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En las ciencias sociales el estudio de las élites ha cobrado mucha vigencia en los últimos años, ya que numerosas publicaciones académicas han demostrado cómo el perfil, la capacidad de consenso y la voluntad de aceptar el imperio de la ley inciden significativamente en el tipo de régimen político (democracia o dictadura), los niveles de violencia y la estabilidad institucional en diferentes países. Por estas razones, vale la pena examinar cómo reaccionaron sectores claves de la élite política y económica a la orden de detención preventiva del expresidente Álvaro Uribe.
La élite política
Las élites son individuos o grupos que concentran los medios institucionales y materiales para tomar decisiones que tienen un impacto fuerte en la estabilidad, los valores, las creencias y las condiciones de vida del resto de la sociedad. En el caso de la élite política, las reacciones frente a la decisión de la CSJ oscilaron entre la polarización ideológica y el silencio estratégico.
Así, cuando se examinan los pronunciamientos de la totalidad de los senadores elegidos para el periodo 2018-2022, se observan las siguientes reacciones: primero, quienes apoyaron abiertamente la decisión de la CSJ —e inclusive la celebraron— fueron los militantes en los partidos de izquierda: la FARC, los Decentes (a excepción del polémico “Manguito”), Colombia Humana, la Unión Patriótica y el Polo Democrático (a excepción de Jesús Alberto Castilla). A esta lista se sumaron los senadores vallunos del Partido de la U Roy Barreras y José Ritter López, y los congresistas de la Alianza Verde Jorge Londoño, Antonio Sanguino y Jorge Guevara (quien reemplazó a Mockus).
Por el contrario, quienes rechazaron públicamente la decisión de la CSJ fueron senadores de partidos ubicados a la derecha, tales como el Centro Democrático, así como senadores costeños y paisas del Partido Conservador (Nora García Burgos, David Barguil, Efraín Cepeda y Juan Diego Gómez). A esta lista se sumaron de forma individual los parlamentarios John Milton Rodríguez del partido cristiano Colombia Justa Libres, Juan Felipe Lemus del Partido de la U, Carlos Fernando Motoa de Cambio Radical y Jonathan Tamayo de la lista de los Decentes. (Ver gráfico)
Sin embargo, los senadores que representan la “política tradicional” o que hacen parte de orientaciones ideológicas de centro, prefirieron no revelar públicamente su opinión. Así, el 93 % de los parlamentarios del Partido Liberal, el 88 % de Cambio Radical, y el 77 % del Partido de la U y el Partido Conservador, se abstuvieron de emitir comunicados, tweets o declaraciones de prensa frente a la decisión de la CSJ. Esto llama la atención ya que las bancadas de estos partidos son las que constituyen las mayorías en el Congreso.
Por otra parte, es interesante constatar que una minoría de los senadores se pronunció en tonos conciliadores, en el sentido de pedir respeto a la autonomía judicial, pero reconociendo el liderazgo político del expresidente Uribe y manifestando solidaridad hacia él, su familia y sus electores. Tales fueron los casos de Angélica Lozano (Alianza Verde), Luis Fernando Velasco (liberal), Rodrigo Lara (Cambio Radical) y Juan Luis Castro (Alianza Verde).
En síntesis, los miembros de la élite política en su mayoría optaron por guardar silencio, los extremos ideológicos celebraron o se opusieron dependiendo de su cercanía con Uribe, y una franja bastante minoritaria prefirió difundir mensajes de conciliación y armonía.
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La élite económica
A diferencia de la élite política, los líderes gremiales y empresariales sí estuvieron cohesionados sin fisuras en torno al rechazo a la decisión adoptada por la CSJ.
Así, más de 12 grupos sectoriales y empresariales emitieron comunicados públicos de oposición a la medida privativa de la libertad contra el expresidente Uribe: el Consejo Gremial Nacional, la SAC, la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, Oleoflores, la Asociación Nacional de Entidades de Seguridad Privada, Fenalco, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Proantioquia, la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores, Fedegan, entre otras.
