Un mes resta para que las actividades de estos cuatro años en el Capitolio Nacional culminen y con ello se pueda dar paso a una nueva generación de congresistas que confeccionarán las leyes y ejercerán control político sobre el nuevo gobierno. Han sido en total 1.399 días desde que se instaló a este grupo de legisladores el 20 de julio del 2022 y que en su mayoría darán un paso al costado el próximo 20 de junio, dejando un importante saldo de proyectos aprobados, pero en misma medida un grueso de promesas fallidas. Y todo se da en medio de una campaña presidencial que atravesó la actividad legislativa para poner los focos en la elección del nuevo inquilino de la Casa de Nariño.
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Esos deberes que recibirán los nuevos rostros en el Congreso son clave, pues de las cientos – e incluso miles – de propuestas que se llegaron a presentar tanto por el gobierno del presidente Gustavo Petro, como por los 296 congresistas electos para el periodo 2022-2026, muchas se quedaron en el papel. Incluso la mayoría están siendo reencauchadas en un nuevo escenario electoral con la búsqueda de votos dentro del ramillete de candidatos presidenciales y que buscan llegar al 21 de junio, la segunda vuelta presidencial, un día después de clausurado este periodo.
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Las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo tuvieron un arranque prometedor, pero tras el primer año de mandato de Petro mutaron a un constante choque en el que la disputa de poder derivó en el hundimiento de proyectos clave. Por ejemplo, la administración del saliente gobierno tenía la firme intención de realizar una reforma a la política, el sistema electoral o la salud. De estos ítems, tan solo el último tiene una pequeña luz para ser discutida en el Capitolio, aunque los tiempos y la disposición política no van en la misma vía.
Con la presidencia de Roy Barreras en el Senado como representación del oficialismo entre 2022 y parte del 2023,–suplido por Alexander López en el tramo final de esa legislatura– el gobierno pudo avanzar en varios de sus proyectos, pero en el medio también se quedaron otras de estas apuestas. Por ejemplo, la reforma política que presentó el entonces ministro del Interior, Alfonso Prada, fue de las primeras grandes iniciativas en naufragar. Coincidió con la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, la reforma agraria o la reforma pensional. Y si bien estos proyectos fueron aprobados – la pensional aún en vilo en la Corte Constitucional– esa reforma política no prosperó.
De las consignas clave en esa propuesta inicial estaba, entre otras, la reducción de edad para aspirar al Congreso, la imposición de listas cerradas y cremallera – como la presentada por el Pacto Histórico el pasado 8 de marzo – o una restructuración al Consejo Nacional Electoral (CNE). Varios de esos puntos llegaron a generar división en la interna del gobierno que finalmente no la pudo aprobar. Y aunque con el tercer ministro del Interior de esta administración, Juan Fernando Cristo, se presentó otra propuesta, esta también se hundió. Asimismo, el Congreso tuvo en sus manos dos textos individuales para reformar al CNE y uno extra para una reforma estructural al sistema electoral. Todas tuvieron el mismo destino. El llamado transfuguismo también se hundió dos veces en estos cuatro años.
Otra apuesta del gobierno fue la reforma a la salud. Ese proyecto fue una bandera de Petro como candidato presidencial y que llegó al Congreso en 2023. Por los lados de la Cámara no hubo mayores complicaciones para su aprobación, aunque sí un amplio debate. En Senado, en cambio, tuvo el freno de la Comisión Séptima en dos oportunidades: abril del 2024 y diciembre de 2025. La foto del primer hundimiento tenía figuras como el entonces ministro del Interior Luis Fernando Velasco, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; y la actual fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, la senadora Aida Quilcué.
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La negativa radicó, según aseguraron varios congresistas, en la falta de concertación con los actores del sistema, pero especialmente en el apartado fiscal. Ese punto era clave, pues los opositores a esa reforma dijeron que no estaban claras las fuentes de financiación para el sistema propuesto por el gobierno. Cabe resaltar que el proyecto negado en diciembre fue apelado y la plenaria del Senado debe determinar si puede caer a otra Comisión para su discusión, algo similar al proceso que surtió la cirugía al sistema laboral. Para muchos congresistas, fue la reforma a la salud la que desgastó la gobernabilidad de Petro.
