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La próxima semana, la CIDH será nuevamente el escenario de un capítulo en la disputa política en Colombia. Un grupo de congresistas de oposición e independientes acudirá a Washington para denunciar que, tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro, han sido blanco de ataques y presiones por votar en contra de sus reformas sociales.
La comitiva estará encabezada por el presidente del Congreso, el senador conservador Efraín Cepeda, e incluirá a otros legisladores como Berenice Bedoya, Lorena Ríos, Honorio Henríquez, Juan Carlos Garcés, Mauricio Gómez, Nicolás Echeverry y Carlos Abraham Jiménez. Los tres primeros participaron en el archivo de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado, una decisión que provocó fuertes críticas del presidente Petro y lo llevó a convocar una consulta popular para insistir en sus reformas. Además, en las próximas semanas, podrían tomar una decisión similar con el proyecto de reforma a la salud.
Para varios de ellos, el discurso del jefe de Estado es de persecución, por lo que aseguraron sentirse en riesgo y apoyaron la decisión de dar a conocer el caso ante la CIDH, con sede en Washington.
No es la primera vez que políticos recurren a este organismo internacional para denunciar presuntas violaciones a sus derechos por la reacción del presidente Petro al hundimiento de la reforma laboral. Hace pocos días, el expresidente y jefe del Partido Liberal, César Gaviria, envió una carta a la CIDH en la que alertó sobre lo que calificó como “ataques, amenazas y actos de persecución” en contra de los senadores que firmaron la ponencia negativa. Gaviria mencionó específicamente los casos de Miguel Ángel Pinto, cuya hija fue despedida del Fondo Nacional del Ahorro tras la radicación de la ponencia.
Días antes, a través de redes sociales, la representante Carolina Arbeláez (Cambio Radical) también hizo un llamado a la CIDH por amenazas que, según ella, provenían del presidente Petro y sus seguidores en contra de la oposición.
Además del contexto por la reforma laboral, otras figuras políticas han acudido a la CIDH por distintos motivos. El senador Jairo Alberto Castellanos, del partido Alianza Social Independiente (ASI), radicó el 12 de marzo una solicitud de medidas cautelares debido a la crisis humanitaria en el Catatumbo. En septiembre del año pasado, el ahora ministro del Interior, Armando Benedetti, también presentó una denuncia ante la CIDH, alegando una “persecución judicial” en su contra por parte de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana.
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