Publicidad
15 May 2022 - 2:52 a. m.

“Es necesario que alguien vigile al vigilante”: Gustavo Gallón

El director de la Comisión Colombiana de Juristas analiza la posición de nuestro Estado ante el Sistema Interamericano por desobedecer la orden de la Corte IDH, de abstenerse de sancionar, a través de un órgano oficial que no es juez penal (la Procuraduría), a funcionarios elegidos por voto popular. El país repite la historia: como en el caso del exalcalde Petro, un procurador - en este caso, procuradora -, de ideología de derecha, separa de su cargo al mandatario de Medellín del cual sospecha que apoya al candidato presidencial de izquierda.
"Hay lugar a que se ordene  indemnizar los daños causados", advierte el jurista Gustavo Gallón.
"Hay lugar a que se ordene indemnizar los daños causados", advierte el jurista Gustavo Gallón.
Foto: Óscar Pérez

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de julio del año 2020, conocida como “Caso Petro Urrego vs. Colombia”, protegió los derechos políticos del hoy candidato presidencial y de sus votantes a la Alcaldía de Bogotá. Esa sentencia señala que un funcionario elegido por voto popular puede ser destituido solo por sentencia de un juez penal. ¿La suspensión de los alcaldes de Medellín e Ibagué, por decisión de la Procuraduría, incumple la orden de la Corte IDH?

La Convención Americana prohíbe, de manera clara y tajante, la restricción de derechos políticos de funcionarios elegidos popularmente, a menos de que sea adoptada por sentencia condenatoria dictada por un juez penal. La sentencia de la Corte Interamericana en relación con la destitución del entonces alcalde Gustavo Petro por parte del procurador (Alejandro Ordóñez) lo único que hizo fue aplicar dicha norma, que está vigente para los Estados miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, incluido Colombia. La Corte añadió que “... tanto la destitución como la inhabilitación son restricciones a los derechos políticos, no solo de aquellos funcionarios públicos elegidos popularmente, sino también de sus electores”. Ya había dicho lo mismo en el caso de Leopoldo López contra Venezuela, en septiembre de 2011.

La procuradora Cabello insiste en que ella tiene la facultad de sancionar a todos los servidores públicos, incluyendo a quienes son elegidos (alcaldes, gobernadores, congresistas...). Esta interpretación y la suspensión actual de los dos alcaldes mencionados, ¿pueden ser también, como en el caso Petro, demandadas ante el Sistema Interamericano?

Si las normas internas le permiten a la Procuraduría destituir a funcionarios elegidos popularmente, estas son contrarias a la Convención Americana. Y, por consiguiente, no pueden aplicarse, pues ello constituiría -y lamentablemente constituye- una violación de la misma. La Convención, que es un tratado internacional de derechos humanos, es parte de la Constitución, pues integra lo que se llama el Bloque de Constitucionalidad, por virtud del artículo 93 de la propia Carta Política. Por consiguiente, la decisión de la Procuraduría de suspender a funcionarios elegidos popularmente puede demandarse ante la jurisdicción nacional, y debería anularse. Por supuesto, también puede demandarse ante el Sistema Interamericano y daría lugar a una decisión como las que ocurrieron con los casos de Leopoldo López, en Venezuela, y de Gustavo Petro, en Colombia.

¿Cuánto tiempo se demora el trámite y las respuestas en la Corte IDH? Pregunto debido a que podría pasar todo el período para el que los alcaldes de Medellín e Ibagué fueron elegidos y, para cuando llegue la respuesta, esta ya no tendría efecto práctico.

Los trámites en el Sistema Interamericano, por lo general, toman su tiempo. Sin embargo, en situaciones como estas, el Sistema suele darles prelación. El caso de Leopoldo López duró tres años y medio: uno y medio ante la Comisión y dos ante la Corte. Se presentó ante la Comisión el 4 de marzo de 2008. Luego pasó a la Corte el 14 de diciembre de 2009 y se dictó sentencia el 1º de septiembre de 2011. El de Gustavo Petro duró casi siete años: cuatro ante la Comisión y poco menos de tres ante la Corte. Pero las diversas actuaciones durante la tramitación de cada uno de los dos casos produjeron efectos oportunos, dentro del país, desde antes del informe de la Comisión y de la sentencia de la Corte. En el caso de Petro se activaron, además, recursos nacionales que contribuyeron a frenar la aplicación de las sanciones. De otra parte, se pueden pedir medidas cautelares desde el inicio.

