Enseñanzas de otras guerras

El proceso de paz entre el Gobierno y las Farc ha llegado a un punto decisivo: enfrentar los saldos de las partes con la justicia y confeccionar el modelo de justicia transicional que el país debe adoptar para pasar del conflicto armado a la paz. Por eso el Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ), quizá el más grande organismo del mundo en esta materia, invitó a una decena de expertos que participaron en diversos procesos en Europa y África para debatir su vivencia y advertir sobre los principales problemas que vivieron allí, de modo que sus experiencias sirvan de ejemplo a Colombia.

El foro se denominó “La justicia penal en contextos de transición: experiencias internacionales a debate y lecciones para Colombia”, y contó con la participación de más de 20 expertos que debatieron sobre los aprendizajes de otras latitudes y las enseñanzas para nuestro conflicto. Abrió la conferencia David Tolbert, presidente de la ICTJ y una de las personas más doctas en la materia. “Colombia está inmersa en unas conversaciones de paz históricas. Se han enfrentado ya muchos y difíciles retos, aunque aún quedan cuestiones espinosas sobre la mesa. Un asunto esencial que debe solventarse es la rendición de cuentas por los crímenes más graves cometidos durante el conflicto”, expresó.

Tolbert, quien fue secretario para el Tribunal Especial en el Líbano, señaló que su intención no es decirle a Colombia qué modelo debe seguir, sino abrir el debate sobre las experiencias que el mundo ha vivido en esta materia para que se tengan en cuenta sus aciertos y no se cometan los mismos errores. En estos términos, Tolbert refirió que la conformación de tribunales internacionales ha funcionado en algunos casos y en otros no ha sido la mejor elección. Afirma el jurista que el problema en Colombia pasa por falta de confianza en las instancias de justicia, y que esta ha sido una de las razones para crear tribunales internacionales en otros conflictos.

“En mi opinión, se debería confiar en los procesos nacionales, recurriendo únicamente a tribunales internacionales después de realizar cuidadosos análisis y evaluaciones”, concluyó Tolbert, no sin antes destacar el modelo del tribunal bosnio, que a su juicio fue el que “menos perturbó el sistema jurídico nacional”, y sugirió que éste sería el modelo que mejor podría funcionar en Colombia, ya que fue “un tribunal nacional que aseguró su continuidad formando parte de la arquitectura legal bosnia, en lugar de ir desapareciendo gradualmente, como un tribunal internacional”.

Evelyn Anoya fue asesora jurídica del secretario del tribunal especial para el Líbano y explicó que en este país el conflicto contó con dos ocupaciones paralelas y se extendió desde 1975 hasta 2005, período durante el cual murieron más de 100.000 civiles. El tribunal tenía el objetivo de juzgar el asesinato de un ex primer ministro y varios líderes políticos e intelectuales, y tenía carácter internacional, pero era independiente. Hoy este órgano sigue funcionando en el proceso contra cuatro acusados, pero no ha proferido ninguna condena.

Otro de los ejemplos fue el suministrado por Marieke Wierda, quien fue asesora de la Misión de Naciones Unidas en Libia y explicó el funcionamiento de una comisión de la verdad y el Tribunal Especial en Sierra Leona. Según refirió, el conflicto allí duró 10 años, durante los cuales murieron aproximadamente 100.000 personas y hubo un contexto de fuerte violencia sexual, torturas y reclutamiento de niños.

En 1999 se hizo un acuerdo de paz, en el que se decidió compartir el poder con los rebeldes. En el año 2000 llegaron los cuerpos de paz internacional, pero pronto había 500 secuestrados. En ese contexto se pidió asistencia del tribunal internacional, que tuvo un mandato de enfocarse en responsabilidades penales, mientras que la comisión de la verdad observó el contexto en el que ocurrieron los delitos.

El problema fue que mientras la comisión de la verdad hablaba de reconciliación, el tribunal pensaba en el castigo. Al final, Sierra Leona demostró que no tiene que sacrificarse ninguna de los dos y ambas instituciones tuvieron diferentes beneficios: la comisión de la verdad se centró en las víctimas y acabó haciendo un enfoque histórico que permitió ver los problemas de raíz. Así pudo proponer reformas legales y constitucionales. Y el tribunal consiguió imputar responsabilidad a 10 de los máximos responsables. La gente percibió que hubo un castigo ejemplar.

Marko Prelec es analista del Crisis Group en Bosnia-Herzegovina y su presentación se centró en la manera como en este país europeo se persiguió a los máximos responsables de crímenes de guerra a través de un tribunal mixto. Allí se creó una Sala de Crímenes de Guerra para responder a la insatisfacción de la población, pues no fue suficiente la convivencia entre víctimas y victimarios.

La manera como se realizó la investigación para imputar responsabilidad tomó como base los testimonios de las víctimas y con la información de los delitos se armaron los casos. “Lo primero que se hizo fue un catálogo de muertes, con nombres, fechas y lugares, condición, etnia, etc. Luego ubicamos zonas y fechas de las mayores muertes. A partir de eso se establecieron prioridades. Al graficar la información se vieron los patrones de comportamiento del conflicto. Al tiempo se hizo una base de datos de sospechosos, con crímenes, testigos, lugares y víctimas. Las páginas amarillas de los crímenes de guerra. Esto permitió perseguir a los máximos responsables”, concluyó Prelec.