Llama la atención que la totalidad de los gremios agropecuarios del país cerraron filas para defender al uribismo, pues los sectores lecheros, ganaderos, avicultores, floricultores y palmeros consideraron que la medida adoptada por la CSJ era desproporcional, injusta y que podría estar viciada por intereses políticos (en algunos casos, lo asociaron con el patrocinio del proyecto de la izquierda).
Por ahora, los gremios y líderes empresariales convergen en que esta decisión de la CSJ tendrá impactos sobre la estabilidad política del país y sobre la capacidad del presidente Duque para impulsar una agenda de reactivación económica en el contexto de la pospandemia.
Las claves de la polarización
Todas las decisiones con relevancia política generan divisiones. Esto no debería causar extrañeza ni preocupación. El tema en este caso es que la división provocada por la decisión de la CSJ se superpone a otras ya existentes en la sociedad colombiana. Aquí cabe mencionar las más significativas: el proceso de paz con las Farc; la política exterior, en particular, las relaciones diplomáticas con Cuba y Venezuela; la política económica, especialmente en relación con la tributación de los más ricos y la reducción de la desigualdad; la política ambiental y la explotación de los recursos naturales.
Tal como lo muestra la experiencia nacional e internacional, la acumulación de divisiones en dos extremos hace muy difícil llegar a acuerdos. La decisión en cada tema se convierte en una oportunidad para reeditar la diferencia en todos los demás. Esta acentuación de las diferencias hace que los miembros de uno y otro sector se perciban recíprocamente cada vez más lejos, literalmente, en polos opuestos.
Ahora bien, siempre y cuando se mantenga el respeto por los oponentes y las reglas de juego, la polarización no es una situación que ponga necesariamente en juego la estabilidad de un régimen político. Lo perverso de la polarización es que los dos polos enfrentados crean que, en cada ocasión, se están jugando el todo por el todo. Esto los induce a intensificar la lucha y, por ese camino, pueden avanzar hacia posturas sectarias y pocos civilistas, tal como ocurrió en la Colombia de los años finales de la República Liberal.
Este fenómeno tiene diversas causas, muchas de las cuales tienen que ver con el carácter impersonal y muchas veces anónimo de las interacciones en Internet, así como la ausencia de moderadores efectivos en los sitios web de los medios de comunicación y de las redes sociales. La polarización atiza, además, las actitudes no civilistas: da lugar a descartar la discusión razonada en favor del insulto, justifica todos los medios para desacreditar al adversario, incluida la mentira y, consecuentemente, incentiva la desconfianza entre los participantes. Si a este cuadro le agregamos la politización de la justicia, esto es, la instrumentalización de las decisiones de los órganos judiciales para obtener réditos políticos, la situación se torna particularmente explosiva.
Uno puede indignarse o burlarse de la patanería de los demás, pero en una democracia no se puede hacer caso omiso de la más grave consecuencia de la incivilidad: la destrucción simbólica de los oponentes. Esta destrucción simbólica es siempre el preludio para la destrucción física mediante la violencia. El asesinato de líderes sociales y, en general, el deterioro de la situación de orden público tiene como una de sus causas la acción del Eln, las disidencias de las Farc y los demás grupos de crimen organizado. Sin embargo, este clima de violencia se ve favorecido, desafortunadamente, por la dinámica de polarización política. Esta dinámica sigue dando razones para eliminar a los oponentes, generando de este modo una auténtica regresión política. La tendencia de esta dinámica en muchos casos es la del escalamiento.
Dicho en otras palabras, corremos un grave riesgo de que la violencia por razones políticas se intensifique, haciendo otra vez muchísimo más difícil resolver los problemas de nuestro país.
Incentivos negativos
Varios expertos sostienen que uno de los dramas de Colombia es que vivimos en campaña electoral permanente. Este es uno de los males de la democracia latinoamericana. Antes de que un presidente electo haya terminado de recorrer la casa presidencial, ya las campañas para sustituirlo están al orden del día. No hay un momento de reposo en América Latina. Por ello, no es inapropiado afirmar que en nuestro país la campaña electoral comenzó el 7 de agosto de 2018 y, ahora que ya transcurrió la mitad del mandato de Iván Duque, ha arreciado.
