Tras la elección de Gustavo Petro como presidente de Colombia, el 19 de junio de 2022, el escenario de diálogo de paz con el Ejército de Liberación Nacional (Eln) volvió a ver la luz, especialmente luego del anuncio del programa de Paz Total en el que esta salida negociada tiene un claro protagonismo y, además, hay una evidente alineación de voluntades e intereses alrededor de la voz de la sociedad civil y su participación desde los territorios.
Son varios los avances alcanzados en la reactivación de los diálogos con el Eln apenas a 100 días del gobierno de Gustavo Petro. Desde el 7 de agosto de 2022 a la fecha, ha sido visiblemente acelerado el acercamiento entre ambas partes para retomar la agenda de negociación suspendida desde 2019, siendo un hito en el reciente proceso el anuncio de la reactivación en el mes de noviembre de la de mesa de diálogo. Múltiples acciones llevadas a cabo durante los últimos meses condujeron a la rápida configuración de este escenario urgente en la construcción de paz en el país.
Los primeros indicios se avizoraron en el discurso de posesión del presidente Gustavo Petro, el 07 de agosto, en el que resaltó la necesidad de avanzar en una comprensión de la paz del país desde el diálogo en las regiones con múltiples actores, entre estos, grupos armados ilegales a quienes invitó a la dejación de armas y a un entendimiento con miras a transformar la situación de violencia en el país.
Cinco días después de la instalación de Gustavo Petro, el 11 y 12 de agosto, la delegación del Gobierno20 emprendió camino a La Habana, Cuba, para realizar los primeros acercamientos a los miembros de la cúpula negociadora del Eln que permanecían en dicho país, tras el congelamiento del proceso con el anterior gobierno. Además, dicho viaje se convirtió en la oportunidad de agradecer el apoyo ofrecido por Cuba durante lo corrido del proceso y subsanar los tensos señalamientos que había hecho Iván Duque frente al país garante, cuando decidió dejar en suspenso el diálogo con el Eln años atrás.
Uno de los avances más importantes estaba por venir. El 20 de agosto, en el marco de una reunión en el Sur de Bolívar, Gustavo Petro anunció que había dado la instrucción de suspender las órdenes de captura y las solicitudes de extradición de los integrantes de la delegación de diálogo del Eln que permanecían en Cuba, decisión que se materializó el 22 de agosto, según confirmación del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa .
Los efectos más importantes de esta decisión se vieron el 02 de octubre, cuando la cúpula negociadora del Eln pudo salir por primera vez de Cuba con rumbo a Venezuela luego de permanecer cuatro años y cinco meses en la isla. Dicho escenario además fue posible gracias al restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, un avance clave del actual gobierno, en el marco del cual el presidente Petro solicitó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ser garante de las negociaciones de paz con el Eln.
El 4 de octubre, desde el país vecino, el Eln y el Gobierno Nacional anunciaron oficialmente la decisión de reactivar la mesa de negociación entre ambas partes y retomar la agenda de diálogo, luego de desarrollar reuniones para analizar el momento político, el nuevo gobierno y conformar la delegación de diálogo. En presencia de delegados de Venezuela, Cuba y Noruega, la delegación negociadora del gobierno y la del Eln anunciaron que estos se reactivarían la segunda semana de noviembre , contando con sedes rotativas en Cuba, Venezuela y Noruega. A este listado de países acompañantes se sumaron España y Chile, según aseguró el Canciller Álvaro Leyva, el 27 de octubre.
Dicha comunicación estuvo acompañada de pronunciamientos de ambas partes sobre el estado del proceso y las perspectivas propias y comunes . Por un lado, el Gobierno resaltó la voluntad del Eln para avanzar en el proceso de diálogo, indicando sobre ello un balance que indica que el grupo guerrillero ha desescalado su accionar bélico en todo el territorio nacional y ha brindado claras muestras de disposición con decisiones tales como la de liberar en lo corrido de los acercamientos de diálogo con el Gobierno Nacional a, por lo menos, 15 personas secuestradas en su poder.
Además, señalando la necesidad urgente de llegar a acuerdos tempranos entre ambas partes que permitan aliviar la compleja situación humanitaria que se vive a lo largo del territorio nacional por cuenta de la violencia de actores armados ilegales.