De su respuesta se deduce que si la suspensión del mandato de los alcaldes, en particular el de Medellín, tuvo intención política-electoral, ya cumplió su cometido, pues estamos a días de la primera vuelta presidencial.

Puede ser, pero la medida cautelar dentro del trámite de la tutela puede decidirse en pocos días, es decir, con anterioridad a las elecciones. En la Comisión Interamericana, ordinariamente, se toma un poco más de tiempo, pero no es descartable que, dada la gravedad del asunto, también haya una decisión pronta. En derecho interno, la decisión de suspender a un alcalde u otra semejante no puede aplicarse mientras no esté en firme, aunque parece que en este caso está tratando de ejecutarse de inmediato, lo cual agrava la arbitrariedad de la conducta violatoria de la Convención Americana.

Si se pretendiera que la procuradora es la última instancia en esta especie de proceso, la declaración de la doctora Cabello, claramente parcializada por expresiones que usó como la de que “no se equivoquen conmigo”, que no son propias de un juez, ¿podría ser motivo para recusarla?

Todo indica que la procuradora está incursa en una causal de recusación, lo cual la inhabilitaría para resolver la apelación y tendría que designarse, eventualmente, a un procurador o procuradora ad hoc. Esto haría que se alargara el tiempo para poder aplicar la orden de suspensión mientras el funcionario ad hoc resuelve la apelación. Cabe aclarar que esta no sería la última instancia judicial, sino la última instancia administrativa, y que su decisión puede ser demandada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Allí puede pedirse, como medida cautelar, la inaplicación provisional de la orden de suspensión.

La señora Cabello impulsó una reforma a la Procuraduría para adaptarla, presuntamente, a lo ordenado por la Corte IDH. Así, pidió más presupuesto: le fue concedido; pidió más personal: le fue concedido; ideó un tipo de subsistema judicial dentro de ese organismo, que le fue aprobado por el Congreso. Para usted, ¿esa reforma cumple o no con lo exigido por la Corte IDH a Colombia?

La Corte fue muy clara en ordenar que las normas jurídicas colombianas se ajustaran a lo dispuesto en la Convención, y advirtió que “el deber de adecuar el derecho interno implica que las normas que prevén restricciones a los derechos políticos -o que facultan a autoridades para su imposición- deben ajustarse a lo previsto en el artículo 23.2 del mismo instrumento”. En cuanto al Código Disciplinario Único que prevé la facultad de la Procuraduría para destituir e inhabilitar a funcionarios públicos, dijo que “una sanción de inhabilitación o destitución de un funcionario público democráticamente electo por vía de autoridad administrativa y no por ‘condena, por juez competente, en proceso penal’ es contraria a la Convención” y, por consiguiente, debe reformarse. La procuradora, en vez de hacerle caso, promovió la reforma del Código Disciplinario, a través de la cual reafirmó la facultad de la Procuraduría para sancionar, con destitución, a funcionarios elegidos popularmente. Para ello, dicha ley le atribuyó funciones jurisdiccionales a la Procuraduría. Pero esa ficción de convertir a los procuradores en seudojueces es insuficiente para que la legislación colombiana se armonice con la Convención.

Pero esa reforma les atribuyó a los procuradores delegados presuntas funciones jurisdiccionales...

Por más que hayan recibido atribuciones jurisdiccionales, los agentes de la Procuraduría no son jueces penales. La procuradora hizo, entonces, todo lo contrario de lo que la Corte le ordenó al Estado colombiano y, en consecuencia, no solamente incumplió dicha orden, sino que la desobedeció y se insubordinó contra ella.

¿El incumplimiento de una orden de la Corte IDH puede acarrearle sanciones al Estado colombiano? ¿Cuáles, además del golpe a su reputación internacional como país firmante de la Convención Americana de Derechos Humanos?

Claro que puede acarrearle sanciones. Por lo pronto, tanto en los órganos judiciales dentro del país como en la Comisión y en la Corte Interamericana hay lugar a que se ordene indemnizar los daños causados si los afectados así lo demandan. Esa indemnización debe pagarla el Estado, que, a su vez, está obligado a cobrársela a quien o quienes hayan ordenado la suspensión. En materia de reputación, también hay efectos que serían más graves en este caso, pues se trataría de una segunda condena a Colombia por una situación igual a la ya decidida en una sentencia anterior (la de Petro).