El proceso de paz entre el Gobierno y las Farc ha llegado a un punto decisivo: enfrentar los saldos de las partes con la justicia y confeccionar el modelo de justicia transicional que el país debe adoptar para pasar del conflicto armado a la paz. Por eso el Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ), quizá el más grande organismo del mundo en esta materia, invitó a una decena de expertos que participaron en diversos procesos en Europa y África para debatir su vivencia y advertir sobre los principales problemas que vivieron allí, de modo que sus experiencias sirvan de ejemplo a Colombia.

El foro se denominó “La justicia penal en contextos de transición: experiencias internacionales a debate y lecciones para Colombia”, y contó con la participación de más de 20 expertos que debatieron sobre los aprendizajes de otras latitudes y las enseñanzas para nuestro conflicto. Abrió la conferencia David Tolbert, presidente de la ICTJ y una de las personas más doctas en la materia. “Colombia está inmersa en unas conversaciones de paz históricas. Se han enfrentado ya muchos y difíciles retos, aunque aún quedan cuestiones espinosas sobre la mesa. Un asunto esencial que debe solventarse es la rendición de cuentas por los crímenes más graves cometidos durante el conflicto”, expresó.

Tolbert, quien fue secretario para el Tribunal Especial en el Líbano, señaló que su intención no es decirle a Colombia qué modelo debe seguir, sino abrir el debate sobre las experiencias que el mundo ha vivido en esta materia para que se tengan en cuenta sus aciertos y no se cometan los mismos errores. En estos términos, Tolbert refirió que la conformación de tribunales internacionales ha funcionado en algunos casos y en otros no ha sido la mejor elección. Afirma el jurista que el problema en Colombia pasa por falta de confianza en las instancias de justicia, y que esta ha sido una de las razones para crear tribunales internacionales en otros conflictos.

“En mi opinión, se debería confiar en los procesos nacionales, recurriendo únicamente a tribunales internacionales después de realizar cuidadosos análisis y evaluaciones”, concluyó Tolbert, no sin antes destacar el modelo del tribunal bosnio, que a su juicio fue el que “menos perturbó el sistema jurídico nacional”, y sugirió que éste sería el modelo que mejor podría funcionar en Colombia, ya que fue “un tribunal nacional que aseguró su continuidad formando parte de la arquitectura legal bosnia, en lugar de ir desapareciendo gradualmente, como un tribunal internacional”.

Evelyn Anoya fue asesora jurídica del secretario del tribunal especial para el Líbano y explicó que en este país el conflicto contó con dos ocupaciones paralelas y se extendió desde 1975 hasta 2005, período durante el cual murieron más de 100.000 civiles. El tribunal tenía el objetivo de juzgar el asesinato de un ex primer ministro y varios líderes políticos e intelectuales, y tenía carácter internacional, pero era independiente. Hoy este órgano sigue funcionando en el proceso contra cuatro acusados, pero no ha proferido ninguna condena.

Otro de los ejemplos fue el suministrado por Marieke Wierda, quien fue asesora de la Misión de Naciones Unidas en Libia y explicó el funcionamiento de una comisión de la verdad y el Tribunal Especial en Sierra Leona. Según refirió, el conflicto allí duró 10 años, durante los cuales murieron aproximadamente 100.000 personas y hubo un contexto de fuerte violencia sexual, torturas y reclutamiento de niños.

En 1999 se hizo un acuerdo de paz, en el que se decidió compartir el poder con los rebeldes. En el año 2000 llegaron los cuerpos de paz internacional, pero pronto había 500 secuestrados. En ese contexto se pidió asistencia del tribunal internacional, que tuvo un mandato de enfocarse en responsabilidades penales, mientras que la comisión de la verdad observó el contexto en el que ocurrieron los delitos.

El problema fue que mientras la comisión de la verdad hablaba de reconciliación, el tribunal pensaba en el castigo. Al final, Sierra Leona demostró que no tiene que sacrificarse ninguna de los dos y ambas instituciones tuvieron diferentes beneficios: la comisión de la verdad se centró en las víctimas y acabó haciendo un enfoque histórico que permitió ver los problemas de raíz. Así pudo proponer reformas legales y constitucionales. Y el tribunal consiguió imputar responsabilidad a 10 de los máximos responsables. La gente percibió que hubo un castigo ejemplar.

Marko Prelec es analista del Crisis Group en Bosnia-Herzegovina y su presentación se centró en la manera como en este país europeo se persiguió a los máximos responsables de crímenes de guerra a través de un tribunal mixto. Allí se creó una Sala de Crímenes de Guerra para responder a la insatisfacción de la población, pues no fue suficiente la convivencia entre víctimas y victimarios.

La manera como se realizó la investigación para imputar responsabilidad tomó como base los testimonios de las víctimas y con la información de los delitos se armaron los casos. “Lo primero que se hizo fue un catálogo de muertes, con nombres, fechas y lugares, condición, etnia, etc. Luego ubicamos zonas y fechas de las mayores muertes. A partir de eso se establecieron prioridades. Al graficar la información se vieron los patrones de comportamiento del conflicto. Al tiempo se hizo una base de datos de sospechosos, con crímenes, testigos, lugares y víctimas. Las páginas amarillas de los crímenes de guerra. Esto permitió perseguir a los máximos responsables”, concluyó Prelec.