Nuevamente Nancy Patricia Gutiérrez, exministra del Interior de este gobierno y actual consejera para los Derechos Humanos, ve vinculado su nombre a señalamientos por supuestos vínculos con el paramilitarismo. Esta vez, la sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá compulsó copias a la Corte Suprema para que considere investigar a la también exsenadora por un posible apoyo de los paramilitares para que llegara al Congreso en 2002.
Por estos mismos hechos, Gutiérrez tuvo una investigación preliminar que duró seis años en el alto tribunal, pero fue precluida en 2014 al no encontrarse elementos suficientes que permitieran llevar a la exministra a juicio. Por esto, el anuncio de la compulsa de copias fue rechazado por Gutiérrez, que aseguró que se estaba violando su presunción de inocencia.
En la mañana de este miércoles, la funcionaria se pronunció sobre el hecho en diálogo con W Radio. “No hay nada nuevo, es más de lo mismo. El caso ya había sido cerrado por la Corte Suprema de justicia en el 2014. Fueron seis años de una investigación preliminar en la que declararon más de 57 personas. Al final la Corte dictó auto inhibitorio”, recordó la exministra sobre las pesquisas que realizó el alto tribunal hace 6 años. Asimismo, recordó que, no solo no se encontró mérito, sino que se remitió la información a la Fiscalía para que se iniciara investigaciones contra dos de los testigos del caso por posible falso testimonio -uno de ellos condenado y otro todavía en juicio-.
La ministra calificó estos nuevos hechos como una violación directa a sus derechos, pues ya había sido encontrada inocente en una primera ocasión: “Para mí ese capítulo de vida había sido cerrado, pero las veces que se abra tendré que hablar de eso porque es una injusticia muy grande y una violación a los derechos humanos míos”.
“Yo soy una persona inocente, que fue examinada en su momento, y hay de por medio un fallo judicial. Lo único que me queda es apelar a la conciencia ciudadana porque estamos en un momento muy difícil del país donde deberíamos estar llamando entre todos a la unidad y la solidaridad para encontrar la salida a esta pandemia de COVID-19 que se tiene azotada a la humanidad”, expresó Gutiérrez.
“Hay mucha gente que no tiene una cultura de respeto por los demás, que va publicando temas, dándole una interpretación que no conocen”, agregó la exministra. Vale recordar que este tema fue dado a conocer a la opinión pública en primer lugar por el periodista Gonzalo Guillén, que ha sido uno de los periodistas que ha revelado importantes apartados de la Ñeñepolítica y fue uno de los primeros en hablar de ella.
En la entrevista radial, Nancy Patricia Gutiérrez llegó a equiparar su caso con un delito de lesa humanidad: “Hay personas que son capaces de violar a un menor de edad y son capaces de llevarse a un niño a las filas de los grupos ilegales. Hay personas que asesinan a los líderes sociales y otras que levantan falso testimonio. Todas estas son violaciones de los derechos humanos”.
Debido a su reiteración sobre una supuesta violación a los derechos humanos, la exministra fue cuestionada sobre si llevará su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta negó esa posibilidad, a la que ha recurrido anteriormente. Y expresó su confianza en las instituciones colombianas, a pesar de que “somos un país muy pobre”.
En diálogo con la W, Gutiérrez también aseguró que su nombre no está en la baraja para llegar a la Defensoría del Pueblo, como se ha escuchado en los medios en los últimos días. También, reveló que en las próximas semanas se estará entregando el nuevo protocolo para frenar el reclutamiento forzado de menores, un documento que contó con la participación de la primera dama de la nación, María Juliana Ruíz
La compulsa de copias contra Gutiérrez fue conocida este martes. La magistrada Alexandra Valencia, en una petición de exclusión del paramilitar Luis Alberto Medina Salazar, alias Negro Julio o Cristo Malo, incluyó en las consideraciones que la Corte Suprema conozca estos señalamientos de parapolítica. Precisamente alias Negro Julio fue condenado por falsos testimonio al señalar a la exministra por supuestos vínculos con paramilitares.
