Estatuto de la Oposición, a sanción presidencial

El Congreso de la República dio vía libre al texto de conciliación sobre el Estatuto de la Oposición que contiene las garantías mínimas para que los partidos que estén en la orilla opuesta al Gobierno de turno puedan ejercer sus derechos. El proyecto, fruto de los acuerdos de paz, introdujo un cambio exigido por las minorías políticas: la existencia de una Procuraduría Delegada para los Derechos de la Oposición. Su labor fundamental será supervisar que se respeten los derechos políticos de los partidos y movimientos políticos que se declaren oficialmente en oposición al presidente que resulte electo en los comicios del año entrante.

Para eso, se acordó específicamente que en marzo de cada año, el jefe del Ministerio Público tendrá que presentar un informe tanto a Senado como a Cámara que indique hasta dónde se están cumpliendo los derechos de los partidos que se declaren en oposición, y tendrá que ser debatido dentro de los 15 días siguientes después de ser presentado. Es importante, en todo caso, tener en cuenta que quien se declare en oposición tendrá que dejar constatado de manera oficial ante las autoridades electorales durante los 30 días siguientes, una vez transcurridas las elecciones presidenciales. A partir de la inscripción se harán exigibles los derechos previstos por el Estatuto.

Además, quedó estipulado que el derrotado en las urnas en el 2018, junto con su fórmula vicepresidencial, tendrán asiento en el Congreso. El candidato presidencial con mayor número de votos por debajo del ganador, accederá a una curul en la Comisión Primera del Senado, y su candidato vicepresidencial en la misma célula legislativa, pero en la Cámara de Representantes. Lo mismo ocurrirá con los candidatos para las gobernaciones (que tendrían un espacio en la Asamblea); y para las alcaldías, en los concejos.

Otra exigencia de los partidos minoritarios tenía que ver con el respeto por las audiencias públicas que tuvieran que ver con leyes sobre el presupuesto general de la nación, y así quedó escrito en el texto aprobado por el Legislativo. En diálogo con El Espectador, el senador de la Alianza Verde, Antonio Navarro Wolf había sentado su voz de protesta cuando dicha posibilidad se había eliminado de tajo. “Que vigiláramos la mermelada. Claro, a la oposición no le dan ni la queremos, y esa es la principal fuente de la desventaja, porque con la mermelada llevan plata a las regiones y la cambian por votos. Ese es el factor más grande de desigualdad. Por eso, para poder controlar eso queríamos audiencias públicas en las regiones”.

Entre otros derechos, se garantizará a los partidos de oposición financiación adicional para ejercer sus derechos. Esto quiere decir que se apropiará una partida adicional para el Fondo Nacional de Financiación Política del 5% surgido del monto del financiamiento del funcionamiento permanente de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica.

Pero quizás uno de los derechos adquiridos que mayor polémica suscitará en el ejercicio del mismo tiene que ver con el derecho de réplica, que será exigible ante tergiversaciones graves públicos por parte del jefe de Estado u otros funcionarios del Estado en medios de comunicación, estatales o privados. “Cuando los ataques mencionados se produzcan en alocuciones o intervenciones oficiales (…) se solicitará la protección del derecho”, dice el proyecto aprobado y que ahora pasa a sanción presidencial. Sobre las alocuciones presidenciales, también se garantiza el derecho de réplica en las siguientes 48 horas para controvertir la posición del Gobierno.

Los partidos que se declaren en oposición, además, tendrán derecho a determinar el orden del día de la sesión plenaria y comisiones permanentes en el Congreso, máximo tres veces en cada periodo legislativo.  En las asambleas y concejos ocurrirá lo mismo, pero por una sola vez.  

Sin duda, el paso que dio el Capitolio al darle luz verde al Estatuto de la Oposición se constituye en un paso histórico si se tiene en cuenta que era un saldo pendiente desde hace 26 años. La Constitución Política de 1991 incluyó estas garantías mínimas con las que el Congreso no se había comprometido de fondo.

