En sesión virtual, Senado evaluará crímenes de líderes sociales y falta de seguridad

Si bien la crisis sanitaria causada por el coronavirus ha acaparado la agenda social y política, los crímenes contra líderes sociales persisten y no entran en cuarentena: solo en el último mes se presentaron al menos ocho homicidios de personas que tenían relación con actividades políticas, comunales o sociales. Ante ello, pese a no ser una sesión formal, este jueves el Congreso someterá una vez más el tema a evaluación. 

En contexto: Los homicidios contra líderes sociales ocultos por la peste del coronavirus

Así lo anunció la Comisión de Paz del Senado, que realizará una sesión virtual a las 2:00 de la tarde, “debido a la grave situación que vive en el país por el asesinato de líderes sociales”. Entre otras, participarán la ministra del Interior, Alicia Arango; la ministra de Justicia, Margarita Cabello; el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo; el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, y el jefe de la Misión de la ONU, Carlos Ruiz Massieu. 

Pese a la emergencia sanitaria causada por el COVID – 19 –que deja hasta ahora 1.065 casos confirmados, 39 pacientes recuperados y 17 víctimas mortales–, la guerra en Colombia ha seguido su curso. Según denunció la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA), desde el 6 de marzo pasado, cuando se conoció el primer caso de coronavirus en Colombia, y hasta la fecha, ocho defensores fueron asesinados. 

El organismo condenó lo que calificó como “graves hechos de violencia” los registrados en los últimos días contra liderazgos sociales y de derechos humanos, así como las persistentes afectaciones a varias comunidades del país a causa del conflicto armado y la criminalidad, “en medio de los enormes desafíos y amenazas que supone el COVID-19". 

La Misión expresó repudio por el asesinato de Carlota Salinas, en el sur de Bolívar; Marco Rivadeneira, en Putumayo; Ángel Ovidio Quintero, en Antioquia; y Omar Guasiruma y Ernesto Guasiruma, del pueblo indígena Embera en Valle del Cauca, así como de tres personas en proceso de reincorporación en zona rural de La Macarena, Meta, por lo que instó a las autoridades a avanzar en las investigaciones pertinentes. 

“La Misión de la OEA ha constatado con preocupación la continuidad de afectaciones por parte de grupos armados ilegales, como amenazas, confinamientos y desplazamientos forzados de comunidades en el Alto Baudó (Chocó), Roberto Payán (Nariño), Argelia y El Tambo (Cauca), y de hostigamientos a estaciones de Policía en el Norte del Cauca que ponen en alto riesgo a la población civil”, alertó el organismo, que también advirtió el incremento de tensión social en el marco de las erradicaciones forzadas de cultivos ilícitos en regiones como Caquetá, Putumayo y el Catatumbo. 

Por ello, elevó un llamado al Gobierno para que multiplique las medidas de prevención y protección del liderazgo social y de la población civil que habita zonas “fuertemente impactadas por la violencia y la inequidad, reconociendo su preocupación y las diversas iniciativas implementadas hasta la fecha”. 

Si bien la Misión destacó los esfuerzos que están adelantando las autoridades para prevenir y contrarrestar los efectos del COVID-19, los alentó a “disponer los recursos y las acciones necesarias” para atender a las poblaciones que, en las actuales circunstancias, “son vulnerables tanto al virus como a los efectos de las violencias y la desigualdad”. 

También reiteró la exigencia a los grupos armados ilegales a cesar todo tipo de afectación contra la población civil, la infraestructura y el ambiente, así como a respetar la integridad del personal médico, sanitario y humanitario, público y privado, que trabaja para afrontar la emergencia sanitaria. 

“La MAPP/OEA convoca a la sociedad colombiana en su conjunto a priorizar la convivencia pacífica, el bien colectivo, la solidaridad y el respeto de los derechos fundamentales. En este difícil escenario, en el que se reafirma la urgente necesidad de la paz completa, la Misión reitera su compromiso de seguir apoyando, bajo las actuales medidas de contingencia, a las comunidades e instituciones de Colombia”, precisó. 