Por otro lado, Antonio García, máximo comandante del Eln, indicó que la paz de Colombia pasaría por resolver la desigualdad y fortalecer democracia, entre otras cosas, favoreciendo la participación de la sociedad civil en los asuntos de paz del país. No obstante, reiteró en este anuncio un asunto sobre el que se ha pronunciado en repetidas ocasiones frente a la existencia de grupos armados ilegales que “no tienen orígenes sociales ni políticos, muchos de ellos creados por el mismo Estado”, frente a los que el proyecto de Paz Total debe tener una lectura y un camino de acercamiento diferente al adelantado con el Eln.
Igualmente se refirió a la posibilidad del cese al fuego, resaltando que, durante este tiempo inicial de la reactivación de los diálogos, es apresurado abordar y tomar medidas respecto al tema, teniendo en cuenta que las partes están concentradas en avanzar en la construcción de confianzas e identificación de visiones comunes que permitan tomar decisiones clave.
Un aspecto relevante para resaltar con relación a estos importantes y acelerados acercamientos entre el Gobierno Nacional y el Eln en apenas 100 días, es el acompañamiento que ha rodeado estos diálogos desde la población civil y organismos de cooperación que, de igual manera, han manifestado su disposición y ánimo de participar de estos y apoyar desde sus distintas capacidades.
Así, durante los últimos meses se han levantado voces territoriales que van desde organizaciones de la sociedad civil hasta instancias de administraciones locales y regionales. Las primeras señalan la importancia de impulsar la participación de la población civil en el diálogo con el Eln como una forma de rodear y legitimar dicho proceso de paz, además como aporte al acercamiento con otros grupos armados desde un mandato popular de paz.
Las segundas reconocen que el apoyo de los mandatarios locales será clave, especialmente en zonas con fuerte presencia armada del Eln, donde se requiere construir una “agenda de trabajo especial” a través de diálogos regionales que vinculen distintos sectores sociales.
La participación de la sociedad civil es determinante
A 100 días del gobierno del presidente Gustavo Petro y sus avances respecto al diálogo de paz con el Eln, ha quedado clara la lectura y voluntad compartida tanto del Gobierno Nacional como del Eln respecto a que la sociedad civil participe de manera activa en dicho proceso de paz. Por un lado, el gobierno de Gustavo Petro ha apostado por una propuesta de Paz Total en la que el diálogo social y las visiones de los territorios son bandera de la política de paz.
Por el otro, el Eln ha reiterado la necesidad de avanzar en la participación de la sociedad civil y las garantías de la democracia como asunto primordial para superar el conflicto armado. Por supuesto también está la postura de un sector de la población civil que demanda el impulso de agendas territoriales y diálogos vinculantes como asuntos indispensables en los futuros acuerdos que se firmen entre ambas partes.
En este sentido, los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y el Eln son una ventana de oportunidad para promover y generar un gran diálogo nacional, no solo alrededor de este proceso con el Eln, sino ampliamente alrededor de la paz a lo largo del país. Esto requiere una participación de diversos sectores sociales, primordialmente, de mujeres, víctimas del conflicto armado, jóvenes, población diversa, comunidades indígenas y afrodescendientes que históricamente ha vivido los más fuertes flagelos de la violencia.
Entre otros asuntos, la sociedad civil tiene un lugar preponderante en las reflexiones, las exigencias y los avances en materia de cese al fuego. En este sentido, como principal sujeto de las afectaciones a derechos humanos derivadas de la violencia armada, es necesario que la población civil encabece la demanda de un cese al fuego bilateral entre el Gobierno Nacional y el Eln, pero también de un desescalamiento de la violencia generada por las distintas disputas entre actores armados ilegales, que constituyen las principales fuentes de violencia y crisis humanitaria a nivel territorial en el país.
Sus lecturas, voces y experiencias en este aspecto son fundamentales para comprender y abordar la complejidad de lo que implica dilatar o avanzar en un cese al fuego entre actores generadores de violencia, es decir, un asunto de hacer la paz en medio de la guerra.
Así mismo, para este tipo de participación de la sociedad civil es necesario volver la mirada al proceso de paz adelantado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP para recoger los aprendizajes de la experiencia en dicho contexto. Aunque diferente al proceso actual con el Eln, tiene elementos clave a retomar y repensar, tales como la necesidad de diseñar participativamente medidas de protección y autoprotección que permitan mitigar los riesgos que implica que la sociedad civil participe en un proceso de paz en medio de un escenario de guerra. Adicionalmente, porque no se puede perder de vista el lugar de la sociedad civil en la implementación del Acuerdo de Paz firmado en La Habana en 2016, entre otras cosas, como garantía de los acuerdos a los que se puedan allegar entre el Eln y el Gobierno Nacional en este nuevo proceso.
