Al actual Congreso de la República le quedan poco más de 30 sesiones ordinarias para cerrar su ciclo de cuatro años. Tras el parón de la Semana Santa, que muchos partidos utilizarán para calcular sus movidas electorales en las presidenciales, los congresistas volverán a sesionar con una agenda marcada por varias iniciativas pendientes y reclamadas por los colombianos.
La mayoría de proyectos en el panorama son de origen gubernamental y hacen parte de algunas de las promesas que el presidente Gustavo Petro hizo hace cuatro años. Así las cosas, entre los temas pendientes están la ley ordinaria de la Jurisdicción Agraria, la discusión de un marco de sometimiento para las bandas criminales y el salvavidas del Ministerio de la Igualdad.
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Estas tres propuestas se han enfrentado a una férrea oposición de legisladores de partidos como el Centro Democrático y Cambio Radical. La Jurisdicción Agraria está pendiente de una discusión final en plenarias y los otros dos proyectos se juegan su futuro en las comisiones primeras.
A este grupo también se suma la ley de competencias que reglamenta la reforma al Sistema General de Participaciones, con el que el gobierno central girará más recursos a las entidades territoriales. Esa iniciativa, precisamente, regula las competencias que asumen tanto el gobierno central como las alcaldías y los municipios y permitiría que el traslado de los ingresos de la nación ascienda al 39,5 % de forma transicional a partir de 2027 y durante los próximos 12 años.
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El texto ya genera controversia. Mandatarios regionales dicen que el articulado no atendió los llamados realizados por estas autoridades e incrementó las responsabilidades sin encontrar un equivalente en la destinación de recursos. Así también lo han detallado congresistas como Hernán Cadavid (Centro Democrático) o Carlos Adolfo Ardila (Liberal), quienes alertaron por una descompensación que no cumpliría con el objetivo estipulado en la reforma del Sistema General de Participaciones (SGP) que solo espera por este proyecto de ley para su implementación.
En espera de debate también están los proyectos de reforma al Icetex, la regulación de tarifas de energía e incluso la apelación de la reforma a la salud que se cayó en la Comisión Séptima del Senado. Y a todo esto se suma que el Congreso saliente debe adelantar el proceso de elección de un nuevo contralor general. El papel de los congresistas actuales será depurar una lista con docenas de candidatos y dejar un puñado de finalistas para que sea el nuevo Congreso, que se posesiona el 20 de julio, el encargado de elegir un solo nombre.
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