (una red de casi 40 organizaciones y personalidades, que pide cambios concretos en esta materia dentro del país). Ellos radicaron un derecho de petición en el cual piden información sobre los Planes de Manejo Ambiental, solicitan las pruebas técnicas que llevaron a ese organismo a tomar la decisión de retomar la fumigación.

En síntesis, lo que pretende la Coalición es establecer si el reinicio de las fumigaciones con glifosato cumple con los protocolos que se habían establecido, o si la decisión resultó más una imposición ante la necesidad de dar resultados en la erradicación.
 

Si en algún renglón han sido devastadoras las cifras contra el Gobierno, este es el aumento de las hectáreas sembradas con matas de coca. De acuerdo con la ONU han crecido el 44% al pasar de 48.000 hectáreas en 2013 a 69.000 hectáreas en 2014, y se espera el próximo informe el resultado sea aun peor. En medio de este panorama está lista la resolución para reiniciar la fumigación con glifosato, que se dio en medio de un enfrentamiento entre los miembros del Consejo Nacional de Estupefacientes.

De un lado está el Ministerio de Defensa y la Policía, encargados de la aspersión y quienes pasan al tablero cada vez que aumentan los cultivos de uso ilícito. Desde el otro, están el Ministerio de Salud, que pide protocolos salud ocupacional para los fumigadores y el Ministerio de Ambiente que pide un claro Plan de Manejo Ambiental.

Estas peticiones han retrasado el inicio de las fumigaciones y solo hubo acuerdo entre los miembros del Consejo Nacional de Estupefacientes luego de una orden del presidente Juan Manuel Santos que acogió los argumentos del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, y pidió el inmediato inicio de las aspersiones.

Antes de finalizar esta semana será firmada la resolución que contempla planes piloto de fumigación en tierra en los departamentos de Nariño y Chocó, dos de las regiones con mayor incremento de cultivos de coca. En síntesis, se empezará a cumplir la orden dada desde la Casa de Nariño.

Pero el debate es de fondo, un sector del Consejo Nacional de Estupefacientes se mantiene en el enfoque de la lucha contra las drogas que expuso el presidente Santos en las Naciones Unidas, que consideran lejanas a las que se hacen en el campo por parte de la Policía, y han generado continuos enfrentamientos con la comunidad, se habla de cerca de 1.000 en 2016.

En medio de estas diferencias está el Ministerio de Justicia, que presidente el Consejo de Estupefacientes, y ha sido objeto de reproches desde el Ministerio de Defensa por presuntamente entorpecer las metas de erradicación con los protocolos previos.

La decisión de empezar las aspersiones de forma inmediata tiene una razón de fondo: está cerca de salir el informe de Naciones Unidas sobre cultivos de coca y el resultado, tienen claro, será el incremento es sostenido. Un mal mensaje en el escenario internacional, que no le cae bien al proceso de paz, pues uno de sus puntos es sustitución de cultivos de uso ilícito.

Fuera del Consejo de Estupefacientes está la Coalición Nacional de Políticas de Drogas (una red de casi 40 organizaciones y personalidades, que pide cambios concretos en esta materia dentro del país). Ellos radicaron un derecho de petición en el cual piden información sobre los Planes de Manejo Ambiental, solicitan las pruebas técnicas que llevaron a ese organismo a tomar la decisión de retomar la fumigación.

En síntesis, lo que pretende la Coalición es establecer si el reinicio de las fumigaciones con glifosato cumple con los protocolos que se habían establecido, o si la decisión resultó más una imposición ante la necesidad de dar resultados en la erradicación.