El Congreso de la República dio vía libre al texto de conciliación sobre el Estatuto de la Oposición que contiene las garantías mínimas para que los partidos que estén en la orilla opuesta al Gobierno de turno puedan ejercer sus derechos. El proyecto, fruto de los acuerdos de paz, introdujo un cambio exigido por las minorías políticas: la existencia de una Procuraduría Delegada para los Derechos de la Oposición. Su labor fundamental será supervisar que se respeten los derechos políticos de los partidos y movimientos políticos que se declaren oficialmente en oposición al presidente que resulte electo en los comicios del año entrante.

Para eso, se acordó específicamente que en marzo de cada año, el jefe del Ministerio Público tendrá que presentar un informe tanto a Senado como a Cámara que indique hasta dónde se están cumpliendo los derechos de los partidos que se declaren en oposición, y tendrá que ser debatido dentro de los 15 días siguientes después de ser presentado. Es importante, en todo caso, tener en cuenta que quien se declare en oposición tendrá que dejar constatado de manera oficial ante las autoridades electorales durante los 30 días siguientes, una vez transcurridas las elecciones presidenciales. A partir de la inscripción se harán exigibles los derechos previstos por el Estatuto.

Además, quedó estipulado que el derrotado en las urnas en el 2018, junto con su fórmula vicepresidencial, tendrán asiento en el Congreso. El candidato presidencial con mayor número de votos por debajo del ganador, accederá a una curul en la Comisión Primera del Senado, y su candidato vicepresidencial en la misma célula legislativa, pero en la Cámara de Representantes. Lo mismo ocurrirá con los candidatos para las gobernaciones (que tendrían un espacio en la Asamblea); y para las alcaldías, en los concejos.

Otra exigencia de los partidos minoritarios tenía que ver con el respeto por las audiencias públicas que tuvieran que ver con leyes sobre el presupuesto general de la nación, y así quedó escrito en el texto aprobado por el Legislativo. En diálogo con El Espectador, el senador de la Alianza Verde, Antonio Navarro Wolf había sentado su voz de protesta cuando dicha posibilidad se había eliminado de tajo. “Que vigiláramos la mermelada. Claro, a la oposición no le dan ni la queremos, y esa es la principal fuente de la desventaja, porque con la mermelada llevan plata a las regiones y la cambian por votos. Ese es el factor más grande de desigualdad. Por eso, para poder controlar eso queríamos audiencias públicas en las regiones”.

Entre otros derechos, se garantizará a los partidos de oposición financiación adicional para ejercer sus derechos. Esto quiere decir que se apropiará una partida adicional para el Fondo Nacional de Financiación Política del 5% surgido del monto del financiamiento del funcionamiento permanente de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica.

Pero quizás uno de los derechos adquiridos que mayor polémica suscitará en el ejercicio del mismo tiene que ver con el derecho de réplica, que será exigible ante tergiversaciones graves públicos por parte del jefe de Estado u otros funcionarios del Estado en medios de comunicación, estatales o privados. “Cuando los ataques mencionados se produzcan en alocuciones o intervenciones oficiales (…) se solicitará la protección del derecho”, dice el proyecto aprobado y que ahora pasa a sanción presidencial. Sobre las alocuciones presidenciales, también se garantiza el derecho de réplica en las siguientes 48 horas para controvertir la posición del Gobierno.

Los partidos que se declaren en oposición, además, tendrán derecho a determinar el orden del día de la sesión plenaria y comisiones permanentes en el Congreso, máximo tres veces en cada periodo legislativo.  En las asambleas y concejos ocurrirá lo mismo, pero por una sola vez.  

Sin duda, el paso que dio el Capitolio al darle luz verde al Estatuto de la Oposición se constituye en un paso histórico si se tiene en cuenta que era un saldo pendiente desde hace 26 años. La Constitución Política de 1991 incluyó estas garantías mínimas con las que el Congreso no se había comprometido de fondo.