Entre derechos y presupuesto

El costo económico de los derechos. Ese es el trasfondo del debate que se ha abierto por el trámite de la ley que reglamenta la reforma constitucional del marco fiscal, sobre el cual en su momento el presidente Juan Manuel Santos afirmó que “se ajusta al principio del Estado social y no puede entenderse como una limitación o un bloqueo a la protección de los derechos fundamentales mediante tutelas” y agregó que lo que pretendía era que el Estado contara con unas finanzas sanas y que no se comprometa por encima de sus posibilidades.

Hoy la realidad tiene matices diferentes y una modificación que fue incluida en el articulado de la ley que plantea la figura del incidente de impacto fiscal para “modular, modificar o diferir los efectos de las sentencias” por encima de los derechos que sean amparados por los altos tribunales.

En un principio la iniciativa planteaba que el procurador o ministros, cuando consideren que se van a afectar las finanzas del Estado, presenten la denominada figura de “incidente de impacto fiscal” ante el alto tribunal que emitió el fallo y en el proceso harán parte los demandados y demandantes. De acuerdo con el Artículo 6, esta figura será argumentada con las consecuencias que puede generar para la sostenibilidad, las condiciones que se darían y los planes específicos para garantizar el cumplimiento de las sentencias.

Hasta ahí podría parecer una iniciativa bien intencionada que en la práctica respetaría la independencia de la justicia, buscando la ruta más conveniente para el país a la hora de cumplir las sentencias. Pero no es así: en el segundo debate, por solicitud del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, le fue realizada una modificación que señala que se “acatará el fallo en los términos contenidos en el plan de cumplimiento”.

Palabras más, palabras menos, si la Corte que emitió el fallo no está de acuerdo con el incidente de impacto fiscal ni con las medidas para modular la sentencia, del mismo modo, el Gobierno, por medio del Ministerio de Hacienda impondrá su decisión. Con este “mico”, la principal afectada será la acción de tutela, la herramienta con que cuentan los ciudadanos para que les sean amparados sus derechos fundamentales.

Así lo dejó claro el columnista de El Espectador Rodolfo Arango, al asegurar que “en plata blanca, todo el proceso deliberativo ante las altas cortes se torna un saludo a la bandera: el Gobierno impone su criterio al de los jueces, haciendo volar por los aires la separación de poderes, la independencia judicial y el Estado Social de Derecho. Será este el adiós a sentencias de tutela como las adoptadas en casos de desplazamiento forzado, hacinamiento carcelario o ajuste económico estructural”.

El senador Jorge Enrique Robledo, quien advirtió lo que se veía venir desde que fue tramitada la reforma constitucional de sostenibilidad fiscal hace dos años, sostiene que “se trata de un golpe de muerte a la tutela, al igual que lo que están tratando de hacer con la salud. Es evidente que a este gobierno le molesta la tutela. Lo que resulta más molesto es que no lo dicen abiertamente. Se trata de una redacción tramposa y mañosa para ocultar el hecho, la Corte toma la decisión, el gobierno la apela, si la Corte no está de acuerdo, se impone el punto de vista del doctor Cárdenas”.

La directora del Observatorio Nacional de la Administración de Justicia, María del Pilar Arango, afirma que cuando la Corte Constitucional le dio vía libre al acto legislativo de sostenibilidad fiscal creyeron en la buena fe del Gobierno y entendieron que la encargada de ejecutar el gasto es la rama ejecutiva. “Pero como están las cosas, se trata de un engaño y de un irrespeto a la independencia entre las ramas del poder. Las personas que en poco tiempo podían exigir sus derechos, ahora tendrán un inconveniente más y la percepción será que es la justicia la que dilata los procesos, cuando es el Gobierno el que no está acogiendo los fallos”, afirmó.

Más allá del debate jurídico el tema tiene gran relevancia en el ámbito social. A través de sentencias, los colombianos han accedido a servicios de salud que reiteradamente son negados por el sistema de salud, que está al borde del colapso. A través de la tutela le fueron exigidas al Estado medidas de fondo para enfrentar el desplazamiento. Por la misma vía fue reclamado el respeto a los derechos de los reclusos. En síntesis, de mantenerse el articulado como está, se estaría dando un golpe de gracia a los derechos fundamentales.

