Este viernes, 22 arrendatarios de predios en las Islas del Rosario, cuyos contratos terminaron el 3 de diciembre de 2023, se reunieron con Gerardo Vega, director de las oficinas de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), para estudiar la posible renovación de contratos.
La petición de los arrendatarios se da en medio de las denuncias sobre el presunto desalojo de nativos raizales de territorios que ocupan hace más de 50 años y que supuestamente estarían siendo otorgados a extranjeros. Pero, también de sus preocupaciones por los predios que han arrendado durante años.
A la reunión asistió el contralor delegado para el sector agropecuario, Aswar Daccarett, y los privados discutieron con Vega la posibilidad de celebrar nuevos contratos bajo nuevas reglas de juego.
Entre esas condiciones estaría un ajuste al cánon de arrendamiento y medidas de cuidado ambiental específicas. El ajuste depende de la extensión del terreno, el porcentaje de uso productivo y su ubicación.
De otro lado, los precios que se le propusieron a los arrendatarios se basan en un estudio de mercado comparativo con Barú, el territorio continental más cercano a las Islas.
En el plan de la Agencia para recuperar los 158 baldíos, hay atención a tres grupos: aquellos cuyos arrendatarios han cumplido los contratos, los que tienen arrendatarios que han incumplido los contratos y los que son ocupados por privados que nunca tuvieron contratos con el Estado.
Los convocados a la cita de este viernes pertenecían al primero. “Cada caso es diferente. Estamos abiertos las posibilidades con todas las partes, pero tenemos que buscar que con quienes hagamos contratos haya también garantías”, señaló Vega, sobre las posibilidades de renovación.
Además, Vega calificó la reunión como positiva. El plazo para la posible renovación será hasta el próximo viernes, 19 de enero de 2024.
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