El Eln en los territorios
Como se ha mencionado anteriormente, el escenario de fondo de los actuales diálogos entre el Gobierno Nacional y el Eln está rodeado de varios elementos que favorecen estos acercamientos, pero, a su vez, otros que representan importantes desafíos, especialmente, en el nivel territorial. Este apartado se concentra en dar cuenta de uno de ellos, el accionar y el contexto del Eln en los territorios en el marco del camino de la mesa de diálogo. Esto, teniendo en cuenta que se trata de una guerrilla con presencia en 184 municipios a lo largo del territorio nacional a través de 32 frentes guerrilleros, 20 compañías y 2 comisiones integradas por 2.541 hombres en armas y 2.253 integrantes de las redes de apoyo al terrorismo. Su control territorial se concentra principalmente en Arauca, Norte de Santander, Chocó y Bolívar.
Si bien el accionar ofensivo del Eln en los territorios ha desescalado durante el último año, pasando de un promedio de acciones ofensivas mensuales de 14 acciones, entre enero y septiembre de 2021, a un promedio de 9 acciones mensuales en el mism periodo de 2022 (sin tener en cuenta las acciones bélicas adelantadas durante tres días de paro armado en febrero de 2022 que dejaron 54 acciones violentas), hay zonas y dinámicas territoriales con otros grupos armados ilegales que constituyen un elevado riesgo para la población civil, tal como ocurre actualmente en departamentos como Arauca, Chocó y Bolívar, donde se evidencian unas disputas por el control territorial con actores como Grupos Armados Post FARC (GAPF) del Frente Décimo, en Arauca; y el Clan del Golfo en Chocó y Bolívar. A continuación, se esboza cada uno de estos.
Arauca
El 2022 en este departamento inició con el desencadenamiento de una confrontación entre el Eln, Frente de Guerra Oriental, y el GAPF Estructura Décima que, sumado a otras disputas entre GAPF que buscan posicionarse en el territorio, ha conducido en lo corrido del año al confinamiento de 6.037 personas, especialmente, en el municipio de Arauquita; el desplazamiento forzado masivo de 4.335, particularmente, en el municipio de Arauca; y el homicidio intencional en persona protegida de 225 personas, siendo particularmente compleja la situación de los municipios de Saravena y Tame, de acuerdo con cifras de 2022 de OCHA.
En el mes de mayo, en Arauca fueron persistentes los hechos de violencia contra líderes sociales, lo que condujo a desplazamientos forzados individuales sobre los que se conoce por fuentes primarias que podrían tratarse de un total de 150 líderes desplazados, especialmente, presidentes de Juntas de Acción Comunal (JAC) que se vieron obligados a salir hacia el Meta, Boyacá y Bogotá.
Contrario a algunos balances o interpretaciones respecto a la disputa entre el Eln y los GAPF que indicaban que a mediados de 2022 la confrontación entre ambos había disminuido, habiendo conseguido imponerse el Eln sobre las disidencias, los meses siguientes, entre septiembre y octubre, evidenciaron que hasta ahora no hay un resultado definitivo de dicha disputa, permaneciendo elevadas las confrontaciones entre estos grupos, las mutuas recriminaciones de alianzas impensables y, con esto, las graves afectaciones sobre la población civil.
Así, la situación del departamento en materia de seguridad y derechos humanos supone un reto que compromete significativamente al Eln, el cual, en el mismo mes de los anuncios de la reactivación de la mesa de negociación, se vio involucrado en fuertes enfrentamientos con el GAPF Estructura Décima en el corregimiento de Cañas Bravas, Arauca, que condujeron al confinamiento de más de 150 niños que tuvieron que dejar de asistir a clases, según reportó la Defensoría del Pueblo; así como en el municipio de Puerto Rondón, donde 700 personas se vieron confinadas por combates entre estos mismos grupos desde el mes de septiembre.
Igualmente, durante los últimos meses, siguiendo uno de sus principales repertorios de violencia, el Eln ha hecho uso de minas antipersonales (MAP) y ha adelantado ataques y enfrentamientos contra la fuerza pública, teniendo como resultado el secuestro de tres militares en el municipio de Tame, en el mes de agosto, además de un soldado y un policía en junio, en el mismo municipio. Adicionalmente ha sostenido combates que, entre otros, dejaron cinco soldados heridos y uno muerto, tras combates en el municipio de Tame, en el mes de septiembre.
