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La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes estuvo en el centro del debate político en los últimos días por una división en torno al expediente de la campaña que llevó al presidente Gustavo Petro al poder en 2022. El triunvirato investigador se debate entre si archivar el caso o, por el contrario, llamar al mandatario a indagatoria, pero esa decisión quedará en mano de los representantes que integren la célula legislativa.
Son en total 18 congresistas los que hacen parte de la comisión. Los votos se jugarán entre Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta, Jorge Alejandro Ocampo (Pacto Histórico), Katherine Miranda, Olga Lucía Velásquez (Alianza Verde), Kelyn Johana González, José Octavio Cardona, María Eugenia Lopera (Partido Liberal), Juan Carlos Wills, Daniel Restrepo (Partido Conservador), Jorge Eliércer Tamayo, Wilmer Ramiro Carrillo (Partido de la U), William Ferney Aljure, Jorge Rodrigo Tovar (Citrep), Carlos Alberto Cuenca (Cambio Radical), Hernán Cadavid y Óscar Villamizar (Centro Democrático).
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Pero hay un voto que, hasta el momento, no podría emitirse: el de Wadith Manzur (Partido Conservador). El representante fue capturado por su presunta participación en el saqueo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y presentó su renuncia a su puesto en esa célula legislativa a través de su apoderado. La salida no se ha hecho oficial, pues tendría que ser votada por el pleno de la Cámara de Representantes —algo que no ha ocurrido— y le aplicó, desde el momento de su reclusión, la figura de la silla vacía.
De esos 18, Arizabaleta, Uribe y Carrillo son los que integran el triunvirato investigador por el caso de la presunta violación de topes. El representante del Pacto Histórico fue el que presentó el documento, con más de 200 páginas, en el que concluyó que no existían elementos que permitieran adelantar una investigación penal contra el jefe de Estado y por ello presentó una ponencia pidiendo abstenerse para continuar el proceso.
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Bajo su argumentación, sustentada por las declaraciones de Ricardo Roa, Lucy Mogollón y Laura Sarabia, Petro ejerció únicamente la supervisión política general de la campaña, sin intervención en la gestión administrativa. Tanto Roa como Mogollón fueron previamente sancionados por el Consejo Nacional Electoral y el presidente de Ecopetrol también enfrenta un proceso en la Fiscalía.
Arizabaleta y Carrillo, por su parte, presentaron un salvamento de voto frente a esa ponencia. Su tesis es que el mandatario no puede desligarse de la administración financiera de la organización pues, según la ley, el entonces candidato tendría que responder solidariamente por la presentación de los informes contables y el cumplimiento de las normas de financiación. En esa línea, cuestionan que la delegación de funciones en gerentes, tesoreros y auditores sea suficiente para excluir la responsabilidad.
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“La magnitud de las irregularidades detectadas habría debido ser perceptible para cualquier persona que ejerciera de manera diligente el deber de vigilancia sobre las finanzas de la campaña”, se lee en el documento.
Ahora, ambos documentos tendrán que ser votados por la comisión, en la que también hay cerca de 11 expedientes abiertos contra el mandatario por presunta participación en política. Todo ocurre a menos de dos semanas para que este Congreso finalice su periodo (20 de junio) y paralelo a la campaña para la segunda vuelta presidencial (21 de junio).
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