La procuradora suspende a los dos mandatarios locales con el argumento de que violaron la prohibición de participar en política. Sin hacer una gran búsqueda, es fácil concluir que ellos sí estarían tratando de favorecer, con sus declaraciones, a los dos candidatos a la Presidencia con mayor apoyo electoral. ¿Esos hechos notorios “legalizan” la decisión de suspensión de la Procuraduría o, al menos, la justifican?

La Procuraduría no está impedida de actuar frente a intervenciones indebidas en política por parte de funcionarios elegidos popularmente. En tales eventos puede hacer, por lo menos, tres cosas: amonestar al funcionario, investigar la conducta y denunciar los hechos ante un juez penal, si considera que hay mérito para ello. Lo que no puede hacer es suspender o destituir al servidor público elegido popularmente, porque, reitero, se lo prohíbe la Convención Americana en su artículo 23. Nada puede justificar ni legalizar la violación de esa expresa prohibición.

El hecho de que la procuradora haya sancionado al alcalde de Medellín -quien estaría favoreciendo al candidato Petro- y al alcalde de Ibagué -que se inclinaría por el candidato Gutiérrez-, ¿garantiza la imparcialidad y función “juzgadora” de la señora Cabello?

La primera función de la procuradora o del procurador, según el artículo 277 de la Constitución, es “vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos”. Si la procuradora no cumple la Constitución, ni la Convención Americana, ni las órdenes de la Corte Interamericana, da muy mal ejemplo a los agentes estatales y a la ciudadanía. Y pierde autoridad moral para vigilar el cumplimiento de lo que ella misma desconoce. No es una conducta adecuada a la imparcialidad política.

La suspensión de los dos alcaldes quince días antes de la primera vuelta para elegir al nuevo presidente de la República, ¿incidirá en los resultados electorales y favorecería o perjudicaría a cuál de los candidatos?

Eso depende mucho de cómo se maneje políticamente el tema por los diversos actores. Puede afectar a los candidatos cercanos a los alcaldes sancionados porque los debilite e inhiba en sus actividades. Pero también puede hacerlos crecer si logran generar una reacción ciudadana fuerte a través de la cual la sanción se transforme en apoyo de sus electores.

Muchos otros funcionarios elegidos popularmente han hecho gestos o dicho frases que indicarían que violaron la prohibición de participación en política. Le pongo un ejemplo: el candidato Gutiérrez llegó a una convención en donde estaban reunidos más de 200 alcaldes de pequeños y medianos municipios y muchos de ellos le expresaron su apoyo de manera clara y abierta ¿Estos mandatarios locales también deberían ser investigados o no por la Procuraduría?

Investigados sí, y eventualmente denunciados ante un juez penal, pero suspendidos o destituidos no, porque lo prohíbe expresamente la Convención Americana de Derechos Humanos.

Es bien conocido el mensaje público del comandante del Ejército, general Zapateiro, en contra del candidato Petro, con expresiones bastante agresivas. ¿Esa conducta del militar de tan alto rango hubiera merecido apertura de investigación disciplinaria y también penal?

Cabría acción disciplinaria, a cargo de la Procuraduría, por posible violación del artículo 219 de la Constitución, que establece que la Fuerza Pública no es deliberante y que prohíbe a sus miembros “intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos”. También podría configurarse la falta denominada intervención en política, prevista en el artículo 60 del Código Disciplinario. La investigación penal y la eventual acusación del comandante del Ejército le corresponderían al fiscal general, a la vicefiscal o a los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia. La acción política habría debido ejercerla el presidente de la República que, por el contrario, cohonestó ese comportamiento indebido y contrario al Estado de derecho.

El más notorio de los casos de altos servidores públicos que ha intervenido en política electoral ha sido, sin duda, el propio presidente Duque a favor de Federico Gutiérrez. Si bien la procuradora Cabello no tiene competencia para investigar al jefe de Estado, sí puede “llamarle la atención”, como lo hizo en 1970 el procurador Mario Aramburo al presidente Carlos Lleras Restrepo, tal como lo recordó el profesor Rodrigo Uprimny en columna reciente. ¿Cree usted que habría necesidad de amonestar al mandatario?

Totalmente de acuerdo con Rodrigo Uprimny. Si el procurador Aramburo amonestó al presidente Lleras cuando la Procuraduría se ejercía “bajo la suprema dirección del Gobierno”, con mayor razón debería la procuradora Cabello Blanco amonestar al presidente Duque siendo la Procuraduría, desde la Constitución de 1991, un órgano independiente. Son reiteradas las oportunidades en que el presidente se ha pronunciado en contra de un candidato presidencial, sin mencionarlo por su nombre, pero sí identificándolo a través de características políticas que él le atribuye.