En el marco de esta compleja situación, el Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, envió un mensaje público, llamando al Eln a respetar a las comunidades y a participar del cese multilateral que ha ofertado el gobierno del presidente Gustavo Petro, así como a concurrir a los caminos de diálogo y entendimiento que ha formulado la política de Paz Total, en la que está la apuesta de este gobierno para cerrar todas las violencias organizadas que persisten en la Colombia del presente.
Para Arauca y su sociedad es muy importante que se abra la mesa de diálogo y negociaciones entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el Eln. Hay expectativa e interés de participar de este proceso, que bien sabemos que sólo va a ir hacia adelante si hay involucramiento de la sociedad desde su más amplia diversidad y con plena autonomía y garantías para expresar sus dolores, sufrimientos y propuestas para salir de esta persistente violencia y construir la confianza y la acción de sociedad, junto al Estado local, regional y nacional. Arauca espera poder vivir otro capítulo en el que se respete la vida y se asuman las tareas de desarrollo pendientes que hagan viable una vida digna y con ejercicio pleno de derechos, hoy conculcados. Arauca debe ser protagonista de la política de Paz Total, tiene unos enormes conflictos por tramitar y allí será clave el protagonismo de una sociedad con importantes y experimentadas organizaciones sociales y un Gobierno Nacional que sabe el enorme desafío que debe liderar.
Chocó
Es compleja la situación de seguridad y derechos humanos en el departamento del Chocó, otro de los departamentos de importante presencia del Eln, a través del Frente de Guerra Occidental. Esta es otra de las zonas del país que requiere mayor atención a propósito de las negociaciones de paz que actualmente se adelantan con este grupo armado.
Dicha situación deriva de la confrontación abierta que libran el Eln y el Clan del Golfo por el control territorial y la disputa por los corredores de movilidad con salida al Océano Pacífico y Centroamérica, para lo cual el Eln ha adelantado recientemente una incursión en los municipios de Bahía Solano y Nuquí, desde el Alto Baudó, desafiando así la presencia y control territorial que viene ejerciendo allí el Clan del Golfo.
Como lo advierte la Defensoría del Pueblo en Alerta Temprana 017-2022, las comunidades indígenas de Bahía Solano y Nuquí se encuentran en inminente riesgo de ser víctimas de muertes violentas, afectaciones por Minas Anti Personales y Municiones Sin Explotar (MAP/MUSE), amenazas, confinamientos, además de una muy elevada posibilidad de desplazamiento forzado.
La situación no es diferente en subregiones como el Atrato y el Darién, donde actualmente se presentan elevados hechos de violencia por cuenta de las disputas en mención. En la subregión de Atrato, los hechos vienen concentrándose en los municipios de Lloró, Río Quito, Bojayá, Bagadó y, especialmente, en Quibdó, donde vienen produciéndose fuertes atentados y hostigamientos a miembros de la Policía que han dejado, por lo menos, dos policías heridos, además de intimidaciones por parte del Eln contra la población civil en Bagadó y Quibdó, donde también han sido fuertemente agredidas personas en proceso de reincorporación por parte de actores desconocidos. Incluso, una delegación del presidente Gustavo Petro fue detenida por hombres sin identificar en un retén ilegal en Quibdó el 05 de agosto, mientras realizaba un recorrido en lancha por el río Atrato, hacia el municipio de Bojayá.
Situaciones similares se reportan actualmente en otros municipios del departamento, tales como Medio Baudó y Nóvita. En el primero las comunidades han sido víctimas de desplazamiento por cuenta de hostigamientos, combates y atentados con explosivos relacionados con la disputa entre el Eln y el Clan del Golfo. En el marco de esta, en Nóvita, el Eln impidió, el 23 de agosto, la movilidad de la comunidad y de funcionarios de la alcaldía desde el Medio y Alto Tamaná hacia la cabecera municipal, según esta guerrilla, por la supuesta presencia de integrantes del Clan del Golfo.
A este preocupante escenario paralelo al proceso de paz que adelanta el mismo Eln, se sumó un pronunciamiento, en el mes de octubre (en video), del Frente de Guerra Occidental Omar Gómez, cuestionando algunos aspectos de la Paz Total relacionados con el tratamiento y acogimiento de estructuras criminales como el Clan del Golfo por parte del Gobierno Nacional, en el marco de las salidas que propone el programa de Paz Total.