Si bien la crisis sanitaria causada por el coronavirus ha acaparado la agenda social y política, los crímenes contra líderes sociales persisten y no entran en cuarentena: solo en el último mes se presentaron al menos ocho homicidios de personas que tenían relación con actividades políticas, comunales o sociales. Ante ello, pese a no ser una sesión formal, este jueves el Congreso someterá una vez más el tema a evaluación. 

En contexto: Los homicidios contra líderes sociales ocultos por la peste del coronavirus

Así lo anunció la Comisión de Paz del Senado, que realizará una sesión virtual a las 2:00 de la tarde, “debido a la grave situación que vive en el país por el asesinato de líderes sociales”. Entre otras, participarán la ministra del Interior, Alicia Arango; la ministra de Justicia, Margarita Cabello; el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo; el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, y el jefe de la Misión de la ONU, Carlos Ruiz Massieu. 

Pese a la emergencia sanitaria causada por el COVID – 19 –que deja hasta ahora 1.065 casos confirmados, 39 pacientes recuperados y 17 víctimas mortales–, la guerra en Colombia ha seguido su curso. Según denunció la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA), desde el 6 de marzo pasado, cuando se conoció el primer caso de coronavirus en Colombia, y hasta la fecha, ocho defensores fueron asesinados. 

El organismo condenó lo que calificó como “graves hechos de violencia” los registrados en los últimos días contra liderazgos sociales y de derechos humanos, así como las persistentes afectaciones a varias comunidades del país a causa del conflicto armado y la criminalidad, “en medio de los enormes desafíos y amenazas que supone el COVID-19". 

La Misión expresó repudio por el asesinato de Carlota Salinas, en el sur de Bolívar; Marco Rivadeneira, en Putumayo; Ángel Ovidio Quintero, en Antioquia; y Omar Guasiruma y Ernesto Guasiruma, del pueblo indígena Embera en Valle del Cauca, así como de tres personas en proceso de reincorporación en zona rural de La Macarena, Meta, por lo que instó a las autoridades a avanzar en las investigaciones pertinentes. 

“La Misión de la OEA ha constatado con preocupación la continuidad de afectaciones por parte de grupos armados ilegales, como amenazas, confinamientos y desplazamientos forzados de comunidades en el Alto Baudó (Chocó), Roberto Payán (Nariño), Argelia y El Tambo (Cauca), y de hostigamientos a estaciones de Policía en el Norte del Cauca que ponen en alto riesgo a la población civil”, alertó el organismo, que también advirtió el incremento de tensión social en el marco de las erradicaciones forzadas de cultivos ilícitos en regiones como Caquetá, Putumayo y el Catatumbo. 

Por ello, elevó un llamado al Gobierno para que multiplique las medidas de prevención y protección del liderazgo social y de la población civil que habita zonas “fuertemente impactadas por la violencia y la inequidad, reconociendo su preocupación y las diversas iniciativas implementadas hasta la fecha”. 

Si bien la Misión destacó los esfuerzos que están adelantando las autoridades para prevenir y contrarrestar los efectos del COVID-19, los alentó a “disponer los recursos y las acciones necesarias” para atender a las poblaciones que, en las actuales circunstancias, “son vulnerables tanto al virus como a los efectos de las violencias y la desigualdad”. 

También reiteró la exigencia a los grupos armados ilegales a cesar todo tipo de afectación contra la población civil, la infraestructura y el ambiente, así como a respetar la integridad del personal médico, sanitario y humanitario, público y privado, que trabaja para afrontar la emergencia sanitaria. 

“La MAPP/OEA convoca a la sociedad colombiana en su conjunto a priorizar la convivencia pacífica, el bien colectivo, la solidaridad y el respeto de los derechos fundamentales. En este difícil escenario, en el que se reafirma la urgente necesidad de la paz completa, la Misión reitera su compromiso de seguir apoyando, bajo las actuales medidas de contingencia, a las comunidades e instituciones de Colombia”, precisó.