¿Ante quién o quiénes se puede denunciar a la procuradora Margarita Cabello por su propia intervención en política por suspender, días antes de las elecciones, al alcalde de la segunda ciudad más importante del país?

Su juzgamiento, al igual que el de los generales, corresponde a la Corte Suprema de Justicia, previa investigación y acusación por parte del fiscal, la vicefiscal o los fiscales delegados ante la misma Corte. Es lamentable que no haya posibilidades de que ello ocurra, en las actuales circunstancias. Es evidente la necesidad de que alguien vigile al vigilante.

La pregunta de fondo: con todo lo que está sucediendo alrededor del debate electoral en cuanto a una alta crispación y agresividad de los ánimos se puede decir que el ambiente está “nervioso”. Para usted, ¿está en riesgo la democracia electoral de Colombia?

Está en riesgo la democracia electoral, así como la paz, la convivencia y la seguridad, entre otros derechos. Si no se cumple y por el contrario se desafía una orden clara, como la impartida por la Corte Interamericana a Colombia en relación con el tema que hemos tratado, ¿qué esperanzas hay de que se cumplan y se respeten las obligaciones estatales vigiladas solamente por los órganos nacionales? ¿Y qué esperanzas hay de que las hagan cumplir los órganos de control? Tal vez lo que nos da alguna garantía todavía, y no siempre, son los órganos de justicia, que ojalá contribuyan, guiados por el respeto al Estado de derecho y a los derechos humanos, a que tengamos, en el futuro, gobernantes que ejerzan sus funciones en nombre de toda la población colombiana y que contribuyan a superar la política de odio que parece haber prevalecido hasta ahora en nuestro país.

La “conducta insolente” del Estado colombiano

El desacato de Colombia a la orden de la Corte IDH con la reforma a la Procuraduría que es una “jugadita” de las que suelen usar los personajes de la vida pública nacional para burlarse de las normas, ¿puede acarrearle al Estado otro tipo de sanciones además del pago de una indemnización?

Puede dar lugar a una declaración adicional en que la Corte repruebe la conducta insolente del Estado colombiano por contrariar su decisión expresa y clara. Es decir, un regaño. Ese regaño, además de que lo hace la Corte, puede ponerse en conocimiento de la Asamblea General de la OEA o de su Consejo Permanente, lo cual lo haría más sonoro. Irónicamente, el embajador de Colombia ante la OEA - que integra el Sistema Interamericano de Derechos Humanos - es el exprocurador Alejandro Ordóñez, el mismo funcionario que destituyó al exalcalde Petro en un acto ilegítimo según la Comisión y la Corte IDH. Que Ordóñez sea el representante del Estado en ese foro diplomático ¿es un desaire del gobierno Duque al Sistema y a la propia Convención?

Sí: es un desaire al Sistema, a la Convención y al pueblo colombiano que debería estar representado, en ese espacio, por una persona sin antecedentes en materia de violación de derechos humanos.

“Puede pedirse la inaplicación de la suspensión (del alcalde)”

Interponer una tutela contra la decisión de la Procuraduría, ¿tendría el efecto rápido de regresar a los alcaldes a sus despachos o es necesario lograrlo mediante la petición de medidas cautelares a la Comisión Interamericana?

Entiendo que la decisión no fue adoptada por la Procuradora General sino por un delegado o delegada. Siendo así, cabría, ante todo, un recurso de reposición y de apelación ante la misma Procuraduría. Aunque, tal como están las cosas, no se necesita ser adivino para vaticinar que esos recursos no tienen futuro pues la decisión de suspender a los alcaldes ha sido respaldada, públicamente, por ella. Pero lo anterior también quiere decir, en primer lugar, que la orden de suspensión no está todavía ejecutoriada; y, en segundo lugar, que es necesario interponer esos recursos o, al menos, el de apelación, como condición para intentar una acción judicial que no sería todavía la tutela sino una acción de nulidad y restablecimiento del derecho. En ese trámite puede pedirse, como medida cautelar, la inaplicación de la medida de suspensión. Excepcionalmente podría intentarse una tutela, como parece que ya se ha hecho. En lo internacional, procede pedirle también a la Comisión Interamericana medidas cautelares.

Recibe alertas desde Google News

Temas relacionados

ColombiaPolíticaalcaldes