Según el pronunciamiento del Frente, una posición ambigua del Gobierno Nacional respecto a estos grupos solo conllevaría a que la negociación de paz con el Eln representara una ventaja de control territorial para grupos como el Clan del Golfo. Adicionalmente, se refirió supuestas situaciones de connivencia entre el Ejército y el Clan del Golfo en Chocó y Antioquia.
Sur de Bolívar
Contrario a lo que era de esperarse en el departamento de Bolívar por los fuertes golpes al Eln por parte de la fuerza pública en los últimos años, actualmente, la subregión del Sur de Bolívar ha encendido las alarmas por cuenta de acciones defensivas del Eln frente a una serie de incursiones que viene adelantando el Clan del Golfo en esta zona de presencia histórica del grupo guerrillero.
Durante los últimos meses ha habido allí un escalamiento de la violencia que ha encendido las alarmas de las autoridades y las comunidades del territorio. Aunque se trata de una zona de fuerte control del Eln, la mayor amenaza es representada por el accionar del Clan del Golfo, debido a una estrategia reciente de tomar control de este territorio.
Así, se identifican zonas como el corregimiento Canelos, del municipio de Santa Rosa, donde han incrementado los riesgos de la población civil por cuenta de una incursión del Clan del Golfo desde el mes de septiembre. Desde entonces, los combates con el Eln han sido un hecho. En el marco de este se produjo un confinamiento, durante cinco días, que resultó en el desplazamiento de 600 familias que se vieron obligadas a desplazarse. Situación similar se reportó en el mes de agosto en el municipio de Montecristo, donde 100 personas del corregimiento El Paraíso fueron desplazadas. En los municipios de Arenal y Morales se alertan los mismos riesgos.
¿Es posible la paz con el Eln?
Aunque en un balance general, el accionar bélico del Eln ha evidenciado un desescalamiento de sus acciones ofensivas a lo largo del territorio nacional durante el último año e, incluso, ha tenido importantes muestras de voluntad de diálogo, durante los últimos meses, con la liberación de personas secuestradas bajo su accionar, existen unos focos de violencia derivados de disputas con otros actores armados ilegales que representan enormes desafíos para el proceso de paz que hoy avanza con el gobierno de Gustavo Petro. Esto, teniendo en cuenta que se trata de un factor decisivo para el Eln a la hora de tener que avanzar en un cese al fuego y mayores muestras de voluntad frente a la crisis humanitaria en los territorios.
Otro punto clave respecto al Eln en los actuales diálogos de paz es el relacionado con su postura reiteradamente crítica sobre el acercamiento y proceso de paz que el Gobierno Nacional adelante con organizaciones criminales, en el marco de la Paz Total. Como se pudo evidenciar, es un asunto que genera muchos cuestionamientos por parte del grupo guerrillero, abriéndose así una fisura que podría generar en el futuro tensiones y limitar la confianza por parte del Eln frente al Gobierno Nacional.
Es posible, necesario y deseable, que en este esfuerzo de construir un acuerdo de paz, se escuchen y sean protagonistas la más amplia diversidad de organizaciones, instituciones y procesos comunitarios que puedan aportar su energía, propuestas y formulaciones para hacer viable estos diálogos y que sea mediante la deliberación que se construyan la formulación de transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales que le den soporte a este acuerdo, eso es posible y las partes dos partes, gobierno del presidente Gustavo Petro y el Eln, tienen el interés y compromiso de liderar este proceso.
Es clave aprovechar el proceso de formulación del Plan Nacional de Desarrollo que ya tiene en marcha los Diálogos Regionales Vinculantes que han generado interés y expectativa desde muchos actores sociales, para que este ejercicio que concluye en una primera fase en noviembre dialogue con el diseño de participación que hagan Gobierno y Eln, una vez la mesa empiece a funcionar.
Al inicio de la mesa que se anunció para noviembre, luego de la primera semana, se debe trabajar por las siguientes prioridades: hacer un balance de los acumulados que deja el proceso entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y Eln, adelantado entre agosto de 2012 y agosto de 2018, son seis años con valiosas experiencias que se pueden sintetizar en: agenda del proceso, avances en participación, experiencia de cese bilateral, discusiones sobre asuntos humanitarios, diseño de acompañamiento internacional. Luego de hacer el balance de lo acumulado se debe hacer una actualización de la agenda, dándole un encuadre al nuevo momento de este gobierno y las circunstancias que se consideren pertinentes.
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