Este fenómeno de las campañas electorales permanentes hace muy compleja la construcción de agendas colectivas. Desde el mismo momento en que un mandatario se posesiona, sus aliados buscan cómo conservar el poder, y sus adversarios cómo sustituirlo. Es lo normal en un sistema democrático pluralista. Lo anormal es que esta movilización ininterrumpida deja poco espacio para definir los ejes básicos de lo que podríamos denominar el interés nacional, tanto en el campo interno, como en el externo. Hace años se decía que, al menos en el campo internacional, había una política consensuada gracias a la labor que desarrollaba la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Hoy, este organismo estratégico para el país se halla moribundo.
En este clima preelectoral, en el cual cada sector político busca proyectar a sus líderes y sus plataformas ideológicas, es muy complejo encontrar espacios para la definición de propósitos colectivos. Aún más si el presidente de la República no muestra interés o capacidad para convocar a los principales actores sociales y políticos para impulsar la agenda común que el país requiere en estos momentos de dificultades.
Incentivos positivos
El principal incentivo positivo que podría jugar en contra de la polarización extrema en curso es el temor al abismo. En importante recordar que, en nuestro país, existe una larga tradición de pactos políticos en momentos muy agudos de crisis que no se debe nunca desechar. Sin duda, el acuerdo alcanzado entre Laureano Gómez y Alberto Lleras que daría origen al Frente Nacional es un ejemplo claro, pero hubo muchos otros pactos en el pasado (tales como la Unión Republicana), que están frescos en la memoria colectiva. El más reciente fue, sin duda, la Asamblea Nacional Constituyente y la imagen imborrable de Alvaro Gómez, Horacio Serpa y Antonio Navarro presidiendo las sesiones.
Por otra parte, el impacto del coronavirus a nivel global está poniendo sobre el tapete la necesidad de introducirle un profundo viraje a los modelos económicos y sociales en curso, debido simple y llanamente a que están poniendo en riesgo la sobrevivencia del hombre en la tierra.
Y Colombia no va a escapar a este revolcón global. Dos ejemplos bastan: por un lado, el denominado new green deal que plantearía los fundamentos de un crecimiento de la economía sin afectar el medio ambiente; por otro lado, la necesidad de volver la mirada hacia las políticas keynesianas para enfrentar la grave recesión económica en curso.
Uno y otro, el “nuevo pacto verde” y el regreso de Keynes, ponen en entredicho los modelos de desarrollo neoliberales y rescatan la necesidad de una intervención del Estado para reactivar la economía global. En torno a estos dos ejes se están tejiendo muchos acuerdos en distintas naciones del mundo.
En Colombia estos temas, tarde o temprano, se van a poner tambien en el primer plano. Y, además, se van a añadir otros temas propios de nuestra situación interna, que están generando muchos temores hacia el futuro: el auge de las organizaciones armadas y su creciente presencia en fronteras sensibles, marítimas y terrestres; el asesinato de líderes sociales, defensores de derechos humanos y desmovilizados de las Farc; el aumento de los cultivos de coca y el auge de la minería ilegal; el aumento de la pobreza, el desempleo y la criminalidad, etc.
No va a ser fácil enfrentar estos desafíos, tanto los que están afectando al mundo como los propios del país, en un contexto de polarización extrema. De ahí, los crecientes llamados en el país hacia la gestación de unos “acuerdos sobre lo fundamental”.
No queremos ser catastrofistas. No estamos condenas a una polarización inevitable y a un clima catastrófico de confrontación política izquierda-derecha. Pero las tendencias son preocupantes y, ante todo, los desafíos que deja el paso del coronavirus son de mucha preocupación.
Por ello, debemos hacer un llamado a todas las fuerzas políticas, económicas y sociales del país para que desarmemos los espíritus y construyamos un pacto nacional consensuado que, a diferencia de muchos en el pasado, no sea ni excluyente ni limitado a las élites de turno sino de carácter ampliamente nacional y en beneficio del conjunto de la sociedad.
* Iván Garzón es profesor en la Universidad de la Sabana; Juan Gabriel Gómez y Eduardo Pizarro , en la Universidad Nacional de Colombia; Angelika Rettberg, en la Universidad de los Andes, y Juan David Velasco, en la Pontificia Universidad Javeriana.