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En este mismo periodo la Casa de Nariño sí pudo sacar adelante una reforma al Sistema General de Participaciones, que en resumen es aumenta la destinación de recursos y competencias a las regiones, pero aún queda el proyecto que dictamina cómo se van a repartir esos dos ítems a departamentos y municipios. No obstante, la deuda quedó en una reforma al Sistema General de Regalías y cómo será su repartición; e incluso la propia jurisdicción agraria, que tiene un papel clave en la reforma de ese rubro que logró aprobar esta administración.
El marco jurídico para los diálogos de paz, una reforma estructural e integral a la educación; y la ampliación del periodo para las curules de las víctimas en el Congreso fueron otros pendientes en los que el saliente gobierno no pudo obtener la victoria. Los reiterados cambios de ministros, especialmente en la cartera del Interior, también dejaron herida en las intenciones de la Casa de Nariño que vio cómo también dos intentos de consulta popular caían en el Senado, a pesar del optimismo expresado por Armando Benedetti, actual Mininterior.
Ahora bien, en estos cuatro años las derrotas también las tuvieron los partidos y los congresistas –o tal vez no tanto–. De origen parlamentario llegaron tres iniciativas que buscaban recortar beneficios para los legisladores, una fue aprobada y permitió la reducción de sus vacaciones. Las otras dos que pretendían reducir los salarios no tuvieron buen puerto. La primera era del senador Jonathan Pulido “Jotape Hernández” (Alianza Verde), que restando varios ítems recortaba cerca de COP 17 millones a esos salarios; la segunda era impulsada por la senadora María José Pizarro (Pacto Histórico).
Otros como la regulación de la eutanasia, que es mandato de la Corte Constitucional, se hundió dos veces en el Legislativo. Aunque una mayoría de congresistas aprobaron el último texto en la plenaria de Cámara, tres votos faltaron para dar continuidad al proyecto. El ausentismo le jugó en contra. Un destino similar tuvo la regulación del cannabis de uso adulto, que se quedó ad portas de ser aprobado, pero que una vez más la Cámara le puso freno de mano.
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En materia energética también le pasó al fracking, que se ha presentado dos veces ante el Congreso. No obstante, el proyecto nunca tuvo la voluntad política y no llegó a ser discutido. Y aunque hay un nuevo texto, esta vez llevado por el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Minas y Energía, la iniciativa no ha sido agendada en las comisiones quintas
Otra apuesta que se ha quedado a medio camino es la que ha buscado una regulación a las plataformas de transporte. El proyecto no ha tenido una fuerte oposición, pero sí contó con varias trabas en los pasillos del Capitolio. Asimismo, el último proyecto que estaba en marcha, de autoría del senador Julio Elías Vidal (La U), no tuvo la voluntad política para un avance en la plenaria del Senado, a pesar de tener amplios procesos de discusión y concertación.
Y es con este panorama en el que las últimas cuatro semanas el Congreso ha pisado el acelerador para tratar de mostrar resultados positivos en el tramo final de su periodo. La jurisdicción agraria del gobierno Petro se está llevando todos los focos de discusión en las plenarias de Senado y Cámara. Pero detrás de ese proyecto quedan otros como la regulación a las sanciones aduaneras, otro mandato de la Corte; la reforma al Icetex; la ley de competencias; el futuro del Ministerio de la Igualdad; o la prohibición mutilación genital femenina que corren riesgo de hundimiento.
Por si fuera poco, muchas de estas discusiones volverán a los pasillos del Legislativo. De los temas “gruesos”, algunos como la reforma política o el marco para diálogos de paz – e incluso una posible ley de sometimiento – están en agenda de candidatos presidenciales como Iván Cepeda. Otros como Paloma Valencia o Abelardo de la Espriella buscarían que el fracking pudiese tener vía libre para la exploración y explotación de hidrocarburos. Eso sin mencionar que el ramillete de aspirantes presidenciales han puesto en la mesa la necesidad de una reforma tributaria.
En todo caso, el nuevo Congreso que tomará posesión el próximo 20 de julio con el presidente Gustavo Petro dando su último discurso en el Capitolio Nacional, recibirá una serie de deudas acumuladas en las que los juegos de poder tomarán mayor relevancia y tras una renovación de más del 60 % de las curules en un ejercicio político que ha sido marcado por la polarización.
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Por Johan Sebastián Pérez Pinilla