El costo económico de los derechos. Ese es el trasfondo del debate que se ha abierto por el trámite de la ley que reglamenta la reforma constitucional del marco fiscal, sobre el cual en su momento el presidente Juan Manuel Santos afirmó que “se ajusta al principio del Estado social y no puede entenderse como una limitación o un bloqueo a la protección de los derechos fundamentales mediante tutelas” y agregó que lo que pretendía era que el Estado contara con unas finanzas sanas y que no se comprometa por encima de sus posibilidades.

Hoy la realidad tiene matices diferentes y una modificación que fue incluida en el articulado de la ley que plantea la figura del incidente de impacto fiscal para “modular, modificar o diferir los efectos de las sentencias” por encima de los derechos que sean amparados por los altos tribunales.

En un principio la iniciativa planteaba que el procurador o ministros, cuando consideren que se van a afectar las finanzas del Estado, presenten la denominada figura de “incidente de impacto fiscal” ante el alto tribunal que emitió el fallo y en el proceso harán parte los demandados y demandantes. De acuerdo con el Artículo 6, esta figura será argumentada con las consecuencias que puede generar para la sostenibilidad, las condiciones que se darían y los planes específicos para garantizar el cumplimiento de las sentencias.

Hasta ahí podría parecer una iniciativa bien intencionada que en la práctica respetaría la independencia de la justicia, buscando la ruta más conveniente para el país a la hora de cumplir las sentencias. Pero no es así: en el segundo debate, por solicitud del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, le fue realizada una modificación que señala que se “acatará el fallo en los términos contenidos en el plan de cumplimiento”.

Palabras más, palabras menos, si la Corte que emitió el fallo no está de acuerdo con el incidente de impacto fiscal ni con las medidas para modular la sentencia, del mismo modo, el Gobierno, por medio del Ministerio de Hacienda impondrá su decisión. Con este “mico”, la principal afectada será la acción de tutela, la herramienta con que cuentan los ciudadanos para que les sean amparados sus derechos fundamentales.

Así lo dejó claro el columnista de El Espectador Rodolfo Arango, al asegurar que “en plata blanca, todo el proceso deliberativo ante las altas cortes se torna un saludo a la bandera: el Gobierno impone su criterio al de los jueces, haciendo volar por los aires la separación de poderes, la independencia judicial y el Estado Social de Derecho. Será este el adiós a sentencias de tutela como las adoptadas en casos de desplazamiento forzado, hacinamiento carcelario o ajuste económico estructural”.

El senador Jorge Enrique Robledo, quien advirtió lo que se veía venir desde que fue tramitada la reforma constitucional de sostenibilidad fiscal hace dos años, sostiene que “se trata de un golpe de muerte a la tutela, al igual que lo que están tratando de hacer con la salud. Es evidente que a este gobierno le molesta la tutela. Lo que resulta más molesto es que no lo dicen abiertamente. Se trata de una redacción tramposa y mañosa para ocultar el hecho, la Corte toma la decisión, el gobierno la apela, si la Corte no está de acuerdo, se impone el punto de vista del doctor Cárdenas”.

La directora del Observatorio Nacional de la Administración de Justicia, María del Pilar Arango, afirma que cuando la Corte Constitucional le dio vía libre al acto legislativo de sostenibilidad fiscal creyeron en la buena fe del Gobierno y entendieron que la encargada de ejecutar el gasto es la rama ejecutiva. “Pero como están las cosas, se trata de un engaño y de un irrespeto a la independencia entre las ramas del poder. Las personas que en poco tiempo podían exigir sus derechos, ahora tendrán un inconveniente más y la percepción será que es la justicia la que dilata los procesos, cuando es el Gobierno el que no está acogiendo los fallos”, afirmó.

Más allá del debate jurídico el tema tiene gran relevancia en el ámbito social. A través de sentencias, los colombianos han accedido a servicios de salud que reiteradamente son negados por el sistema de salud, que está al borde del colapso. A través de la tutela le fueron exigidas al Estado medidas de fondo para enfrentar el desplazamiento. Por la misma vía fue reclamado el respeto a los derechos de los reclusos. En síntesis, de mantenerse el articulado como está, se estaría dando un golpe de gracia a los derechos fundamentales.