Desde el pasado 16 de febrero, día de la instalación del Congreso, la bancada de la costa caribe recibió el nuevo período de sesiones rechazando los incrementos en la tarifa de la energía en esa zona del país. Incluso, pegaron carteles en el recinto con el siguiente mensaje: “Comemos o pagamos la luz”.
Ante el Senado, esa bancada radicó este 20 de febrero un proyecto de ley que busca regular el costo de la energía eléctrica, intentando que obedezca a criterios objetivos, de acuerdo con planes de inversión para superar los costos por perdidas operativas.
El proyecto fue presentado con las firmas de varios senadores de esa región como las senadoras Karina Espinoza, Laura Fortich, Claudia Pérez (Partido Liberal), Julio Alberto Elias, Julio Elías Chagui y Antonio José Correa (Partido de la U).
“En menos de un año el valor del kilovatio hora aumentó en un 33% y las facturas han visto alzas de hasta un 40%. En Montería por ejemplo tenemos el deshonroso primer lugar en ser la ciudad colombiana con el mayor aumento en las tarifas de energía eléctrica en el último año, es inadmisible que paguemos semejantes tarifas sin recibir al menos un buen servicio”, dijo el senador Correa.
El proyecto no pretende que el Estado debe asuma el impacto de las pérdidas económicas de las empresas, como ocurre en la actualidad, según explicaron, sino que con los recursos provenientes del sistema general de regalías, recursos del sistema general de participaciones, recursos propios o recursos de OCAD PAZ se financien inversiones de infraestructura eléctrica.
El texto hace modificaciones especialmente a la Ley 1955 de 2019 y agrega un par de parágrafos, uno de esos para instar a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) a desarrollar una nueva fórmula tarifaria de acuerdo con lo invertido por la empresa operadora y el Gobierno Nacional.
Esa nueva formula, de aprobarse el proyecto, tendrá que buscar disminuir de manera prioritaria las perdidas técnicas y no técnicas, en relación con la prestación del servicio. “En todo caso, la ausencia de inversión por parte del operador y del Gobierno Nacional, no debe ser asumida por el usuario”, dice el proyecto.
Además, la iniciativa también establecería sanciones para quien incurra en conexiones ilegales, de tipo disciplinarias y penales. Y pide a las entidades estatales que sean deudoras de Electricaribe y de los actuales operadores de energía, tomar las medidas necesarias para cumplir con las obligaciones que se derivan del servicio público de energía.
👀Lea acá el proyecto completo:
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